SAN, 14 de Enero de 2003
| Ponente | SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 6ª |
| ECLI | ES:AN:2003:9298 |
| Número de Recurso | 576/1999 |
SENTENCIA
Madrid, a catorce de enero de dos mil tres.
VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 576/99 seguido a instancia de "Grupo Torras
SA", representada por la Procuradora Dª. Isabel Julia Corujo, con asistencia letrada, contra la
Administración del Estado, sobre resolución del TEAC, actuando en su representación y defensa la
Abogacía del Estado.
El recurso versó sobre la impugnación de la orden de ejecución de una sanción impuesta a
propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cuantía se fijó en más de 150.253 €,
e intervino como ponente el Magistrado Don Santiago Soldevila Fragoso.
La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:
Por el Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda se dictaron dos Ordenes de fecha 16-3-1994, en virtud de la cual se imponía a la recurrente las sanciones de multa de 400 millones de pts como autora de una infracción del art. 99 p) Ley 24/1988, decisión recurrida ante la Audiencia Nacional (rec. nº 266/94, pendiente ante el TS) y cuya ejecución fue suspendida cautelarmente por esta Audiencia mediante Auto de 8-2-1995 condicionada a la prestación de fianza que no se depositó. Mediante la segunda Orden se impusieron a la recurrente dos sanciones de 450 millones de pts cada una, también recurridas ante esta Audiencia (rec. nº 268/94 pendiente ante el TS), y cuya ejecución fue suspendida en los mismos términos que la anterior por Auto de 7-2-1995.
Mediante providencias de apremio de fecha 20-4-1994, notificadas el 21-7-1994, la Administración procedió a ejecutar las sanciones con el incremento del recargo de apremio por no haberse efectuado el ingreso en plazo.
La vía económico-administrativa se agotó en la resolución del TEAC de 3-12-1998.
Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo frente a la anterior resolución, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho.
La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:
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Ejecutividad de las sanciones: infracción del art. 138 Ley 30/1992.
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Tutela judicial efectiva. Invoca la doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de esperar para la ejecución de sanciones al pronunciamiento judicial y la STC 78/1996.
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Falta de competencia de la Administración:
Invoca el art. 95 Ley 30/1992, del que deduce impone la obligación a la Administración de dilatar la ejecución del acto hasta que los tribunales se pronuncien.
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Suspensión jurisdiccional:
La ejecución del acto contravino la orden de suspensión dictada por la Audiencia Nacional.
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Defectos en el expediente administrativo causantes de indefensión por desordenado e incompleto.
La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.
Para sostener esta pretensión se alegó que no se acreditó la existencia de defectos formales en el expediente y que en ese caso debió la parte invocar el art. 63.2 LJCA. Por otra parte, subraya que la suspensión se condicionó a la prestación de caución que no se constituyó en plazo. Por otra parte, la sanción se ejecutó una vez se había agotado la vía administrativa.
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