STSJ Castilla y León , 5 de Noviembre de 2014
| Ponente | SUSANA MARIA MOLINA GUTIERREZ |
| ECLI | ES:TSJCL:2014:5449 |
| Número de Recurso | 1583/2014 |
| Procedimiento | RECURSO SUPLICACION |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Social |
T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL
VALLADOLID
SENTENCIA: 01570/2014
T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIALVALLADOLID
C/ANGUSTIAS S/N (PALACIO DE JUSTICIA) 47003.VALLADOLID
Tfno: 983413204-208
Fax:983.25.42.04
NIG: 24115 44 4 2013 0001707
N08450
TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001583 /2014-S
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 0000826 /2013 JDO. DE LO SOCIAL nº 001 de PONFERRADA
Recurrente/s: ASEPEYO MUTUA A.T. Y ENF. PROF. Nº151,
Abogado/a: JESUS DE ROMAN DIEZ
Recurrido/s: Amanda, INSS Y TGSS INSS Y TGSS
Abogado/a:, SERV. JURIDICO SEG. SOCIAL(PROVINCIAL)
Iltmos. Sres.:
D. Emilio Alvarez Anllo
Presidente de Sección
Dª. Maria del Carmen Escuadra Bueno
Dª. Susana Mª Molina Gutiérrez /
En Valladolid a cinco de Noviembre de dos mil catorce.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el Recurso de Suplicación núm.1583/14, interpuesto por Asepeyo contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº1 de Ponferrada, de fecha 28/5/2014, (Autos núm.826/2013), dictada a virtud de demanda promovida por ASEPEYO contra INSS, TGSS Y Amanda, sobre VIUDEDAD.
Ha actuado como Ponente la Iltma. Sra. DOÑA Susana Mª Molina Gutiérrez.
Con fecha 3/9/2013 se presentó en el Juzgado de lo Social nº 1 de Ponferrada demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia en los términos en los que consta en su parte dispositiva.
En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:
DON Carlos, con DNI NUM000, afiliado en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, falleció el 12/3/2007 a consecuencia de enfermedad profesional.
La última empresa para la que trabajó tenía concertadas las contingencias profesionales con la Mutua Minero industrial Leonesa que fue absorbida por Asepeyo el 16/7/1984.
Por resolución de 30/4/2007 se reconoció a la esposa del fallecido, pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional imputando la responsabilidad del abono de la prestación a la Mutua Asepeyo en resolución de 19/10/2007.
La Mutua ingresó, el 24/10/2007 y el 1/12/2007 el capital coste en la TGSS que asciende a 4249.860,35 euros.
El 9/5/2013 la Mutua demandante presentó escrito ante la Dirección Provincial del INSS interesando la revisión de las responsabilidad económica derivada del fallecimiento, siendo desestimada por el INSS por resolución de 10/7/2013.
Frente a dicha resolución interpuso Asepeyo reclamación previa, que fue desestimada por el INSS en resolución que confirmaba en todos sus extremos la resolución impugnada.
Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte actora, fue impugnado por la parte demandada, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las partes de tal designación.
- Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda absuelve a las demandadas de los pedimentos contra ellas deducidos; se alza en Suplicación el Letrado Don Jesús Román Díez, en nombre y representación de la Mutua ASEPEYO destinando la totalidad de su recurso al examen del derecho subjetivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por la juzgadora.
En primer lugar, considera infringido la aseguradora el artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . Sostiene esencialmente la recurrente que en tanto en cuanto permanezca vivo el derecho al reconocimiento de una prestación, la acción podrá ser ejercitada, aún cuando no se haya agotado el trámite de la reclamación administrativa previa en el plazo de treinta días a que se refiere el apartado segundo de la norma.
En el singular caso que nos ocupa, resulta acreditado que por Resolución de 19 de octubre de 2007, el INSS declaró responsable de la prestación de viudedad reconocida a doña Amanda por Resolución de 30 de abril de 2007, tras el fallecimiento de su esposo, afiliado al Régimen especial de la minería del carbón, el 12 de marzo de 2007 consecuencia de enfermedad profesional.
El 9 de mayo de 2013, la Mutua recurrente presentó escrito ante la Dirección Provincial del INSS interesando la revisión de las responsabilidades económicas declaradas en la Resolución de octubre de 2007. Siendo desestimada por Resolución de 10 de julio de 2013.
Pues bien, ciertamente la posición de la Mutua frente al INSS no es la de un particular beneficiario de prestaciones, pero la Ley no distingue entre el sujeto afectado para permitir en unos casos y, cerrar en otros, la vía administrativa; sino que esa posibilidad está prevista para todos los afectados por la Resolución, y que por ello precisen impugnar la misma; y entre esos afectado se halla sin duda la Mutua a la que se responsabilizó de la atención de unas determinadas prestaciones, y que tuvo que consignar un capital que, atendiendo a la jurisprudencia ulterior, no era de su responsabilidad al haberse generado la enfermedad mientras el causante trabajaba en una empresa cuyas contingencias profesionales estaban cubiertas por el INSS.
En el mismo sentido, la sentencia de Sala General de la Sala cuarta nº 1452/2011, de 30 de diciembre (Recurso nº 1209/2011 ), en la que decimos: «Como ha señalado la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1987, 9 de junio y 5 de diciembre de 1988, 21 de mayo de 1997 y 24 de marzo de 2004 ), la finalidad de la reclamación previa es la de ofrecer a la Administración un anticipado conocimiento de la pretensión que un particular tenga decidido interponer frente a la misma, facilitándole así la emisión de una declaración de voluntad que evite el proceso o que marque para éste su línea de defensa.
De acuerdo con tal finalidad, la reclamación previa no constituye ningún tipo de recurso o medio de impugnación propiamente dicho, sino un mero presupuesto preprocesal ( Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1990 y 21 de mayo de 1997 ), cuya ausencia dará lugar a la subsanación prevista en la ley ( art. 139 de la LPL en relación con el art. 81.1 del mismo texto legal ); teniendo en cuenta que, de no subsanarse en tal momento, no habría óbice alguno para efectuarlo después, en tanto la acción no prescriba.
Por su parte, el Tribunal Constitucional (Sentencias 120/1993, de 19 de abril ; y 112/1997, de 3 de junio, y las que en ella se citan) ha señalado igualmente que la reclamación previa ante la Administración tiene por finalidad la de facilitar a aquélla el conocimiento anticipado de la pretensión deducida en su contra, permitiendo así la emisión de una nueva declaración de voluntad que, en su caso, evite el proceso; añadiendo dicho Tribunal que la obligatoriedad legalmente establecida de su presentación no vulnera el derecho a la tutela judicial de la parte actora, por no constituir un impedimento u obstáculo irrazonable de acceso al proceso.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional (sentencias 355/1993, de 29 de noviembre ; 330/2006, de 20 de noviembre ; y 172/2007, de 23 de julio ) tras reiterar la compatibilidad del art. 24.1 de la Constitución con el establecimiento de requisitos previos para acceder a la jurisdicción como es la reclamación administrativa previa y la finalidad de la misma, en los términos antes mencionados, añade que "la reclamación previa se...
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