ATS, 12 de Mayo de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Mayo 2009 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a doce de Mayo de dos mil nueve
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- La representación procesal de "OLVA PROYECTOS URBANOS, S.L.", presentó el día 12 de abril de 2007 escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia dictada, con fecha 20 de diciembre de 2006, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Octava), en el rollo de apelación nº 645/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 784/2005 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valencia.
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- Mediante Providencia de 23 de abril de 2007 se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes.
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- La Procuradora Dª Adela Cano Lantero, en nombre y representación de "OLVA PROYECTOS URBANOS, S.L.", presentó escrito ante esta Sala el día 8 de mayo de 2007, personándose en concepto de parte recurrente . La Procuradora Dª Rosa Mª Martínez Virgili, en nombre y representación de "CONSTRUCCIONES VILCHES VARÓ, S.L.", presentó escrito ante esta Sala el día 24 de septiembre de 2007, personándose en concepto de parte recurrida.
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- Por Providencia de fecha 10 de marzo de 2009 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso, a las partes personadas.
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- Mediante escrito presentado el día 6 de abril de 2009 la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que el recurso cumple todos los requisitos exigidos por la LEC 2000 para acceder a la casación. La parte recurrida presentó escrito, de fecha 3 de abril de 2009, mostrando su conformidad con las causas de inadmisión manifestadas.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Juan Antonio Xiol Ríos, a los solos efectos de este trámite.
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- El presente recurso de casación tiene por objeto una Sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, por lo que es indiscutible la sujeción de la preparación del recurso al régimen que ésta establece. Por otro lado, puso término a un juicio ordinario que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, fue tramitado en atención a su cuantía, con la consecuencia de que su acceso a la casación se halla circunscrito al ordinal segundo del citado art. 477.2 de la LEC 2000, habida cuenta el carácter distinto y excluyente de los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC 2000, lo que requiere una cuantía superior a los veinticinco millones de pesetas, según criterio reiterado de esta Sala en numerosos recursos de queja y de inadmisión del recurso de casación y que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en Autos 191/2004, de 26 de mayo, 201/2004, de 27 de mayo y 208/2004, de 2 de junio y en Sentencias 150/2004, de 20 de septiembre, 164/2004, de 4 de octubre, 167/2004, de 4 de octubre y 3/2005, de 17 de enero, estableciendo dichas resoluciones que tal criterio, adoptado en Junta General de Magistrados celebrada el 12 de diciembre de 2000, no supone vulneración del art. 24 de la Constitución Española.
La parte recurrente preparó recurso de casación al amparo del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC, alegando que la cuantía del procedimiento superaba los ciento cincuenta mil euros, fijaba como preceptos infringidos por la Sentencia recurrida los arts. 1098, 1101, 1104, 1596, 1089, 1091, 1593, 7 y 1258 del Código Civil, así como el art. 348 de la LEC .
Utilizado el cauce del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC, en el escrito de preparación y, habida cuenta que el procedimiento se sustanció por razón de la cuantía, resulta ajustada a derecho la vía del ordinal 2º del precepto referenciado, habida cuenta que la cuantía del procedimiento supera los 150.000 euros exigidos legalmente para acceder a la casación.
Por su parte el escrito de interposición se articula en cuatro motivos : como primer motivo se alega la infracción de los arts. 1101, 1104, 1124 y 1596 del Código Civil, entendiendo que la recurrente no ha de ser condenada a abonar los trabajos de reparación por obras mal ejecutadas o de repaso; como segundo motivo alega la vulneración de los arts. 1089, 1091 y 1593 del Código Civil, en materia de interpretación del contrato litigioso; como tercer motivo, alega la vulneración del art. 348 de la LEC, y de los arts. 1101 y 1104 del Código Civil, en cuanto a la valoración del informe pericial; y como cuarto motivo aduce la infracción del art. 7.1 del Código Civil, en relación con la doctrina jurisprudencial de los actos propios.
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- El recurso de casación interpuesto, respecto de los motivos primero, segundo y cuarto, no puede prosperar al incurrir en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2º de la LEC 2000, en relación con los arts. 481.1 y 477.1 de la LEC 2000, por no ajustarse a los requisitos establecidos en el citado precepto legal.
A tal efecto conviene recordar que esta Sala, en Autos resolutorios de recursos de queja y de inadmisión de recursos de casación interpuestos, con ocasión del examen los requisitos exigibles al escrito preparatorio del recurso de casación - indicación de la infracción legal cometida y, en su caso, acreditación del "interés casacional"- y muy especialmente al precisar el ámbito de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, ya en fase de interposición del recurso, ha reiterado que el recurso de casación implica plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, en cuanto dicho recurso, por su función nomofiláctica (función del Tribunal Supremo consistente en depurar las normas legales fijando su correcta interpretación), tiene una clara finalidad de control en la aplicación de la norma -a la que se añade, en el caso del recurso de casación basado en la existencia de "interés casacional", la más predominante, de creación de jurisprudencia- que, avanzando en la configuración que la LEC 1/2000 hace de la casación, ha llevado a esta Sala a declarar la improcedencia de aquellos recursos, incluso advertida por vía de queja en fase de preparación, en los que no se respetaba la base fáctica de la Sentencia impugnada, y también la de aquellos en los que se planteaba en el recurso una cuestión que, amparada en la apariencia generada por el cumplimiento de los requisitos puramente formales, no afectaba a los razonamientos en los que la Audiencia basaba la Sentencia de segunda instancia, planteando así una cuestión jurídica sustantiva que, de resolverse por este Tribunal, no afectaría al fallo perjudicial al recurrente que justifica el recurso, en cuanto la verdadera ratio decidendi (fundamento de la decisión) resultaba soslayada en el mismo.
Pues bien, la falta de ajuste a lo previsto en el art. 483.2.2º LEC no sólo es apreciable cuando no se ajustan los razonamientos del recurso a la base fáctica de la Sentencia impugnada o cuando no afectan a su ratio decidendi (fundamento de la decisión), también concurre cuando la parte recurrente, olvidando que no se halla ante una tercera instancia, intenta reproducir, sin más, la controversia ante esta sede desde su particular planteamiento, olvidando así que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, sino una modalidad de recurso extraordinario, en el que prevalece la finalidad de control de la aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial, lo que exige plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas, de un modo preciso y razonado, pero siempre sin apartarse de los hechos, pues no cabe la revisión de la base fáctica de la Sentencia de segunda instancia, como ya se ha dicho, de ahí que el vicio de la " petición de principio " o de hacer " supuesto de la cuestión ", continúe determinando inexorablemente la improcedencia del recurso de casación, que por la obvia razón de impedirle cumplir sus estrictas y específicas funciones, que están por encima de la defensa del " ius litigatoris " (interés de las partes), de manera tal que, aunque formalmente atribuye a la Sentencia impugnada la infracción de concretos preceptos sustantivos, sus argumentos discurren al margen de lo que constituiría un adecuado razonamiento de su vulneración, reiterando lo que tan sólo es su visión del litigio, circunstancia que de manera inevitable conduce a que el escrito de interposición discurra como un escrito alegatorio propio de la instancia y no, como resulta exigible, desarrollando adecuadamente -mediante la exposición de los fundamentos, según la literalidad del art. 481.1 LEC 1/2000 - las vulneraciones sustantivas que considera producidas en la Sentencia recurrida.
Conviene recordar en este punto que tales exigencias derivan de la propia naturaleza de este recurso y de su carácter especialmente restrictivo y exigente (SSTC 7/89 y 29/93 ), como esta Sala ha declarado con reiteración en la aplicación del art. 1707 de la LEC de 1881, por ello se encuentra implícita en el artículo 481.1 de la LEC 1/2000, de manera que este precepto impide la admisión, además de aquellos recursos carentes de fundamentación, también de aquellos en los que la parte, con cumplimiento aparente de los requisitos formales -denuncia de infracción sustantiva y exposición más o menos extensa de alegaciones- sólo pretende someter al Tribunal sus propias conclusiones sobre la controversia, pero no una verdadera infracción sustantiva.
Partiendo de lo anterior, la aplicación de cuanto se ha expuesto al caso que nos ocupa permite concluir que nos hallamos ante un supuesto de interposición no ajustada a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que, la parte recurrente, sobre la base de no acatar ni los hechos declarados como probados por la Sentencia impugnada ni los propios razonamientos jurídicos de la misma, efectúa una nueva y favorable interpretación de la prueba practicada en autos, y esencialmente del contrato litigioso de fecha 19 de junio de 2003 (si bien respecto de éste no articula dicha interpretación vía arts. 1281 y siguientes del Código Civil ), así como de las facturas obrantes en autos, para concluir, fundamentalmente, que la entidad recurrente no ha de abonar las cantidades resultantes de trabajos de reparación de obras mal ejecutadas o bien de tareas de repaso. Sobre dichas cuestiones, la Audiencia Provincial, concluye motivada y exhaustivamente en los distintos Fundamentos de la Sentencia impugnada, confirmando los propios de la Sentencia dictada en Primera Instancia, sobre la acreditación de los extremos que comportan la condena de la entidad recurrente a la cantidad indicada. De todo ello, se deduce que lo verdaderamente planteado por la parte recurrente, no es más que una disconformidad con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Sentenciador, lo que sin duda no tiene cabida o cobertura en el recurso de casación interpuesto, y si y, en su caso, en el recurso extraordinario por infracción procesal.
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- El recurso de casación incurre, respecto del tercer motivo, en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.1º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 477.1 de la misma Ley, por cuanto a través del referido recurso de casación, ya en el momento de su preparación, se plantean cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación, al denunciarse como infringido el art. 348 de la LEC, relativo a "valoración del dictamen pericial", y ello pese a que en el motivo tercero del posterior escrito de interposición alegue igualmente preceptos de naturaleza sustantiva, puesto que los mismos se citan de modo instrumental, basándose dicho motivo en cuestiones probatorias, y por tanto, estrictamente procesales y no de fondo o jurídicas. Dicha cuestión reviste un carácter estrictamente procesal, de suerte que el recurso de casación utilizado por el recurrente no es el cauce de impugnación adecuado para denunciar tal infracción. A este respecto es preciso significar que el recurso de casación está limitado a una estricta función revisora de la aplicación de las normas sustantivas al objeto del proceso a que alude el art. 477.1 LEC 2000, y que debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes, relativas "al crédito civil o mercantil y a las situaciones personales o familiares", como señala la Exposición de Motivos de la LEC 2000, que directamente alude a que "las infracciones de leyes procesales" quedan fuera de la casación. El sistema de recursos de la nueva LEC 2000 no es en absoluto coincidente con la distinción entre "infracción de ley" y "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio", establecida inicialmente en la LEC de 1881, no pudiendo contraerse el recurso extraordinario por infracción procesal a los "vicios in procedendo" y atribuir el íntegro control de los "vicios in iudicando" al recurso de casación, pues el ámbito jurídico material al que se circunscribe este último determina un desplazamiento de los temas de índole adjetiva hacía la esfera del otro recurso extraordinario, a través del cual incumbe controlar las cuestiones procesales, entendidas en un sentido amplio, que no se circunscribe a las que enumera el art. 416 LEC 2000 bajo dicha denominación, sino que abarcan también las normas del enjuiciamiento civil que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión, de modo que los aspectos atinentes a la jurisdicción competente, procedimiento y acumulación de acciones, se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse, en su caso y si procede, en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, a la aplicación al supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, y en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma, en donde se resume el alcance de la infracción normativa que habrá de fundarlo, y en donde se concretan las cuestiones que constituyen el objeto del proceso a que ha de referirse la infracción normativa (art. 477.1 LEC 2000 ).
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- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC 2000, en cuyo siguiente apartado, el 5, se deja sentando que contra este Auto no cabe recurso alguno.
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- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y presentados escritos de alegaciones por las partes recurridas comparecidas procede imponer las costas a la parte recurrente.
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) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "OLVA PROYECTOS URBANOS, S.L.", contra la Sentencia dictada, con fecha 20 de diciembre de 2006, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Octava), en el rollo de apelación nº 645/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 784/2005 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valencia.
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) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.
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) IMPONER las costas procesales a la parte recurrente.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo por este Tribunal la notificación de la presente resolución a la parte recurrente y recurrida comparecidas en esta Sala.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
