SAP Madrid 3/2014, 15 de Enero de 2014
| Ponente | CARLOS AGUEDA HOLGUERAS |
| ECLI | ES:APM:2014:34 |
| Número de Recurso | 260/2013 |
| Procedimiento | APELACION JUICIO DE FALTAS |
| Número de Resolución | 3/2014 |
| Fecha de Resolución | 15 de Enero de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
MADRID
SENTENCIA: 00003/2014
ROLLO Nº 260/13-RJ
JUICIO DE FALTAS 913/12
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 23 DE MADRID
SENTENCIA 3/14
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN 1ª
En Madrid, a 15 de enero de 2014.
El Ilmo. Sr. D. Carlos Águeda Holgueras, Magistrado de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de reparto, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, ha visto en segunda instancia la presente apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, conforme al procedimiento establecido en el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con causa en los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de SEGURCAIXA, SA y Romualdo .
El Juzgado de Instrucción 23 de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de abril de 2013, cuyo Fallo dice: "Que debo condenar y condeno a Teodulfo, como autor responsable de una falta de lesiones por imprudencia, prevista y penada en el art. 621.3 del CP, a la pena de 15 días de multa, estableciendo la cuota diaria a satisfacer en 2 euros (30 euros en total), con la responsabilidad personal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas, en caso de impago, condenándole igualmente al pago de las costas causadas.
Igualmente, deberá indemnizar a cada uno de los denunciantes, por lesiones y secuelas, en las siguientes cantidades totales: A Jose Enrique, en la de 3.982,74 euros; a Luis Antonio, en la de 4.289,13 euros; a Juan Francisco, en la de 5.074,08 euros; y a Romualdo, en la de 3.604,63 euros. A tales efectos, se declara la responsabilidad directa de Segurcaixa, quien deberá correr con los intereses previstos en el art. 20 de la L.C.S .".
Contra dicha resolución interpusieron recursos de apelación las representaciones procesales de SEGURCAIXA, SA y de Romualdo, formulando por escrito sus motivos de impugnación. De los recursos se dio traslado a las demás partes que contestaron por escrito, que fue unido al procedimiento.
Remitidos los autos a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, fue incoado el correspondiente rollo por diligencia de fecha 2 de septiembre de 2013. Mediante auto de fecha 8 de noviembre de 2013 se declara la inadmisión de la prueba propuesta por la representación procesal de SEGURCAIXA, SA. Notificado a las partes, no efectuaron alegación alguna.
HECHOS PROBADOS
SE ACEPTAN los que constan relatados en la sentencia recurrida.
Son dos los recursos de apelación interpuestos frente a la Sentencia dictada en el presente procedimiento de Juicio de Faltas.
El recurso interpuesto por SEGURCAIXA, SA pretende que no existiría nexo causal entre la mecánica del accidente y las lesiones que se habrían producido como consecuencia del mismo. Interesa la práctica de determinado medio de prueba, la estimación del recurso y la absolución de la recurrente.
Por su parte, la representación procesal de Romualdo sostiene que, contrariamente a lo indicado en la resolución recurrida, sí se habría reclamado indemnización a favor del recurrente, quien durante el interrogatorio habría reclamado la indemnización por lesiones y secuelas. Asimismo, alega que, en vía de informe, el Letrado habría reclamado indemnización a favor de Romualdo, en concepto de lesiones y secuelas, por lo que interesa la estimación del recurso y la inclusión, en concepto de responsabilidad civil, de la cantidad correspondiente a las secuelas padecidas por Romualdo .
La representación procesal de Jose Enrique y Luis Antonio han presentado escrito de alegaciones, respecto del recurso interpuesto por Romualdo, y se oponen al recurso de apelación interpuesto por SEGURCAIXA, SA.
La representación procesal de Romualdo impugna el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de SEGURCAIXA, SA.
Esta Audiencia Provincial ha señalado que el recurso de apelación constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y posibilita el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia ( artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), lo que en principio no revestiría especial problemática respecto de la aplicación del Derecho llevada a cabo en la primera instancia -en orden a la subsunción de los hechos objeto del proceso en las normas jurídicas tanto el Juez a quo como el Tribunal ad quem se hallan en una similar posición institucional-, no cabe, por el contrario, efectuar igual afirmación en lo que respecta a la revisión en vía de apelación de la apreciación probatoria efectuada en primera instancia. La razón estriba en la más que asentada doctrina jurisprudencial -de reproducción ociosa por ser sobradamente conocida-, según la cual cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española ), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron. Y ello, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, todo lo cual, sin duda alguna tiene una trascendencia fundamental en lo que afecta a la prueba testifical (modo de narrar los hechos, expresión, comportamiento, dudas, rectificaciones, vacilaciones, seguridad, coherencia etc.) y a la del examen del acusado, y no tanto respecto de la valoración del contenido de documentos o informes periciales, pues en principio nada obstaría una nueva valoración de los mismos en la segunda instancia. De las ventajas antes aludidas y derivadas de los principios enunciados carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas (facultad plenamente compatible con los principios de presunción de inocencia y tutela judicial efectiva) siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85 ; 23/6/86 ; 13/5/87 ; 2/7/90 entre otras) ( SAP Madrid, Sección Séptima, de 16 mayo 2007 ). Según el Tribunal Constitucional, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium ( SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995 ). Si bien se excluye toda posibilidad de una reformatio in peius, esto es, de una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual aquel en cuyo perjuicio se produce tal reforma no tenga ocasión de defenderse, salvo, claro está, que el perjuicio resulte como consecuencia de la aplicación de normas de orden público cuya recta aplicación es siempre deber del Juez, con independencia de que sea o no pedida por las partes ( SSTC 15/1987, 17/1989 y 47/1993 ). El supremo intérprete del texto constitucional tiene también declarado que nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia ( STC 43/1997 ), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se...
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