ATC 219/2007, 18 de Abril de 2007
Ponente | Excms. Srs. Casas Baamonde, Delgado Barrio, y Aragón Reyes |
Fecha de Resolución | 18 de Abril de 2007 |
Emisor | Tribunal Constitucional - Sección Primera |
ECLI | ES:TC:2007:219A |
Número de Recurso | 1205-2005 |
A U T O
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El día 22 de febrero de 2005 tuvo entrada en el Registro General
de este Tribunal Constitucional un escrito de la Procuradora de los Tribunales
doña María Jesús Gutiérrez Aceves, en nombre
y representación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Bilbao, por el que interponía un recurso de amparo contra la Sentencia
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, de fecha 9 de diciembre de 2004 (recurso núm.
7893-1999), en materia de Normas Forales de Guipúzcoa, Vizcaya y álava
de 1996, reguladoras del impuesto sobre sociedades de los Territorios Históricos,
por supuesta vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24.1 CE), al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE)
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- Los antecedentes de hecho del planteamiento del presente recurso de
amparo son los siguientes:
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La Federación de Empresarios de La Rioja presentó el día
10 de septiembre de 1996 un recurso contencioso-administrativo (núm.
3753-1996) ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra las Normas
Forales de las Juntas Generales de Guipúzcoa 7/1996, de 4 de julio,
Vizcaya 3/1996, de 26 de junio, y álava 24/1996, de 5 de julio, reguladoras
del impuesto sobre sociedades en cada uno de los Territorios Históricos.
En el recurso se solicitaba la declaración de nulidad de las citadas
normas forales y, subsidiariamente, la de los arts. 5 (estimación
de rentas), 11 (correcciones de valor: amortizaciones), 12 (correcciones
de valor: pérdida de valor de los elementos patrimoniales), 13 (provisión
para riesgos y gastos), 14 (gastos no deducibles), 15 (reglas de valoración:
regla general y reglas especiales en los supuestos de transmisiones lucrativas
y operaciones societarias), 19 (tratamiento de la doble imposición
internacional en dividendos y participaciones en beneficios), 24 (compensación
de bases imponibles negativas), 26 (reducciones en la base imponible: empresas
de nueva creación), 29 (tipo de gravamen), 34 (deducción para
evitar la doble imposición internacional: impuesto soportado por
el sujeto pasivo), 37 (deducción por inversiones en activos fijos
materiales nuevos), 40 (adquisición de valores de renta variable),
41 (deducción por la realización de actividades de investigación
y desarrollo), 42 (deducción por actividades de conservación
y mejora del medio ambiente), 43 (deducción por actividades de exportación),
44 (deducción por gastos de formación profesional), 45 (deducción
por creación de empleo), 49 (concepto de pequeña y mediana
empresa), 50 (amortización del inmovilizado material nuevo), 52 (exención
por reinversión), 53 (definición de centros de dirección,
de coordinación y financieros), 54 (determinación de la imposición),
59 (sociedades y fondos de capital-riesgo), 60 (sociedades de promoción
de empresas) y 117 (ámbito de aplicación del régimen
de las entidades parcialmente exentas), de cada una de las normas forales.
En este recurso actuaron como demandadas las Juntas Generales de Vizcaya,
Guipúzcoa y álava; como codemandadas las Diputaciones Forales
de Vizcaya y álava; y como coadyuvantes, el Gobierno Vasco, la Diputación
Foral de Guipúzcoa, la Cámara de Comercio e Industria de álava,
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y
la Confederación Empresarial Vasca (Confebask).
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Tramitado dicho recurso, por Sentencia núm. 718/1999, de 30 de
septiembre de 1999, se estimó parcialmente, declarando contrario
a Derecho y, en consecuencia, anulando, el art. 26 (reducciones en la base
imponible: empresas de nueva creación) de cada una de las disposiciones
normativas forales impugnadas, desestimando el recurso en todo lo demás.
Aunque el órgano judicial admite, desde la perspectiva del Derecho
comunitario, que le asiste tanto la posibilidad de inaplicar, en su caso,
las Normas Forales, cómo de plantear una cuestión prejudicial
(al no constarle que hasta la fecha hubiese sido objeto de decisión
prejudicial una cuestión materialmente idéntica), sin embargo,
con base en la propia jurisprudencia comunitaria —que rechaza la remisión
prejudicial de cuestiones en contextos procesales ficticios—, alcanza
la conclusión de que “se está en presencia de un conflicto
de Derecho netamente interno y resoluble por el juego de las propias normas
y principios constitucionales y de legalidad ordinaria, excediendo de los
intereses legitimantes y de las facultades concretas de dicha asociación
suscitar una cuestión como la de la definición de las ‘ayudas
de Estado’, que lo que pone en conflicto hipotético es la normativa
tributaria vasca con la igualdad de trato, la libre competencia y el derecho
al libre establecimiento por parte de empresas comunitarias, y no los principios
y derechos fundamentales que los ciudadanos españoles pueden oponer
al contenido de tales regulaciones fiscales (aunque sean de contenido similar)” (fundamento
jurídico segundo); conflicto que le conduce a la anulación
de aquel art. 26 (que establece una reducción de hasta el 99 por
100 en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en los supuestos
de inicio de actividades económicas), al entender que produce “una
acusada exoneración del gravamen que afecta al deber básico
de contribuir del art. 31.1 CE en conexión con el de capacidad económica,
y puede predicarse de ella el carácter de medida desproporcionada
e inidónea para obtener fines legítimos de promoción
económica, por ser susceptible de afectar indirectamente a la libre
circulación de personas y bienes y a la originación de unas
condiciones de ventaja competitiva inasumibles” (fundamento jurídico
séptimo).
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Contra la anterior Sentencia se interpuso recurso de casación
(núm. 7893-1999) ante la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, tanto por la Federación
de Empresarios de La Rioja y por las Diputaciones Forales de Vizcaya y Guipúzcoa,
como por las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Vizcaya
y Guipúzcoa (la Confederación Empresarial Vasca, la Diputación
Foral de álava y las Juntas Generales de álava desistieron
de los recursos interpuestos en su momento). La Federación de Empresarios
de La Rioja suplicaba nuevamente la anulación de las Normas Forales
o, en su defecto, de los arts. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 26, 29, 34,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60 y 117. Por su
parte, las partes demandadas interesaban la revocación de la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con declaración
de conformidad a Derecho del art. 26 de cada Norma Foral.
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Por Sentencia de 9 de diciembre de 2004 el Tribunal Supremo desestimó los
recursos de casación interpuestos tanto por las Diputaciones Forales
de Vizcaya y Guipúzcoa como por las Juntas Generales de Vizcaya y
Guipúzcoa, confirmando la nulidad del art. 26 (reducciones en la
base imponible: empresas de nueva creación). Asimismo, estimó el
recurso de casación interpuesto por la Federación de Empresarios
de La Rioja, revocando la Sentencia impugnada y, en su lugar, procedió a
anular los siguientes preceptos: art. 11 (Correcciones de valor: amortizaciones);
art. 14, apto 2.a) (deducción de las donaciones a las sociedades
de promoción de empresas y las sociedades de desarrollo industrial
regional); art. 15, apto 11 (deducción de la depreciación
de bienes en el cálculo de las ganancias patrimoniales); art. 26
(reducciones en la base imponible para las empresas de nueva creación
del 99, 75, 50 ó 25 por 100; art. 29, apto 1.a: tipo general de gravamen
de los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir del
32,5 por 100); art. 37 (deducción del 10 por 100 de las inversiones
en activos fijos materiales nuevos); art. 39 (deducción del 10 por
100 de las cantidades destinadas a una “reserva para inversiones productivas”);
art. 40 (deducción del 5 por 100 por la adquisición de valores
de renta variable); art. 45, apto 2.1 (libertad de amortización para
el inmovilizado material existente y el de nueva adquisición); art.
49 (concepto de pequeña y mediana empresa); art. 53 (definición
de centros de dirección, de coordinación y financieros); art.
54 (no inclusión en la base imponible de los dividendos percibidos
de entidades no residentes en territorio español); y art. 60 (sociedades
de promoción de empresas).
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Frente a la anterior Sentencia la Cámara recurrente planteó con
fecha de 22 de febrero de 2005, de un lado, el presente recurso de amparo
(núm. 1205-2005), y, de otro, un incidente de nulidad de actuaciones
ante el Tribunal Supremo, al amparo del art. 241 LOPJ, que fue desestimado
por Auto de 4 de abril de 2005, contra el cual se interpuso, a su vez, un
nuevo recurso de amparo (núm. 3941-2005).
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En su demanda de amparo la demandante imputa a la resolución
judicial las lesiones de los derechos al juez predeterminado por la ley
(art. 24.2 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE)
y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), como
consecuencia de que el Tribunal Supremo, antes de dictar el fallo de la
Sentencia recurrida, no planteó la cuestión prejudicial prevista
en el art. 234 TUE en orden a inaplicar las Normas Forales anuladas, lo
que, a su juicio, le abre la vía del recurso de amparo conforme a
la doctrina sentada en la STC 58/2004, de 19 de abril, y ello sin perjuicio
de que la recurrente no hubiese solicitado la remisión prejudicial
en el proceso judicial (asunto 126/80, Salonia/Poidomani e Giglio).
En efecto, para la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Bilbao, el art. 234 TUE, conforme ha sido reconocido por la doctrina
del Tribunal Constitucional, forma parte del sistema de fuentes del Derecho
y constituye un instrumento de depuración del Ordenamiento jurídico
(SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 4; 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4; 130/1995,
de 11 de septiembre, FJ 4; y 58/2004, de 19 de abril, FJ 10). Así,
el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional interno de
su obligación de remisión prejudicial en virtud del art. 234.3
TUE constituye, salvo que concurra alguno de los supuestos jurisprudenciales
de dispensa, una infracción del Derecho comunitario, la cual es susceptible
de reparación a través del recurso de amparo. Esos supuestos
en los que la obligación de remisión prejudicial decaería
son los siguientes: a) cuando la cuestión es irrelevante desde la
perspectiva del Derecho comunitario; b) cuando la cuestión a resolver
internamente sea una cuestión materialmente idéntica a otra
que ya haya sido objeto de una decisión prejudicial del TJCE (asunto
Da Costa); y c) cuando la aplicación del Derecho comunitario pueda
imponerse como una evidencia tal que elimine toda duda razonable sobre la
manera de resolver la cuestión planteada (asunto CILFIT). Ahora bien,
para la parte demandante no concurren, sin embargo, ninguno de los supuestos
jurisprudenciales de dispensa de la remisión prejudicial ni por lo
que se refiere al concepto de ayuda utilizado por el Tribunal Supremo en
la Sentencia impugnada, ni respecto de la aplicación realizada de
forma mecánica del art. 88.3 TUE, tanto más cuando el órgano
judicial interpreta y aplica de forma errónea el Derecho comunitario,
lo que demuestra la arbitrariedad injusta y el exceso de jurisdicción
en que incurre al no plantear la citada cuestión prejudicial.
Para fundamentar sus quejas, parte la Cámara recurrente analizando
si, conforme a la jurisprudencia comunitaria, se da alguna de las excepciones
que permitirían al Tribunal Supremo no plantear una cuestión
prejudicial en orden a la inaplicación de la normativa interna (de
acuerdo con la doctrina del acto aclarado o del acto claro), pues las disposiciones
forales anuladas son calificadas como ayudas de Estado sobre la base de
un supuesto carácter “selectivo” que “no encuentra
la más mínima justificación a la luz de todos los precedentes
existentes en el Derecho comunitario derivado (las decisiones de la Comisión)” (pág.
35). Además, aunque la interpretación que ha hecho la Comisión
del requisito de la selectividad ha sido corroborada por el Tribunal de
Primera Instancia en Sentencias de 6 de marzo de 2002 (asuntos Demesa y
Ramondín), dichas Sentencias, aunque conocidas por el Tribunal Supremo,
han sido ignoradas. A su entender, el Tribunal Supremo no tenía —ni
actualmente tiene— precedente de “cuestión materialmente
idéntica que haya sido objeto de una cuestión prejudicial” en
el que basarse para justificar una derogación de la obligación
que le viene impuesta por el art. 234 TUE, párrafo 3, lo que implica
que el órgano judicial debería haber tenido, al menos, una
duda, provocada por la Sentencia de instancia. De esta manera, la actuación
del Tribunal Supremo implica la vulneración tanto del derecho fundamental
al juez ordinario predeterminado (STC 50/1994 y ATC 254/1982), como del
derecho a un proceso con todas las garantías (STC 173/2002).
Tampoco existen evidencias, a juicio de la parte demandante, que eliminen
toda duda razonable sobre la manera de resolver la cuestión planteada
(doctrina del acto claro), que sería la otra excepción al
planteamiento obligatorio de la cuestión prejudicial. En efecto,
conforme a la doctrina de la STC 58/2004 la existencia o no de una duda “no
puede entenderse en términos de convicción subjetiva el juzgador
sobre una determinada interpretación del Derecho comunitario (una
apreciación subjetiva), sino como una inexistencia objetiva, clara
y terminante, de duda alguna en su aplicación. No se trata, pues,
de que no haya dudas razonables sino, simplemente de que no haya duda alguna”.
Pues bien, dado que el Tribunal Supremo se separa del criterio de la selectividad
utilizado por la Comisión, para la parte demandante está introduciendo
cuando menos una duda en la aplicación del Derecho comunitario donde
hasta ese momento antes no existía, lo que le obligaba a la remisión
prejudicial conforme al art. 234 TUE.
En consecuencia, entiende la recurrente en amparo que el Tribunal Supremo
carece de apoyo alguno para justificar su particular criterio de la “selectividad,
tanto más cuando ha ignorado también el contenido de la Comunicación
de la Comisión 98/C 384/03 relativa a la aplicación de las
normas sobre ayudas de Estado a las medidas relacionadas con la fiscalidad
directa de las empresas, pues aplica el art. 88 TUE a unas medidas fiscales
que no constituyen ayudas de Estado en el sentido del art. 87 TUE, mediante
una interpretación del todo irrazonable que parte de la premisa arbitraria
y equivocada del argumento de ‘selectividad’. En efecto, ni
la Comunicación citada ni ninguna disposición del Tratado
exigen que en cada Estado miembro exista un sólo y único sistema
tributario aplicable para todo el territorio, por lo que basta con que la
medida sea susceptible de ser aplicada a todos los contribuyentes del impuesto
sobre sociedades —como ocurre con todas las medidas adoptadas por
las Normas Forales anuladas— en cada Territorio Histórico para
que no se cumpla con el requisito de la selectividad. Además, las
medidas forales se justifican en la singularidad y naturaleza del sistema
tributario español.
Dicho lo que antecede, entiende la Cámara de Comercio recurrente
que la Sentencia impugnada ha incurrido en un error patente en la interpretación
del art. 88.3 TUE, pues se aplica por el Tribunal Supremo a “medidas
que indiciariamente pueden constituir ayudas de Estado” (fundamento
jurídico 18 de la Sentencia), mientras que el art. 87 TUE se refiere
sólo a “ayudas” y no a medidas que “pueden constituir
ayudas”, ni a medidas que “inicialmente constituyan ayudas”.
El régimen del art. 87 y 88 TUE no contempla presuntas ayudas, tanto
más cuanto la Comisión, en el pasado, con ocasión de
denuncias en los años 1994-1996 contra las Normas Forales vigentes
en la época, adoptó una actitud favorable no sólo respecto
a esas dos disposiciones fiscales (art. 14 de las Normas Forales de 1993
y art. 26 de las Normas Forales de 1996), sino respecto a todas las disposiciones
fiscales previstas en las citadas Normas Forales que, en su caso, pudieran
llegar a ser calificadas de ayudas de Estado.
En suma, concluye la parte demandante, la Sala del Tribunal Supremo hubiera
debido plantear remisión prejudicial al TJCE sobre la interpretación
o bien del concepto de ayuda existente a que se refieren diversos incisos
de la letra b) del art. 1 del Reglamento 659/1999, o bien del art. 88 TUE,
apartado 3, última frase en el sentido de, por una parte, su aplicabilidad
a medidas que pueden constituir ayudas, y, por otra, su aplicabilidad al
supuesto de estar en presencia de ayudas existentes en el sentido del art.
88 TUE, apartado 1 y del art. 1 del Reglamento 659/1999. La obligación
de esta remisión judicial se inscribe, a su juicio, en la lógica
del derecho al juez ordinario predeterminado y , como en el Derecho alemán
(que considera que el TJCE es un juez legal para las partes en el sentido
del art. 101 de la Constitución alemana), el caso español
tras la STC 58/2004 es todo un ejemplo de protección.
Finalmente, y mediante otrosí, la parte recurrente solicitaba “la
suspensión de la ejecución y eficacia de la sentencia de 9
de diciembre de 2004 con el objeto de evitar que el recurso pueda perder
su eficacia, tanto más cuando no se perturban, ni leve ni gravemente,
intereses generales, ni derechos fundamentales o libertades públicas
de terceros”. Además, se solicitaba igualmente “la paralización
de la publicación del fallo en el Boletín Oficial, y para
el caso de que tal publicación se hubiera efectuado, ordenando, a
quien en Derecho proceda, la publicación de la suspensión
de ejecución y efectividad de la sentencia acordada”.
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Por providencia de la Sección Primera de 19 de octubre de 2005
se acordó conceder un plazo común de diez días, al
Ministerio Fiscal y al solicitante del amparo, para que alegasen lo que
estimasen pertinente en relación con la posible concurrencia del
motivo de inadmisión consistente en carecer la demanda manifiestamente
de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma
por parte de este Tribunal, de conformidad con lo prevenido en el art. 50.1.c)
LOTC.
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Con fecha de 24 de octubre de 2005, la parte demandante presentó un
escrito en el registro de este Tribunal, por el que pone de manifiesto que
con fecha de 20 de octubre de 2005 se han hecho públicas las conclusiones
del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Sr. Geelhoed) en el asunto C-88/03 (República de Portugal/Comisión).
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Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 4 de noviembre
de 2005, la representación procesal de la parte demandante evacuó el
trámite de alegaciones conferido, insistiendo en los mismos argumentos
esgrimidos en el escrito de demanda de amparo y, en particular, en que la
Sentencia impugnada al no plantear cuestión prejudicial infringe,
en primer lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión
(art. 24.1 CE), puesto que resulta arbitraria (al aplicar de forma indebida
el art. 88.3 TCE), incursa en errores patentes y en un exceso de jurisdicción.
Igualmente, esa falta de remisión prejudicial infringe, en segundo
lugar, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2
CE), en su expresión del derecho al juez predeterminado (el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea), pues con ello se ha impedido al recurrente
ser oído ante el citado Tribunal de Justicia.
Para justificar su pretensión de amparo realiza la parte demandante
un estudio comparativo entre el supuesto que desembocó con la STC
58/2004, de 19 de abril, y el que ahora se recurre en amparo, a los efectos
de comprobar su identidad y, por ende, la aplicación de la doctrina
allí sentada. Así, destaca en primer lugar que la Sentencia
recurrida en amparo declara nulas unas disposiciones fiscales (aplicables
al conjunto de los contribuyentes del impuesto sobre sociedades del Territorio
Histórico de Bizkaia) que son la expresión de la “voluntad
popular”. En segundo lugar, que la declaración de nulidad de
pleno derecho “ha dependido exclusivamente de la voluntad subjetiva
del aplicador”, lo que necesariamente exigía el planteamiento
previo de la cuestión prejudicial interpretativa, tanto más
cuando la resolución judicial impugnada no tiene precedente, ni en
el Derecho interno ni en la jurisprudencia comunitaria (al no existir ni
una sola sentencia del Tribunal de Justicia que hubiera calificado como
ayudas de Estado -en el sentido del art. 87 TCE- unas disposiciones fiscales
adoptadas por entes infraestatales que son aplicables a todas las empresas
sujetas al régimen tributario de ese ente). Dicho con otras palabras,
a juicio de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Bilbao, no existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia que considere
que un sistema tributario aplicable a todas las empresas sujetas al mismo
cumpla el requisito de “selectividad” del concepto de ayuda
de Estado por el hecho fáctico de que la autoridad competente en
exclusiva para su adopción se ubique en una parte de un Estado miembro.
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Por escrito registrado en este Tribunal el día 14 de noviembre
de 2005, el Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido
suplicando la inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento
de la vía judicial previa, al haberse simultaneado la interposición
del recurso de amparo con el planteamiento de un incidente de nulidad de
actuaciones ante el Tribunal Supremo. Así, tras exponer brevemente
el Fiscal los antecedentes del presente recurso de amparo y concretar las
pretensiones de la parte demandante, subraya que resulta patente que la
vía judicial no está objetivamente agotada, ya que se ha planteado
un incidente de nulidad de actuaciones que ha sido admitido a trámite
y está pendiente de resolución, lo que provocaría que,
de estimarse el citado incidente, el presente recurso de amparo carecería
de objeto. Esta situación no respeta, a juicio del Fiscal, el carácter
estrictamente subsidiario del recurso de amparo, que está previsto
para cuando no quepa otro remedio procesal en vía judicial interna
para intentar la reparación del derecho fundamental que se estima
vulnerado, como se desprende de lo establecido en el art. 44.1.a) LOTC.
Incumplido en este caso el requisito procesal mencionado procede, pues,
la inadmisión a trámite de la demanda de amparo por falta
de agotamiento de la vía judicial previa, sin que sea pertinente
abordar la causa de inadmisión puesta de manifiesto por la Sala (carencia
manifiesta de contenido).
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Imputa la parte demandante a la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada
en este proceso constitucional la lesión de los derechos al juez
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), a un proceso con todas las garantías
(art. 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art.
24.1 CE), lesiones todas ellas que anuda al hecho de que el órgano
judicial no haya planteado la cuestión prejudicial prevista en el
art. 234 Tratado de la Unión Europea, en orden a inaplicar las Normas
Forales anuladas por la Sentencia objeto del presente recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal, en las alegaciones presentadas en el trámite
de alegaciones previsto en el art. 50.3 LOTC, solicita la inadmisión
del recurso de amparo, por falta de agotamiento de la vía judicial
previa, al haberse interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, simultáneamente al recurso de amparo, un incidente
de nulidad de actuaciones sobre el mismo objeto.
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Antes de entrar a analizar, en su caso, las vulneraciones que la parte
demandante imputa a la resolución judicial impugnada, es necesario
dar respuesta al óbice de procedibilidad puesto de manifiesto por
el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones con referencia a la falta
de agotamiento de la vía judicial previa mediante la interposición
de todos los recursos utilizables y que, caso de apreciarse, conduciría
a la inadmisión del recurso de amparo [art. 50.1.a) LOTC, en relación
con el art. 44.1.a) LOTC]. En este sentido, destaca el Fiscal que la demandante
ha simultaneado el presente recurso de amparo (interpuesto con fecha de
22 de febrero de 2005) con el planteamiento de un incidente de nulidad de
actuaciones al amparo del art. 241 LOPJ ante el Tribunal Supremo (presentado
el mismo día 22 de febrero de 2005), por lo que, a su juicio, es
patente que no se había agotado la vía judicial previa al
momento de presentar la demanda de amparo.
Pues bien, al igual que hemos declarado recientemente en el ATC 461/2006,
de 18 de diciembre (en el recurso de amparo núm. 1204-2005 interpuesto
por la Diputación Foral de Vizcaya contra la misma Sentencia de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 9 de diciembre de 2004 y sobre
la base de los mismos motivos), siendo cierto que la demandante ha simultaneado
ambos recursos, la objeción debe prosperar, por las razones que se
exponen a continuación. En efecto, conforme a reiterada doctrina
de este Tribunal, el art. 43.2 en relación con el art. 44.1.a), ambos
LOTC, establecen, entre otras, la exigencia de agotar todos los recursos
utilizables en la vía judicial ordinaria, requisito éste que,
lejos de constituir una formalidad vacía, deriva de la necesidad
de respetar la subsidiariedad del recurso de amparo, dado que, en virtud
de lo dispuesto en el art. 53.2 CE, la tutela general de los derechos y
libertades corresponde, en primer lugar, a los órganos judiciales.
Consecuencia de lo anterior es que, en la misma línea de la doctrina
expuesta, para que pueda interponerse recurso de amparo, es preciso que
esté agotada las vía judicial, razón por la cual “no
puede acudir ante este Tribunal por la vía del amparo quien ha considerado
procedente la utilización de un recurso o remedio procesal en la
vía ordinaria en tanto ésta no haya concluido, ya que, de
lo contrario se estaría afectando a la naturaleza subsidiaria del
recurso de amparo, resultando imposible la coexistencia temporal de un recurso
de amparo con la vía judicial, dado que es necesario esperar a la
conclusión de ésta para acudir ante este Tribunal” (por
todas, SSTC 44/2002, de 25 de febrero, FJ 2; 189/2002, de 14 de octubre,
FJ 6; 15/2003, de 28 de enero, FJ 2; 72/2004, de 19 de abril, FJ 3; 82/2004,
de 10 de mayo, FJ 3; 97/2004, de 27 de mayo, FJ 3; 13/2005, de 31 de enero,
FJ 3; 85/2006, de 27 de marzo, FJ 2; y 249/2006, de 24 de julio, FJ 2).
Entre los recursos o remedios procesales ineludibles para cumplir el requisito
del agotamiento de la vía judicial cuando se pretende la reparación
de los defectos de forma que hubieran causado indefensión o de la
incongruencia del fallo, este Tribunal ha incluido el incidente de nulidad
de actuaciones previsto en el art. 241 LOPJ (anterior art. 240.3 LOPJ) que,
como remedio último debe ser intentado, en tales casos, antes de
acudir al recurso de amparo y sin cuyo requisito la demanda de amparo deviene
inadmisible [por todas, SSTC 28/2004, de 4 de marzo, FJ 4; 235/2005, de
26 de septiembre, FJ 2; 192/2006, de 19 de junio, FJ 2.a); 237/2006, de
17 de julio, FJ 3; y 269/2006, de 11 de septiembre, FJ 2].
Por tanto, es contrario al carácter subsidiario de esta jurisdicción
constitucional la coexistencia temporal de un recurso de amparo con otro
recurso seguido en la vía judicial, anomalía que acontece
cuando se inicia el proceso de amparo antes de que se resuelva el incidente
de nulidad promovido contra la resolución judicial recurrida (SSTC
129/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 225/2000, de 2 de octubre, FJ 3; 192/2001,
de 1 de octubre, FJ 3; 44/2002, de 25 de febrero, FJ 2; 72/2004, de 19 de
abril, FJ 3; 82/2004, de 10 de mayo, FJ 3; 97/2004, de 24 de mayo, FJ 3;
13/2005, de 20 de enero, FJ 3; y 188/2006, de 19 de junio, FJ 3), por lo
que cualquier pronunciamiento de fondo acerca del recurso de amparo sería
prematuro y supondría ignorar el carácter subsidiario que
en nuestro sistema de protección de los derechos y libertades tiene
el recurso de amparo (por todas, STC 249/2006, de 24 de julio, FJ 2).
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En suma, habiendo interpuesto la demandante el presente recurso de amparo
sin esperar a la resolución en la vía judicial ordinaria del
incidente de nulidad de actuaciones presentado contra la resolución
judicial objeto del actual proceso constitucional, debe apreciarse su carácter
prematuro y, en consecuencia, declarar su inadmisión.
Por lo expuesto, la Sección
A C U E R D A
Inadmitir a trámite el presente recurso de amparo por concurrir
la causa prevista en el art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1.a),
ambos LOTC, y el archivo de las actuaciones.
Madrid, a dieciocho de abril de dos mil siete.
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STC 123/2023, 25 de Septiembre de 2023
...mismo día, la demanda de amparo y un medio de impugnación ante el órgano judicial a quo : STC 73/2008 , de 23 de junio, FJ 3, y AATC 219/2007 , de 18 de abril, FFJJ 2 y 3, y 225/2007 , de 20 de abril, FFJJ 2 y 3. Dentro de este supuesto, las SSTC 128/2006 , de 24 de abril, FFJJ 2 y 3, y 332......