STS, 1 de Marzo de 2005
| Ponente | JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE |
| ECLI | ES:TS:2005:1265 |
| Número de Recurso | 35/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 1 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Marzo de dos mil cinco.
Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión negativa de competencia suscitada entre la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Cuarta; recurso 31/02) de la Audiencia Nacional y la Sala (Sección 1ª; recurso 1620/02-D) de igual orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para conocer del recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Lucio y Dª Trinidad contra la denegación presunta de la reclamación, en materia de responsabilidad patrimonial, formulada por aquéllos, con fecha 17 de enero de 2001, al Ministro de Sanidad y Consumo.
Han sido partes en este incidente los expresados recurrentes, representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Luisa Mora Villarrubia y la entidad ZURICH ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador de los Tribunales D. Federico Olivares de Santiago.
Trabada cuestión de competencia entre los órganos jurisdiccionales antes referidos para conocer del recurso asimismo antes expresado, se remitieron las actuaciones a esta Sala, y una vez recibidas, se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha emitido en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, criterio compartido por la parte recurrente antes indicada. La mencionada entidad mercantil no ha formulado alegaciones sobre la expresada competencia.
Por Providencia de 8 de febrero de 2005, se señaló para la correspondiente votación y fallo el pasado día 24, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado de la Sala
La presente cuestión negativa de competencia se plantea entre la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de igual orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Lucio y Dª Trinidad contra la denegación presunta de la reclamación, en materia de responsabilidad patrimonial, formulada por aquéllos, con fecha 17 de enero de 2001, al Ministro de Sanidad y Consumo.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha entendido que la competencia en cuestión corresponde a la Sala de igual orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Aragón. Tiene en cuenta la indicada Sala, entre otros extremos, que "el expediente administrativo incoado para conocer de la solicitud de indemnización de los recurrentes por responsabilidad patrimonial de la Administración, cuya tramitación era competencia del INSALUD, y que se hallaba en tramitación sin haber recaído resolución administrativa el día 1 de enero de 2002, pasó en el ámbito administrativo y en esta fecha a ser competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, u órgano de esta Administración que asuma la competencia, en aplicación, a falta de disposición expresa, del art. 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre de Proceso Autonómico ".
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para sostener su incompetencia, tiene en cuenta que el acuerdo presunto desestimatorio de la reclamación por responsabilidad patrimonial de que se trata, reclamación efectuada el 17 de enero de 2001, únicamente puede atribuirse al Ministro de Sanidad. También considera la expresada Sala que en la fecha de 1 de enero de 2002, en que se produjo la efectividad del traspaso de las funciones y servicios del INSALUD a la Comunidad Autónoma de Aragón, había que entender que ya se había producido la desestimación presunta dado que el plazo para resolver era de seis meses.
Son datos, que resultan de lo hasta ahora actuado, relevantes en orden a la resolución de la presente cuestión de competencia los siguientes: a), con fecha 17 de enero de 2001, tuvo entrada, en el Hospital Universitario "Miguel Servet" del Instituto Nacional de la Salud en Zaragoza, un escrito de los recurrentes formulando, al Ministro de Sanidad y Consumo, reclamación de indemnización de daños y perjuicios por deficiente asistencia sanitaria; y b), el recurso contencioso-administrativo de que se trata se interpuso el 16 de enero de 2002.
Conviene, ante todo, recordar el contenido del artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre , reguladora del proceso autonómico, que distingue, en orden a la transferencia de servicios, los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias pendientes de resolución definitiva antes de la efectividad de la transferencia, de aquellos otros expedientes en los que no obstante haber recaído resolución definitiva se encuentran pendientes de recursos administrativos, atribuyendo los mismos, en el primero caso, a la Comunidad Autónoma para su decisión, y en el segundo, a la Administración del Estado para la resolución del recurso, y asignando, finalmente, las consecuencias económicas a una u otra Administración en función "de quien hubiere adoptado la resolución definitiva" -el subrayado es nuestro-. A este criterio responde, como no podía ser de otra forma, el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre , sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, con efectos de 1 de enero de 2002, aplicable al presente caso.
La cuestión, pues, se traslada a la determinación de la subrogación en los derechos y deberes de la Administración estatal por parte de la Comunidad Autónoma en los supuestos, como el presente, en que con anterioridad a la fecha del traspaso de competencias se ha podido producir el juego del silencio administrativo negativo. Obligado será recordar, de una parte, que tal desestimación produce "los solos efectos" -en expresión textual del artículo 43.3 de la L.R.J.A.P. y P.A.C .- de permitir a los interesados la interposición del recurso que resulte procedente, y de otra, que tal situación no libera a la Administración de dictar resolución expresa - artículo 42.1 de la misma Ley -. Hasta tal punto es ello así, que se establece un régimen distinto según se trate de un supuesto de estimación por silencio, cuya resolución expresa necesariamente deberá ser confirmatoria del acto de que se trata, o de un supuesto de desestimación por silencio, cuya resolución expresa no queda vinculada al sentido del silencio -artículo
43.4-. Y es ésta resolución expresa la que se corresponde con la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 20 de la Ley 12/83, de 14 de octubre .
De los preceptos examinados se deduce que, una cosa es que la ficción del silencio permita al administrado la interposición del recurso correspondiente, mitigándose así los perniciosos efectos que, en otro caso, se podrían derivar de la inactividad de la Administración en decidir, y otra distinta la persistenciade la obligación de esta última de resolver. El administrado podrá, pues, optar entre entender desestimada su petición, a los "solos efectos" de la interposición del pertinente recurso, o esperar la resolución expresa, -o "definitiva", en expresión del artículo 20 de la Ley 12/83 - pero tal elección no puede condicionar las obligaciones derivadas de una subrogación de competencia, impuesta, primero por la Ley y, después, por el Decreto de transferencia -en este caso, el ya citado 1475/2001, de 27 de diciembre -.
La presente cuestión de competencia debe, pues, resolverse en favor de la Sala de lo Contencioso-administrativo Tribunal Superior de Justicia de Aragón, toda vez que en la fecha de transferencia del servicio correspondiente no se había producido aún la resolución definitiva del expediente.
Al razonar en los términos que se han indicado en los anteriores fundamentos y decidir en el sentido que ha quedado asimismo expresado, esta Sala reitera lo argumentado y resuelto al enjuiciar, en su Sentencia de 19 de febrero de 2004 , la cuestión de competencia 174/02, cuya doctrina se ha reiterado, entre otras, en Sentencias (dos) de 17 de marzo, 23 de junio y 20 de julio del indicado año .
En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que debemos declarar y declaramos que la competencia para conocer del recurso contenciosoadministrativo referido en el primer fundamento de esta resolución corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al que deberán remitirse las actuaciones, y no se hace imposición de costas en este incidente.
Póngase esta resolución en conocimiento de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
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