SAP Madrid 336/2011, 28 de Septiembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 336/2011 |
| Fecha | 28 Septiembre 2011 |
ROLLO Nº 270/11-RJ
JUICIO DE FALTAS 1300/10
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ALCOBENDAS
SENTENCIA Nº 336/11
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN 17ª
En Madrid, a 28 de septiembre de 2011.
El Ilmo. Sr. D. Carlos Águeda Holgueras, Magistrado de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de reparto, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, ha visto en segunda instancia la presente apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcobendas, conforme al procedimiento establecido en el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con causa en el recurso de apelación interpuesto por Alejandra .
El Juzgado de Instrucción 4 de Alcobendas dictó sentencia con fecha 25 de abril de 2011
, cuyo Fallo dice: "Que debo condenar y condeno a Dña. Alejandra como autora penalmente responsable de una falta de lesiones, a una pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, lo que supone en total una multa de 180 euros que deberá abonarse de una sola vez en un plazo máximo de 10 días desde la fecha en que se efectúe el requerimiento judicial de pago, quedando sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas que podrá cumplirse en régimen de localización permanente, con expresa imposición de las costas procesales".
Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la representación procesal de Alejandra, formulando por escrito sus motivos de impugnación. De sus recursos se dio traslado a las demás partes que presentaron sus escritos de alegaciones.
Remitidos los autos a la Sección Diecisiete de la Audiencia Provincial, fue incoado el correspondiente rollo por diligencia de fecha 5 de septiembre de 2011, y quedaron los autos vistos para resolución.
HECHOS PROBADOS
SE ACEPTAN los que constan relatados en la sentencia recurrida.
Nos hallamos ante una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcobendas en cuya virtud se condena a Alejandra como autora de una falta de lesiones.
Contra dicha sentencia interpone Alejandra recurso de apelación, alegando indefensión, lo que produciría nulidad de actuaciones en el procedimiento, por el hecho de que el Juzgado no habría tenido en cuenta que el 5 de enero de 2011 habría comunicado que le habría surgido un trabajo en Londres por tres meses, trabajo que comenzaría el 6 de enero de 2011 y finalizaría el 6 de abril de 2011. Explica que la vista inicialmente señalada para el 9 de febrero de 2011 se habría suspendido por motivos de agenda, señalándose nueva vista para el 18 de febrero de 2011 y, por tanto, sin tener en cuenta las circunstancias alegadas por la hoy recurrente para solicitar la suspensión. Manifiesta, por tanto, que no habría sido legalmente citada y que no habría podido acudir al juicio por motivos de trabajo. Por lo que solicita se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la vista y se señale una nueva celebración de juicio.
El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso interpuesto.
Esta Audiencia Provincial ha señalado que el recurso de apelación constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y posibilita el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia (artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), lo que en principio no revestiría especial problemática respecto de la aplicación del Derecho llevada a cabo en la primera instancia -en orden a la subsunción de los hechos objeto del proceso en las normas jurídicas tanto el Juez a quo como el Tribunal ad quem se hallan en una similar posición institucional-, no cabe, por el contrario, efectuar igual afirmación en lo que respecta a la revisión en vía de apelación de la apreciación probatoria efectuada en primera instancia. La razón estriba en la más que asentada doctrina jurisprudencial -de reproducción ociosa por ser sobradamente conocida-, según la cual cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico (artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron. Y ello, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, todo lo cual, sin duda alguna tiene una trascendencia fundamental en lo que afecta a la prueba testifical (modo de narrar los hechos, expresión, comportamiento, dudas, rectificaciones, vacilaciones, seguridad, coherencia etc.) y a la del examen del acusado, y no tanto respecto de la valoración del contenido de documentos o informes periciales, pues en principio nada obstaría una nueva valoración de los mismos en la segunda instancia. De las ventajas antes aludidas y derivadas de los principios enunciados carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar - en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas (facultad plenamente compatible con los principios de presunción de inocencia y tutela judicial efectiva) siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85 ; 23/6/86 ; 13/5/87 ; 2/7/90 entre otras) ( SAP Madrid, Sección Séptima, de 16 mayo 2007 ). Según el Tribunal Constitucional, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium ( SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995 ). Si bien se excluye toda posibilidad de una reformatio in peius, esto es, de una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia que no sea consecuencia de una...
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