STSJ Comunidad Valenciana 333/2011, 7 de Abril de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 333/2011 |
| Fecha | 07 Abril 2011 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
En la Ciudad de Valencia, a siete de abril de dos mil once.
VISTO EN GRADO DE APELACION por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por:
Presidente :
Ilmo. Sr. D. Edilberto Narbón Lainez.
Magistrados Ilmos. Srs:
-
Francisco Sospedra Navas.
Dª Desamparados Iruela Jiménez.
SENTENCIA NÚM: 333
En el recurso de apelación núm. 3322/2008, interpuesto como parte apelante por la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia nº 342/08, de 20 de mayo de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Cinco de Valencia en el recurso contencioso-administrativo abreviado núm. 660/2007 seguido ante ese Juzgado.
Ha sido parte apelada D. Gerardo, no comparecido en los presentes autos; siendo Magistrada Ponente Dª Desamparados Iruela Jiménez.
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Valencia se ha seguido el recurso contencioso- administrativo abreviado núm. 660/2007, deducido por D. Gerardo frente a la resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia de 13 de junio de 2007, por la que se impuso a aquél la sanción de expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en el espacio Schengen por un periodo de tres años, por la comisión de una infracción tipificada en el art. 53.a) de la L.O. 4/2000 .
En el expresado recurso contencioso-administrativo se dictó sentencia nº 342/08 en fecha 20 de mayo de 2008, estimándolo y anulando la resolución impugnada por ser contraria a Derecho, sin hacer expresa imposición de costas procesales.
Contra la mencionada sentencia se interpuso por el Abogado del Estado, en tiempo y forma, recurso de apelación, solicitando se dictase por la Sala sentencia que estimase dicho recurso de apelación y anulase íntegramente la sentencia apelada.
Admitido a trámite por el Juzgado el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a la parte apelada, que no presentó escrito de oposición.
Elevados los autos a este Tribunal, y una vez recibidos, se formó el correspondiente rollo, señalándose la votación para el día de hoy, siete de abril de dos mil once.
Se han cumplido en ambas instancias las prescripciones legales.
La sentencia apelada, que estimó el recurso contencioso-administrativo y anuló la resolución administrativa impugnada, no hace un análisis adecuado de la situación de hecho y jurídica del ahora apelado.
Nos encontramos ante una sentencia que analiza la expulsión de un ciudadano extranjero por carecer de permiso de residencia o documento que le permita su estancia legal en España.
La Ley Orgánica 4/2000 (modificada por la Ley Orgánica 8/2000 ), de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su art. 53 . a) como infracción grave "...Encontrarse irregularmente en territorio español, no habiendo regularizado su situación en España y sin haber obtenido prórroga de estancia o permiso de trabajo o residencia", estableciendo como sanción el art. 55 de la citada Ley la sanción de multa y el art. 57.1 la expulsión del territorio nacional "...Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c) d) y f) del art. 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo....".
El proceso ha acreditado que carece de dichos permisos, como recoge la resolución administrativa y la sentencia apelada, plateándose como cuestiones la sanción a imponer en caso de la carencia de dichos documentos.
En cuanto a la procedencia de sustituir al expulsión por multa, la Sala es consciente de la doctrina de la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, TS Sala 3ª, sec. 5ª, S 19-12-2006, rec. 6382/2003, 19-4-2007, rec. 10394/2003, 5.07.2007, 19.07.2007, 20.09.2007, 25.09.2007, 4.10.2007 :
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49-a), 51-1-b) y 53-1 ), en regulación mantenida por la reforma operada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (artículos 53-a), 55-1-b) y 57- 1 ), cambia esa concepción de la expulsión, y prescribe que en el caso de infracciones muy graves y graves de las letras
a), b), c), d) y f) del artículo 53 "podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español" (57.1 ), e introduce unas previsiones a cuyo tenor "para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas (sic) se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad, y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia" (55.3).
De esta regulación se deduce:
-
- Que el encontrarse ilegalmente en España (una vez transcurridos los noventa días previstos en el artículo 30-1 y 2 de la Ley 4/2000, reformada por la Ley 8/2000, ya que durante los primeros noventa días no procede la expulsión sino la devolución), repetimos, ese encontrarse ilegalmente en España, según el artículo 53 -a), puede ser sancionado o con multa o con expulsión. No sólo se deduce esto del artículo 53 -a) sino también del artículo 63-2 y 3, que expresamente admite que la expulsión puede no ser oportuna (artículo 63-2 ) o puede no proceder (artículo 63-3 ), y ello tratándose, como se trata, del caso del artículo 53 -a), es decir, de la estancia ilegal.
Por su parte, el Reglamento de ejecución de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, expresamente habla de la elección entre multa o expulsión, pues prescribe en su artículo 115 que "podrá acordarse la expulsión del territorio nacional, salvo que el órgano competente...
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