STSJ Castilla-La Mancha 153/2011, 29 de Marzo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 153/2011 |
| Fecha | 29 Marzo 2011 |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2
ALBACETE
SENTENCIA: 00153/2011
Recurso núm. 742/2006
TOLEDO
S E N T E N C I A Nº 153
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª.
Iltmos. Sres.:
Presidenta:
Dª. Raquel Iranzo Prades
Magistrados:
D. Jaime Lozano Ibáñez
D. Miguel Ángel Pérez Yuste
D. Miguel Ángel Narváez Bermejo
En Albacete, a veintinueve de marzo de dos mil once.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 742/2006 acumulados del recurso contencioso administrativo seguido a instancia de AUTOPISTA MADRID TOLEDO, S.A., representada por el Procurador Sr. Gómez Ibáñez y dirigida por el Letrado Sr. Félix Villaluenga Duque, contra el JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION FORZOSA DE TOLEDO que ha estado representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado; siendo parte codemandada Teofilo Y OTRA representados por el Procurador Sr. Serra González y asistidos del Letrado Emilio San Martín de Hoz; sobre JUSTIPRECIO; siendo Ponente la Ilma. Sra. Presidenta de la Sección Doña Raquel Iranzo Prades; y
D. Teofilo Y Dª María Purificación interpusieron recurso contencioso administrativo contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo de fecha 26 de enero de 2006, dictada en el expediente NUM003, por el cual se estableció el justiprecio respecto de la expropiación de 8689 metros cuadrados de suelo rústica, de la Finca con nº parcelario NUM000, polígono catastral NUM001 y parcela NUM002, del municipio de Yuncler (Toledo). La expropiación se realizó por la Administración General del Estado, siendo beneficiaria AUTOPISTA MADRID TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A., para la ejecución del proyecto "Autopista de Peaje Madrid Toledo AP.41. Tramos comprendidos entre los PP.KK. 18 +500 y del PP.KK. 42+700 al enlace de Toledo. Clave: T8-TO-9001.B
AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A., interpuso también recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución, así como contra la que desestimó el recurso de reposición interpuesta contra la anterior.
Ambos recursos acumulados en el momento procesal oportuno, dada su íntima conexión.
Recibido el expediente administrativo, la propiedad no formuló demanda, mientras que la beneficiaria solicitó la nulidad de la resolución del justiprecio por motivos de forma o subsidiariamente, la rebaja del precio acordado.
La Administración General del estado contestó a la demanda, y, tras exponer a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria de los dos recursos planteados.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las que fueron declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló para votación y fallo el día 18-03-2011.
Revisamos la resolución del Jurado de 26-1-2006, recaída en expediente NUM003, relativo a la finca NUM000, polígono catastral NUM001, parcela catastral NUM002, ubicada en el municipio de Yuncler, de la que se expropian 8.689 metros cuadrados de suelo rústico dedicado a cereal secano, con ocasión de las obras de la autopista de peaje Madrid-Toledo, AP-41, tramos comprendidos entre los PP.KK. 18+500 al 32+200 y del PP.KK. 42+700 al enlace de Toledo. Clave T8-TO-9001.B.
La beneficiaria también recurrió en reposición dicha decisión que fue desestimada por acuerdo de 18-4-2006 contra el que se dirige su recurso.
En dichas resoluciones del Jurado se valora el suelo en su componente exclusivamente agrícola a razón de 4,65 euros por metro cuadrado, en función de la distancia de más de 1000 metros de la finca con relación al casco urbano de Yuncler, además de perjuicios por rápida ocupación, alcanzando el justiprecio la suma total de 42.917 euros.
La parte expropiada a pesar de interponer recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado ante la Sala con fecha 11-4-2006 sin embargo no llegó a formalizar su demanda dentro del plazo de 20 días conferido al efecto de manera que por proveído firme de la Sala de fecha 22-11-2006 se le tuvo por decaído en su derecho y precluído dicho trámite.
Ya en su escrito de contestación a la demanda y en conclusiones plantea la nulidad del expediente expropiatorio por causa de la falta de información pública. Como consecuencia de dicho planteamiento solicita que el justiprecio establecido por el Jurado se incremente en un 25% por vía de hecho, obteniéndose como resultado la cantidad de 53.647,39 # que es la que se reclama como justo precio.
En su recurso la beneficiaria de la expropiación considera que la valoración debe ir referida a 30-7-2004, fecha del acuerdo de necesidad de ocupación, según el art. 28 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Alega como vicio de nulidad de pleno derecho la acumulación de expedientes operada. Se aduce como causa de indefensión que no se decida a la vista de la documentación que obra en las hojas de aprecio aportada por la propiedad y la beneficiaria sino que se apoya en documentos ajenos a las mismas que no han podido ser examinados por los interesados, omitiéndose también en este caso el informe del Vocal Técnico ponente. Se critica la aplicación del método de comparación de fincas de naturaleza análoga al no existir el número de transacciones necesarias. Por estas razones no se puede defender la presunción de acierto de las resoluciones del Jurado. La decisión de este último se apoya en gran parte en el anejo 17 de "Expropiaciones e indemnizaciones del Estudio de valoración y contenido en el Anteproyecto de la Autovía de peaje AP-41, realizado por la Dirección General de Carreteras y la escritura pública de compraventa otorgada el 22-4-2004, documentos a los que también extiende su crítica ( en el caso del documento de compraventa por tratarse de una sola transacción cuando la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo requiere al menos seis). En su recurso valora el suelo según el método de capitalización de rentas en 0,77, apoyándose en el dictamen del perito Sr. Jose Antonio, si bien en la hoja de aprecio valoró el suelo en 0,675108. Finalmente en conclusiones se apoya en el dictamen pericial de D. Justiniano, ingeniero agrónomo, que valora los terrenos según el método de capitalización de rentas en 0,94 euros al que se aquieta. Dicha prueba se admitió en el procedimiento 270/2006 cuyos efectos se extienden al presente. Por su parte la Abogacía del Estado en su contestación invoca la presunción de acierto de la que están adornadas las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa.
Expuestos los términos de la controversia las cuestiones que reclaman nuestra atención y sobre las cuales debemos pronunciarnos son las siguientes:
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Actuación supuestamente indebida del Jurado al acumular expedientes.
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Actuación supuestamente indebida del Jurado al incorporar documentación adicional, en lugar de resolver exclusivamente a la vista de las hojas de aprecio, y al no incorporar informe del Vocal Técnico.
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Fecha a la que hay que referir la valoración de los bienes.
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Posible nulidad de pleno derecho de la expropiación forzosa (alegato de la propiedad en su contestación a la demanda y en conclusiones).
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Supuesta imposibilidad legal de introducir en la valoración las expectativas urbanísticas que puedan elevar el valor puramente rústico de los terrenos.
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Valoración del suelo.
Actuación supuestamente indebida del Jurado al acumular expedientes.
La beneficiaria considera ilegal que se haya acumulado por parte del Jurado una multitud de expedientes que se reflejan en los listados adjuntos, cuando, afirma, no se dan las condiciones para que proceda según el art. 73 de la Ley 30/92 y 26 de la L.E.F., porque dichas normas, en particular la segunda, exigen que cada bien sea contemplado en su individualidad y características singulares. Alegan que las fincas expropiadas no constituyen una comunidad de bienes ni una unidad desde el punto de vista económico. Prosigue afirmando que en realidad lo que ha llevado a cabo el Jurado es una valoración según el método de tasación conjunta, para lo cual carece de competencia, dado que la utilización de dicho método solo le corresponde a la Administración expropiante. Como consecuencia de dicho planteamiento en el suplico de su demanda la beneficiaria solicita la nulidad de actuaciones con carácter principal.
A juicio de la Sala, en el caso de autos, más que verdadera acumulación de expedientes, lo que ha habido ha sido una aplicación de criterios de valoración uniformes con relación a aquellos factores o características comunes de las fincas que más pueden influir en los precios como son sus aprovechamientos agrícolas, rendimientos, situación y ubicación, expectativas urbanísticas... en aras a evitar situaciones injustas como serían justiprecios dispares a pesar de la similitud y homogeneidad de aquellos factores que más pueden repercutir en la fijación de su valor. Que se aprecien características uniformes en las fincas y se apliquen reglas de tasación comunes no está reñido con la tramitación de la expropiación que se ha seguido por expedientes separados e individualizados según fincas.
Compartimos en este punto la argumentación de la Abogacía del Estado de que no se ha seguido el método de tasación conjunta sino que existe un expediente individualizado por cada finca con resolución decisoria particularizada por cada parcela donde se resaltan aquellos aspectos singulares decisivos a la hora de determinar el precio, que es específico para cada predio. De haberse actuado en la forma viciada...
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