STS 132/2013, 12 de Marzo de 2013

LA DEMANDA Y SU ADMISIÓN A TRÁMITE

1. La procuradora de los tribunales doña Sara García-Perrote Latorre, en nombre y representación de la Sindicatura de la Quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas SA, interpuso demanda contra don Hipolito y doña Virtudes .

2. La demanda contiene el siguiente suplico:

   Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito, documentos adjuntos y respectivas copias, se sirva admitir todo ello y en su virtud tener por formulada demanda de juicio ordinario que contiene en nombre y representación de la Sindicatura de la quiebra de la entidad Comercializadora Peninsular de viviendas SA, contra don Hipolito y doña Virtudes , cuyas demás circunstancias constan en el encabezamiento de la presente demanda, dando traslado de la misma a los demandados para que comparezcan y la contesten dentro del término legal establecido, y seguido que sea el juicio por todos sus restantes trámites, incluido el de prueba, dictar en su día Sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos:

   1. Se declare la nulidad radical y absoluta, y por tanto sin efecto alguno, del acuerdo de resolución suscrito en fecha 6 de marzo de 2002 entre C.P.V. y don Hipolito y doña Virtudes .

   2. Se declare la nulidad del pago efectuado a los demandados mediante Pagaré de Ibercaja con fecha de vencimiento 04-05-02 por importe de 25.380,14 €.

   3. Consecuencia de tal nulidad, se condene a los demandados a reintegrar a la masa de la quiebra la cantidad referida con los intereses correspondientes.

   4. Se impongan expresamente las costas a los demandados caso de oponerse a nuestras pretensiones.

3. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número 48 de Madrid que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimiento con el número de autos de procedimiento ordinario 165/2008.

LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

4. En los expresados autos comparecieron don Hipolito y doña Virtudes , representados por la procuradora de los tribunales doña María del Mar Vila Molina que contestó a la demanda, suplicando al juzgado dictase sentencia en los siguientes términos:

Suplica al Juzgado que, teniendo por presentado en tiempo y forma el presente escrito, se sirva aceptarlo, y, en méritos de lo alegado, y de las manifestaciones contenidas en él, estime la excepción de falta de legitimación activa formulada en él, o, subsidiariamente, dicte sentencia desestimatoria de las pretensiones de la actora, tras los trámites procesales oportunos, todo ello con expresa imposición de costas a la misma dada su evidente temeridad y mala fe en la formulación de la Demanda de la que ésta Contestación trae causa.

LA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA

5. Seguidos los trámites oportunos, el día diecisiete de septiembre de dos mil ocho recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

Que estimando la demanda formulada por la Sindicatura de la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas SA, representada por la Procuradora doña Sara García-Perrote de la Torre, contra don Hipolito y doña Virtudes , representados por la Procuradora María del Marzo Villa Molina, debo declarar y declaro la nulidad radical y absoluta, y por tanto sin efecto alguno, del acuerdo de resolución de fecha 6 de marzo de 2002 suscrito entre los hoy litigantes, debo igualmente declarar la nulidad del pago efectuado a los demandados mediante pagaré de Ibercaja, fecha de vencimiento 4 de mayo de 2002, por importe de 25.380,14 euros y en consecuencia debo condenar y condeno a los demandados a reintegrar a la masa de la quiebra la suma de 25.380,14 euros, intereses legales, desde la interpelación judicial hasta su pago y abono de costas.

LA SENTENCIA DE APELACIÓN

6. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de don Hipolito y doña Virtudes y seguidos los trámites ante la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) con el número de recurso de apelación 165/2008, el veintiuno de enero de dos mil diez, recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

   Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Hipolito y doña Virtudes contra la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2008 , recaída en procedimiento ordinario seguido con el nº 165/2008 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 48 de Madrid , debemos Revocar y Revocamos dicha Resolución, y, en su lugar:

   - Desestimamos en su integridad la demanda interpuesta en los presentes autos por la Sindicatura de la quiebra de la Sociedad "Comercializadora Peninsular de Viviendas, SA", absolviendo de la misma a los demandados don Hipolito y doña Virtudes .

   - No hacemos expresa declaración sobre las costas originadas en ninguna de las dos instancias.

7. Interesada por la Sindicatura de la Quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas SA, la aclaración de la sentencia dictada el veintiuno de enero de dos mil diez , el siguiente doce de febrero del mismo año, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) dictó auto cuya parte dispositiva dice:

   La Sala Acuerda: No ha lugar a la "subsanación y complemento del defecto y omisión" de la Sentencia dictada en el presente rollo con fecha 21 de enero de 2010 que ha sido interesado por la Sindicatura de la quiebra de la de la Sociedad "Comercializadora Peninsular de Viviendas, SA".

LOS RECURSOS

8. Contra la expresada sentencia de veintiuno de enero de dos mil diez, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) en el recurso de apelación 3/2009 , la procuradora de los tribunales doña Sara García-Perrote Latorre, en nombre y representación de la Sindicatura de la Quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas SA, interpuso:

1. Recurso extraordinario por infracción procesal por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (artículo 469.1.2º).

2. Recurso de casación por infracción del artículo 878.2 del Código de Comercio y la jurisprudencia que lo interpreta.

ADMISIÓN DE LOS RECURSOS Y OPOSICIÓN

9. Recibidos los autos en esta Sala Primera del Tribunal Supremo se siguieron los trámites oportunos con el número de recurso de casación 1033/2010.

10. Personada la Sindicatura de la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas SA, bajo la representación de la procuradora de los tribunales doña Sara García-Perrote Latorre doña Sara García Perrote, el quince de febrero de dos mil once, la Sala dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

1. -Admitir el Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal, interpuestos por la representación procesal de la "Sindicatura de la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas SL." contra la Sentencia dictada, 21 de enero de 2010, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª), en el rollo de apelación nº 3/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 165/2008, del Juzgado de Primera Instancia nº 48 de Madrid.

2. - Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría .

3. - Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

11. Dado traslado de los recursos, la procuradora de los tribunales doña María del Mar Villa Molina, en representación de don Hipolito y de doña Virtudes , presentó escrito de impugnación con base en las alegaciones que entendió oportunas.

SEÑALAMIENTO

12. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día veinte de febrero en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado de Sala

RESUMEN DE ANTECEDENTES

1. Hechos

13. Los hechos que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, en lo que interesa a efectos de esta sentencia, en síntesis, son los siguientes:

    1. El 1 de marzo de 2001 don Hipolito y doña Virtudes suscribieron un contrato para la adquisición de una vivienda de las que Comercializadora Peninsular de Viviendas SA (en lo sucesivo también Comercializadora Peninsular de Viviendas) pretendía promover y construir en el P.A.U. de Montecarmelo (Madrid), fase IV, entregando a cuenta la cantidad 25.851,93 euros

    2. A raíz de los incumplimientos por Comercializadora Peninsular de Viviendas, el expresado contrato fue resuelto de mutuo acuerdo el 6 de marzo de 2002.

    3. Para la devolución de la cantidad pagada a cuenta, Comercializadora Peninsular de Viviendas retuvo 471,79 euros y entregó a don Hipolito y doña Virtudes un pagaré de IBERCAJA con vencimiento el siguiente 4 de mayo de 2002 por importe de 25.389,13 euros que en su momento fue hecho efectivo.

    4. Comercializadora Peninsular de Viviendas fue declarada en estado de quiebra por auto de 5 de diciembre de 2002, fijándose provisionalmente los efectos de la declaración, sin perjuicio de lo que en su día resultare, a fecha 1 de enero de 2002.

    5. La fecha de retroacción fue fijada definitivamente a 1 de enero de 1999 por sentencia de 31 de julio de 2008 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28 ª).

2. Posición de las partes

14. La Sindicatura de la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas, en síntesis, interesó la declaración de la nulidad del acuerdo resolutorio de 6 de marzo de 2002 y la condena de don Hipolito y doña Virtudes a reintegrar a la masa de la quiebra la cantidad percibida en su ejecución.

15. La demandada suplicó la desestimación de la demanda en los términos que se transcriben en el antecedente de hecho segundo de esta sentencia.

3. Las sentencias de instancia

16. La sentencia de la primera instancia estimó que la resolución del contrato tuvo lugar dentro del periodo de retroacción, por lo que la restitución al comprador de lo pagado a cuenta de la futura vivienda era nula al infringir la regla de la par condicio creditorum.

17. La sentencia de apelación, razonó que la nulidad de los actos de disposición y administración realizados dentro del periodo de retroacción de la quiebra se limita a aquellos que se hayan realizado en perjuicio de la masa y que no se había acreditado ni el perjuicio a la masa ni finalidad ilícita de la resolución del contrato.

4. Los recursos

18. Contra la expresada sentencia Comercializadora Peninsular de Viviendas interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación con base en los motivos que seguidamente analizaremos.

RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL

1. Enunciado y desarrollo del recurso

19. El recurso extraordinario por infracción procesal .se enuncia en los siguientes términos:

    Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (artículo 469.1.2º).

20. En su desarrollo la recurrente afirma que la sentencia de 14 de enero de 2008 de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 15 ª) y la recaída en los autos 1064/2002 del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, confirmada por la 31 de julio de 2008 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), demuestran la existencia de numerosos acreedores que estaban en la misma situación que el demandado antes de la resolución de la compraventa. También afirma que como a los codemandados se les restituyeron las cantidades pagadas a cuenta, a raíz de la resolución de sus contratos, existe un trato desigual en relación con los demás acreedores que estaban en la misma situación y a los que no se han restituido las cantidades entregadas en la misma proporción.

21. Partiendo de la anterior premisa sostiene que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 222.4º en relación con el artículo 319.1º, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ya que valora de forma irrazonable de la prueba toda vez que queda demostrada per se la existencia de perjuicio y la disminución del patrimonio de la quebrada.

2. Valoración de la Sala

   2.1. La cosa juzgada.

22. La presunción histórica de que lo juzgado debía ser tenido por verdad - "quia res iudicata pro veritate accipitur" (porque la cosa juzgada se tiene por verdad) - y la ficción de que las sentencias transforman la realidad de las cosas para ajustarla a lo decidido -"sententia facit de albo nigrum, aequalat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat" (la sentencia hace de lo blanco, negro; transforma lo cuadrado en redondo; altera los lazos de sangre y cambia lo falso en verdadero)-, se ha reconducido en la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a un instituto de naturaleza esencialmente procesal, dirigido, a impedir la repetición indebida de litigios mediante el llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material -"non bis in idem"- que no permite que una contienda judicial, ya dilucidada por sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, pueda volver a plantearse (en este sentido la sentencia 360/2012, de 13 de junio ).

23. Esta imposibilidad de replantear lo ya juzgado se proyecta sobre los litigios posteriores, de tal forma que el tribunal que deba pronunciarse sobre una determinada relación jurídica, dependiente de otra ya resuelta por sentencia firme sobre el fondo, ha de atenerse al contenido de esta; o lo que es lo mismo, queda vinculado por el juicio anterior y no puede contradecir lo ya decidido. Es, como afirma la sentencia 777/2012, de 17 de diciembre , el efecto prejudicial de lo juzgado en un proceso, cuando el objeto procesal de otro posterior coincide en parte con el del anterior.

    2.3. Desestimación del motivo.

24. Partiendo de las premisas expuestas el recurso debe ser desestimado ya que, con independencia de que mezcla alegaciones referidas a la cosa juzgada, al error en la valoración de la prueba, a la existencia de perjuicio y a la disminución del patrimonio de la quebrada, lo cierto es que la sentencia recurrida no ha ignorado la existencia de numerosos acreedores de la quebrada que no han cobrado en la misma proporción que la recurrida. Lo que ha rechazado es que haya "perjuicio para la masa" por la restitución a los compradores de la parte del precio que entregaron a cuenta, como consecuencia de la resolución de la compraventa, porque "existe reciprocidad de prestaciones, pues mientras "Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.A." devuelve a los compradores parte de las cantidades recibidas [...] estos últimos renuncian a favor de la vendedora los derechos que adquirieron sobre la vivienda que les fue adjudicada [ŽŽ] Existe, por otra parte, equivalencia de prestaciones".

RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del recurso

25. El recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

    Infracción del artículo 878.2 del C.C y la jurisprudencia que lo interpreta.

26. En su desarrollo la recurrente afirma que la jurisprudencia sigue el criterio de nulidad absoluta de los actos de disposición del quebrado dentro del periodo de retroacción y que no exige ánimo fraudulento, siendo suficiente que exista perjuicio para la anulación de los actos de administración y dominio del quebrado.

2. Valoración de la Sala

27. La cuestión ya ha sido abordada por esta Sala en anteriores ocasiones, por lo que reiteraremos en lo menester lo expuesto en ellas.

    2.1. La exigencia de perjuicio.

28. Con la finalidad de que de las deudas del comerciante quebrado respondiese el patrimonio que éste tenía en el momento de hallarse en "situación económica de quiebra", el Código de Comercio de 1829, imponía a los insolventes el deber de diligente solicitud de declaración judicial de hallarse en "estado legal de quiebra".

29. De forma paralela, para evitar que el deudor dispusiese o gravase sus bienes en beneficio propio o de uno o varios acreedores, o que la actuación de alguno de estos redundase en perjuicio de la masa, el expresado Código articuló un sistema que, entre otros objetivos, pretendía la "congelación" del patrimonio del quebrado en la situación que tenía en el momento de la "quiebra económica".

30. Con tal finalidad, combinado con un sistema de acciones rescisorias, atribuía a los tribunales la determinación de la fecha a la que debían retrotraerse los efectos de la declaración de quiebra e imponía la nulidad, que se interpretó tenía carácter absoluto, de los actos ejecutados por el quebrado durante dicho tiempo, al disponer en el artículo 1036 que el quebrado quedaba de derecho separado e inhibido de la administración de sus bienes desde que se constituye en estado de quiebra y que "[t]odo acto de dominio y administración que haga el quebrado sobre cualquiera especie y porción de sus bienes después de la declaración de quiebra, y los que haya hecho posteriormente a la época a que retrotraigan los efectos de dicha declaración, son nulos".

31. Siguiendo la estela del Código de Comercio de 1829, el artículo 878 del de 1885, después de disponer en el primer apartado que declarada la quiebra el quebrado quedaba inhabilitado para la administración de sus bienes, dispuso que "[t]odos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos " , lo que determinó que la jurisprudencia mantuviese inicialmente la nulidad radical o absoluta, "iuris et de iure", por ministerio de la ley, ipse legis potestate et auctoritate , con absoluta independencia de la buena o mala fe del quebrado y de quienes con él contrataban y de la existencia o no de perjuicio para la masa, siendo condición necesaria y suficiente que los actos de dominio o administración se hubiesen realizado después de la fecha en la que se fijase la retroacción.

32. Pese a la contundencia de la afirmada nulidad, de forma progresiva, en una evolución que describe detalladamente la sentencia 676/2010, de 10 de noviembre , se fue abriendo paso una interpretación más conforme con la finalidad de la norma, de tal forma que la ineficacia establecida en el párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio debía entenderse en el sentido de que no alcanza a los actos que correspondan al giro y tráfico ordinario del quebrado (ej. pagos de cuotas de la seguridad social, de suministros o de arrendamientos), ni tampoco a aquellos que resulten beneficiosos para el quebrado y los acreedores o, al menos, no causen lesión o perjuicio. Esta doctrina se ha reiterado posteriormente, entre otras, en las sentencias 801/2010, de 14 de diciembre , 224/2011, de 23 de marzo , 879/2011, de 24 de noviembre , y 71/2012, de 20 de febrero .

    2.2. Los actos perjudiciales.

33. No existe discrepancia alguna a nivel doctrinal ni en las decisiones de los Tribunales en que los actos que provocan un detrimento o disminución injustificada del patrimonio de la quebrada son perjudiciales para la propia quebrada y para la masa, pero para juzgar sobre su lesividad es preciso tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan, sin fragmentar artificiosamente los diferentes elementos que integran las relaciones jurídicas, ya que en otro caso se llegaría a la conclusión de que absolutamente todos los pagos realizados por la quebrada dentro del periodo de retroacción son perjudiciales para la masa, incluso si aunque fuesen debidos e incluso si el quebrado recibiese como contraprestación bienes o servicios de mayor valor que justificarían el sacrificio. Dicho de otra forma, se aplicaría la regla de la retroacción

    2.3. Desestimación del motivo.

34. Partiendo de lo expuesto el recurso debe ser desestimado ya que, en contra de lo que sostiene la Sindicatura de la Quiebra, no existió disminución alguna del patrimonio del quebrada que como contrapartida de la restitución a la compradora de lo que había percibido de ella, se vio liberada de la obligación de cumplir y entregar la vivienda adquirida por aquella.

35. Tampoco consta que el demandado recibiese un trato discriminatorio en relación con otros "compradores" que se hallasen en sus circunstancias y que hubiesen resuelto el contrato, por lo que la condena de quien nada ha recibido de la quebrada y que recuperó lo entregado sin intereses, a entregar a la masa de la quiebra la cantidad que le había sido restituida, sin que exista ninguna posibilidad de que la quebrada cumpla la contraprestación pactada, devendría inicua y vulneraría lo dispuesto en el primer apartado del artículo 1295 del Código Civil de entender que la acción prevista en el artículo 878.2 del Código de Comercio tiene naturaleza rescisoria, y lo previsto en los artículos 1303 y 1308 del Código Civil si se mantiene que se trata de una acción de nulidad.

COSTAS

1. El control de la condena en costas en las instancias

36. Sin interponer recurso contra condena al pago de las costas de la primera instancia, la recurrente ha interesado subsidiariamente que, de confirmarse la desestimación de la demanda, se revoque el pronunciamiento de la sentencia recurrida que condena al pago de las de la primera instancia.

37. Aunque al no haberse formulado recurso extraordinario por infracción procesal sobre este extremo no resulta posible estimar la pretensión subsidiaria, a fin de dar cumplida respuesta a lo suplicado añadiremos que no todas las infracciones procesales son controlables por medio del recurso extraordinario, ya que es imprescindible que la vulneración de la norma procesal tenga encaje en alguno de los motivos tasados en el artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo que no sucede con las normas relativas a imposición de costas, sin perjuicio de que cabe controlar si la decisión judicial ha podido suponer la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando incurra en error patente, arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o, en su caso, si resulta inmotivada (en este sentido, 401/2010, de 1 de julio, 798/2010, de 10 de diciembre, 261/2011 de 20 de abril, y 358/2011, de 6 junio, y 280/2012, de 7 de mayo).

2. Las costas en el recurso extraordinario por infracción procesal y en el de casación

38. No apreciemos razón alguna para atenuar el principio del vencimiento objetivo, aplicable como regla al amparo de lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que las del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.