AAP Madrid 475/2008, 16 de Julio de 2008
| Ponente | MARIO PESTANA PEREZ |
| ECLI | ES:APM:2008:10326A |
| Número de Recurso | 444/2008 |
| Procedimiento | APELACION AUTOS |
| Número de Resolución | 475/2008 |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 2ª |
CG AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN SEGUNDA
ROLLO RT 444/2008.
Diligencias Previas núm. 1.657/2008.
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid.
A U T O Nº 475/08
Ilmos/as Sres/as de la Sección Segunda
PRESIDENTA: Dª Mª DEL CARMEN COMPAIRED PLO
MAGISTRADO: D. MARIO PESTANA PEREZ
MAGISTRADO: D. RAFAEL ESPEJO SAAVEDRA SANTA EUGENIA
En Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil ocho
VISTO, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Madrid, el recurso de apelación interpuesto por la Letrada Dña.
Ana María Muñoz Domínguez, en representación de D. David, contra el Auto dictado por el Juzgado de
Instrucción núm. 5 de Madrid con fecha 10 de Abril de 2008; siendo parte apelada el Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. MARIO PESTANA PEREZ.
Por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid se dictó Auto con fecha 10 de Abril de 2008, en el marco de las Diligencias Previas núm. 1657/2008, en cuya resolución se decretó la medida cautelar de prisión provisional de David .
Por la referida representación Letrada de David se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el indicado Auto de fecha 10 de Abril de 2008 . En virtud de Auto dictado el día 5 de Mayo de este año por el citado Juzgado de Instrucción, se desestimó el recurso de reforma interpuesto. El Ministerio Fiscal impugnó el recurso de apelación e interesó la confirmación de la resolución recurrida. TERCERO.- Recibidas que fueron las actuaciones en esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, se formó el oportuno rollo, señalándose día para deliberación, la que tuvo lugar el día de hoy.
La Defensa recurrente alega, en síntesis, que David es toxicómano, y que el día de los hechos se encontraba bajo el síndrome de abstinencia; que el apoderamiento de la bolsa se produjo sin violencia, y, además, el imputado fue inmediatamente detenido. Con invocación del artículo 17 de la Constitución Española, aduce que la prisión provisional no puede tener el carácter de pena anticipada y que sólo puede justificarse de cara a evitar que el imputado eluda la acción de la justicia, y subraya que David tiene domicilio conocido, además de requerir tratamiento de deshabituación, y considera que caben alternativas cautelares menos gravosas que la medida adoptada. Posteriormente, con fecha 27 de Junio de 2008, la Defensa recurrente formuló escrito de alegaciones y señaló particulares. En dicho escrito reiteró la doctrina constitucional en materia de prisión preventiva, y señaló que no se ha valorado la condición de toxicómano de David, añadiendo que no cabe apreciar riesgo de fuga dado el arraigo del imputado, ni tampoco de destrucción de pruebas, e interesa, en definitiva, que se decrete la libertad provisional del mismo.
El Ministerio Fiscal impugna el recurso e interesa la confirmación de la resolución recurrida. Señala que se dan los requisitos previstos en los artículos 503 y 504 L.E.Crim . al existir indicios de comisión por el imputado de un delito de robo con violencia e intimidación; que la pena imponible hace imprescindible el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional para evitar el riesgo de fuga y prevenir la reiteración delictiva, y destaca los múltiples antecedentes policiales y penales del imputado, todos ellos por delitos contra la propiedad.
La doctrina constitucional en materia de prisión provisional -SSTS 128/1995, 14/1996, 62/1996, 179/1996, 44/1997, 66/1997, 67/1997, 177/1998, 18/1999, 33/1999, 14/2000, 47/2000, 165/2000, 304/2000, 29/2001, 61/2001, 8/2002, 23/2002, 98/2002, 138/2002, 142/2002, 144/2002, 82/2003, 121/2003, 198/2003, 22/2004, 81/2004, 120/2004, 179/2005, 333/2006, 35/2007 y 79/2007 ), puede sintetizarse en los términos que a continuación se exponen:
La legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su aplicación tenga como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y como fundamento, la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de la medida. Además, tanto en su adopción como en su mantenimiento, la prisión provisional ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, provisional, necesaria y proporcionada a los fines que constitucionalmente la justifican y delimitan.
En cuanto a la concreción de éstos, merecen tal consideración aquellos que responden a la conjuración de ciertos riesgos relevantes que, teniendo su origen en el imputado, se proyectan sobre el desarrollo normal del proceso o la ejecución del fallo, así como, en general, sobre la sociedad: la sustracción a la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva.
Se trata, pues, de una medida justificada en esencia por la necesidad de asegurar el proceso, siendo este fundamento justificativo el que traza la línea de demarcación con otro tipo de privaciones de libertad y condiciona, a la vez, su régimen jurídico. Esa finalidad cautelar y no represiva es precisamente lo que permite acordarla sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia
De otra parte, debe hacerse hincapié en la necesidad de distinguir nítidamente dos momentos procesales diversos a la hora de realizar el juicio de ponderación sobre la presencia de los elementos determinantes de la constatación del riesgo de fuga: el momento inicial de adopción de la medida y aquel otro en que se trata de decidir el mantenimiento de la misma pasados unos meses. De forma que, tal como se argumenta en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 27-VI-1968 : asunto Neumeister c. Austria; de 10-XI-1969: asunto Matznetter; de 27-VIII-1992: asunto Tomasi c. Francia; y de 26-I- 1993: asunto W c. Suiza) si en un primer momento cabría admitir que para preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional su adopción inicial se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, el transcurso del tiempo modifica estas circunstancias y por ello en la decisión de mantenimiento de la medida deben ponderarse inexcusablemente los datos personales del preso preventivo así como los del caso concreto (SSTC 128/1995, 62/1996, 60/2001, 179/2005, 333/2006 y 79/2007 ), entre los cuales se ha admitido como fundamento para la adopción de la medida la proximidad del juicio oral (SSTC 35/2007, 149/2007, 150/2007, 151/2007 y 152/2007 ).
En lo que respecta al tema concreto de la motivación de la prisión provisional, el Tribunal Constitucional advierte que la falta de una motivación suficiente y razonable de la decisión de prisión provisional no supondrá sólo un problema de falta de tutela, propio del ámbito del art. 24.1, sino prioritariamente un problema de lesión del derecho a la libertad, por su privación sin la concurrencia de un presupuesto habilitante para la misma. La motivación exigible a supuestos de resoluciones judiciales que afectan de algún modo -aunque no pueda conceptualmente admitirse que vulneren- el derecho fundamental a la libertad debe ser particularmente rigurosa... en la medida en que está en juego el valor superior de la libertad, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, no sólo exige resoluciones judiciales motivadas, sino motivaciones concordantes con los supuestos en los que la Constitución permite la afectación de ese valor superior (STC 88/1998 ).
Tales exigencias han sido enfatizadas con la nueva doctrina de la motivación reforzada, en virtud de la cual el TC afirma que deben tenerse en cuenta los varios supuestos en que este Tribunal ha venido exigiendo un específico, y reforzado, deber de motivar las resoluciones judiciales, en tanto que exigencia directamente derivada de la Constitución. Tal cosa ocurre cuando se ven afectados otros derechos fundamentales; cuando se trata de desvirtuar la presunción de inocencia,...
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