SAN, 22 de Noviembre de 2006
| Ponente | DIEGO CORDOBA CASTROVERDE |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2006:5413 |
| Número de Recurso | 876/2004 |
EDUARDO MENENDEZ REXACH FRANCISCO DIAZ FRAILE JOSE LUIS TERRERO CHACON ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
SENTENCIA
Madrid, a veintidos de noviembre de dos mil seis.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del
presente recurso contencioso-administrativo numero 876/2004, interpuesto por la procuradora de los
Tribunales doña Concepción Montero Rubiato, actuando en nombre y representación de D. Juan Antonio, contra la resolución del Ministerio de Justicia de 11 de marzo de 2004, confirmada en
reposición por resolución de 20 de julio de 2004, por la que se denegó la solicitud de nacionalidad
por residencia al recurrente. Ha sido parte la Administración del Estado, asistida y representada por
el Abogado del Estado.
Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 19 de noviembre de 2004 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución recurrida y se declare el derecho de la demandante a la concesión de la nacionalidad española.
La Administración demandada, una vez conferido el tramite pertinente para contestar la demanda, presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.
Tras la practica de las pruebas que se consideraron pertinentes, con el resultado obrante en las actuaciones, y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se confirió traslado a las partes por termino de diez días para la formulación de conclusiones. Presentados los oportunos escritos quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 21 de noviembre del presente año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo PONENTE el Magistrado ILMO. SR. D. Diego Córdoba Castroverde.
El presente recurso se impugna la resolución del Ministerio de Justicia de 11 de marzo de 2004, confirmada en reposición por resolución de 20 de julio de 2004, por la que se denegó la solicitud de nacionalidad por residencia al recurrente sobre la base de no haber justificado suficiente buena conducta cívica al haber sido condenado por una falta de lesiones.
El recurrente aduce en apoyo de su pretensión que presenta una buena conducta cívica tanto en su país de origen como durante su larga estancia en España (tiene permiso de trabajo desde diciembre de 1991) y que el único hecho que se le imputa como determinante de su falta de buena conducta se centra en una condena por una falta de lesiones que se produjo como consecuencia de una riña con un compañero de trabajo que previamente le provoco con insultos de carácter xenófobo y racista llamándole "moro asqueroso te voy a mandar a tu país, hijo de puta", hechos que se iniciaron con posterioridad a su solicitud de nacionalidad y que, a su juicio, no revisten gravedad suficiente para entender que ha guardado buena conducta en territorio nacional a los efectos de adquirir la nacionalidad española.
Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS, 29 de Octubre de 2010
...dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo nº 876/2004, sobre denegación de la nacionalidad Ha comparecido en el presente recurso, como parte recurrida, la Administración General del Estado, represen......