STSJ Comunidad de Madrid 33/2013, 17 de Enero de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 33/2013 |
| Fecha | 17 Enero 2013 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.33.3-2010/0165283
Procedimiento Ordinario 1166/2010
Demandante: NUEVAS CALLES MADRILEÑAS 2001, S. L.
PROCURADOR D./Dña. MARTA FRANCH MARTINEZ
Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE
MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
SENTENCIA 33
RECURSO NÚM.: 1166-2010
PROCURADOR D./DÑA.: MARTA FRANCH MARTINEZ
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. José Alberto Gallego Laguna
Magistrados
D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo
Dña. María Rosario Ornosa Fernández
Dña. María Antonia de la Peña Elías
D. Álvaro Domínguez Calvo
----------------------------------------------- En la Villa de Madrid a 17 de Enero de 2013
Visto por la Sala del margen el recurso núm. 1166-2010 interpuesto por NUEVAS CALLES MADRILEÑAS 2001, S.L. representado por la procuradora DÑA. MARTA FRANCH MARTINEZ contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 28.9.2010 reclamación nº 28/14588/2007, 16354/2007, 18210/2007 interpuesta por el concepto de sociedades habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.
Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.
Estimándose necesario el recibimiento a prueba y una vez practicadas las mismas, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la votación y fallo, la audiencia del día 15-01-2013 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna.
Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 28 de septiembre de 2010 en las reclamaciones económico-administrativas números 28/14588/07, 16354/07 y 18210/07, interpuestas contra los siguientes actos dictados por la Dependencia Regional de Inspección Financiera y tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid: 1) Liquidación A2860007026011289 derivada de acta A02-71318514, por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, e importe de deuda tributaria de 103.279,82 euros (REA 16354/07).
2) Liquidación A2860007026011278 derivada de acta A02-71317812, por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2003, deuda tributaria de 64.346,79 euros (REA 14588/07).
3) Liquidación A2860007026013489, girada en concepto de sanción, por el mismo impuesto, ejercicio 2002, por importe de 12.869,92 euros (REA 18210/07).
La indicada resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid acordó desestimar las reclamaciones números 14588/07 y 16354/07, confirmando las liquidaciones impugnadas, y estimar la reclamación nº 18210/07, anulando la sanción impuesta.
La entidad recurrente solicita en su demanda que se dejen sin efecto los actos administrativos impugnados, alegando, en resumen, como fundamento de su pretensión, que la actuación inspectora debe considerarse general y las liquidaciones derivadas de las mismas definitivas y no una comprobación de carácter parcial y la liquidación resultante provisional, pues se comprobó casi la totalidad de la actividad ejercida por la entidad, siendo la actividad no comprobada de carácter residual o sin importancia.
En las actas de Inspección, practicadas en disconformidad con fecha 12 de junio de 2007 y en las liquidaciones de 30 de julio de 2007, se expresa que en la comunicación de inicio se indicaba que las actuaciones inspectoras tendrían carácter parcial en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los periodos de 2002 y 2003 al objeto de analizar la deducción por reinversión del art. 36 ter de la LIS, los beneficios por expropiación de AENA y venta a URPESA S.A. en 2002 y 2003, lo cual se puede apreciar en dicho acuerdo de comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación, de fecha 7 de junio de 2006, notificado el 8 de junio de 2006, como se puede observar en el expediente administrativo.
Lo expresado pone de manifiesto que la Inspección se ha limitado a comprobar las referidas operaciones de la sociedad, lo que evidencia que se ha producido una comprobación parcial, después de desagregar la parte de la base imponible referida únicamente a esas operaciones, lo que constituye el supuesto contemplado en el art. 50.2.b) del Real Decreto 939/1986, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, entonces vigente, es decir, era procedente la calificación del acta de previa y la liquidación posterior como provisional, conforme a lo dispuesto en el art. 101.3 y 4 de la Ley General Tributaria 58/2003. Debiendo señalar que, como reconoce la recurrente en su demanda, no se produce un examen de la totalidad de la actividad de la recurrente, sino que se limita a las operaciones indicadas, sin que la valoración de que las alegaciones de la recurrente relativas a que la actividad no comprobada es de carácter residual o sin importancia puedan determinar la consideración de la liquidación como definitiva, pues se trata de una valoración de la propia recurrente que no vincula a la Administración en cuanto a la consideración o no de actividades de carácter residual o sin importancia, pero tampoco impide ni limita que esas actividades puedan ser objeto de comprobación, y si se considerarse la liquidación como definitiva impediría que puedan ser objeto de comprobación.
Por ello, procede desestimar la referida alegación de la recurrente.
Alega la recurrente en segundo lugar que la revisión y aceptación por la Administración de la documentación relativa a la escisión presentada el 21 de febrero de 2003 al objeto de acogerse al régimen especial regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y recibido requerimiento el 21 de febrero de 2005 por parte del Inspector Coordinador de Regímenes Especiales de la Delegación Especial de Madrid sobre la operación de escisión, cumplimentando el requerimiento con fecha 03/03/05, lo que considera que garantiza su derecho al beneficio, alegando que se trata de un acto consentido que fu conocido y aceptado por la Administración.
Sobre dicha alegación debe tenerse en cuenta que la actuación a la que se refiere la recurrente no consta que concluyera con acto administrativo alguno de la Administración en el que se hubiera acordado el reconocimiento del derecho pretendido derivado de la escisión, no pudiendo entenderse que la ausencia de acto posterior al requerimiento determine el reconocimiento presunto de derecho alguno, pues la Administración, dentro del plazo de prescripción, puede realizar las actuaciones de comprobación e investigación en tanto no haya un acto por parte de la misma de reconocimiento de un derecho, lo que aquí no consta acreditado, por lo que el indicado requerimiento no impide la actuación de comprobación e investigación en base a lo dispuesto en el art. 101.1 de la Ley General Tributaria .
Sobre aceptación por la Administración de la documentación relativa a la escisión presentada el 21 de febrero de 2003 al objeto de acogerse al régimen especial regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, hay que puntualizar que la admisión de la documentación a los efectos señalados no determina la procedencia de la deducción por reinversión pretendida, no suponiendo en modo alguno el reconocimiento expreso del derecho a la deducción.
Por tanto, procede desestimar la referida alegación de la demanda.
La recurrente invoca en la demanda que se ha superado el el plazo de 12 meses de duración de las actuaciones inspectoras, establecido en el art. 150 de la Ley general Tributaria, manifestando que se inició el procedimiento inspector el 8 de junio de 2006, que finaliza por acuerdo notificado el 1 de agosto de 2007, no produciéndose la interrupción de la prescripción y alega que está en desacuerdo con las dilaciones que se le imputan en las actas por retraso en la aportación de documentos desde el 05/12/2006 a 15/03/2007, porque en la diligencia de 30/06/2006 no se solicita documentación, estando paralizadas hasta el 21/11/2006 por causas imputables a la Administración, el 17/11/2006 no se solicita nada, que en la de 5/12/2006 había cumplimentado con la totalidad de lo solicitado con la única excepción de la aclaración de las disminuciones del ejercicio 2002, que en las diligencias no se expresa el plazo concedido.
El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda considera procedentes las dilaciones imputables a la contribuyente, razonando sobre el contenido de las diligencias.
Sobre dicha alegación hay que partir de que en las actas de inspección y en las liquidaciones se indica que de la duración total de las actuaciones no se deben computar 100 días, por dilaciones consistentes en "Retraso en la aportación de documentación" desde el 05/12/2006 hasta el 15/02/2007.
La recurrente discrepa...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS, 16 de Marzo de 2015
...el 17 de enero de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 1166/10 , relativo a la liquidación del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2002 y 2003. Ha intervenido como parte recurrida la Administración G......