SAP Ciudad Real 271/2010, 12 de Noviembre de 2010
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 271/2010 |
| Fecha | 12 Noviembre 2010 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
CIUDAD REAL
SENTENCIA: 00271/2010
APELACION CIVIL
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION SEGUNDA
CIUDAD-REAL.
RECURSO DE APELACION (LECN) 255/2010-J.
Autos: P. Ordinario 505/2.009.
Juzgado: Daimiel-2.
Iltmo. Sr.
Presidente:
Dª. CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO.
MAGISTRADOS:
D. IGNACIO ESCRIBANO COBO
D. FULFENCIO VICTOR FERNANDEZ DE CASTRO PUERTA.
SENTENCIA nº.: 271/2.010.
En CIUDAD REAL, a doce de Noviembre de dos mil diez.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 2 de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los Autos de P. Ordinario 505/2.009, procedentes del JDO.1A.INST. Número DOS de DAIMIEL, a los que ha correspondido el Rollo 255/2.010, en los que aparece como parte apelante Evaristo y la entidad "SOCIEDAD PESCADORES VIRGEN DE LA SIERRA", representados por las Procuradoras Carmen Baeza Díaz-Portales y Gema Aparicio Torres, y asistidos por los Letrados Gregorio Illescas Ruiz y Jose-Maria Martín- S. Manzaneque, habiendo sido Magistrada Ponente la Iltma. Sra. Dª. CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N. 2 de DAIMIEL, por el mismo se dictó Sentencia con fecha 6 DE Mayo de 2.010, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que desestimando la demanda presentada por D. Evaristo contra la Sociedad de Cazadores Virgen de la Sierra, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de la totalidad de pretensiones en su contra deducidas, abonando cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad". Notificada dicha resolución a las partes, por Evaristo y "Sociedad de Cazadores Virgen de la Sierra", se interpuso recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes fueron remitidos a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para el acto de la votación y fallo el DIA OCHO DE NOVIEMBRE DE 2.010.
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Ante la sentencia dictada en la primera instancia, por la representación de la Sociedad de Cazadores Virgen de la Sierra, se interpone recurso de apelación, alegando como único motivo del mismo, la infracción del art. 394.1 de la LECivil, respecto a las costas.
Por la representación de D. Evaristo, se interpone así mismo recurso de apelación, alegando error en la interpretación del derecho aplicable, y error en la valoración de la prueba, solicitando en base a ello, la revocación de la sentencia y con ello, la estimación de la demanda formulada.
Es procedente en primer término, el estudio del recurso interpuesto por la parte actora, en cuanto que por medio de el, se solicita la revocación de la sentencia en todos sus pronunciamientos y con ello, la estimación de la demanda. Con respecto a la interpretación del derecho aplicable al presente caso, son ya constantes, y reiteradas, las resoluciones de esta Audiencia en sus dos Secciones que se pronuncian del siguiente tenor, citándose al efecto y de forma literal la de esta misma Sección de fecha 17-4-2008 reiterada en sentencia de fecha 12 de abril del presente año, que señaló lo siguiente:
"la responsabilidad que el artículo 33 de la Ley de Caza de 4 de abril de 1.970 refiere a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos por los animales "procedentes de los terrenos acotados", principio que repite el artículo 35 a) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo EDL 1971/1123 EDL 1971/1123, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de aquella Ley, añadiendo en el apartado b) la regla de solidaridad para "los casos en que no resulte posible precisar la procedencia de la caza respecto a uno determinado de los varios acotados que colinden con la finca", regla que, aun pensada más específicamente para los daños producidos en cultivos o en los inmuebles, resultaría también aplicable a hechos como el presente.
Así pues, la legislación específica, aun sin considerar por ahora las novedades y matizaciones introducidas por la Disposición Adicional 9ª de la Ley de Seguridad Vial, reformada por la Ley 17/2005, parte de una presunción, utilizada también en este caso por el demandante, conforme a la cual se entiende que la pieza de caza que ocasiona el daño procede del coto colindante con el lugar en que el daño se produce; y, si colindan varios, es aplicable, la solidaridad antes señalada, lo que propicia que todo el debate en esta alzada se circunscriba al análisis de la citada Disposición, a como se interpreta por esta Audiencia, y en base a ello a examinar las circunstancias del caso para dar respuesta al supuesto que plantea la presente litis.
Esta Sala es plenamente conocedora de la discusión entablada por las partes en sus recursos acerca de la interpretación del tipo de responsabilidad que el indicado precepto establece y de cómo debe interpretarse. Sus posturas son similares, en esencia, a las distintas posiciones que sostienen las Audiencias Provinciales. La materia es arduamente controvertida.
Así a favor de los que sostienen que ha establecido una modificación sustancial de la imputación de responsabilidad en los casos de accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas y que avala la entidad demandada se han pronunciado, entre otras las sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección Segunda) de 7 de noviembre de 2.007 EDJ 2007/287765, Lleida 25 de octubre de 2.007 EDJ 2007/248169, Castellón (Sección I) de 10 de octubre de 2.007, Cáceres (Sección I) de 16 de enero de
2.007 EDJ 2007/7479 y Soria de 29 de diciembre de 2.006 EDJ 2006/396817. Sus argumentos, reflejados en la primera de las resoluciones citadas, son "que no cabe negar que esta disposición adicional, al regular la responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico ocasionados por atropello de animales pertenecientes a especies cinegéticas se aparta del sistema cuasiobjetivo de atribución de responsabilidad establecido en la legislación estatal en materia de caza en contra de los "los titulares de los aprovechamientos cinegéticos o subsidiariamente los propietarios de los terrenos" ( SSTS de 27-5-1985 y 6-2-1987 EDJ 1987/951), para aproximarse al sistema individualista y subjetivo de responsabilidad del propietario de la caza proclamado en el art. 1.906 C. Civil, según el cual el dueño de una heredad de caza responde del daño causado por ésta en las fincas vecinas únicamente "cuando no hubiese hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando hubiese dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla", toda vez que la responsabilidad por los daños personales y patrimoniales derivados de los accidentes de tráfico por atropellos de animales pertenecientes a especies cinegéticas solo podrá ser atribuida a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos (o subsidiariamente a los propietarios de los terrenos comprendidos en el coto) cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. Así y por lo que ahora nos interesa, conforme al tenor literal de la nueva legislación aplicable, la responsabilidad de la entidad titular del aprovechamiento cinegético del terreno acotado queda supeditada a la concurrencia de falta de diligencia en la conservación del terreno acotado, lo que, en definitiva, plantea la cuestión de determinar a cual de los litigantes incumbe la carga de la prueba respecto de dicha falta de diligencia como presupuesto de la viabilidad de la pretensión actora, debiendo partir para ello de la regla general de distribución de la carga de la prueba contenida en el art. 217.2 LEC EDL 2000/77463 EDL 2000/77463, según la cual corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la...
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