STSJ Comunidad de Madrid 977/2011, 7 de Junio de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 977/2011 |
| Fecha | 07 Junio 2011 |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 00977/2011
RECURSO 884/2008
SENTENCIA NÚMERO 977
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----Ilustrísimos Señores:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero.
D. Francisco Javier González Gragera
-------------------En la Villa de Madrid, a 7 de junio de dos mil once.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 884/2008, interpuesto el Procurador de los Tribunales Don Jorge Laguna Alonso, en nombre y representación de Ganadería Priégola S.A. y GEURCO S.A., contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de febrero de 2008 que desestima el recurso de reposición promovido contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid de fecha 31 de mayo de 2007, dictada en el expediente nº CP 634-06/ PV00364.1/2007 correspondiente a la finca número 62 del proyecto de expropiación DUPLICACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRETERA M-503. TRAMO M-50 A M-600 CLAVE 1-D-286 en el término municipal de VILLANUEVA DEL PARDILLO, expropiada por la Consejería de Transportes e Infraestructuras a Ganadería Priégola S.A., siendo beneficiaria de la expropiación la Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Ha sido parte demandada el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid representado por el Letrado de la Comunidad de Madrid.
La parte recurrente promovió recurso contencioso-administrativo mediante escrito registrado de entrada el 13.06.08 y, previos los oportunos trámites, formalizó su demanda en fecha 9.02.09, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y haciendo las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada para contestación a la demanda, lo que se verificó por en fecha 25.03.09 por el Letrado de la Comunidad, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
Que, por auto de fecha 21 de mayo de 2009, se acordó recibir a prueba el presente recurso por plazo de quince días para proponer y treinta días para practicar la prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado; señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 7 de junio de 2011 a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier González Gragera.
Se promueve el presente recurso contencioso-administrativo por el Procurador de los Tribunales Don Jorge Laguna Alonso, en nombre y representación de Ganadería Priégola S.A. y GEURCO S.A., contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de febrero de 2008 que desestima el recurso de reposición promovido contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid de fecha 31 de mayo de 2007, dictada en el expediente nº CP 634-06/PV00364.1/2007 correspondiente a la finca número 62 del proyecto de expropiación DUPLICACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRETERA M-503. TRAMO M-50 A M-600 CLAVE 1-D-286 en el término municipal de VILLANUEVA DEL PARDILLO, expropiada por la Consejería de Transportes e Infraestructuras a Ganadería Priégola S.A., siendo beneficiaria de la expropiación la Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Se alega en la demanda que la valoración solicitada corresponde al terreno afectado por un sistema general, debiendo valorarse como suelo urbanizable en la cantidad de 930.060#, incluido el premio de afección. Considera que el Jurado Territorial de Expropiación está yendo contra sus propios actos porque en otros supuestos parecidos ha considerado que la construcción de este tipo de obras públicas debe considerarse como sistemas generales y que, por ello, procede valorar las fincas expropiadas como si de urbanizables se trataran, actualizando además los correspondientes valores. Dentro de su valoración incluye una cantidad que considera procedente en concepto de demérito de la finca por la expropiación parcial.
La Comunidad de Madrid interesa la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo.
Del expediente administrativo pueden destacarse los siguientes datos, de interés para la resolución del asunto:
El acta previa a la ocupación es de fecha 26 de septiembre de 2005 donde se hace constar que la superficie de la finca es de 30.473 m2, de los cuales la superficie expropiada alcanza a 17.904 m2 (después de modificada en una resolución de rectificación posterior al acta de ocupación), siendo su clasificación de suelo no urbanizable, con aprovechamiento de labor secano.
El proyecto de expropiación establece un valor unitario del suelo de 3,26 #/m2 y ofrece un justiprecio de 62.489,39 #, incluido el premio de afección, incluyendo dentro de dicha cantidad la de 1.204 # en concepto de demérito de la finca por la expropiación parcial.
El expropiado establece en su hoja de aprecio inicial, de 8 de junio de 2006, un valor unitario de 95,50 #/m2, lo que supone un justiprecio total de 1.709.832 # incluido el premio de afección, valorando la finca expropiada como suelo urbanizable dado que este tipo de obras públicas debe considerarse como sistemas generales. Posteriormente rebaja la valoración solicitada a 46,23 #/m2, lo que supone un justiprecio total solicitado de 930.060 # incluido el premio de afección, e incluye una cantidad en concepto de demérito de la finca por la expropiación parcial.
El Jurado Territorial de Expropiación, tras determinar que la valoración debe referirse al 28.07.06 (fecha de presentación de la hoja de aprecio por el expropiado), y que se trata de suelo no urbanizable, establece un valor unitario del suelo de 3,22 #/m2 utilizando el método de comparación de fincas que considera análogas, por lo que procedería un justiprecio total de 62.911,31 # incluido el premio de afección, e incluyendo dentro de esa cifra 2.377,89 # como indemnización por demérito de la finca por la expropiación parcial.
La valoración de los bienes y derechos expropiados efectuada por el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa en la resolución impugnada ha seguido los criterios previstos en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en atención a lo previsto en su Disposición Transitoria Quinta , y la pendencia del trámite de la pieza separada de valoración aún a la entrada en vigor de la anterior. Es por lo anterior que el Jurado considera de aplicación el artículo 26 de la mencionada norma, donde se fija como criterio para la valoración del suelo no urbanizable el método de comparación a partir de valores de fincas análogas, habida cuenta de su regulación urbanística, situación, tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Por lo demás y a tenor del apartado segundo del anterior precepto, se trae a colación la referencia a los supuestos de inexistencia de valores comparables que hagan imposible la aplicación del método ya indicado, lo que lleva a la determinación del valor del suelo a partir de la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo y conforme a su estado en el momento de la valoración, concluyendo que el valor unitario del suelo es de 3,22 #/m2.
Impugnada por la demandada la presunción de acierto de las operaciones de determinación del justiprecio realizadas por el Jurado debemos tener en cuenta la que es doctrina reiterada de esta Sala respecto la situación de las presunciones en la materia, derivada de lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad por ella misma interpuesto al respecto. Al decir la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de julio de 2006 que las disposiciones cuestionadas de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, y del Decreto 71/1997, de la misma Comunidad son conformes al Ordenamiento, este Tribunal debe extraer las oportunas consecuencias en relación con las presunciones que ocupan el núcleo de la labor defensiva de la parte demandada. De una parte debemos recordar que los actos administrativos, como son los acuerdos del Jurado, gozan de la presunción de legalidad que es sobradamente conocida y que obliga a la existencia de un pronunciamiento judicial para su remoción, tenga ésta efectos desde su dictado o desde su propia declaración. Ahora bien, la presunción jurisprudencial sobre los actos del Jurado va mucho más allá puesto que alcanza al "acierto" de sus decisiones lo que implica una presunción sobre la decisión de aplicación de un concepto jurídico indeterminado como es el justiprecio. Sin embargo, dicha extensión de la presunción que excede con mucho de la legalidad puesto que el justiprecio no es una consecuencia estricta de ésta, salvo en lo que se refiere al procedimiento, no se hace de forma estrictamente teórica, lo que carecería de sentido, sino que se basa, y así sea dice reiteradamente, en su especial composición de equilibrio de intereses que así lo convierte en un órgano prácticamente arbitral. Se trataba de la...
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