STS, 23 de Mayo de 1997
| Ponente | JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ |
| Número de Recurso | 12355/1991 |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de mil novecientos noventa y siete.
Visto el recurso de apelación interpuesto ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo por el Procurador de los Tribunales Don Melquiades Alvarez-Buylla Alvarez, en nombre y representación de Don Germán , bajo la dirección de Letrado, siendo parte apelada el Ayuntamiento de Carreño, no comparecido en esta instancia; promovido contra la sentencia dictada el 18 de Octubre de 1991 por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en recurso sobre paralización de obras y restitución de camino. Resultando los siguientes
Ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha seguido el recurso número 1622/90 promovido por la representación de Don Germán y en el que ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Carreño (Candás), Asturias.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 18 de octubre de 1991, con la siguiente parte dispositiva:
FALLO: En atención a todo lo expuesto esta Sala ha decidido: Estimar en parte la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Mª Luz García García, en nombre y representación de D. Germán contra la desestimación presunta, por silencio administrativo negativo, del Recurso de Reposición formulado ante el Ayuntamiento de Carreño, en materia de paralización de obras y restitución de camino de Xivares, declarando la nulidad de los actos administrativos recurridos, por ser contrarios a derecho, desestimando la petición indemnizatoria, todo ello sin hacer expresa manifestación en cuanto a las costas procesales.
Contra la referida sentencia la parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, se elevaron los autos y expediente administrativo ante este Tribunal, con emplazamiento de las partes, que se verificó dentro de término; y, no estimándose necesaria la celebración de vista, presentaron las partes sus respectivos escritos de alegaciones. Conclusa la discusión escrita se acordó señalar para la votación y fallo el día 14 de mayo de 1997, aplazándose por necesidades de servicio al 22 de mayo siguiente, en cuya fecha ha tenido lugar.
Habiendo consentido el Ayuntamiento de Carreño, no comparecido en esta apelación, la sentencia de la Sala de Oviedo que ha anulado la resolución municipal de 13 de junio de 1990, confirmada en reposición por silencio administrativo, que ordenó paralización de obras y restitución del camino de Xivares afectado por ellas a su estado primitivo, la única cuestión que se trae a esta apelación - deducida únicamente por Don Germán - es el pronunciamiento de la sentencia apelada que desestima la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, por no haber sido acreditada la existencia de los mismos por el recurrente.
La responsabilidad de la Administración se configura en nuestro Derecho (Art. 106.2 CE; 121 LEF y 40 de la LRJAE), sobre bases objetivas y requiere la existencia de una lesión resarcible, concepto técnico-jurídico que hay que acreditar y que no es equivalente al de daño económico o simple detrimento patrimonial.
La lesión resarcible se produce cuando el daño patrimonial existente es objetivamente antijurídico sin que sea el aspecto subjetivo de una actuación antijurídica de la Administración municipal el que determine automáticamente el nacimiento de la obligación de indemnizar, sino el objetivo de la ilegalidad de un perjuicio acreditado, en el sentido de que los administrados no estén obligados a soportarlo. Y ello porque la ilegalidad - y consiguiente anulación - del acuerdo municipal impugnado es independiente y distinta de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, como declara la sentencia apelada.
En el caso que se examina, el pronunciamiento desestimatorio de la sentencia de instancia debe ser confirmado en esta apelación pues, con independencia de que se haya suspendido cautelarmente el acto impugnado, como afirma la sentencia recurrida, sin que se demuestre eficazmente lo contrario, es lo cierto que la parte recurrente no ha ofrecido prueba alguna de la existencia de una lesión resarcible. Resulta que se desconoce el alcance que haya tenido la suspensión de las obras y que la petición de declaración de responsabilidad es inconcreta, sin que se determinen en ella si existen y en qué consistan los perjuicios pretendidamente irrogados y sin que, menos aún, se hayan cuantificado dichos perjuicios ni aportado ningún criterio o elemento de juicio que permita a esta jurisdicción su eventual determinación, lo que obliga a confirmar el criterio de la Sala de instancia y rechazar la pretensión formulada.
Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada sin que existan circunstancias que justifiquen una expresa imposición de costas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131.1 de la LJCA.
En su virtud
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Melquiades Alvarez-Buylla Alvarez, en representación de Don Germán , debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, dictada el 18 de octubre de 1991 por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrado Ponente en estos autos, lo que como Secretaria certifico.- Fdo.: Doña María Fernández Martínez.
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