ATS, 14 de Noviembre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Noviembre 2013 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a catorce de Noviembre de dos mil trece.
PRIMERO .- Por la Procuradora Dª. María Isabel García Martínez, en representación de Don Vicente , se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de febrero de 2013 , recaída en el recurso contencioso-administrativo seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona número 1591/2012, sobre traslado de interno de Centro Penitenciario.
SEGUNDO .- Mediante providencia de 21 de mayo de 2013 se acordó conceder a las partes un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la posible causa de inadmisión del recurso siguiente:
"No haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea haya sido relevante y determinante del fallo de la sentencia impugnada ( artículos 86.4 , 89.2 y 93.2.a) de la LRJCA )".
"Carecer manifiestamente de fundamento el recurso, por no contener una crítica razonada de la concreta fundamentación jurídica de la sentencia recurrida ( artículo 93.2.d) de la LRJCA )".
Trámite que ha sido evacuado por las partes personadas y por el Ministerio Fiscal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez, Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La Sentencia que ahora se recurre en casación desestimó el recurso contencioso-administrativo promovido por Don Vicente contra la resolución de la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto del Ministerio del Interior, de 12 de septiembre de 2009, en el particular que acordó su destino en el Centro Penitenciario de Dueñas-La Moraleja-Palencia.
SEGUNDO .- En cuanto a la causa de inadmisión relativa a la defectuosa preparación del recurso por falta de juicio de relevancia, se comprueba que el escrito de preparación del recurso presentado por la representación procesal de la parte recurrente no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2 de la Ley Jurisdiccional , pues no se ha justificado por la parte recurrente que la infracción de la norma de Derecho estatal que cita haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido.
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que, hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley , a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia sean recurribles -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
Hay que tener en cuenta que el juicio de relevancia tiene su sede propia en el escrito de preparación del recurso, y que a la hora de cumplir esta exigencia procesal, no basta la cita de las normas que se reputan infringidas, ni tampoco una mera afirmación apodíctica de su pretendida inaplicación, sino que debe razonarse que la infracción de las expresadas normas ha sido relevante y determinante del fallo, haciendo explícito cómo, por qué y de qué forma la infracción de una norma estatal ha influido y ha sido determinante del fallo.
No se trata de articular ya en el escrito de preparación del recurso de casación el motivo o motivos que han de servir de fundamento al mismo, sino que se trata de anunciar, por un lado, la norma o normas jurídicas concretas, de Derecho estatal o comunitario europeo, o la jurisprudencia que la parte recurrente entiende han sido infringidas por la Sentencia de instancia y de justificar, por otro, que su infracción es relevante y determinante del fallo, por remisión a la fundamentación jurídica de éste.
Existe, asimismo, uniformidad jurisprudencial en cuanto a que la carga añadida de no sólo anunciar sino también "justificar" la infracción del Derecho aplicable sólo juega respecto del motivo del subapartado d) y no respecto de los demás, es decir, de los motivos de los subapartados a), b) y c) del mismo artículo 88.1 y, asimismo, en cuanto a que el artículo 89.2 de la LRJCA es también de aplicación cuando se invoca como motivo de casación la infracción de jurisprudencia, pues la doctrina jurisprudencial que se reputa infringida debe invocarse oportunamente en el escrito preparatorio y justificarse que su infracción ha sido relevante y determinante del fallo, y que el incumplimiento de estos presupuestos conlleva la inadmisibilidad del recurso. ( ATS de 15.1.2007, RC 7695/2004 ; de 1.12.2005, RC 9910/2003 , de 4.6.2009, RC 3979/2008 y de 25.3.2010, RC 4790/2009 ).
Pues bien, el escrito preparatorio del recurso se limita a decir a este respecto:
"(... )III. Se funda el recurso en el ordinal d) del artículo 88.1 de la misma ley: "Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate". Se consideran infringidos, por su incorrecta aplicación al presente caso:
- El Art. 24.2 C.E se establece el derecho a la defensa. Este derecho supone la aceptación de los principios de contradicción e igualdad de armas de todos los interesados dentro de un procedimiento. En este caso no se ha respetado el exigido tramite de audiencia, según el cual en los procedimientos, una vez instruidos e Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados,
- Art.25.2 CE , según el cual las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los penados.
- El art. 10.2 de la Constitución , el cual establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
- El art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre de 1.950.
IV. Hemos de alegar que la infracción de los preceptos invocados fue relevante y determinante del fallo de la sentencia, puesto que en los fundamentos de derecho tercero y cuarto se hace referencia expresa a los indicados preceptos legales.
Atendiendo a lo indicado anteriormente, queda perfectamente justificado que la infracción de esta norma ha sido determinante del fallo de la sentencia, puesto que de haberse aplicado correctamente se habría accedido a lo solicitado, ya que mi representado había invocado dichos preceptos en los distinto escritos que constan en el expediente administrativo y en la demanda del recurso".
El análisis del texto que acabamos de reproducir permite concluir que no se ha realizado el juicio de relevancia que exige el artículo 89.2 LJCA , pues la recurrente se limita a la mención de las normas que se estiman vulneradas pero sin razonar la concreta infracción que se denuncia y sin explicitar cómo, por qué y de qué forma la infracción de los mencionados preceptos han influido y han sido determinantes del fallo.
Por todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.2 en relación con el 93.2.a), ambos de la Ley Jurisdiccional , el recurso debe ser inadmitido, sin que obsten a esta conclusión las alegaciones formuladas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia en las que únicamente se insiste en que se justificó de manera suficiente la relevancia de la infracción del derecho estatal.
TERCERO.- Aunque la defectuosa preparación del recurso ya resulta suficiente para su inadmisión, conviene subrayar que también concurre en el presente caso la segunda de las causas de inadmisión puestas de manifiesto a la parte recurrente por cuanto el recurso de casación carece de fundamento toda vez que es, casi en su totalidad, una reproducción literal del escrito de demanda, sin alteración sustancial alguna y sin ningún argumento específicamente referido a la concreta fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, de la que se prescinde por completo, como si no existiera.
Planteado el recurso de casación en estos términos, es clara su carencia manifiesta de fundamento, pues la finalidad de éste recurso es depurar la sentencia recaída en función de las infracciones jurídicas en que haya podido incurrir y que hayan sido objeto de denuncia en el marco que establece el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . De ahí que constituya una desnaturalización del recurso de casación repetir lo alegado ante el Tribunal "a quo", limitándose el recurrente a manifestar su disentimiento frente a la sentencia recurrida, pero sin razonar adecuadamente las infracciones jurídicas de que adolece, a su juicio, la resolución judicial impugnada. Lo contrario supondría convertir la casación en una nueva instancia o, lo que sería igual, confundir este recurso extraordinario con un recurso ordinario de apelación.
Por ello, aún en el supuesto hipotético de que prescindiéramos de la causa de inadmisión analizada en el Razonamiento Jurídico anterior, el recurso de casación seguiría siendo inadmisible por su manifiesta carencia de fundamento ( art. 93.2.d] LJCA ).
CUARTO. - Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la mencionada Ley , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la LRJCA , fija en 800 euros la cantidad máxima a reclamar por cada una de las partes recurridas por todos los conceptos.
Por lo expuesto,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por Don Vicente contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de febrero de 2013 , recaída en el recurso contencioso-administrativo seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona número 1591/2012, resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, en los términos expresados en el último de los Razonamientos Jurídicos de esta resolución.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
