STS, 2 de Junio de 2000

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó sentencia el 17 de noviembre de 1995, cuyo fallo dice: "Desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Rosendo , frente a acuerdos del Jurado de Expropiación de Navarra de fechas 15 de diciembre de 1993 y 27 de abril de 1994, en los que se modifica el Jurado y se fija el justiprecio en el expediente de expropiación forzosa incoado por el Gobierno de Navarra en relación con la finca número NUM000 del PSIS, por encontrar dichos acuerdos conformes al Ordenamiento Jurídico. No se hace condena en costas."

Esta sentencia -que se fundamenta en lo que resolvió otra anterior dictada por la misma Sala, de fecha 28 de junio de 1995, en el recurso administrativo nº 740/91, que desestimó la cuestión de ilegalidad del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Campus de la Universidad Pública de Navarra"- considera que, en cuanto a la nulidad de la clasificación del suelo por parte del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, este órgano tiene potestad para ello dada la peculiaridad del fin del Proyecto -la primacía que a proyectos como éste de la Universidad Pública de Navarra otorga sobre otros planes la Ley Foral de Ordenación del Territorio en su artículo 24.6- y la necesariedad de la clasificación del suelo para poder llevar a cabo la ejecución del mismo, en virtud de la regulación contenida en la Ley Foral 12/1986, de 11 de noviembre, de Ordenación del Territorio, y en concreto sus artículos 22 y 23.1.

Por lo que se refiere a la legitimación de la expropiación, se trata de implantar un servicio público de ámbito supramunicipal -en virtud de las facultades contenidas en el artículo 29.1.b) de la Ley Foral 7/1989,Decretos Forales 30/90 y 146/90, Orden Foral 126/1991 y Orden Foral 615/1991-, de acuerdo con la potestad prevista por el artículo 26.d) de la mentada Ley Foral 12/1986.

Finalmente, respecto al justo precio de esta expropiación, se considera correcto y ajustado a la legalidad vigente el establecido en el acuerdo del Jurado de Expropiación de Navarra de fecha 27 de abril de 1994.

La representación procesal de D. Rosendo presenta su escrito de interposición de recurso de casación, en el que bajo el rótulo de "Enumeración simple de los motivos de casación", expone sus motivos de casación, al amparo del artículo 95.1.3 y 4 de la Ley Jurisdiccional, que fundamenta en que la sentencia de instancia no se ajusta a Derecho en cuanto a la valoración y posibilidades de los planes y proyectos de incidencia supramunicipal previstos en la Ley Foral 12/86, con lo que se habría incurrido en el incumplimiento de lo que se establece en la Ley del Suelo; así mismo, entiende que se habría vulnerado lo preceptuado en dicha Ley en lo referente a la ejecución del acto expropiatorio y los criterios normativos usados para valorar los bienes expropiados.

También aduce, respecto a la clasificación del suelo del terreno expropiado, "la aplicación impropia de la legislación estatal y foral, con el fin de realizar la expropiación de un terreno dentro del casco urbano a un justiprecio correspondiente a un suelo no urbanizable o urbanizable no programado, computándolo, por tanto, según su valor inicial"; y que la clasificación del suelo ha de ajustarse a lo que establece la Ley del Suelo, en sus artículos 10, 11, 72 y 82 y siguientes.

Alega también esta parte fraude de Ley, en tanto que se han aprovechado "unos momentos temporales especiales de innovación legislativa [para] clasificar un suelo artificialmente como urbanizable no programado, en virtud de la discrecionalidad del planificador para expropiarlo directamente"; y en cuanto a la sentencia recurrida, también manifiesta que "se contradice con sentencias anteriores dictadas por la misma Sala, incurriendo en incongruencia al no resolver todas las cuestiones planteadas".

Finalmente, pide a la Sala que en su día dicte sentencia que revoque la recurrida y resuelva de conformidad con el suplico del escrito de demanda en primera instancia; con expresa imposición de costas a la Administración.

Mediante providencia de 6 de junio de 1996 esta Sala acuerda oír, por el término de diez días, a la representación procesal del Sr. Rosendo sobre la inadmisibilidad del motivo de casación invocado en su escrito de interposición del recurso de casación al amparo de lo dispuesto por el artículo 95.1.3 de la Ley de esta Jurisdicción, para que concrete el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en el que considera ha incurrido la Sala de instancia, o acredite la oportuna petición de subsanación, si fuera el caso; y sobre la inadmisibilidad del segundo motivo incoado al amparo de lo dispuesto por el artículo 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional, que también concrete los preceptos legales que considera infringidos de la Ley del Suelo estatal y de la Ley Foral 12/86.

En cumplimiento de esta providencia, la Procuradora Dª Consuelo Rodríguez Chacón aporta escrito de fecha 19 de julio de 1996, en el que tras formular las alegaciones que estima convenientes a su razón, termina suplicando a la Sala que declare la admisibilidad del recurso y dicte sentencia en su día sobre el fondo del mismo.

En providencia de 29 de octubre de 1996 "se declara admisible el motivo en cuanto a la infracción alegada de los preceptos que se citan del Texto Refundido de la Ley del Suelo sobre justiprecio y valoración de los terrenos", y se da un nuevo plazo a la parte recurrente para que presente escrito de alegaciones sobre la posible concurrencia de motivos de inadmisión de la casación.

En cumplimiento de dicho trámite, la representación procesal de la parte recurrente presenta escrito de fecha 13 de diciembre de 1996, en el que manifiesta que, en cuanto al primer motivo de casación, entiende infringidos los artículos 4, 22 y 26 de la Ley Foral 12/86, en su párrafo segundo, así como los artículos 18, 171, 177 a 184 de la Ley del Suelo, 34, 35, 44 y 46 del Reglamento de Planeamiento y 44, 56 y 63 del Reglamento de Gestión Urbanística. Y por lo que se refiere al segundo motivo, considera que se vulnera lo que preceptúa la Ley del Suelo en su artículo 278 y la Ley Foral 7/89 en su artículo 29.l.b, así como lo dispuesto en el Decreto Foral 30/90, de 15 de febrero, en cuanto a la delimitación de zonas sometidas a derechos de tanteo y retracto en favor de la Administración de la Comunidad Foral, y el Decreto Foral 146/90, que declara la utilidad pública y urgente ocupación de los terrenos delimitados.

En 3 de febrero de 1997 esta Sala dicta auto cuya parte dispositiva literalmente dice:"Primero.- Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dª Consuelo Rodríguez Chacón, en nombre de D. Rosendo , contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 1995 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el recurso nº 931/94, en cuanto al motivo primero fundado en el número tercero del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción. Segundo.- Admitir el recurso de casación señalado en el apartado anterior en cuanto al motivo segundo fundado en el número cuarto del citado artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional. Por lo que a este motivo afecta, entréguense copias del escrito de interposición del recurso y de los dos escritos que lo complementan, presentados el 23 de julio y el 13 de diciembre de 1996, al Procurador D. José Manuel de Dorremochea Aramburu, en nombre de la Comunidad Foral de Navarra, para que formalice el escrito de oposición en el plazo de treinta días, poniéndole de manifiesto las actuaciones en Secretaría; sin que haya lugar a la imposición de costas."

La representación procesal de la Comunidad Foral de Navarra formaliza su oposición al expresado motivo de casación en escrito de 24 de marzo de 1997, en el que tras manifestar cuanto estima pertinente, concluye que, a su entender, procede la desestimación del recurso por irregularidades formales en su sustanciación y, así mismo, porque la sentencia recurrida es, dice, plenamente conforme con el Ordenamiento Jurídico, al considerar que el PSIS puede clasificar el suelo y fijar su justo precio atendiendo a su carácter de urbano, urbanizable programado y urbanizable no programado que le ha otorgado. Y termina suplicando a la Sala que, en su día, dicte sentencia que declare la firmeza de la recurrida por ser conforme a Derecho los acuerdos del Jurado de Expropiación Forzosa de Navarra.

Conclusas las actuaciones, para votación y fallo del recurso se fijó el día 25 de mayo de 2000, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la ley.

No se puede negar la razón que asiste al representante procesal de la Administración comparecida como recurrida al denunciar la confusa e imprecisa articulación del motivo de casación admitido a trámite porque en él no se concretan las infracciones cometidas por la sentencia recurrida, lo que impide un análisis sistemático de las cuestiones planteadas.

No obstante, del desordenado y disperso escrito de interposición del recurso de casación y de los otros dos escritos que, a instancia de esta Sala, se han presentado ulteriormente sin llegarse a lograr la claridad y concreción pretendidas con la concesión de los sucesivos traslados, se deduce que la recurrente discrepa de la valoración que, a efectos de fijar el justiprecio, se hace por el Jurado de Expropiación y por la Sala de instancia, que declara ajustado a derecho el acuerdo de aquél, del terreno de su propiedad, expropiado en virtud de un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para Campus de la Universidad Pública de Navarra, al calcular su valor inicial según lo establecido por la Ley de Valoraciones del Suelo 8/1990, de 25 de julio, y por el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de manera que, al así proceder, se asegura que se han conculcado por la sentencia recurrida los preceptos que se citan en el segundo motivo de casación del mencionado Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y de los Reglamentos de Planeamiento y de Gestión Urbanística además de la doctrina jurisprudencial, recogida en las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo que se invocan al articularlo.

No se discute por las partes que los preceptos aplicables deban ser los de la Ley de Valoraciones del Suelo 8/1990, de 25 de julio, y los del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que sustituyó a la anterior.

Esta Sala del Tribunal Supremo, a partir de su sentencia de 10 de mayo de 1999, ha declarado de forma constante que la fecha de incoación del expediente expropiatorio es la que determina la aplicación del sistema de valoración establecido por la mencionada Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (sentencias, entre otras, de 29 de mayo, 21 de septiembre, 18 de octubre, 22 de noviembre y 14 de diciembre de 1999), de manera que, como en este caso el expediente expropiatorio se inició con la aprobación definitiva por la Orden Foral 615/1991, de 23 de julio, de los bienes y derechos afectados, cuando ya estaba en vigor la referida Ley 8/1990, de 25 de julio, el valor del terreno expropiado para dotaciones universitarias debe ajustarse a lo establecido en dicha Ley y, por consiguiente, en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, aunque, como explicaremos más adelante, la plena aplicabilidad de los preceptos relativos a las valoraciones en las expropiaciones ha quedado condicionada y limitada por la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, publicada en el Suplemento número 99 del Boletín Oficial del Estado.

Partiendo de que el régimen jurídico aplicable a la valoración del terreno expropiado es con las singularidades que después indicaremos el prefigurado en los textos legales mencionados, debemos resolver primero si es atendible el planteamiento de la recurrente al cuestionar en este segundo motivo de casación que dicho suelo se haya justipreciado con arreglo a su valor inicial, por estar clasificado como urbanizable no programado, a pesar de destinarse a un fin dotacional, cual es el Campus Universitario de la Universidad Pública de Navarra.

Pues bien, en nuestras sentencias de 29 de enero, 9 de mayo y 31 de diciembre de 1994, 30 de abril de 1996, 14 de enero y 11 de julio de 1998, 17 de abril, 3 de mayo de 1999 (recursos de casación 158/95 y 272/95) y 29 de mayo de 1999 (recurso de casación 1346/95, fundamento jurídico tercero), hemos declarado que, a pesar de estar clasificado como no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales, su valoración, a efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase, ya que, de lo contrario, se incumpliría la obligación de equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento.

El suelo, de cuya valoración se trata, venía clasificado como urbanizable no programado, equiparado por los artículos 66.1 de la Ley 8/1990, de 25 de julio, y 48.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 al suelo no urbanizable a efectos de su valoración, que, según tales preceptos, debe hacerse de acuerdo con su valor inicial.

Sin embargo, según la mencionada doctrina jurisprudencial, el destino a dotaciones universitarias del suelo expropiado justifica que su valoración se haga como si de suelo urbanizable programado se tratase aunque en el planeamiento venga clasificado como urbanizable no programado, razón por la que este motivo de casación que examinamos debe ser estimado, lo que nos obliga, conforme a lo dispuesto por el artículo 102.1.3º de la Ley de esta Jurisdicción, reformada por Ley 10/1992, de 30 de abril, a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, que no son otros que determinar el valor del suelo expropiado para fijar su justiprecio.

La propia Ley de Valoraciones del Suelo 8/1990, de 25 de julio, y después el Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, de necesaria aplicación, como hemos dicho, debido al momento en que se incoó el expediente expropiatorio, distinguen claramente el valor urbanístico del inicial, pues éste, según el artículo 67 de la primera y el artículo 49 del segundo, se ha de calcular empleando los criterios contenidos en las disposiciones relativas a las valoraciones catastrales, sin consideración alguna a su posible utilización urbanística, mientras que el urbanístico se debe determinar, conforme al artículo 68 de aquélla y 50 de éste, en función del conjunto de derechos o facultades de este carácter que en el momento de realizarse la valoración se hubieran adquirido, para regular más adelante la manera de hallar el justiprecio en las expropiaciones (artículos 81.2 y 58 a 61 de uno y otro cuerpo legal respectivamente).

El artículo 84 de la indicada Ley y los artículos 58 a 61 del mentado Texto Refundido señalan que el cálculo del justiprecio expropiatorio de los terrenos afectos a dotaciones, sistemas generales y usos de interés social se hará en función del valor urbanístico, el cual, en definitiva, exige tener en cuenta el aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente.

En consecuencia, el justiprecio del suelo expropiado, destinado a dotaciones universitarias, debe calcularse conforme a su valor urbanístico, el cual tanto la referida Ley de Valoraciones del Suelo 8/1990, de 25 de julio, como el Texto Refundido de 1992 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana fijan en un cincuenta por ciento del aprovechamiento tipo del área correspondiente, (artículos 39, 62.2, 72 y 84.2 de la primera y artículos 58 y 60 del segundo), cuya vigencia examinaremos más adelante.

El Jurado, partiendo de la premisa errónea de que el suelo expropiado debía ser valorado como no urbanizable, acude al criterio de valoración recogido en los artículos 66.1 y 67 de la Ley 8/1990, de 25 de julio, 48.1 y 49 del Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por lo que se atiene a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, para calcular el valor inicial de los predios después de examinar lo dispuesto por los artículos 66 y 68.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 39/1988, de 28 de diciembre, de manera que, en definitiva, fija el precio del suelo expropiado con arreglo al valor de mercado del suelo rústico sin tener en cuenta expectativas urbanísticas, llegando, a la vista del informe emitido por los técnicos del Servicio Territorial del Departamento de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, al precio unitario de cuatrocientas cuarenta y cinco pesetas por metro cuadrado.

Como hemos apuntado anteriormente, la valoración del suelo expropiado deberá hacerse,conforme a lo dispuesto por la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, con arreglo a su valor urbanístico.

Al haberse promulgado, en cumplimiento de lo establecido por la Disposición Final segunda de dicha Ley 8/1990, el Texto Refundido de las normas estatales vigentes sobre suelo y ordenación urbana con la consiguiente regularización, aclaración y armonización de las mismas, hemos de atender exclusivamente a los preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, gran parte de cuyo contenido fue anulado por la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, lo que, como dijimos, condiciona y limita la aplicabilidad del indicado Texto Refundido de 1992 para fijar el justiprecio de los terrenos, cuya valoración nos ocupa en virtud de la estimación del segundo de los motivos de casación aducidos en este recurso.

Entre los preceptos que están vigentes del Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que, a su vez, reproducen los de la aludida Ley de Valoraciones 8/1990, de 25 de julio, se encuentran los incluidos en el capítulo II de su Título II, concretamente los dedicados a la valoración de los terrenos, en los que, se distingue el valor inicial del urbanístico, estableciéndose en el artículo 48.4 que la valoración de los terrenos urbanos y urbanizables respecto de los que se hubiera completado su ordenación urbanística (como en este caso ocurre, de acuerdo con los artículos 22 y 24.6 de la Ley Foral 12/1986 de 11 de noviembre, de Ordenación del Territorio, en virtud del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación del "Campus de la Universidad Pública de Navarra" y del Decreto Foral 30/90 que delimitó las zonas) se hará de conformidad con su valor urbanístico, el cual, según establece el artículo 50.1 del propio Texto Refundido, se determinará en función del conjunto de derechos y facultades de este carácter que, en el momento de practicarse la valoración, se hubieran adquirido, para seguidamente fijar los incrementos que el valor inicial experimenta según el propietario coopera en el proceso urbanizador, hasta disponer, en su artículo 53, que, una vez adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico, el valor urbanístico de los terrenos se determinará por aplicación a dicho aprovechamiento del valor básico de repercusión en el polígono, corregido en función de su situación concreta dentro del mismo, para continuar con las reglas de valoración del suelo cuando el propietario ha adquirido el derecho a edificar y el derecho a la edificación.

En definitiva, el Texto Refundido se atiene, en cuanto a los criterios para la valoración de los terrenos, al cumplimiento por los propietarios de sus deberes urbanísticos, que comporta la necesaria adquisición de derechos y facultades por colaborar en el proceso urbanizador.

Ahora bien, según declaramos en nuestra sentencia de 29 de mayo de 1999 (recurso de casación 1346/95, fundamento jurídico décimo) cuando el propietario del suelo resulta privado de la facultad de cooperar al proceso urbanizador por ser expropiado de su terreno en virtud de una actuación ejecutada por el sistema de expropiación, como ha sucedido en este caso, es evidente que se erradican ab initio sus derechos y facultades urbanísticas, que le permitirían obtener los valores del suelo contemplados en los referidos preceptos contenidos en los artículos 51 a 56 del Texto Refundido de la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992.

De aquí que el propio Texto Refundido regule expresamente la valoración de los terrenos a obtener por expropiación en el capítulo III del mismo Título II, en el que su artículo 58 contiene una regla general, también vigente una vez pronunciada la referida sentencia 61/97, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, según la cual « la valoración de los terrenos destinados a sistemas generales, o a dotaciones locales en suelo urbano, que se obtengan por expropiación y de los terrenos incluidos en unidades de ejecución respecto de las que se hubiere fijado el sistema de expropiación, se determinará de conformidad con las reglas establecidas en este capítulo».

En armonía con la necesidad de establecer reglas específicas o singulares para valorar los terrenos a obtener por el sistema de expropiación dentro de una unidad de ejecución, el artículo 173 del mismo Texto Refundido, tampoco anulado por la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, dispone que el justiprecio expropiatorio de los terrenos se determinará en función del valor urbanístico conforme a lo establecido por los artículos 59 y 60 sin deducción alguna.

Estos dos preceptos están incluidos, junto con el referido artículo 58, en el capítulo III del Título II, dedicado a la valoración de los terrenos a obtener por expropiación, y a ellos se remite precisamente la regla general contenida en este último artículo.

El problema se plantea al haber sido los artículos 59, 60 y 61 del citado Texto Refundido,aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, anulados por la tantas veces citada sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, lo que ha generado un vacío en el sistema configurado por éste, que nos obliga a colmarlo, para lo que se debe acudir necesariamente a las normas del Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y, por consiguiente, a las del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto, que las desarrollan en cuanto regulan el cálculo del valor urbanístico, ya que, al haberse anulado también por el Tribunal Constitucional en la expresada sentencia la disposición derogatoria única 1 en lo relativo al Real Decreto 1346/76, de 9 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, volvió éste a adquirir vigencia en aquellas materias no reguladas por las normas subsistentes del nuevo Texto Refundido de 1992, y así lo ha declarado esta Sala, entre otras, en sus sentencias de 29 de mayo, 21 de septiembre, 18 de octubre y 25 de octubre de 1999 (recurso de casación 6076/95, fundamento jurídico cuarto).

Es cierto que las razones por las que en esa sentencia se anularon los artículo 59, 60 y 61 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 fueron de carácter competencial por cuanto el artículo 148.1.3ª de la Constitución establece la asunción de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo por las Comunidades Autónomas, respecto de la que el Estado, a partir de la constitución de los órganos de poder de éstas, carece de potestad para legislar, de manera que, a pesar de ser la materia de expropiación forzosa de la exclusiva competencia del Estado conforme al artículo 149.1.18º (legislación sobre expropiación forzosa), el sistema para la fijación del justiprecio de la Ley de Valoraciones 8/1990 y del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, al venir referido a los aprovechamientos tipo de las áreas de reparto con remisión, por consiguiente, a lo establecido por el artículo 32 del propio Texto Refundido, desborda la estricta competencia estatal en materia de expropiación forzosa para invadir la materia de urbanismo, reservada a las Comunidades Autónomas, razón por la que los mencionados artículos 59 a 61 del indicado Texto Refundido de 1992 fueron anulados, al igual que aquél, por la indicada sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional.

No existe, sin embargo, una contradicción entre el método de valoración contemplado en esos preceptos anulados y el previsto en el artículo 105.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, ya que el cálculo del valor urbanístico y, por consiguiente, del justiprecio de los terrenos expropiados en el nuevo y en el antiguo Texto Refundido es equivalente, pues mientras en el de 1992 se hace con referencia a un porcentaje determinado del aprovechamiento tipo del área de reparto o del Plan General (75 por ciento en suelo urbano y 50 por ciento en suelo urbanizable programado), en el de 1976 se lleva a cabo con referencia al aprovechamiento una vez deducidos los terrenos de cesión obligatoria y los costes de urbanización, de cuya operación, en definitiva, han de resultar valores análogos a los que se obtendrían si fuese aplicable el sistema establecido por aquellos preceptos anulados del Texto Refundido de 1992.

Al no existir un valor fiscal del suelo expropiado, que haya de considerarse como valor urbanístico preferente, sólo resta el empleo del método establecido por el artículo 105.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 para calcular el valor urbanístico en función del aprovechamiento del terreno expropiado que, según lo expuesto, debe considerarse como suelo urbanizable programado a efectos de su valoración, para lo que es preciso prestar atención a lo expresado reiteradamente en la hoja de aprecio de la propiedad, nunca cuestionado por la Administración expropiante.

La propietaria afirma en su hoja de aprecio, y después en su escrito de demanda, que en la página 20 de la Memoria del propio Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la creación del Campus de la Universidad Pública de Navarra se señala una edificabilidad media de 0'5 m2/m2, cuya afirmación no ha sido desmentida por la Administración expropiante y beneficiaria, quien no parece considerar tal hecho relevante por entender que el suelo expropiado, al estar clasificado en el mencionado Plan Sectorial como urbanizable no programado, debe justipreciarse con arreglo a su valor inicial, de manera que, al no negarse que el aprovechamiento medio de todo el suelo sea de 0'50 m2/m2, debemos tenerlo por cierto a fin de calcular con arreglo al mismo el valor urbanístico del terreno expropiado.

Es doctrina jurisprudencial consolidada (sentencias de esta Sala de 15 de marzo de 1997, 24 de enero, 4 de abril, 18 de mayo, 10 de julio, 29 de octubre, 19 de noviembre, 15 y 28 de diciembre de 1998), que el valor urbanístico puede obtenerse mediante la aplicación de las normas contenidas en el Real Decreto Ley 31/78, de 31 de octubre, y en el Decreto que desarrolla éste 3148/78, de 10 de noviembre, así como en las Ordenes ministeriales respectivas, que establecen los módulos para la venta de viviendas de protección oficial en cada año y área geográfica, según vamos a calcularlo en este caso, teniendo en cuenta el aludido aprovechamiento fijado por el planeamiento urbanístico que se ejecuta, 0'50 m2/m2, y que el Decreto Foral 155/1992, de 13 de abril, señaló para el año 1992 y el Area 01, en la que se incluyen el municipio de Pamplona y adyacentes según Orden Foral 109/1990, de 12 de febrero, elmódulo ponderado por metro cuadrado de superficie útil para las viviendas acogidas a las actuaciones protegibles, contenidas en el Decreto Foral 119/1992, de 23 de marzo, de 86.755 pesetas, que, conforme al artículo 19.1 a) del mencionado Decreto Foral 119/1992, supone un precio máximo en primera transmisión de venta o adjudicación de vivienda de 104.106 pesetas, al aplicarse sobre el referido módulo el coeficiente de 1'2, que establece este precepto.

La superficie expropiada (9.349 m2) queda reducida por aplicación del indicado aprovechamiento de 0'50 m2/m2 a una superficie edificable de 4.675 m2, de la que debe deducirse un diez por ciento de cesión obligatoria (artículos 84.3 b y 105.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976), con lo que la superficie edificable es de 4.207 m2, que deben convertirse en útiles mediante la aplicación del coeficiente 0'8, según el artículo 4 del citado Decreto 3148/78, de 10 de noviembre, lo que supone una superficie útil de 3.365,6 m2.

Como el precio de venta del metro cuadrado útil de viviendas de protección oficial es, según hemos dicho, para el año 1992 (fecha de iniciación del expediente de justiprecio) en los municipios de Pamplona y adyacentes de ciento cuatro mil ciento seis pesetas (104.106 pts), debemos calcular el valor de repercusión del suelo, incluidos costes de urbanización, en un quince por ciento (15%) de dicho precio de venta, de acuerdo al artículo 2 D del mencionado Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, lo que arroja un valor del suelo de 15.615,9 pesetas m2, de manera que, multiplicado éste por la superficie útil edificable (15.615,9 x

3.365,6), se llega al precio de cincuenta y dos millones quinientas cincuenta y siete mil cuatrocientas noventa y ocho pesetas (52.557.498 pts), que dividido entre los metros cuadrados expropiados (52.557.498

: 9.349 m2), supone un valor unitario por metro cuadrado expropiado de cinco mil seiscientas veintidós pesetas (5.622 pts), cantidad superior a la máxima de las reclamadas en la demanda, que, por tal razón, debe ser íntegramente estimada en cuanto a tal extremo, de manera que el justiprecio del metro cuadrado de suelo expropiado, que la Administración expropiante ha de pagar a la propietaria, asciende a la suma de

4.709,76 pesetas m2, a la que se debe añadir el cinco por ciento por premio de afección, como establecen los artículos 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y 47 de su Reglamento.

Debemos explicar la razón por la que al obtener el valor urbanístico de un suelo urbanizable mediante la aplicación de las reglas contenidas en el Decreto 3148/78, de 10 de noviembre, y concretamente de lo dispuesto en sus artículos 2 D y 4, no descontamos los costes de urbanización, a cuyo pago viene obligado el dueño de dicho suelo, según ordena el artículo 84.3 c) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

Al establecer el indicado precepto que el valor de los terrenos, sumado al total importe del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del quince por ciento de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del metro cuadrado de superficie útil por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegibles, presupone que éstas se construyen sobre un suelo urbanizado, y así en el porcentaje de repercusión del suelo (15%) se incluyen los costes de urbanización.

Si del valor de repercusión del suelo, así calculado, dedujésemos los gastos de urbanización, el precio de aquél se vería reducido a una cifra irreal por no haberse obtenido el valor de repercusión mediante el empleo del método residual, sino a través de un porcentaje tasado en el que se incluyen aquellos costes, de manera que en estos casos entendemos que el valor de repercusión es del quince por ciento incluidos los gastos de urbanización, como esta Sala ha declarado en sus sentencias de 29 de abril y 3 de junio de 1999.

Los precios fijados legalmente para las viviendas de protección oficial y el porcentaje de repercusión del suelo, también inamovible salvo el supuesto contemplado por el último párrafo del artículo 2 D del Decreto 3148/78, de 10 de noviembre, se vienen usando por la jurisprudencia, entre otras en algunas de las sentencias citadas en el undécimo fundamento jurídico, para hallar el justiprecio (en defecto de informes periciales atendibles) de suelos urbanizables o urbanos carentes de adecuada o suficiente urbanización, en los que resulta razonable, por ajustarse a la realidad, un valor de repercusión del suelo del quince por ciento siempre que, como prevé el citado precepto, se incluyan los gastos de urbanización, pues en el caso de suelos con una trama urbana plenamente consolidada, en que no sea preciso acometer obras de urbanización de clase alguna, ese porcentaje de repercusión resultaría manifiestamente improcedente por alejado del auténtico valor urbanístico del terreno.

Se solicitó también en la demanda la determinación de los intereses de demora en la tramitación y pago del justiprecio, que, en cualquier caso, se producen automáticamente por ministerio de la ley.Al estar en presencia de una expropiación llevada a cabo por el procedimiento de urgencia (Decreto Foral 245/1991, de 24 de julio), dichos intereses se devengan desde el día siguiente a la ocupación sin solución de continuidad hasta el completo pago del justiprecio, como dispone el artículo 52.8ª de la Ley de Expropiación Forzosa y ha declarado esta Sala, entre otras, en sus sentencias de 22 de marzo, 3 de abril, 17 de julio y 4 de diciembre de 1993, 26 de octubre de 1994, 17 de junio, 28 de octubre y 18 de noviembre de 1995, 21 de junio y 25 de noviembre de 1997, 23 de marzo y 14 de abril de 1998, 17 de mayo, 9 de octubre y 27 de diciembre de 1999, salvo que tal ocupación, lo que se ignora en este caso, se hubiese producido con posterioridad a los seis meses de la declaración de necesidad de ocupación, que en este caso tuvo lugar con la aprobación definitiva por la Orden Foral 615/1991, de 23 de julio, de la relación de bienes y derechos afectados, en cuyo caso el devengo de tales intereses de demora, a fin de no hacer de peor condición al expropiado por el trámite de urgencia que por el ordinario, se iniciará a los seis meses del mencionado acuerdo de necesidad de ocupación, es decir el día 24 de enero de 1992.

La estimación del motivo de casación examinado conlleva la declaración de haber lugar al recurso interpuesto, como establece el artículo 102.2 de la Ley de esta Jurisdicción, reformadas por Ley 10/1992, de 30 de abril, por lo que cada parte habrá de satisfacer sus costas, mientras que no existen méritos para formular expresa condena respecto de las causadas en la instancia, según dispone el artículo 131.1 de la misma Ley Jurisdiccional.