SAP Madrid 344/2012, 23 de Mayo de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 344/2012 |
| Fecha | 23 Mayo 2012 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 12
MADRID
SENTENCIA: 00344/2012
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN DUODÉCIMA
ROLLO Nº: 122/2011
PROCEDENCIA.- JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº20 DE MADRID
AUTOS: 2236/2009 (VERBAL)
DEMANDADO-APELANTE: D. Evaristo
PROCURADOR: Dª Mª JESÚS BEJARANO SÁNCHEZ
DEMANDANTE-APELADA: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL (LETRADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
PONENTE: ILMO.SR.D. JOSÉ Mª TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA
SENTENCIA Nº 344
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. JOSE LUIS DIAZ ROLDAN
D. JOSÉ Mª TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA
Dª ANA MARÍA OLALLA CAMARERO
En MADRID, a veintitrés de mayo de dos mil doce.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 12ª de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 2236/2009, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA Nº20 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 122/2011, en los que aparece como parte demandadaapelante D. Evaristo representado por la Procuradora Dª MARIA JESUS BEJARANO SANCHEZ, y como parte demandante-apelada INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACION SOCIAL representado por el LETRADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sobre DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ Mª TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA Nº 20 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 3 de febrero de 2.010, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda presentada por el letrado de la Comunidad de Madrid, en nombre y representación del Instituto de Realojamiento e Integración social de la Comunidad de Madrid contra Don Evaristo : 1. Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento existente entre las partes en relación a la vivienda sita en la calle DIRECCION000 nº NUM000 escalera B, NUM001 de Madrid. 2. En consecuencia, debo decretar y decreto el desahucio del demandado de la citada vivienda, el cual deberá dejar la misma libre, expedita y en las debidas condiciones a la completa disposición del arrendador, con apercibimiento de que si no lo verifica libremente en el plazo legal, podrá ser lanzado por la fuerza asu costa.
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Se imponen las costas de este procedimiento ala parte demandada".
Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de D. Evaristo se interpuso recurso de apelación, que fue admitido dándose traslado a la otra parte que se opuso y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, y señalándose para deliberación, votación y fallo el pasado día 16 de mayo de 2.012, en que ha tenido lugar lo acordado
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
El INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL (IRIS) de la Comunidad de Madrid ejercitó la acción de resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago, en relación con la vivienda sita en C/ DIRECCION000, NUM000, escalera B, NUM001 .
A tal efecto demandó a Don Evaristo que fue quien suscribió el correspondiente contrato de arrendamiento.
Citado el demandado para el juicio, con los apercibimientos que la Ley ordena, no compareció, por lo que se dictó sentencia el 3 de febrero de 2.010, dando lugar al desahucio pretendido. Tras la sentencia, el demandado se personó y solicitó el beneficio de justicia gratuita. Asimismo, el 5 de marzo de 2.010, consignó las cantidades que entendía debidas en concepto de rentas.
Interpuso recurso de apelación en el que invocó, como infringido, el artículo 1.320 del Código Civil, pues siendo el inmueble arrendado la vivienda habitual, entiende necesario que la acción se hubiera dirigido también contra su cónyuge. En refuerzo de su tesis cita también los artículos 1.322 del Código Civil y 12 de la Ley de Arrendamientos Urbanos .
El recurso fue impugnado por la demandante.
Partiendo de la regularidad del procedimiento, y, en especial, de la citación a juicio que se hizo en la persona del propio demandado, se ha de significar que el pago posterior no sólo al juicio sino a la sentencia, no enerva la acción de resolución ejercitada.
La cuestión a dilucidar se centra, pues, en la aplicabilidad al caso del artículo 1.320 del Código Civil, en cuanto dispone que "para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos, o, en su caso, autorización judicial". El artículo 1.322 sanciona con la anulabilidad los actos realizados quebrantando aquella norma.
Consta, por lo demás, que el contrato de arrendamiento fue firmado por Don Evaristo, por sí solo, aunque constaba, en sus datos identificativos su estado de casado y el nombre y D.N.I. de su esposa.
Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de manera constante y reiterada ha distinguido, por un lado, los actos de disposición de los actos de administración, sujetando únicamente a aquéllos a la necesidad de consentimiento conjunto de los esposos.
Y, desde otra perspectiva, ha venido distinguiendo entre el ejercicio de acciones personales del ejercicio de acciones con trascendencia real. En éstas, se requiere la actuación conjunta de los cónyuges, y, por ello, la demanda que verse, con ese alcance real sobre la vivienda habitual, se ha de dirigir contra los dos, constituyendo un supuesto claro de litisconsorcio pasivo necesario.
Por el contrario, cuando se ejercita una acción personal, esto es, basada en un contrato, anquen afecte de manera mediata o inmediata a un bien ganancial o a la vivienda habitual, basta con demandar al cónyuge que concertó el contrato y no al otro, quedando así válidamente constituido el litigio, sin perjuicio de las acciones que procedan en al relación internas entre cónyuges. En tal caso, sería aplicable el artículo 1.385, párrafo 2º del Código Civil, conforme al cual "cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción". Particularmente, para las acciones de resolución contractual, la Sentencia del Tribunal Supremo 15 de julio de 2.003 declara expresa la innecesaridad de la demanda conjunta cuando se ejercita la acción resolutoria por impago del precio, bastando con dirigir la demanda...
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