STSJ Aragón 197/2013, 8 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 197/2013 |
| Fecha | 08 Mayo 2013 |
T.S.J.ARAGON CON/AD SEC.2
ZARAGOZA
SENTENCIA: 00197/2013
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Sección 2ª).
-Recurso número 116 del año 2010- S E N T E N C I A Nº 197 de 2013
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES
PRESIDENTE :
D. Eugenio A. Esteras Iguácel
MAGISTRADOS :
D. Fernando García Mata
D. Juan Carnicero Fernández
----------------------------------------------En Zaragoza, a ocho de mayo de dos mil trece.
En nombre de S.M. el Rey.
VISTO, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (Sección 2ª), el recurso contencioso-administrativo número 116 de 2010, seguido entre partes; como demandante TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Lucía del Río Artal y asistida por el abogado D. Juan Fernandez Tamames; y como Administración demandada el AYUNTAMIENTO DE HUESCA, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Nieves Omella Gil y asistido por el abogado de los Servicios Jurídicos de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Huesca. Es objeto de impugnación la Ordenanza Fiscal de Huesca reguladora de la Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil (BOP de Huesca de 31 de diciembre de 2009).
Procedimiento : Ordinario.
Cuantía : Indeterminada.
Ponente : Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando García Mata.
La parte actora en el presente recurso, por escrito que tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal en fecha 1 de marzo de 2010, interpuso recurso contencioso administrativo contra la disposición citada en el encabezamiento de esta resolución.
Previa la admisión a trámite del recurso y requerida la remisión del expediente administrativo, se dedujo la correspondiente demanda, en la que tras relacionar la recurrente los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables concluía con el suplico de que se dictara sentencia por la que, con estimación del recurso se declare se declare nula la Ordenanza Fiscal impugnada por cualquiera de las vulneraciones legales alegadas y, en especial, los artículos 5 y 6.
La Administración demandada, en su escrito de contestación a la demanda, solicitó, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que, por su parte, estimó aplicables, que se dictara sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto.
Recibido el juicio a prueba, practicada la propuesta declarada pertinente, y evacuado el trámite de conclusiones por ambas partes, y conocido el planteamiento por el Tribunal Supremo de cuestión prejudicial ante el TJUE, se acordó la suspensión del procedimiento, y una vez dictada sentencia en fecha 12 de julio de 2012 por la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, conforme a la misma por el Tribunal Supremo en fecha 10 de octubre de 2012, se acordó levantar la suspensión, acordándose oír a las partes y señalándose día para votación y fallo, que tuvo lugar el día señalado, 2 de mayo de 2013.
Se impugna en el presente proceso por la parte actora la Ordenanza Fiscal de Huesca reguladora de la Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil (BOP de Huesca de 31 de diciembre de 2009).
En apoyo de su pretensión la parte demandante en su fundamentación jurídica, alega diversos motivos que sintéticamente se pueden resumir en los siguientes: 1º) la falta de realización del hecho imponible de la tasa, pues Telefónica Móviles España, S.A.U. no utiliza el dominio público local; 2º) la exclusión expresa de la telefonía móvil de la Tasa en el apartdo c) del artículo 24 TRLHL; 3) que la cuantificación de la tasa vulnera frontalmente lo dispuesto en los artículos 24 y 25 TRLHL; y 4) que se produce la vulneración de la legislación sectorial del ámbito de las telecomunicaciones.
Planteada la inadmisibilidad del recurso en base a la causa contemplada en el artículo
69.b), en relación con el artículo 18 y con el 45.2. d), todos ellos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por no aportar la sociedad actora el documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sea de aplicación, dicho obstáculo procesal debe ser rechazado, puesto que, aun no habiéndose presentado en el presente recurso, este Tribunal tiene conocimiento, por la múltiple presentación por la demandante de recursos contra las Ordenanzas Fiscales del mismo contenido que la aquí recurrida, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad actora, que por testimonio se unirá a los autos, subsanando el defecto de capacidad procesal denunciado.
Entrando en el fondo, y no obstante ser diversos los motivos de impugnación, debe señalarse sobre la cuestión debatida el Tribunal Supremo planteó en el recurso de casación número 4307/2009 cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los siguientes términos: 1ª) ¿El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite exigir un canon por derechos de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las empresas operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de telefonía móvil? 2ª) Para el caso de que se estime compatible la exacción con el mencionado, artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, las condiciones en las que el canon es exigido por la ordenanza local controvertida ¿satisfacen los requerimientos de objetividad, proporcionalidad y no discriminación que dicho precepto exige, así como la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos concernidos? 3ª) ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE efecto directo?
Pues bien, en su respuesta al reenvío prejudicial el Tribunal de Justicia ( Sentencia con fecha 12 de julio de 2012 - asuntos acumulados C-55/11, 57/11 y 58/11-) pone de manifiesto que el artículo 13 de la Directiva autorización debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.
Razona al respecto el Tribunal de Justicia lo siguiente: "26. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo sustancial, si dentro del ámbito de la posibilidad que ofrece a los Estados miembros el artículo 13 de la Directiva autorización, de imponer un canon por «los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma», que refleje la necesidad de garantizar el reparto óptimo de esos recursos, está incluida una normativa nacional que impone una tasa por la utilización del dominio público local no sólo a los operadores que son propietarios de las redes de telefonía desplegadas en dicho dominio, sino también a los operadores titulares de derechos de uso, de acceso o de interconexión con esas redes.
27. En particular, dicho órgano jurisdiccional interroga al Tribunal de Justicia acerca de si puede gravarse con una tasa como ésta no sólo al operador que, conforme al artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco, es titular de los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública, o por encima o por debajo de la misma,...
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