STSJ Comunidad de Madrid 271/2013, 25 de Abril de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 271/2013 |
| Fecha | 25 Abril 2013 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Cuarta
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009750
NIG: 28.079.33.3-2009/0125147
Procedimiento Ordinario 412/2009
Demandante: CASA 2030 S.A
PROCURADOR D./Dña. GEMA PEREZ BAVIERA
Demandado: Jurado Territorial de Expropiación Forzosa
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la Carpetania
PROCURADOR D./Dña. MARIA ISABEL HERRADA MARTIN
PONENTE ILMO SR. MAGISTRADO D. ALFONSO SABAN GODOY
SENTENCIA Nº 271/2013
Presidente:
ILMO SR. D. CARLOS VIEITES PEREZ
Magistrados:
ILMO SR. D. ALFONSO SABAN GODOY
ILMO SR. D. JOSE RAMON GIMENEZ CABEZON
En la Villa de Madrid a 25 de abril de dos mil trece.
Visto por la Sala del margen el recurso nº 412/2009, interpuesto por la procuradora Dña. GEMA PEREZ BAVIERA, en nombre y representación de CASA 2030,S.A. contra la Resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid de fecha 23-03-09 (expte. just. 852 1A 06/PV00885.0/2008). Finca nº 25/270, Proyecto expropiatorio Plan de Sectorización del ámbito correspondiente al Parque Empresarial La Carpetania, 2ª Fase. Término municipal de Getafe.
Habiendo sido parte la Administración de la Comunidad de Madrid representada por sus servicios jurídicos y el codemandado CONSORCIO URBANISTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA, representado por la procuradora Dña. MARIA ISABEL HERRADA MARTIN.
La cuantía del recurso es inferior a 600.000 euros.
Interpuesto el recurso y recibido el expediente administrativo, fue emplazada la parte recurrente para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que, tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos. SEGUNDO.- La representación procesal de la parte demandada y codemandada contestaron a la demanda mediante escritos en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del presente recurso. TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas, con el resultado que obra en autos. CUARTO.- Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, en los que reiteraron sus respectivos pedimentos.
Con fecha 24 de abril de 2009 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo./a Sr./a D. ALFONSO SABAN GODOY
Se impugna en esta litis la Resolución de 22-10-08 del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid, por la que se desestima el recurso de reposición suscitado por la actora contra la Resolución del propio Jurado, que, respecto de la finca nº 25/270 del Proyecto expropiatorio derivado del Plan de Sectorización del ámbito correspondiente al Parque Empresarial La Carpetania, 2ª Fase, sita en el término municipal de Getafe, acuerda un justiprecio total de 691.964,34 euros, por suelo, además de los correspondientes intereses legales.
El Jurado Territorial de Expropiación en la Resolución de 22-10-08, objeto de recurso, fijó el justiprecio del suelo partiendo de la consideración de que se trataba de suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados y con condiciones desarrollo, previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, Desarrollo Plan Sectorización, con un uso característico industrial, un aprovechamiento 0,350000 m2c/m2s y un coeficiente corrector 0,900000 (resultante de las cesiones urbanísticas, del aprovechamiento materializado u otra actuación singularizada).
A partir de aquí el Jurado fijó el justiprecio del suelo partiendo de que la fecha de valoración de la finca es la de 24 de abril de 2007, que se corresponde con la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación, al tratarse de una pieza tramitada por el procedimiento de tasación conjunta, y de que se trata de un suelo urbanizable y que considera que las ponencias de valores se hallan desactualizadas o son inexistentes, por lo que valora el suelo expropiado por el método residual dinámico, lo que hace partiendo de estudios de mercado propios, y de valores medios ponderados de precios de mercado, descontando los costes de construcción, los gastos de la promoción, los costes de urbanización y las indemnizaciones derivadas de la propia remodelación, para obtener un valor unitario para el suelo-Vbu- de 58,87 #/m2, alcanzando un valor para el suelo, de 691.964,34 euros.
La parte actora impugna la actuación del Jurado mostrando su desacuerdo con la valoración efectuada, que entiende errónea e inferior a la debida, ya que, argumenta, el suelo expropiado es urbanizable, teniendo un valor de mercado muy superior al consignado por el Jurado actuante, siendo este valor equivalente a 131,36 #/m2, según informe pericial que acompaña, relativo a finca afectada próxima a la aquí considerada, solicitando subsidiariamente un valor del suelo de 89,30 #/m2, cual sustentó en su hoja de aprecio. El Letrado de la Comunidad de Madrid opone la presunción de validez de la valoración del Jurado, afirmando que la parte actora resulta vinculada por su hoja de aprecio, siendo así además que sustenta su pretensión en un dictamen correspondiente a otra finca diferente, mostrándose en cualquier caso disconformes con el método valorativo utilizado por la parte recurrente.
En semejantes términos, sólo que con mayor desarrollo, plantea su oposición el Consorcio Urbanístico "Parque Empresarial de la Carpetania", constituido por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, que aporta además un informe pericial al respecto, valorando el suelo a razón de 59,13 #/m2.
Examinadas las alegaciones de las partes personadas, desde consideraciones lógicojurídicas, se nos impone señalar, en un primer lugar, que el suelo expropiado en el expediente de que este proceso trae causa estaba clasificado, en el Planeamiento vigente al momento al que cabe referir la expropiación, como suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados y con condiciones desarrollo, Desarrollo Plan Sectorización, con un uso característico industrial, un aprovechamiento 0,350000 m2c/m2s y un coeficiente corrector 0,900000 (resultante de las cesiones urbanísticas, del aprovechamiento materializado u otra actuación singularizada).
Partiendo de esta premisa básica, inconcusa, se está en el caso de señalar respecto de la valoración de los terrenos, que es cierto que el justiprecio se dirige a la conseguir la indemnidad patrimonial del afectado, mediante una equilibrada compensación por la privación singular de la que ha sido objeto de manera coactiva en razón del interés público. Como señala la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2005, es un hecho evidente, e innegable, que la teoría jurídica de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, descansa sobre un pilar básico y fundamental instalado en la tercera fase del procedimiento, destinado a la fijación de un precio justo a los bienes expropiados, con la idea de que la vigencia de este requisito conserve en todo momento su carácter de norma constitucional y cumpla el fin, perseguido por el Legislador, de dejar indemne la situación patrimonial del expropiado, mediante una equilibrada compensación en dinero que cubra satisfactoriamente el sacrificio económico realizado por aquél. En esta línea la Sentencia del propio Alto Tribunal de 21 de febrero de 2002, a la que hace referencia la de 12 de junio de 2007, señala que el objeto del justo precio es «la compensación real del bien expropiado otorgando un valor de sustitución», matizando que «en ningún caso puede otorgarse otro de mejora y superior al que hasta entonces existía». Por su parte, el Tribunal Constitucional en Sentencia de 19 de diciembre de 1986, manifiesta que «la indemnización debe corresponder con el valor económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede fijar distintas modalidades de valoración» y añade que «la garantía constitucional de la correspondiente indemnización concede el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al valor de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación». El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, en Sentencia de 26 de octubre de 2006 recuerda que: "...de forma reiterada se ha dicho por esta Sala, en relación a los criterios seguidos por la Ley 6/1998, así entre otras, en las Sentencias de 7 de junio de 2006 y 19 de octubre de 2005, que: "Por otro lado, ha de precisarse que, frente al criterio de la recurrente, la propia exposición de motivos de la Ley 6/1.998 afirma que, a partir de la misma, «no habrá ya sino un sólo valor, el valor que el bien tenga realmente en el mercado del suelo, único valor que puede reclamar para sí el calificativo de justo que exige inexcusablemente toda operación expropiatoria. A partir de este principio básico, la Ley se limita a establecer el método aplicable para la determinación de ese valor, en función, claro está, de la clase de suelo y, en consecuencia, del régimen jurídico aplicable al mismo y de sus características concretas». De ello claramente se deduce que la valoración, que se concreta en los artículos 23 y siguientes de dicha Ley, responde al intento del legislador de establecer criterios que determinen el valor justo del terreno,...
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STS, 17 de Noviembre de 2014
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