AAP Santa Cruz de Tenerife 98/2011, 8 de Julio de 2011
| Ponente | PILAR ARAGON RAMIREZ |
| ECLI | ES:APTF:2011:816A |
| Número de Recurso | 354/2011 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 98/2011 |
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª |
AUTO
Rollo núm. 354/2011.
Autos núm. 512/2011.
Juzgado de 1a Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife .
Ilmos. Sres.
PRESIDENTE
Don Pablo José Moscoso Torres.
MAGISTRADOS
Don Emilio Fernando Suárez Díaz.
Dona Pilar Aragón Ramírez.
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En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de julio de dos mil once.
En los autos núm. 512/2011 del Juzgado de 1a Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, promovidos por los trámites del procedimiento Monitorio, se dictó auto, el 28 de marzo de dos mil diez, en cuya parte dispositiva literalmente se acordaba lo siguiente: « SE ACUERDA no admitir a trámite la solicitud inicial para conocer del proceso monitorio instada por Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.,, frente a D. Florian .»
Notificada debidamente esta resolución, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandante, la entidad SANTANDER CONSUMER EFC, S.A., mediante el que solicitaba que se tuviera por preparado recurso de apelación contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado que acordó, además, emplazar a dicha parte por veinte días para la interposición de tal recurso; en el plazo conferido, se interpuso por escrito dicho recurso con exposición de las alegaciones en que se fundaba la impugnación.
Remitidos los autos con el escrito del recurso a esta Sala, una vez recibidos se acordó incoar el presente rollo y designar Ponente, quedando las actuaciones a la vista para dictar la resolución que corresponda.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto siendo Ponente la Ilma. Sra. Dona Pilar Aragón Ramírez.
Contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que inadmite a trámite la demanda de procedimiento monitorio en reclamación de la suma de
16.803,54 euros, por no acompanar a la demanda ningún documento mediante el que se liquide la deuda reclamada se alza la representación procesal de la parte actora, la entidad mercantil Santander Consumer EFC S.A., solicitando su revocación, alegando a tal efecto, como motivo del recurso, la infracción por interpretación errónea del art. 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Argumenta así el recurrente que, en el presente caso se reclama el pago de una deuda dineraria, vencida y exigible que se acredita con la documental relativa al contrato de préstamo suscrito entre las partes, y a la falta de pago de las cuotas mensuales a que se obligada el prestatario.
Así planteados los términos del debate en esta segunda instancia, lo primero que debemos subrayar es que, como con acierto senala el recurrente, la denominada jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, ha mantenido de forma predominante, la posibilidad de acudir al proceso monitorio con base en el incumplimiento del contrato de financiación a comprador de bienes muebles, cuando este deja de abonar las cuotas del préstamo según la manifestación del acreedor, pues del mismo se desprende con claridad el importe de la deuda reclamada. El criterio se proclama en las resoluciones de otras Audiencias que se citan en el escrito del recurso de apelación, pero también en las de esta Sección Cuarta de la Audiencia, en cuyo auto de 9 de septiembre de 2002 (rollo 400/02 ), se senalaba lo siguiente:
La entidad solicitante (ahora apelante) acompanaba como documento que justificaba su petición un "financiación a comprador de bienes muebles" en el que los demandados se obligaban al pago de una determinada cantidad, a satisfacer en cuotas mensuales constantes y en el que se estipulaba la facultad del financiador para exigir la deuda pendiente en caso de falta de pago de alguna de las cuotas previstas; se trata, pues, de un documento que, a juicio del Tribunal, constituye un principio de prueba del derecho pretendido respecto de la existencia de una deuda dineraria vencida, exigible y de cantidad determinada; y este principio de prueba respecto de la existencia de la deuda, completado con la manifestación del peticionario de la falta de cumplimiento por los deudores respecto de las cuotas vencidas a las que alude en su escrito, justifica la admisión a trámite de la petición para formular el requerimiento procedente al cumplirse los requisitos exigidos en los artículos 812.1.1o y 815.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de que los deudores puedan oponerse al mismo alegando las excepciones de que dispongan y, en concreto, el pago de la cantidad reclamada.
Ahora bien, en este caso, la cuestión controvertida, no puede resolverse, como pretende el recurrente con el criterio transcrito, ya que más allá de las exigencias procesales que nos obligan a examinar si los documentos aportados ofrecen una buena apariencia jurídica de la deuda reclamada, ex art. 812
L.E.C ., en este supuesto se plantea un problema de fondo, cuál es, la liquidez de la deuda motivadora de estas actuaciones, ya que la misma trae causa de un contrato de préstamo y financiación celebrado con un consumidor, en cuyo clausulado se aprecian, -como examinaremos a continuación algunas estipulaciones que este Tribunal considera merecedoras del calificativo de abusivas, y que son precisamente las que han servido de base para la cuantificación de la deuda reclamada. Calificación jurídica que resulta de su análisis desde la óptica de la legislación vigente, que en este caso, por razón de la fecha del contrato, se integra, por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley 7/1995, de 23 de marzo, del Crédito al Consumo, Ley 7/1998, de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación, y la normativa comunitaria de aplicación, en especial, la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Carácter abusivo que cabe predicar, de una parte, de la cláusula que impone un tipo de interés de demora que para el tipo de contrato como el suscrito entre las partes, es del tipo nominal mensual del 2,0000% y la tasa anual equivalente es del 24%. Tipo de interés cuyo carácter abusivo, resulta, tanto de tomar como referencia, -como sostiene la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 23 de junio de 2010, reproducida en el Auto de esta misma Sala de 5 de julio pasado, "los criterios instaurados por el Legislador para actuaciones análogas en el art. 19.4o de la Ley de Crédito al Consumo, reflejado igualmente en el art. 29 de la Disposición Adicional Primera de la Ley de 19 de julio de 1984, que establece un interés máximo aplicable a los descubiertos en cuentas corrientes 2,5 veces al interés legal del dinero (...); como el criterio sentado por la citada Audiencia y otras, en sus sentencias de 18 de septiembre de 2009 y de 23 de junio de 2010 ; resolución esta última en las que se viene a declarar que "en la presente resolución se intenta no aplicar una cuantía nacida de un criterio que puede resultar arbitrario, como sería fijar un porcentaje sin base objetiva alguna; al mismo tiempo, hacer uso del art. 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo en operaciones negociales distintas a las reguladas en la misma, tampoco parece adecuado, y por último, el hecho de que la Ley antes citada de 2004, en el marco de la lucha contra la morosidad, aun cuando se refiere a...
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SAP Cuenca 228/2019, 27 de Junio de 2019
...de intereses abusivos en el caso de que se imponga a consumidores. Por su parte, según expone el Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, de 8 Julio de 2011 el "Carácter abusivo que resulta asimismo de la aplicación al caso de la doctrina sentada por esta Audie......