STSJ Comunidad de Madrid 73/2011, 11 de Febrero de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 11 Febrero 2011 |
| Número de resolución | 73/2011 |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.4 BIS
MADRID
SENTENCIA: 00073/2011
Proc. Sr. Pujol Varela
Proc. Sr. Bufalá Balmaseda
Sr. Abogado del Estado
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección 4ª-BIS
PONENTE ILMA SRA. DÑA. FATIMA DE LA CRUZ MERA.B
RECURSO Nº 987/2006 y acumulado 1007/2006
S E N T E N C I A Nº 73/2011
Presidente Ilmo. Sr.
D. Alfonso Sabán Godoy.B
Magistrados Ilmos. Sres.
D. Carlos Vieites Pérez.B
Dª. Margarita Pazos Pita.B
Dª. FATIMA DE LA CRUZ MERA.B
D. Fausto Garrido González.B
En Madrid a 11 de Febrero de dos mil once.
Vistos los autos del presente recurso nº 987/06 al que se acumuló el recurso nº 1007/06 que, ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se han interpuesto respectivamente, por el Procurador Sr. Pujol Varela en nombre y representación de PARLA AGRICOLA Y GANADERA S.L. y por el Procurador Sr. Bufalá Balmaseda en nombre y representación de AUTOPISTA CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 4 de mayo de 2006 que desestima el recurso de reposición deducido por dichos recurrentes contra la Resolución del mismo Jurado de 2 de marzo de 2006 por la que se fijó el justiprecio de la finca nº PA-34 del "Proyecto de expropiación Autopista de Peaje R-4 de Madrid a Ocaña. Tramo: Madrid-CM-4001. Clave: 98-M-9005-A", en el término municipal de Parla (Madrid). Habiendo sido parte la Administración General del Estado, representado y defendido por el Abogado del Estado.
La cuantía del presente recurso es inferior a 150.000 #.
En el momento procesal oportuno la parte actora citada en primer lugar, el expropiado, formalizó la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando la estimación del recurso, en el mismo sentido, la entidad beneficiaria solicita en su escrito de demanda la estimación de sus pretensiones.
Recibido el pleito a prueba se practicaron las que fueron admitidas y practicadas con el resultado que obra en autos.
Dado traslado a las partes, por su orden, para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, reiterándose en sus respectivos pedimentos.
Conclusos los autos se señaló para votación y fallo de éste recurso el día 10 de Febrero de 2011 en que se deliberó y votó.
Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. FATIMA DE LA CRUZ MERA. B que expresa el parecer de la Sala.
Se interponen los presentes recursos contencioso-administrativos contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 4 de mayo de 2006 que desestima el recurso de reposición deducido por la beneficiaria contra la Resolución del mismo Jurado de 2 de marzo de 2006 por la que se fijó el justiprecio de la finca nº PA-34 del "Proyecto de expropiación Autopista de Peaje R-4 de Madrid a Ocaña. Tramo: Madrid-CM-4001. Clave: 98-M-9005-A", en el término municipal de Parla (Madrid).
El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa valora el terreno expropiado de conformidad con su clasificación urbanística (no urbanizable), a pesar de entender que se trata de un sistema general, atendiendo a su carácter de sistema viario de interés para todo el territorio nacional, que no tiene por destino inmediato completar el equipamiento municipal, ni "crear ciudad", sino que sirve a la vertebración del territorio, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que cita. Tras ello aplica el art. 26 de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, si bien considera que el valor así obtenido, teniendo en cuenta la poca significación del aprovechamiento agrario y la situación del suelo en la Comunidad de Madrid, es poco representativo y alejado de la realidad, por lo que entiende que el valor real de mercado es igual a la media de los valores rústico (aceptando los 1,2 #/m 2 en que lo cifra el informe del Vocal Ingeniero Agrónomo) y urbanístico (aceptando los 43,60 #/m 2 en que lo cifra el informe del Vocal Arquitecto de Hacienda, que lo obtiene del precio de venta de viviendas de protección oficial para la zona 2, de 868,28 #/m 2, aplicándole los coeficientes del 0,20 y del 0,80, así como el coeficiente de aprovechamiento de 0,3487 y el 90% al sustraer el 10% para cesiones). En resumen, la fórmula que utiliza la resolución impugnada para fijar el justiprecio da un resultado de 22,40 #/ m 2, más 750 euros por vuelos, el 5% de premio de afección y 455.25 # de indemnización por los perjuicios derivados de la rápida ocupación, lo que conduce a un total de 215.354,85 #.
La parte beneficiaria recurrente alega, en síntesis, que el método de valoración utilizado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa no tiene cobertura legal, siendo un método creado "ad hoc" para fijar un valor por razones de equidad. Entiende, con invocación de las Leyes 53/2.002 y 10/2.003 que modificaron la Ley 6/1.998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que el terreno expropiado debe valorarse conforme a la clase de suelo que es (no urbanizable) y que resulta inaplicable el art. 43 LEF, de modo que no pueden apreciarse expectativas urbanísticas.
Asimismo señala la beneficiaria que la consideración de la concurrencia de expectativas urbanísticas no justifica la valoración del suelo a partir de un valor urbanístico, sin que en cualquier caso haya sido probada la concurrencia de tales expectativas. A lo que viene a añadir que, de existir tales expectativas, las mismas únicamente pueden ser valoradas incrementando en un porcentaje máximo del 50% el valor fijado para el suelo conforme a su clasificación como suelo no urbanizable.
A efectos dialécticos, señala que la determinación del valor urbanístico asumida por el Jurado no se ajusta al criterio jurisprudencial y que, en el caso de considerar asumible la valoración del suelo conforme lo hace el Jurado, el valor que se obtendría sería el de 16,95 #/m2.
Finalmente añade la beneficiaria que la Sala debe pronunciarse sobre la procedencia de imputar los intereses de demora que deben ser satisfechos por la Administración de la que depende el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, ante el retraso en la tramitación de los expedientes de determinación de justiprecio. El recurrente expropiado afirma que nos hallamos ante un sistema general pues la infraestructura que nos ocupa, a su paso por Parla, crea ciudad y constituye una malla urbana, al tenerse acceso directamente a ella desde el municipio de Parla. Para el supuesto de que se considerase procedente valorar el suelo como no urbanizable, con carácter subsidiario solicita una valoración de 53,48 euros/m2, a lo que añade lo reconocido por el JEF por vuelos y 243.467,7 euros en concepto de indemnización por expropiación parcial. Pone de manifiesto en su demanda, asimismo, la concurrencia de evidentes expectativas urbanísticas, que concreta en la aprobación inicial en el año 2008 del documento de avance de revisión del PGOU, que atribuye al polígono en que se halla la finca un uso industrial y la escasa distancia de la finca a sectores urbanizables. Respecto a la acreditación de las expectativas urbanísticas, en el escrito de conclusiones solicitó reiterar los oficios que se libraron en periodo probatorio a la Demarcación de Carreteras y al Ayuntamiento de Pinto como diligencias finales, afirmando que las contestaciones dadas a los mismos son erróneas, la primera, por fijar la distancia de la finca a Pinto y no a Parla, y la segunda, por obviar la aprobación inicial de la revisión del PGOU de Parla.
Por su parte, la Abogacía del Estado sostiene la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas, instando la desestimación del recurso deducido de adverso.
Los hechos que se deben tener en cuenta en el presente litigio son los siguientes, tal y como se desprende del contenido del expediente administrativo:
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- Por Real Decreto 3540/2000 se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación del tramo objeto de este recurso de la autopista de peaje R-4 Madrid a Ocaña a la parte también demandante Autopista Madrid Sur.
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- El proyecto de trazado se aprobó el 10 de julio de 2001, siendo objeto de publicación en el BOE de 17 de septiembre de 2001 y en otros medios, oficiales y privados, los días subsiguientes.
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- El 16 de octubre de 2001 se levantó acta previa a la ocupación de la finca de litis y el día 14 de noviembre de 2001 se levantó acta de ocupación por una superficie, en ambos actos, de 9.327 m2. Por Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid se acordó la desafectación de 222 m2, resultando finalmente una superficie expropiada de 9.105 m2. La superficie total de la finca es de unos 14.752 m2 y su clasificación urbanística la de suelo no urbanizable.
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- La Administración requirió al titular de la finca para que formulara hoja de aprecio, que la presentó pidiendo un justiprecio de 63,37 euros/m2. Ante la desavenencia en el justiprecio, la correspondiente pieza separada fue remitida al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que resolvió el justiprecio en las resoluciones que son objeto de impugnación.
Una de las cuestiones relevantes de fondo planteadas por ambos recurrentes consiste en resolver si es aplicable a este caso o no lo es la doctrina jurisprudencial relativa a la valoración de terrenos destinados a sistemas generales, los cuales pese a su calificación como no urbanizables, deberían ser valorados como si de terrenos urbanizables se tratara. Todas las cuestiones relevantes que en este caso se plantean, tanto la clasificación del suelo, como el método de valoración ya han sido resueltos por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de...
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