STS, 25 de Enero de 2000

Del examen del expediente administrativo se infieren los siguientes hechos:

1. Como consecuencia de visita de inspección ordinaria por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial al Juzgado de lo Social único de Manresa, efectuada el 11 de mayo de 1995, según consta en el acta de 16 de mayo de 1995, por Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial del día 24 de mayo de 1995 se incoó un expediente disciplinario al Magistrado Ilmo. Sr. D. Esteban , entonces titular del referido Juzgado de lo Social de Manresa, por la posible comisión de la falta muy grave prevista en el art. 417.9 o de la falta grave del art. 418.10, ambos de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. En el pliego de cargos del expediente disciplinario seguido se hacía constar, en extracto, lo siguiente:

   1. ) El total pendiente de asuntos en el Juzgado es de 668, lo que significa que los de "Seguridad Social" representan el 68% del trabajo pendiente.

   2. ) El artículo 417.9 enumera las faltas "muy graves" y recoge como una de ellas el retraso injustificado, no sólo en la iniciación y tramitación de los procesos, sino, además, específicamente, en la resolución de los mismos.

3. En la propuesta formulada por la Instructora se hacían constar, en extracto, los siguientes hechos:

   1. ) El Juzgado de lo Social de Manresa fue creado a finales de 1989 permaneciendo su titular D. Esteban en el mismo desde el 22 de diciembre de ese año. Dicho órgano soporta una carga de trabajo asumible, según el informe de la propia Inspección (fol. 148 del Anexo, B.e.2, relativo a la carga de trabajo). La conclusión de la Unidad Inspectora fue que la tramitación de los procedimientos se encuentra al día, siendo muy correcta (conclusiones, folio 153, Anexo Informe Inspección). De los datos aportados por el Juzgado (certificados por el Secretario) y los resultados de la inspección, aparece que en 1992 en el Juzgado se dictaron un total de 912 sentencias (por escrito); en 1993 un total de 628; en 1994, un total de664; y hasta la fecha de la inspección de 1995, un total de 288.

   2. ) Del total de asuntos pendientes en el Juzgado (fol. 58 Informe Anexo Inspección): 668, a la fecha de girarse la visita 456 pertenecen a la Seguridad Social, representando un 68% del total pendiente. De las comprobaciones efectuadas aparece que entre las materias correspondientes a los 336 asuntos pendientes de dictarse sentencia (relacionados en los folios 118 a 131 del expediente) excluidos los 22 pendientes de 1995 hay las siguientes: jubilaciones, 49; viudedades, 9; desempleo, 53; incapacidad laboral transitoria e invalidez, 61; y cantidades, 63.

   En la propuesta de resolución se solicitaba la sanción de traslado forzoso a Juzgado o Tribunal con sede separada, al menos en cien kilómetros, a aquélla en que estuviere destinado, del apartado c) del número 1 del art. 420 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Fiscal emitió informe en el sentido de considerar encontrarnos ante un comportamiento que reunía los requisitos subjetivos y objetivos de "retraso injustificado y reiterado" contemplado en el art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 28 de marzo de 1996, adoptó el Acuerdo de imponer al Magistrado Ilmo. Sr. D. Esteban , por su actuación como titular que fuera del Juzgado de lo Social de Manresa (Barcelona), la sanción de 300.000 pesetas de multa prevista en el art. 420.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como autor de la falta grave del art. 418.10 de la expresada Ley Orgánica.

Contra el anterior Acuerdo se interpuso recurso ordinario por el actor que fue desestimado por Acuerdo del Plenario de 29 de enero de 1997.

Un examen extractado del referido Acuerdo puede concretarse en los siguientes puntos:

1. Las actuaciones administrativas, en el supuesto que nos ocupa, comienzan con el informe de fecha 16 de mayo de 1996 emitido por el Servicio de Inspección, que se registró como Diligencias Informativas nº 216/95, acordándose por la Comisión Disciplinaria del Consejo General, en reunión del día 24 de mayo de 1995 "incoar expediente disciplinario al Magistrado Ilmo. Sr. D. Esteban , titular del Juzgado de lo Social de Manresa (Barcelona) por la posible comisión de la falta muy grave prevista en el art. 417.9 o de la falta grave del art. 418.10, ambos de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, por el gran retraso en dictar sentencias, algunas con una antigüedad de tres años, detectado en la visita ordinaria de inspección practicada a este órgano judicial en fecha 11 de mayo de 1995, según consta en el informe elaborado por el Servicio de Inspección de este Consejo de 16 de mayo de 1995".

2. En el expediente examinado, la instructora delegada, mediante un extenso y motivado acuerdo adoptado en fecha 31 de octubre de 1995, decide sobre la pertinencia o impertinencia de los numerosos medios de prueba propuestos por el expedientado en su escrito de contestación al pliego de cargos.

3. En el expediente aparece plenamente acreditada la realización de los hechos, consistentes en que en la fecha de la visita ordinaria del Servicio de Inspección del Consejo General -mayo de 1995- existían 336 asuntos pendientes de dictar sentencia, de los cuales 66 corresponden al año 1992, 118 al año 1993, 130 al año 1994 y 22 al año 1995, de forma que las pruebas propuestas por el interesado para acreditar hechos accesorios e irrelevantes a los fines de la resolución de dicho expediente, se manifiestan totalmente desprovistas de la transcendencia necesaria para que merecieran ser acogidas por la instructora delegada.

4. La Comisión Disciplinaria del Consejo General en Acuerdo de 18 de diciembre de 1996, resuelve: "Diligencias Informativas nº 216/95. Expediente Disciplinario nº 8/95. Devolver a la instructora delegada el expediente disciplinario seguido al Magistrado Ilmo. Sr. D. Esteban , titular del Juzgado de lo Social de Manresa (Barcelona), para que, conforme a lo dispuesto en el art. 425.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, complete la instrucción interesando del Ministerio Fiscal la emisión del preceptivo informe, evacuando así el trámite de audiencia a que se refiere el art. 425.3 de la expresada Ley Orgánica; toda vez que en las actuaciones elevadas a esta Comisión Disciplinaria solamente consta (al folio 151 vuelto) la recepción por el Ministerio Fiscal, el 3 de noviembre de 1995, de la notificación de hallarse el expediente a su disposición por el plazo de ocho días, sin que conste haber sido cumplimentado el correspondiente dictamen".

5. El hecho de que previo a esta propuesta el Fiscal no hubiese emitido informe, lo que verificó posteriormente, no determina vicio invalidante alguno, como pretende el recurrente, pues, de un lado, delcontenido de dicho informe se le entregó copia, por lo que ha tenido adecuado conocimiento, como así reconoce en su escrito de recurso; de otro, es la propuesta de resolución la que determina la obligatoriedad de plazo de alegaciones, y no el informe del Fiscal.

6. El retraso se produce, según el informe emitido por la Inspectora Delegada del Servicio de Inspección como consecuencia de la visita ordinaria de Inspección girada al Juzgado de lo Social único de Manresa el día 11 de mayo de 1995, que el Juzgado registró 753 asuntos en el año 1992, 951 en el año 1993, 940 asuntos en el año 1994 y 353 en el año 1995 hasta la fecha de la visita de inspección.

   Del acta de visita de inspección y a la fecha en que ésta se practicó, se desprende que la tramitación de los procedimientos se encuentra al día, siendo ésta muy correcta. Sin embargo, estaban pendientes de celebración de juicio 331 procedimientos.

   A la fecha de la inspección existían 336 procedimientos pendientes de dictar sentencia, de los cuales 66 procedimientos eran del año 1992, 118 del año 1993, 130 del año 1994 y 22 procedimientos de 1995 a la fecha de tal visita. Expone la Inspectora delegada en su informe que "28 juicios están en espera de dictar sentencia desde hace tres años; en 109 procedimientos el juicio se celebró durante el año 1993, y en 1994 quedaron conclusos para dictar sentencia 86 juicios, por lo que resulta constatada la limitada actividad resolutoria del Magistrado sancionado durante los años 1993 y 1994.

   De estos datos se colige que si bien durante el año 1992 el número de sentencias dictadas supera los módulos de trabajo para los Juzgados y Tribunales aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 26 de abril de 1989, que prevé para los Juzgados de lo Social "entre 1.200 y 1.500 procesos reales, que normalmente darán lugar a unas 700 a 900 sentencias anuales", sin embargo, la actividad sentenciadora del Magistrado es inferior al mínimo de dichos módulos en los años 1993 y 1994.

7. El trabajo desarrollado por el Magistrado recurrente resulta notoriamente insuficiente, tanto si se atiende al número de asuntos pendientes de dictar sentencia -336-, como al excesivo plazo transcurrido desde la fecha de la celebración del juicio.

En el escrito de demanda se solicita se dicte sentencia por la que se acuerde anular y dejar sin efecto la resolución dictada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 29 de enero de 1997 por la que se convalidaba el anterior Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del mencionado Consejo de 28 de marzo de 1996, imponiendo al recurrente la sanción de 300.000 pesetas de multa prevista en el art. 420.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Abogado del Estado, razonadamente, se opone y considera que la pretensión es improsperable.

Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 18 de enero del año 2000.

El objeto del recurso se centra en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico del acto administrativo impugnado, que contiene el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 29 de enero de 1997 por el que se resuelve convalidar el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de 28 de marzo de 1996, en cuanto al defecto competencial examinado en los fundamentos jurídicos de la resolución y desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Esteban , Magistrado, contra Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial de 28 de marzo de 1996, por el que se le impuso, por su actuación como titular que fuera del Juzgado de lo Social de Manresa (Barcelona) la sanción de 300.000 pesetas de multa, prevista en el artículo 420.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como autor de una falta grave del artículo 418.10 de la expresada Ley Orgánica.

El primero de los motivos en que se basa la parte recurrente para anular y dejar sin efecto la sanción impuesta se basa en la consideración de la nulidad de la resolución sancionadora por vulneración del derecho de defensa, al no haber estado suficientemente razonada la inadmisión de los medios de prueba pertinentes y relevantes en la fase probatoria del procedimiento administrativo, entendiendo dicha parte que se vulnera el artículo 24.2 de la Constitución, los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/92 y los artículos 17 y siguientes del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, contenidas en el Real Decreto de 4 de agosto de 1993.

La parte recurrente, también invoca las sentencias constitucionales núms. 192/87 y 125/87, así comoel Auto del Tribunal Constitucional nº 294/85 sobre esta materia.

Para analizar la referida vulneración, procede tener en cuenta, según se infiere del análisis del expediente administrativo, que el Acuerdo relativo a la calificación de la prueba que realiza la instructora, con fecha 31 de octubre de 1995, contiene una valoración exhaustiva respecto de las pruebas instadas por la parte recurrente, señalándose los criterios fundamentales por lo que no se practicaron algunos de los medios de prueba propuestos y que pueden concretarse en los siguientes puntos:

1. Respecto a la documental señalada en los apartados a) y b) del otrosí relativos a la solicitud de certificaciones al organismo judicial o administrativo que corresponda para constancia de medios humanos e informáticos en los Juzgados de la Provincia, se señala en dicho Acuerdo que dicho expediente no tiene por finalidad el enjuiciamiento de la labor, ni respecto de ellos se hace valoración alguna, salvo la de excluir que el hipotético deficiente funcionamiento del órgano fuera el causante del retraso en dictar las resoluciones; respecto de la prueba señalada en el apartado c) relativo a certificación de asuntos resueltos por sentencia en los años 1992 a 1994 en los Juzgados de lo Social de las provincias catalanas y en Madrid, se entiende no procedente, pues son datos que constan en las Memorias del Consejo del Poder Judicial; respecto a la señalada en los apartados d) e) f) g) y h), se pone de manifiesto que se trata de certificaciones que nada aportarían en orden a la determinación de los hechos y el retraso en dictar las sentencias pendientes, razón por la que se le impone la sanción al hoy recurrente.

2. Por otra parte, el rechazo de la prueba propuesta en el apartado i) relativo a la información sobre el suministro de cartuchos de tinta para la impresora Cannon BJ-10 EX; en la propuesta del apartado j) sobre unión de documentos justificativos de la adquisición de un ordenador personal y una impresora o factura de adquisición de una colección legislativa o justificante de la adquisición de la correspondiente actualización del ordenador personal, se entiende que su práctica resultaba improcedente, así como una serie de comunicaciones solicitadas a distintos órganos, teniendo en cuenta que lo que realmente se analiza es el alcance y contenido del retraso derivado de la no redacción de las sentencias pendientes, que algunas se refieren al año 1992, puesto que en el momento en que se efectúa la Inspección, en mayo de 1995, había pendientes de dictar 330 sentencias, de las cuales, 66 correspondían a los asuntos del año 1992, 118 al año 1993, 130 al año 1994 y 22 al año 1995.

3. También se rechaza la propuesta de la prueba que consta en el apartado k) sobre certificación de inspecciones a los Juzgados de lo Social en todo el territorio nacional en los años 1992, 1993, 1994 y 1995, al no guardar relación con el tema de que se trata.

Del análisis precedente se infiere que el acto determinante de la inadmisibilidad de la prueba propuesta fue debidamente fundamentado y razonado por la instructora del expediente sancionador, sin que quepa, en este punto, estimar la vulneración del artículo 24.2 de la Constitución por omisión de la prueba relevante o pertinente, puesto que ya ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Constitucional en las sentencias de éste último 2/87 y 192/87 (alguna de las cuales son invocadas por la parte recurrente), que pese a no ser enteramente aplicable el artículo 24.2 a los procedimientos disciplinarios, el derecho del expedientado a utilizar pruebas para su defensa tiene relevancia constitucional, pero ello no significa que tenga derecho a que se practiquen todas aquéllas que tenga a bien proponer, habida cuenta de que como ha declarado dicha jurisprudencia, el derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las pruebas propuestas y, en todo caso, únicamente sería estimable aquel supuesto en que la impertinencia de una prueba propuesta tenía transcendencia a los efectos de la resolución, lo que no consta acreditado en el caso examinado, por lo que no procede la estimación del motivo alegado.

Tampoco resulta aplicable la doctrina jurisprudencial invocada por la parte recurrente, que hace referencia a la sentencia nº 125/83 del Tribunal Constitucional, pues en aquel supuesto, la resolución sancionadora se había adoptado sin haber concedido trámite de audiencia al interesado, lo que no ha sucedido en la cuestión aquí planteada, máxime teniendo en cuenta que la sanción impuesta en aquel supuesto se realizó con un procedimiento cumpliendo todas las garantías y no cabe extender al acto primitivo el efecto retroactivo del artículo 24 de la Constitución, dado que habían quedado salvaguardados los principios y valores referidos a dicho precepto constitucional.

Tampoco, en este punto, cabe apreciar la vulneración de los preceptos legales que se citan como infringidos:

1. El artículo 80 de la Ley 30/1992, puesto que en la cuestión examinada, se ha producido un esclarecimiento de los hechos y del propio tenor literal del artículo se desprende la supeditación del períodoprobatorio a la existencia de puntos de duda, lo que no ha sucedido en la cuestión examinada, máxime teniendo en cuenta que en el párrafo tercero del artículo 80 se prevé que el instructor del procedimiento rechaza aquellas pruebas propuestas cuando manifiestamente sean improcedentes o innecesarias, por resolución motivada, lo que ha sucedido en este caso.

2. Tampoco aparece vulnerado el artículo 137, apartado cuarto de la Ley 30/92, puesto que quien invoca la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, debe argumentar de modo convincente que la resolución podría haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado dicha prueba, lo que en la cuestión examinada no se produce, máxime teniendo en cuenta la irrelevancia de la prueba inadmitida a los efectos de la resolución del procedimiento.

3. Finalmente, tampoco resulta acreditada la vulneración de los artículos 17 y siguientes del Reglamento sobre la potestad sancionadora por parte de la Administración que se contiene en el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, en la medida en que si bien se reconoce en tales preceptos el derecho a usar los medios de prueba, éstos han de ser pertinentes y no hay un derecho absoluto a utilizar aquellos medios que se crean oportunos, sino aquéllos que son pertinentes para la resolución del asunto.

El segundo de los motivos en que se basa la parte recurrente se fundamenta en la nulidad de la resolución por vulneración de los trámites esenciales, entendiendo que se le causa indefensión a la parte recurrente por cuanto que se prescinde del procedimiento legalmente establecido, en la medida en que se omitió la audiencia previa del Ministerio Fiscal, infringiéndose el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992.

En el caso examinado y por el análisis de lo actuado, se infiere claramente que el Ministerio Fiscal emite dictamen con fecha 19 de febrero de 1996, después de haberse formulado el correspondiente pliego de cargos y la propuesta de resolución, poniendo de manifiesto la existencia de una inicial actitud subjetiva-negativa en relación con el cumplimiento de la función del Magistrado sancionado y encontrándonos ante un comportamiento que, a juicio del Ministerio Fiscal, reunía los requisitos objetivos previstos en el retraso injustificado y reiterado contemplado en el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el propio Acuerdo denegatorio de la práctica de las pruebas propuestas, se hizo constar por la instructora que se daba traslado en el plazo de ocho días al Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 425.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no cabe hablar de la existencia de una vulneración del procedimiento legalmente establecido por cuanto que la referencia que contiene el artículo 62.1.e) de la Ley 30/92, a los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido es inaplicable a la cuestión examinada, ya que en los términos que ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala (por todas, la sentencia de 15 de octubre de 1997), se trata del incumplimiento de manera clara, manifiesta y ostensible de las normas procedimentales o de prescindir totalmente del procedimiento establecido, lo que no ha sucedido en la cuestión examinada, en la que consta incorporado el dictamen del Ministerio Fiscal, habiéndose subsanado posibles omisiones formales no generadoras de irregularidades invalidantes.

El tercero de los motivos en que se basa la parte recurrente se fundamenta en la improcedencia de la sanción, invocando como elementos determinantes las consideraciones de que el Juzgado tenía encomendadas tareas de ejecución, que realizaba funciones de Decanato, que había sustituido una vez creado a la competencia y contenido funcional que desarrollaban los Juzgados de Barcelona que se trasladaban a Manresa y que había existido una dedicación absoluta por parte del Juez, teniendo en cuenta, además, el contenido razonado de las sentencias dictadas.

Además de estos criterios, la parte actora invocaba como infringidas la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 17 de mayo de 1989, 2 de octubre de 1989, 9 de julio de 1993, 25 de octubre de 1993 y 26 de febrero de 1996.

Respecto del primer aspecto, es de significar, según consta en los antecedentes de hecho de esta resolución, el acreditamiento de la comisión de la infracción en la medida en que resultan no dictadas 336 sentencias de procedimientos desde el año 1992 al año 1995, quedando acreditado en el pliego de cargos, en la propuesta de resolución, en el Acuerdo sancionador de la Comisión Disciplinaria del Consejo y en el posterior Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial, los hechos dimanantes de la sanción impuesta (Antecedentes de hecho 1º a 4º de esta sentencia).

Respecto del segundo punto, tampoco resulta quebrantada la doctrina jurisprudencial que se contiene en las sentencias invocadas por la parte recurrente, que no suponen la aportación de un elemento de identidad sustancial con la cuestión analizada:a) La sentencia de 17 de mayo de 1989 se refiere a un expediente sancionador incoado a un Magistrado de Trabajo, en el que quedaban pendientes 190 sentencias y se califica la conducta como un retraso en el despacho de asuntos, susceptible de sanción, aunque se considera desproporcionada la calificación del hecho como muy grave, lo que también ha sucedido en la cuestión examinada.

2. La sentencia de 2 de octubre de 1989 contempla la situación del Juzgado de Villajoyosa, en el que se reconoce que no es procedente admitir que ha existido en la conducta del Magistrado una negligencia grave, puesto que en cuanto a los asuntos civiles, se dictan 807 sentencias en 15 meses y no es imputable al mismo una paralización de dichos procesos y en cuanto al Juzgado de Instrucción debe ser tipificado el retraso como falta leve de negligencia y como tal, sancionable por advertencia, circunstancia no concurrente en el caso que estamos contemplando.

3. La sentencia de 9 de julio de 1993, también invocada por la parte recurrente, no contempla los mismos supuestos que aquí se examinan, por cuanto que se tratan de actuaciones y retrasos derivados de la intervención del Juzgado de Distrito nº 4 de Valencia, cuyas circunstancias fueron examinadas en conjunto, teniendo en cuenta el elevadísimo número de asuntos ingresados en dicho Juzgado, los asuntos resueltos por sentencia y otras resoluciones, los despachados de otra manera, superiores a los módulos de trabajo establecidos, según consta en las certificaciones allí existentes, lo que condujo en aquel caso, que no es asimilable al que aquí examinamos, a la anulación de la resolución impugnada.

5. La sentencia de 25 de octubre de 1993 comprende un retraso estimado como no imputable a desidia, negligencia o carencia de laboriosidad por parte del titular del órgano judicial, lo que condujo, en aquel caso, a la nulidad de los acuerdos impugnados, sin que las circunstancias concurrentes en la cuestión allí examinada puedan ser determinantes de la apreciación de una estimación de la vulneración alegada en el caso aquí examinado.

6. La invocación de la sentencia de 26 de febrero de 1996 tiene como precedente los contenidos en la anterior sentencia de este Tribunal de 11 de junio de 1992, y se hace constar, como ya se reconoció en la visita de inspección, la extraordinaria laboriosidad y dedicación del Magistrado y el número de sentencias dictadas que era superior al fijado por los módulos de trabajo fijados por el Consejo del Poder Judicial, razones que determinaron la anulación de los Acuerdos sancionadores, circunstancias que no concurren en la cuestión examinada en el presente proceso.

Finalmente, se alude por la parte recurrente a la indebida tipificación de la infracción, pues los hechos no son incardinables en el artículo 418.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entiende la parte recurrente que sería de aplicación el artículo 419.3 y por último, que la sanción sería de advertencia, teniendo en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad.

En el caso examinado, no cabe hablar ni de violación del principio de legalidad en los términos anteriormente referidos, ni de violación del principio de tipicidad, por lo que no se ha quebrantado el artículo

25.1 de la Constitución que recoge en nuestro sistema jurídico dos esenciales garantías:

1. La garantía material, consistente en la predeterminación de las conductas, lo que ratifica la jurisprudencia constitucional en sentencias, entre otras, 75/84, 182/90 y sucesivas.

2. La garantía formal, que en este caso se concreta en la necesaria habilitación legal de la norma sancionadora y que han reconocido, entre otras, las sentencias constitucionales 77/83, 2/87, 42/87, 101/88, 29/89, 69/89 y 22/90, que forman un cuerpo de doctrina sobre esta materia, sin que quepa hablar de inseguridad jurídica y sin que quepa estimar, respecto de este motivo, la jurisprudencia invocada por la parte recurrente, en la medida en que los hechos apreciados por los actos administrativos sancionadores permiten concretar que en la cuestión examinada, se practicaron las pruebas suficientes para encontrar debidamente justificada la sanción impuesta.

Tampoco cabe estimar, en este punto, la infracción del principio de proporcionalidad, que se basa, tanto en la jurisprudencia de este Tribunal como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en el ámbito de las Declaraciones Internacionales asumidas por el contenido del artículo 10.2 de la Constitución, al encuadrarlo como una proyección o anexo del principio de legalidad, criterio reiterado por la jurisprudencia constitucional ( en sentencias de 28 de marzo de 1996, 2 de octubre de 1997 y 20 de julio 1999), pues la aplicación de la doctrina jurisprudencial al caso examinado, partiendo de que dicha invocación no constituye un canon de constitucionalidad autónoma, cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto de otros preceptos constitucionales y que en el ámbito de la potestad exclusiva del legislador, el análisis de la proporción entre las conductas y las penas o sanciones administrativas ha deexaminarse dentro de los límites establecidos en la Constitución, en un amplio margen de libertad (STC 55/96 -fundamento jurídico sexto- y 161/97 -fundamento jurídico noveno-), no permiten, en la cuestión examinada, llegar a la consideración de que se haya violado el referido principio de proporcionalidad y resulta desestimable el motivo.

En conclusión, en la cuestión examinada, se cumplen los presupuestos determinantes de la aplicación de la sanción impuesta, en la medida en que se ha producido la concurrencia de los elementos que concretan el concepto del retraso como concepto jurídico indeterminado, susceptible de apreciación, que ya fue objeto de valoración en la precedente sentencia de esta Sala de 11 de junio de 1992 y que puede concretarse en el análisis de la situación general del Juzgado el retraso materialmente existente y la dedicación del Juez o Magistrado al ejercicio de sus funciones.

1. En cuanto a la situación general del Juzgado, según se infiere del análisis del expediente administrativo y de las actuaciones obrantes en el proceso judicial, es de tener en cuenta que el 11 de mayo de 1995, momento de la inspección, el Juzgado registró 753 asuntos en el año 1992, 951 en el año 1993, 940 en el año 1994 y 353 hasta la fecha de la visita de inspección, advirtiéndose que se ha producido un retraso en la actividad judicial, en la medida en que en el momento de la inspección, 28 juicios estaban en espera de dictar sentencia desde hacía tres años, en 109 procedimientos, el juicio se había celebrado durante el año 1993 y en el año 1994 quedaron conclusos para dictar sentencia 86 juicios, quedando constatada la limitada actividad resolutoria del Magistrado sancionado durante los años 1993 y 1994, pues si bien en el año 1992 dictó 912 sentencias, en el año 1993 dictó sólo 628, en 1994 dictó 650 y en 1995, se habían dictado 291 sentencias, por lo que se llega a la conclusión de que si bien durante el año 1992 el número de sentencias superaba los módulos de trabajo para Juzgados y Tribunales aprobados por el Pleno del Consejo del Poder Judicial el 26 de abril de 1989, que preveía para Juzgados de lo Social entre 1.200 y

   1.500 procesos reales, la existencia de unas 700 o 900 sentencias anuales, sin embargo, se reconoce que la actividad sentenciadora durante los años 1993 y 1994 por parte del Magistrado, fue inferior al mínimo de los módulos fijados por el Consejo.

2. La situación de retraso en los procedimientos pendientes de dictar sentencia, determinan la tipificación de los hechos como encuadrables en la falta grave prevista en el artículo 418.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción posterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 16/94, de 8 de noviembre, sin que en forma alguna pueda considerarse acreditado, de los elementos obrantes en el expediente, que el Magistrado haya cumplido sus obligaciones a efectos de que no pudiera imputársele retraso en el despacho de los asuntos, lo que supone que su conducta profesional afecta a los deberes que como juez le corresponden y supone una infracción de sus obligaciones que alcanza un alto nivel de gravedad y que incluso, originó quejas vertidas ante el funcionamiento defectuoso del órgano judicial, lo que ha comportado la imposición de una multa de 300.000 pesetas como adecuada y proporcionada a los hechos probados.

En consecuencia, procede rechazar todas las alegaciones formuladas por la parte sancionada, al apreciarse debidamente por los actos administrativos impugnados, la inclusión de la conducta constitutiva de un retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el Juez o Magistrado en el ejercicio de su función, cuando no constituyen falta muy grave y la imposición de la multa a tenor de las previsiones contenidas en el artículo 420.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que no se observa vulneración ni del artículo 25 de la Constitución en cuanto al respeto al principio de legalidad y tipicidad de la infracción y sanción, ni vulneración del principio de proporcionalidad, al haberse producido una necesaria adecuación entre los hechos constatados y comprobados en el expediente administrativo y las consecuencias sancionadoras derivadas de dicha infracción.

Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso contencioso- administrativo, sin que proceda hacer expresa imposición de costas.