STS, 8 de Julio de 2014

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó sentencia de fecha 23 de marzo de 2.011 , por la que se estimaba el recurso promovido por Agencia Balear de Noticias, S.L. contra la desestimación presunta por silencio administrativo de varias solicitudes -de fechas 25 de marzo y 13 y 20 de junio de 2.008- formuladas por la actora para que se le entregara copia del acta comprensiva de las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2.007, en relación con su solicitud presentada para la segunda convocatoria de subvenciones a medios de comunicación escritos y digitales con difusión en las Islas Baleares (exp. 2M32/2007). La citada sentencia reconocía además el derecho de la demandante a la subvención que resulte de la aplicación de la puntuación otorgada a su solicitud en el informe técnico de 25 de junio de 2.007.

Notificada dicha sentencia a las partes, la Administración demandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de abril de 2.011, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Recibidas las actuaciones tras haberse efectuado los emplazamientos, se ha concedido plazo a la Letrada de la Comunidad Autónoma de Baleares para que manifestara si sostenía el recurso, lo que ha hecho mediante el escrito por el que lo interpone, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 120.3, en relación con el 24, ambos de la Constitución , del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 218.2 , 319 y 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , y del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículos 33 , 65.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción en relación con el artículo 24 de la Constitución ;

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional , por infracción de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución , de los artículos 218.2 , 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , del artículo 60.4 de la Ley de la Jurisdicción , y de la jurisprudencia;

- 3º, también basado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de los artículos 63.1 y 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y

- 4º, que igualmente se ampara en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional , por infracción de los artículos 22 , 24 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones .

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 14 de octubre de 2.011.

Personada Agencia Balear de Noticias, S.L., su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare la inadmisibilidad del mismo, o subsidiariamente, se desestime, declarando no haber lugar al recurso con imposición de las costas a la recurrente.

Por providencia de fecha 25 de marzo de 2.014 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 24 de junio de 2.014, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso.

La Comunidad Autónoma de Baleares interpone recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares el 23 de marzo de 2.011 . La Sentencia impugnada estimó el recurso que la Agencia Balear de noticias había entablado contra la desestimación presunta de la solicitud de subvención al amparo de la convocatoria aprobada por la resolución de la Consejería de Relaciones Institucionales de 10 de mayo de 2.007, por entender que se había producido desviación de poder.

El recurso se articula mediante cuatro motivos. El primero de ellos se ampara en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por supuesta falta de motivación e incongruencia de la Sentencia impugnada. El segundo motivo se acoge al apartado 1.d) del citado precepto legal, y se aduce en el mismo la infracción de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución , 218.2 , 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 60.4 de la propia Ley jurisdiccional, por la valoración errónea y parcial de la prueba. En el tercer motivo se aduce la infracción de los artículos 63.1 y 82.1 de la Ley 30/1992 , por error en su aplicación, al haberse apreciado indebidamente desviación de poder por haber solicitado informes que resultaban necesarios para adoptar la resolución administrativa. Finalmente, el cuarto motivo se funda en la supuesta infracción de los artículos 22 , 24 y 25 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), por no respetar el procedimiento establecido para la concesión de subvenciones.

Sobre los fundamentos de la Sentencia recurrida.

La Sentencia de instancia justifica la estimación del recurso en los siguientes razonamientos:

"

EL AMBITO DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

Con independencia de lo que posteriormente digamos con respecto a los variables criterios de valoración de la solicitud de la recurrente y en particular el contenido de la resolución de la Directora General de Comunicació de la Conselleria de Presidencia, de fecha 7 de agosto de 2007, debe dejarse precisado que la fijación de la puntuación concreta conforme a los criterios establecidos en la Convocatoria, no es discrecional para la Administración, sino actividad reglada conforme a lo establecido en la Convocatoria.

O lo que es lo mismo, en la aplicación de los criterios de la Convocatoria, sólo cabe una puntuación válida y posible, no varias en función del resultado final pertendido.

Siendo así, ante el curioso suceso de que un mimo técnico emita dos informes de valoración completamente distintos para una misma solicitud y en aplicación de unos mismos criterios de la misma Convocatoria, conviene recordar la reiterada doctrina jurisprudencia -reflejada en la STS de 22.10.2010 y en las citas por ésta- conforme al cual " el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones Públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquéllas ".

Esta doctrina sin duda no se respeta en la resolución de la Directora General de Comunicació de la Conselleria de Presidencia fecha 7 de agosto de 2007 que desencadena la revisión de puntuaciones. No se respeta por cuanto, una vezque se han emitido los informes técnicos de valoración y la Consellera de Relacions Instituionals los ha elevado al Consell de Govern para trámite de comunicación previa, no puede luego sostenerse que tales informes de valoración " tot i que s'ha realitzat en consideració als criteris establerts en les bases reguladores i en la Convocatoria, potser no ha fet la podneració adecuada de cadascun ". Tal afirmación es contradictoria, porque si los informes de valoración se reconoce que se han realizado en consideración a los criterios de la Convocatoria, no puede luego decirse que no han hecho la ponderación "adecuada" porque ya hemos dicho que la aplicación reglada de los criterios de puntuación de las bases, impide "ponderaciones discrecionales". Sólo hay una ponderación posible: la ajustada a las bases, y la propia resolución reconoce que se puntuaron conforme a los criterios de la Convocatoria.

En definitiva, la actuación de la Administración está presidida por la creencia de que el carácter genérico de los criterios de evaluación, permite un margen de ponderación que permite discrecionalmente dar mayor o menor puntuación a cada criterio y con ello ordenar una segunda valoración técnica para que se obtenga un resultado distinto.

LA DISCRECIONALIDAD TÉCNICA EN LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS.

Ya hemos dicho que la Administración demandada defiende que la decisión de la Directora General de Comunicació de la Conselleria de Presidencia plasmada en resolución de 7 de agosto de 2007, ordenando una revaluación de las solicitudes, no es arbitraria, sino en uso de las potestades que al órgano instructor confiere las bases de la convocatoria. A ello debe agregarse la invocación de la "discrecionalidad técnica" de los órganos de la Administración y que conduce a la presunción de certeza de tal evaluación fundamentada en la especialización e imparcialidad de los mismos.

No obstante, resulta que en el expediente administrativo que nos ocupa (2M32/2007) sólo existe una evaluación técnica que es la que en fecha 25 de junio de 2007 emitió la Cap de Servei de Relacions Informatives de la Direcció General de Comunicació, Dª Alejandra , en relación a la solicitud presentada por la recurrente AGENCIA BALEAR DE NOTICIAS, S.L. y en la que tras valorar los criterios genéricos y específicos especificados en las bases de la convocatoria y puntuando cada uno de ellos, se otorga una puntuación total de 22 puntos .

En el escrito de contestación a la demanda se dirá que la desestimación (presunta) de la subvención, se fundamenta en otro informe -que no consta incorporado en el expediente administrativo- y que es el elaborado por la misma Cap de Servei de Relacions Informatives en fecha 22.08.2007 para la subvención que solicitó la misma empresa en la "primera" convocatoria de subvenciones. Es decir, en otro expediente que concluyó con otra resolución distinta de la aquí impugnada.

Pues bien, admitiendo que el proyecto de ABN era el mismo para la primera y segunda convocatoria y que lo valorado el 25.06.2007 y el 22.08.2007 se refieren -en lo que ahora importa- al mismo proyecto, desde luego la defensa de la postura de la Administración fundamentada en "la discrecionalidad técnica" del informante queda claramente en entredicho, ya que no se puede saber si la presunción de certeza derivada de esta discrecionalidad técnica debe predicarse del primero o del segundo informe. Es evidente que esa presunción no puede mantenerse a la vez para dos informes valorativos contradictorios.

No puede defenderse con base a la especialización e imparcialidad del funcionario informante, que se valore una propuesta con 22 puntos el 25.06.2007 y luego el 22.08.2007 se valore la misma con 4,5 puntos, ya que cabe preguntar a la administración porŽque el criterio de la discrecionalidad técnica le sirve para defender el segundo y no es primero.

Admitido que el criterio técnico de la Administración debe ser respetado y sólo combatible con éxito cuando se demuestre arbitrariedad en la decisión, para ello será necesario conocer la razón de este criterio técnico. Es precisamente en el análisis de la motivación de la valoración cuando se detecta que la Administración adopta razonamientos variables para una misma solicitud y con unos mismos criterios de puntuación. Estas vacilaciones son indicio de actuación arbitraria, por l oque debe examinarse la motivación de estas valoraciones dispares para indagar si responden a una válida corrección de un error de valoración o a una actuación arbitraria.

Cuando la administración ejercita facultades discrecionales que requieren la posibilidad de elegir entre un abanico de opciones o entre una pluralidad de alternativas, el control jurídico de esta facultad necesariamente se efectúa a través de la motivación del acto administrativo. Se permite así la revisión jurisdiccional a través del examen de la motivación que ha conducido a la decisión administrativa final seleccionando la oferta más ventajosa, todo ello permitiendo unos estándares de transparencia en la contratación que salvaguardan los intereses generales y el derecho de defensa de los afectados permitiéndoles conocer con claridad las razones que han conducido a la decisión última. Con esa exigencia no se trata de sustituir el criterio técnico de la Administración, sino de conocer en que ha consistido éste y cuáles han sido los datos determinantes de la decisión (en este sentido SSTS de 27 de enero , 31 de enero , 2 de febrero , 15 de marzo , 12 de abril y 10 de julio de 2000 , y 12 de julio de 2004 ).

EXAMEN DE LA MOTIVACIÓN POR LA QUE SE DECIDE CAMBIAR LA VALORACIÓN TÉCNICA INICIAL.

Frente a un informe técnico inicial que ofrecía una valoración de 22 puntos a la solicitud de la recurrente, seguida de propuesta de la Consejera de Presidencia elevada al Consell de Govern, irrumpe la resolución de la Directora General de Comunicació de la Conselleria de Presidencia fecha 7 de agosto de 2007 que desencadena la revisión de puntuaciones.

Con respecto a esta resolución, en primer lugar ya hemos dicho que esta resolución justifica indebidamente la necesidad de revisión de las valoraciones realizadas por los técnicos ya que no puede sostenerse que tales informes de valoración " tot i que s'ha realitzat en consideració als criteris establerts en les bases reguladores i en la Convocatoria " luego se diga que " potser no ha fet la ponderació adecuada de cadascun ". Tal afirmación es contradictoria, porque si los informes de valoración se reconoce que se han realizado en consideración los criterios de la Convocatoria, no puede luego decirse que no han hecho la ponderación "adecuada" porque ya hemos dicho que la aplicación reglada de los criterios de puntuación de las bases, impide "ponderaciones discrecionales". sólo hay una ponderación posible: la ajustada a las bases, y la propia resolución reconoce que se puntuaron conforme a los criterios de la convocatoria.

En segundo lugar, esta resolución introduce unos "elementos de concreción" de los criterios de valoración y al respecto cabe precisar:

1. ) que estos "elementos de concreción" no eran necesarios desde el momento en que se había podido emitir correctamente un informe de valoración el 25.06.2007 sin que la técnico que valoró informase que existían " dubtes d'interpretació " que precisasen aclaración alguna. Tampoco habían existido tales dudas en las Convocatorias anteriores con idénticos criterios establecidos en las Bases, por lo que no es creíble que la revisión de las puntuaciones se debe a la existencia de "dudas de interpretación".

2. ) que algunos de estos "elementos de concreción", en realidad constituyen criterios de valoración nuevos y distintos de los establecidos en la Convocatoria, lo que sin duda supone vulneración de las bases de la convocatoria por parte de la Administración que la ha realizad. En concreto, la exigencia de valorar el "percentatge d'ús del català en el projecte" no staba en los criterios de valoración de la Convocatoria. Recordemos lo dicho por la antes mencionada STS: " el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquéllas ". Así pues, una vez aprobadas las bases y fijados los criterios de puntuación, no pueden introducirse nuevos criterios de valoración distintos de los precisados en la Convocatoria.

Con el punto de partida de que para la Administración ha de resultar difícil explicar como la misma Cap de Servei de Relacions Informatives de la Direcció General de Comunicació, Dª Alejandra , que en fecha 25.06.2007 había emitido informe puntuando la solicitud de la ahora recurrente en 22 puntos, luego emite un nuevo informe del que resultará una puntuación de 4,5 puntos -sin variación de los criterios de valoración- basta examinar una muestra en detalle de tales razones para evidenciar la actuación arbitraria.

Así, tomando como ejemplo el primer criterio genérico de valoración -la " qualitat tècnica del projecte" (0-5 punts) - en el primer informe al proyecto de ABN se le otorgó 4,5 puntos porque se tuvo en cuenta la cobertura informativa diaria de 9 a 21 hrs de todo lo que sucede en Illes Balears y la distribución por campos temáticos. En el segundo informe, ya no se dio importancia a lo anterior ya que " la informació que facilita és bàsicament la materias que proporcionen les agències estatals... ". Pero lo relevante está en que esta rebaja de puntuación ya no está basada en los criterios impuestos por la resolución de la Directora General de Comunicació de la Conselleria de Presidencia fecha 7 de agosto de 2007 que desencadena la revisión de puntuaciones, ya que se había impuesto la revisión para que en este apartado se tuviera en cuenta " el percentatge d'espai dedicat a publicitat " y " en relació ambs el mitjans de comunicació digitals, les actualitzacions constans ". Pues bien, ya hemos visto que para este primer criterio genérico de valoración era la " qualitat tècnica del projecte" (0-5 punts) se rebajó la puntuación de 4,5 punto a 1 punto, por razones ajenas a aquellas que la Directora General de Comunicación había especificado que debían revaluarse. Con ello se advierte que el objetivo era rebajar la puntuación, fuese por los motivos de la resolución de 07.08.2007 o por lo que se viesen necesarios para tal fin.

Como ya se dijo en la sentencia de esta Sala Nº 75 de fecha 09.02.2011 :

"Desvirtuado el criterio de infravaloración tomado en el informe técnico de 08.10.2007, la Administración decide mantener la puntuación (1 punto), lo que evidencia que lo que realmente importaba es que la puntuación final siempre quedase por debajo del límite de los 5 puntos, con independencia del razonamiento para llegar a ello y aunque se demostrase error en los datos porcentuales de publicidad tomados como referencia para rebajar la puntuación." (fundamentos de derecho cuarto a sexto)

Sobre el primer motivo, relativo a la motivación de la Sentencia impugnada.

La parte recurrente achaca dos defectos a la fundamentación de la Sentencia impugnada, insuficiencia de la motivación e incongruencia omisiva, en relación con la existencia o no de comunicación previa sobre la concesión de subvenciones al Consejo de Ministros. Entiende la Comunidad recurrente que la respuesta de la Sala es insuficiente, cuando se limita a afirmar al respecto que "es ilógico y carente de sentido que se de curso al trámite del artículo 8.2 del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones (comunicación previa de subvenciones superiores a 150.000 €) cuando no hay acuerdo previo del instructor en el sentido de la cantidad subvencionable a cada solicitud". Sostiene la Comunidad recurrente que en el caso de autos, cuando el Consejo de Gobierno se da por enterado de los importes de las subvenciones, no se trata del trámite previsto en el artículo 8.2 del citado Texto Refundido.

El motivo debe ser rechazado. Como resulta evidente a partir de la propia argumentación de la parte, la Sala sí razona y se pronuncia sobre la existencia o no de dicho trámite y su razonamiento es razonable y no arbitrario. No hay pues falta o insuficiencia de motivación ni incongruencia omisiva, sino que lo que la parte argumenta sólo revela, en definitiva, una discrepancia sobre la valoración jurídica efectuada por la Sala juzgadora de una determinada actuación, cual es naturaleza de la referida comunicación y el valor de la decisión del Consejo de Gobierno. Y en el motivo presente, articulado mediante el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , no se trata de si dicha valoración es acertada o no, sino de que existió y que no resulta ni arbitraria ni patentemente errónea.

Sobre el segundo motivo, relativo a la valoración de la prueba.

En el segundo motivo la institución recurrente aduce que la Sala ha efectuado una errónea y parcial apreciación y valoración de la prueba, que le ha conducido a una conclusión equivocada. Entiende que en la medida en que dicha valoración errónea conduce a un resultado inverosímil e ilógico, constituye un supuesto revisable en casación.

Como la propia recurrente indica en el motivo, la valoración de la prueba sólo es revisable en casación en circunstancias excepcionales y tasadas como lo serían, efectivamente, la arbitrariedad o el error manifiesto. Nada de eso ocurre en el caso de autos, pues el resultado al que llega la Sala en modo alguno puede ser calificado, como hace la parte, de inverosímil o de arbitrario. La apreciación que efectúa la Sala entendiendo que tuvo que haber una propuesta del instructor podrá ser discutible para la parte, pero a la vista del desarrollo del procedimiento administrativo constatado por la Sala de instancia no es irrazonable ni arbitraria, por lo que no puede ser revisada en sede casacional. El motivo ha de ser por ello desestimado.

Sobre el fondo de la cuestión planteada.

El fondo de la litis versa sobre rectificación que realizó la Administración autonómica de las valoraciones efectuadas sobre unas solicitudes de subvención en materia de medios de comunicación social convocadas por la Consejería de Relaciones Institucionales el 10 de mayo de 2.007. La Sala de instancia entendió, según se expresa en los fundamentos de derecho que se han reproducido supra , que tal rectificación de puntuaciones resulto arbitraria e incurrió en desviación de poder. Frente a ello la parte formula dos motivos, el tercero y el cuarto, en los que se aduce la infracción del artículo 82.1 de la Ley reguladora del procedimiento administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre ), por no haber entendido procedente la solicitud de un segundo informe sobre las solicitudes de subvención (motivo tercero) y de la normativa de subvenciones (motivo cuarto).

Pues bien, dicha controversia había sido ya resuelta por la Sala de instancia en su Sentencia de 9 de febrero de 2.011 (recurso 618/2.008 ), relativa a otra entidad afectada por la misma actuación administrativa. La citada Sentencia fue igualmente recurrida en casación por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, recurso en el que se formularon idénticos motivos y que fue desestimado por Sentencia de esta Sala de 19 de mayo de 2.014 (RC 2.048/2.011 ). Resueltos los dos primeros motivos que por su naturaleza afectan de manera específica a este procedimiento en sí mismo considerado (motivación y valoración de la prueba), sobre estos otros dos relativos al fondo de la litis reiteramos las consideraciones expuestas entonces:

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Sobre el tercer motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 63.1 y 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .

El tercer motivo de casación, que descansa en la infracción de los artículos 63.1 y 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , no puede ser acogido, en cuanto que consideramos que el pronunciamiento de la Sala de instancia, respecto de que la solicitud de un nuevo informe técnico por el Instructor constituye una actuación arbitraria, no infringe dichas disposiciones legales, ya que la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones debe ajustarse al procedimiento establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, específicamente, en el supuesto enjuiciado, al Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, que establece como principios rectores de la actuación administrativa los de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, y a la Orden de la Consejería de Relaciones Institucionales de 2 de diciembre de 2005, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de medios de comunicación social, y la resolución de la mencionada autoridad administrativa de 10 de mayo de 2007, que aprueba la segunda convocatoria de subvenciones en materia de medios de comunicación social, sin que por ello puedan introducirse trámites relativos a la solicitud de informes que sean incompatibles con la ordenación procedimental establecida en las bases de la convocatoria.

Por ello, compartimos el criterio de la Sala de instancia de que no estaba justificada la solicitud de un nuevo informe de valoración de las solicitudes presentadas a la segunda convocatorias de subvenciones en materia de medios de comunicación social, correspondiente al ejercicio de 2007, decretada por resolución de la Dirección General de Comunicación de 7 de agosto de 2007, ya que el invocado artículo 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , no autoriza a la Administración a, incurriendo en desviación procedimental, pedir informes de evaluación técnica de los proyectos subvencionables cuya finalidad real no sea la de resolver objetivamente el procedimiento de concesión de subvenciones, sino de revisar actuaciones precedentes, con violación de los principios de respeto a los actos propios y de confianza legítima, causando efectivos perjuicios a los particulares que participan en un proceso de concesión de ayudas públicas.

Al respecto, debe recordarse que la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire factum propium, surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, y que se proyecta al Derecho administrativo como límite al ejercicio de las potestades discrecionales, significa, según expone el Tribunal Constitucional, en la sentencia 17/2000, de 30 de enero , la vinculación del autor a una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito en el sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos.

Sobre el cuarto motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 22 , 24 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones .

El cuarto motivo de casación, basado en la infracción de los artículos 22 , 24 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , no puede prosperar, pues no compartimos la tesis que postula la Abogada defensora de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears respecto de que en el supuesto enjuiciado la Administración ha respetado el procedimiento previsto para la concesión de subvenciones en materia de medios de comunicación social, ya que coincidimos con el criterio de la Sala de instancia, en que carece de justificación la revisión de la valoración técnica efectuada por la Jefe de Servicio de Relaciones Informativas de la Dirección General de Comunicación de 25 de junio de 2007, que otorga al proyecto presentado por Publicacions Mallorquines, S.L. una puntuación de 13,4 puntos, pues tiene aparente cobertura en la resolución de dicha autoridad administrativa de 7 de agosto de 2007, que se adopta, en desviación de poder, con el único objetivo de rebajar la puntuación de la mercantil solicitante de subvención, para que su puntuación final no superase el límite de 5 puntos, a los efectos de permitir su exclusión.

En este sentido, resulta pertinente recordar, que la subvención se configura tradicionalmente en nuestro Derecho público como una medida de fomento que utilizan las Administraciones Públicas para promover la actividad de los particulares o de otras Administraciones Públicas hacia fines de interés general que representa o gestiona la Administración concedente, que esté sometida al principio de legalidad, de modo que la Administración convocante debe respetar las directrices y bases procedimentales establecidas en la convocatoria, no gozando por ello de potestades discrecionales para alterar arbitrariamente el procedimiento de concesión de subvenciones, por cuanto supondría una vulneración del principio de seguridad jurídica.

En este sentido, cabe significar que según resulta de la jurisprudencia reiterada de esta Sala, expresada entre otras en las sentencias de 7 de abril de 2003 ( RC 11328/1998), de 4 de mayo de 2004 ( RC 3481/2000), de 17 de octubre de 2005 ( RC 158/2000 ) y de 20 de mayo de 2008 ( RC 5005/2005 ), la naturaleza de la medida de fomento administrativo puede caracterizarse por las notas que a continuación se reseñan:

En primer lugar, el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquéllas.

En segundo término, el otorgamiento de las subvenciones ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica.

Por último, la subvención no responde a una «causa donandi», sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un «modus», libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. Se aprecia, pues, un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesión (Cfr SSTS 20 de junio , 12 de julio y 10 de octubre de 1997 , 12 de enero y 5 de octubre de 1998 , 15 de abril de 2002 «ad exemplum»).

Nuestra jurisprudencia, según se refiere en la sentencia de 20 de mayo de 2003 (RC 5546/1998 ), ha reconocido el carácter modal de la subvención o, si se prefiere, su naturaleza como figura de Derecho público, que genera inexcusables obligaciones a la entidad beneficiaria, cuyo incumplimiento determina la procedencia de la devolución de lo percibido sin que ello comporte, en puridad de principios, la revisión de un acto administrativo declarativo de derechos que haya de seguir el procedimiento establecido para dicha revisión en los artículos 102 y siguientes de la LRJ y PAC. Y es que la subvención comporta una atribución dineraria al beneficiario a cambio de adecuar su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y que sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una causa donandi, sino a la finalidad de intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos o de un modus, libremente aceptado por el beneficiario en la actuación de éste.

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En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los cuatro motivos de casación articulados, debemos declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 9 de febrero de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 618/2008 ." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)

Las mismas consideraciones son aplicables al caso de autos y conducen a la desestimación de los motivos tercero y cuarto del presente recurso de casación.

Conclusión y costas.

En atención a las consideraciones expuestas en los anteriores fundamentos, no ha lugar al recurso de casación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la parte recurrente hasta un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos legales.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,