STSJ Comunidad Valenciana 608/2013, 31 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 608/2013 |
| Fecha | 31 Mayo 2013 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
· VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
En la Ciudad de Valencia, a treinta y uno de mayo de dos mil trece.
VISTO EN GRADO DE APELACION por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por:
Presidente :
Ilmo. Sr. D. Mariano Ferrando Marzal.
Magistrados Ilmos. Srs:
D. Edilberto Narbón Lainez.
Dª Desamparados Iruela Jiménez.
SENTENCIA Nº: 608
En el recurso de apelación número 1690/2011, interpuesto por D. Simón, representado por el Procurador D. Fernando Palacios de la Cruz, contra la sentencia nº 262/11, de 12 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Cuatro de Valencia en el recurso contencioso-administrativo abreviado número 318/2010 seguido ante ese Juzgado.
Ha sido parte apelada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado; siendo Magistrada Ponente Dª Desamparados Iruela Jiménez.
·
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Valencia se siguió el
recurso contencioso administrativo-abreviado nº 318/2010, interpuesto por D. Simón frente a la resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia de 20 de abril de 2010, por la que se impuso a aquél la sanción de expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en el espacio Schengen por un periodo de cinco años, por la comisión de una infracción tipificada en el art. 57.2 de la L.O. 4/2000 .
En el expresado recurso se dictó sentencia nº 262/11 en fecha 12 de mayo de 2011 desestimándolo, sin hacer expresa imposición de costas procesales.
Contra la anterior sentencia se interpuso por D. Simón, en tiempo y forma, recurso de apelación, solicitando se dictase por la Sala sentencia que estimase dicho recurso, revocase la sentencia apelada y declarase nula la resolución administrativa impugnada en los autos de instancia y, en consecuencia, se le restituyese a aquél su permiso de residencia permanente, condenando en costas a la Administración.
Admitido a trámite por el Juzgado el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a la parte apelada, que no presentó escrito de oposición.
Elevados los autos a este Tribunal, y una vez recibidos, se formó el correspondiente rollo, señalándose la votación para el día veintiocho de mayo de dos mil trece.
Se han cumplido en ambas instancias las prescripciones legales.
·
La resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia de 20 de abril de 2010 impuso
a D. Simón, titular de una autorización de residencia permanente, la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en el mismo por un periodo de cinco años, por la comisión de una infracción prevista en el art. 57.2 de la L.O. 4/2000, consistente en haber sido condenado el extranjero, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa constitutiva en nuestro país de delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, sin que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el mencionado extranjero contra la indicada resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia de 20 de abril de 2010, razonando el Juzgador, en esencia, que la expulsión acordada a tenor del art. 57.2 de la L.O. 4/2000 en esa resolución era conforme a derecho, por cuanto del expediente administrativo se concluía la existencia de una sentencia condenatoria contra aquel extranjero por delito para el que el Código Penal preveía en abstracto pena privativa de libertad superior a un año.
El apelante sostiene que la sentencia recurrida no ha tomado en consideración que la expulsión contemplada en el art. 57.2 de la L.O. 4/2000 no era aplicable en el caso enjuiciado, de un lado porque es titular de un permiso de residencia permanente o de larga duración y tiene, además, arraigo en España, por lo que la imposición de la expulsión vulnera el principio de proporcionalidad, y de otro lado porque la concreta pena privativa de libertad que se le impuso en sentencia condenatoria firme no era superior a un año. Aduce asimismo el apelante que la sentencia de instancia no ha tenido tampoco en cuenta que la imposición de la sanción de expulsión vulnera el principio non bis in ídem.
Ha de comenzarse señalando que, a diferencia de lo que sucede con los supuestos del art. 57.1 de la L.O. 4/2000, la expulsión prevista en el art. 57.2 no constituye una sanción (a pesar de que erróneamente se indique así en la resolución administrativa impugnada por el extranjero en el proceso ante el Juzgado), sino que es una medida que se acuerda legítimamente por el Estado español en el marco de su política de extranjería para los extranjeros condenados por delito doloso sancionado en España con pena privativa de libertad superior a un año, como así ha sido declarado por el Tribunal Constitucional en la STC, Pleno, nº 236/2007, de 7 de noviembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1707/2001 interpuesto por el Parlamento de Navarra contra diversos preceptos de la reforma operada en la L.O. 4/2000 mediante L.O. 14/03, de 20 de noviembre, entre ellos el precitado art. 57.2 .
No es aplicable a la medida de expulsión contemplada en dicho art. 57.2, en consecuencia, la regulación normativa establecida en esa L.O. 4/2000 para las sanciones y, en particular, y por lo que ahora interesa, no le resulta de aplicación el art. 55.3 de la misma ley, que recoge el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones. Es la propia ley orgánica de extranjería la que, en el aludido art. 57.2, determina la expulsión del extranjero que ha sido condenado por delito doloso sancionado en España con pena privativa de libertad superior a un año, de manera que se trata de un supuesto en el que no cabe apreciar arraigo, ni imponer la sanción de multa en lugar de la medida de expulsión, ya que, según ha sido expuesto, la expulsión no se impone en este caso como sanción, sino como medida de policía para los extranjeros condenados por delito de los indicados.
Por consiguiente, el pretendido arraigo de D. Simón invocado por éste no impedía a la Administración acordar su expulsión al amparo del art. 57.2 de la L.O. 4/2000, no teniendo tal circunstancia ninguna...
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