STS, 7 de Mayo de 1992
| Ponente | JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ |
| Número de Recurso | 2377/1990 |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Mayo de mil novecientos noventa y dos.
Visto el recurso de apelación interpuesto por Don Isacio Calleja García, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don Fernando , bajo la dirección de Letrado, habiendo comparecido, en calidad de parte apelada el Ayuntamiento de Biescas, quien lo hizo con asistencia de Letrado, por medio del Procurador de los Tribunales Don José Guerrero Cabanes; promovido contra la sentencia dictada el 15 de febrero 1990 por la Sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en recurso sobre reclamación sobre actuación de empresa funeraria.
Ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha seguido el recurso número 901/1989, promovido por la representación de Don Fernando y en el que ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Biescas (Huesca) sobre reclamación sobre actuación de empresa funeraria.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 15 de febrero 1990, con la siguiente parte dispositiva:
FALLAMOS: Primero Desestimamos el presente recurso contencioso nº 901 de 1989, deducido por Don Fernando
Segundo. No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas
Contra la referida sentencia la parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, y, en su virtud se elevaron los autos y expediente administrativo ante este Tribunal, con emplazamiento de las partes, que se verificó dentro de término; y, no estimándose necesaria la celebración de vista, presentaron las partes sus respectivos escritos de alegaciones. Conclusa la discusión escrita se acordó señalar para la votación y fallo el día 6 de mayo de 1992, en cuya fecha ha tenido lugar.
El apelante, empresario de pompas fúnebres en la localidad oscense de Biescas desde el 31 de marzo de 1987, impugnó en primera instancia la desestimación presunta por silencio administrativo de diversas peticiones por él dirigidas al Ayuntamiento en un escrito de 14 de julio de 1989, por el que pretendía, en síntesis: a) que se requiriese a Don Claudio , que actuaba en el mismo término municipal, para que legalizase de inmediato la actividad de traslado de cadáveres que venía realizando; b) que se prohibiese de inmediato la actividad del Sr. Claudio hasta que cumplimentase todos los requisitos que se exigen para el establecimiento de empresas funerarias y c) que se le tuviera informado de la tramitación del expediente. La sentencia de instancia ha entendido que la pretensión deducida en vía contenciosa ha tenidouna variación sustancial puesto que al resultar que el Ayuntamiento ha legalizado la situación denunciada y concedido el 30 de agosto de 1989 una nueva licencia municipal para empresa de pompas fúnebres el Sr. Fernando ha cambiado el enfoque de su pretensión y ha venido a solicitar una indemnización de daños y perjuicios de la Administración municipal, que en modo alguno había planteado en vía administrativa por lo que, al no ser posible ejercer la función revisora de la jurisdicción sobre una cosa distinta de lo planteado en vía administrativa, procedía desestimar el recurso.
Las alegaciones de la parte apelante no sirven para desvirtuar los acertados razonamientos del juzgador de instancia. El proceso contencioso-administrativo es según reza la Exposición de Motivos de nuestra Ley reguladora un auténtico juicio o proceso entre partes, con la misión de examinar las pretensiones que deduzca la actora por razón de un acto administrativo. Esta jurisdicción tiene, así, un carácter esencialmente revisor por requerir, como presupuesto, la existencia de un acto administrativo previo, aunque su objeto no viene constituido por el acto en sí, sino por las pretensiones respecto de él deducidas. Por ello pueden las partes del proceso contencioso-administrativo, ciertamente, aducir en apoyo de sus pretensiones cuantos fundamentos o motivos tengan por conveniente, aunque no hubieran sido planteados en la vía administrativa (Art. 69.1 LJCA), pero no les es posible, sin embargo, introducir en vía jurisdiccional pretensiones nuevas y distintas a las tratadas en la vía administrativa. La petición formulada en vía administrativa, cuya desestimación por silencio se recurre jurisdiccionalmente, se ceñía a que se prohibiese, hasta que se legalizase, la actividad que se realizaba en concurrencia con la empresa funeraria del recurrente. De ahí el acierto de la sentencia apelada al señalar la existencia de una desviación. No se hizo referencia alguna en vía administrativa a que la actividad del competidor del recurrente resultase de una desviación de poder del Ayuntamiento ni a que debiese dar lugar, como reconocimiento de una situación jurídica individualizada, a una indemnización de daños y perjuicios. Y no hay que olvidar que el fallo apelado no es incongruente ya que ha sido desestimatorio y no sólo ha rechazado la pretensión indemnizatoria en cuanto significaba una inadmisible desviación procesal, sino que también ha examinado las circunstancias fácticas que habían llevado al demandante a rectificar la pretensión por él deducida en vía administrativa; circunstancias que, sin duda, justifican la desestimación de todas las pretensiones deducidas ya que la pretendida presunción de actuación municipal ilegal consistente en no prohibir hasta su legalización la actividad denunciada por el recurrente olvida que la misma había sido objeto de una autorización municipal anterior no discutida el 26 de febrero de 1981.
Procede, en virtud de lo expuesto, rechazar íntegramente el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia de instancia, sin que lleguemos a apreciar temeridad o mala fe para efectuar una expresa imposición de costas, en aplicación de lo establecido en el artículo 131.1 de la Ley reguladora de este orden jurisdiccional justifiquen una expresa imposición de costas.
Que, desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Don Isacio Calleja García en representación de Don Fernando , contra la sentencia dictada el 15 de febrero 1990 por la Sala de lo contencioso-administrativo de Zaragoza del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Publicación. La sentencia anterior fue leída y publicada, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. Don Jorge Rodríguez-Zapata y Pérez, Magistrado Ponente en estos autos; lo que como Secretario certifico. D. Antonio Auseré Pérez
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