STS, 1 de Octubre de 1997
| Ponente | RODOLFO SOTO VAZQUEZ |
| Número de Recurso | 9081/1991 |
| Fecha de Resolución | 1 de Octubre de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Octubre de mil novecientos noventa y siete.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Cuarta por los Magistrados al margen indicados, el recurso de apelación interpuesto por D. Luis Antonio , representado por el Procurador D. Eduardo Morales Price, contra la sentencia dictada con fecha 18 de abril de 1.991 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 1666/87, sobre declaración de reserva natural de DIRECCION000 del Delta del Ebro; siendo parte apelada La Generalidad de Cataluña, representada por el Letrado de sus servicios jurídicos.
Dicho Tribunal dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: 1º) Desestimar el recurso. 2º) Confirmar el Decreto impugnado. 3º) No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fué admitido a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia; se personó ante la misma el Procurador D. Eduardo Morales Price en representación de D. Luis Antonio ; igualmente se personó el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Generalidad de Cataluña en nombre y representación de la misma; presentando ambas partes sus respectivos escritos de alegaciones.
Acordado señalar para la votación y fallo, fué fijado a tal fín el día 24 de septiembre de
1.997, en cuya fecha tuvo lugar.
Indiscutida la desestimación de falta de legitimación de la parte actora en esta segunda instancia, han de analizarse los argumentos alegados por el apelante contra la sentencia del Tribunal Superior de Barcelona de 18 de abril de 1.991 con cierto detenimiento, máxime teniendo en cuenta lo sucinto del texto de la resolución referida.
La primera y fundamental cuestión planteada, de la que en realidad derivan todas las demás, es la incompetencia de la Comunidad Autónoma Catalana para decretar la calificación de Parque Natural del Delta del Ebro y de la Reserva Natural de DIRECCION000 -propiedad del actor-, así como de la Punta de la Baña; esa calificación se efectuó en virtud del Decreto 332/86, dictado en desarrollo de la Ley catalana de 13 de junio de 1.985 sobre Espacios Naturales.
Arguye el apelante que la resolución 69/82 del Tribunal Constitucional que el Tribunal de instancia cita en apoyo de su tesis desestimatoria no guarda relación, ni es de aplicación, al caso que se debate. Sin embargo, basta la lectura del texto de la misma para percatarse de lo contrario. En aquella ocasión se discutía la constitucionalidad de ciertos aspectos de la Ley catalana 2/82 mediante la cual se declarabaparaje natural la isla de la Garrotxa, y el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de declarar la competencia exclusiva de la Comunidad Catalana sobre espacios naturales protegidos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.10 del Estatuto correspondiente en relación con el artículo 149.1.23 de la Constitución, dado que no figura una reserva competencial expresa en favor del Estado, lo que implica la atribución a la Comunidad de legislar sobre la materia, obrando siempre dentro del marco constitucional y respetando los limites derivados de la remisión efectuada por el artículo 9.10 del Estatuto al artículo 149.1.23 de la Constitución. Esta última remisión implica que la facultad legislativa autónoma habrá de ejercitarse de acuerdo con la legislación estatal básica del medio ambiente (Ley de 2 de mayo de 1.975, entonces vigente), conformidad que indudablemente ha de predicarse de la Ley catalana, más tarde publicada, de fecha 13 de junio de 1.985, en la que se puede observar su ajuste a las líneas maestras de la Ley estatal de
1.975, tanto a través de sus finalidades específicas recogidas en los respectivos primeros artículos como en la clasificación de los espacios naturales previstos, o en la tramitación para obtener la calificación respectiva.
A mayor abundamiento, la derogación de la Ley estatal de 2 de mayo de 1.975 por la nueva Ley 4/89 referente a la Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, ha venido a confirmar, a través de su Exposición de Motivos, la corrección normativa de la Ley autonómica de 1.985 -que continuaba en vigor- al afirmar expresamente: "La declaración y gestión de los espacios protegidos corresponderá en todo caso a las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados". Consiguientemente, no se puede dudar de la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para regular, entonces y ahora, la materia que nos ocupa, obrando siempre dentro de los límites de la legislación estatal, ni tampoco de que la declaración de Parque Natural de la zona afectada, sí se encuentra dentro de esos límites competenciales.
El actor y apelante hace notable hincapié en la circunstancia de que la DIRECCION000 estaba clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Amposta como no urbanizable, lo que a tenor del artículo 45 de la Ley del Suelo entonces vigente implica que ese Plan tenía vigencia indefinida. De ello pretende extraer una doble consecuencia: que el Decreto 332/86 contraría ese régimen estatuario al otorgarle la consideración de Parque Natural, y también que, al apoyarse la sentencia combatida en el artículo 5.4 de la Ley de 13 de noviembre de 1.985, se crea una contradicción con la Ley del Suelo, en cuanto la primera de ellas obliga a los Ayuntamientos afectados a adecuar su planeamiento urbanístico a las directrices del Plan Especial del espacio protegido dentro de los dos años siguientes a la obtención de la declaración de tal, por lo que al no existir dicho plan especial en este caso, el precepto invocado en la sentencia recurrida no sería aplicable al supuesto que se debate.
Sin embargo, desde el momento en que la Comunidad Autónoma de Cataluña goza de competencia para efectuar la declaración de espacios naturales protegidos, obvio es que goza de plena validez y obligatoriedad lo dispuesto en el articulo 5.4 de la Ley 12/85, sin que aparezca exigido en norma alguna como necesario que el Plan Especial preexista a la declaración de Parque Natural; y también que la calificación otorgada podrá determinar una variación en el planteamiento urbanístico, cuya indefinida vigencia a tenor del artículo 45 del R.D. 1346/76 no significa imposibilidad de alteración por cualquier motivo legal.
Más chocante resulta la interpretación que el recurrente pretende dar al artículo 24.1 de la Ley 12/85 en relación con el artículo 2.3 del Decreto que se impugna. Efectivamente la declaración de reserva natural habrá de hacerse por Ley cuando sea integral, y por decreto cuando sea parcial; pero no se puede pretender convertir la declaración de reserva natural "parcial" en "integral" por la simple circunstancia de que el artículo 2.3 citado afirme que "las reservas naturales parciales se considerarán parte integrante del parque natural". Esa locución de formar o constituir "parte integrante" de un todo mayor, en absoluto desvirtúa el carácter de reserva parcial declarado, e implica, consecuentemente, el decaimiento del motivo de apelación.
Ciertamente que el artículo 27.2 de la Ley de 1.985 (al igual que el artículo 8º.1 de la estatal de 1.975) prevé la necesidad de recabar informes de determinados Departamentos, organismos y propietarios afectados por la declaración de parque o reserva natural, con carácter previo a efectuar una declaración en ese sentido; pero no constituye vicio procedimental determinante de la nulidad del expediente la circunstancia denunciada por el apelante y actor de que los informes que obran en autos no sean el resultado de la voluntad de los órganos que los emitieron, sino simples informes técnicos que no reúnen las circunstancias y condiciones previstas en el apartado c) del artículo 47 de la Ley de 17 de julio de 1.958. En el apartado 3 del expediente instruído por la Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca figuran recogidos bajo el epígrafe "consultas e informes" el parecer de determinadas Comunidades de Regantes, Sociedades de Cazadores, Cámaras Agrarias, Sociedades y Confradías de Pescadores yAyuntamientos interesados, así como de la Universidad de Barcelona (Facultad de Biología) en los que se contienen opiniones, sugerencias, e incluso propuestas de modificaciones del Decreto sometido a dictamen, que no permiten estimar incumplido el trámite aludido por la simple razón alegada. Nada tiene que ver la formación de la voluntad decisoria de un órgano colegiado, que se plasma en un acto administrativo concreto, con los meros informes y dictámenes, cuyo carácter sucinto viene proclamado por el artículo 86 de la última disposición citada.
A mayor abundamiento la opinión solicitada (que no la voluntad decisoria) de las Entidades afectadas, ha quedado expresada con claridad más que suficiente en el curso del expediente.
Cambiando sustancialmente el argumento aducido en décimo lugar en el escrito de demanda, el apelante pretende combatir el razonamiento de la sentencia de instancia en cuanto a la aplicación de los artículos 33 y 39 de la Ley 12/85 y 14 de la Ley estatal de 2 de mayo de 1.975, sustituyendo el alegato de que se le ha expropiado sin la correspondiente indemnización por el de falta de consignación previa de la partida presupuestaria correspondiente para afrontar el gasto, lo que ocasionaria la violación del artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Suficiente sería esa circunstancia para desestimarlo, en la medida en que supone la introducción de un motivo de impugnación no aducido ante el Tribunal Superior; pero de todos modos es manifiesta su inoperancia, ya que: a) del artículo 14 se deduce claramente, en efecto, que la indemnización ha de producirse cuando se consume la privación de la propiedad o derechos correspondientes, y que la declaración de espacio natural únicamente lleva consigo la declaración de utilidad pública, pudiendo los particulares convenir con la Administración cualquier otra forma de indemnización o compensación; b) no cabe hablar de la obligación de consignar partidas presupuestarias para afrontar gastos en tanto no se haya asumido el compromiso de afrontarlo.
Finalmente, el último de los motivos esgrimidos (carencia de definición de las infracciones y falta de especificación de sanciones en el artículo 11 del Decreto impugnado), si bien es preciso reconocer que se desestima de modo realmente esquemático, realmente carece de toda virtualidad. No es cierta esa carencia. El precepto se remite en materia sancionatoria a lo que disponen la Ley catalana de Espacios Naturales (12/85), de la que precisamente recibe su eficacia, a la Ley del Suelo, sus reglamenteos, Ley de Protección de la Legalidad Urbanística y cualesquiera otras disposiciones específicas que resulten aplicables según el carácter de la infracción; es decir: la descripción tipica de las conductas que violen el régimen especial de protección del Parque del Delta del Ebro, así como las sanciones que habrán de imponerse en su caso, habrán de ser las previstas precisamente para tales circunstancias en la normativa que resulte aplicable según la naturaleza de la infracción cometida.
No hay méritos para hacer expresa condena a costas.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Luis Antonio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de abril de 1.991, que confirmamos en su integridad, sin hacer pronunciamiento en cuanto a costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Rodolfo Soto Vázquez, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
-
STSJ Galicia , 28 de Enero de 2000
...caso, debe hacerse cita de la jurisprudencia que cita la demandada, en concreto, la STS de 20 de abril de 1995, 5 de junio de 1996 y 1 de octubre de 1997 , que aunque referidas a la ley de 2 de mayo de 1975 , es plenamente aplicable al caso, en el sentido de que "Decretos de seta naturaleza......
-
STSJ Cataluña 999/2005, 21 de Diciembre de 2005
...de la obligación de consignar partidas presupuestarias para afrontar gastos en tanto no se haya asumido el compromiso de afrontarlos (STS. 1-10-97 ). Y no en otro sentido establecen tanto en el artículo 39 de la tan citada Ley de Espacios Naturales como en el 11 del Decreto 328/1.992 , apro......
-
STSJ Galicia , 19 de Abril de 2002
...caso, debe hacerse cita de la jurisprudencia que cita la demandada, en concreto, la STS de 20 de abril de 1995, 5 de junio de 1996 y 1 de octubre de 1997, que aunque referidas a la ley de 2 de mayo de 1975, es plenamente aplicable al caso, en el sentido de que "Decretos de esta naturaleza c......
-
STSJ Aragón , 15 de Noviembre de 2002
...para imponer estas limitaciones de uso y de aprovechamiento (reconocida expresamente por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo SSTS de 1 de octubre de 1997 -RJ 1997/7031- y de 25 de febrero de 2000 -RJ 2000/10114-), a que se hace mención en la demanda está ínsita en la propia naturaleza de......
-
Ordenación Urbanistica, Legislación Sectorial y Medio Ambiente (II).
...caso, debe hacerse cita de la jurisprudencia que cita la demanda, en concreto, las SSTS de 20 de abril de 1985, 5 de junio de 1996 y 1 de octubre de 1997 (. .. ), que aunque referidas a la Ley de 2 de mayo de 1975 (. .. ), es plenamente aplicable al caso, en el sentido de que "Decretos de e......