STSJ Comunidad Valenciana 496/2010, 12 de Mayo de 2010
| Ponente | AGUSTIN MARIA GOMEZ-MORENO MORA |
| ECLI | ES:TSJCV:2010:4319 |
| Número de Recurso | 1268/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 496/2010 |
| Fecha de Resolución | 12 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
S E N T E N C I A NUM. 496-10
Ilmos. Sres. :
Presidente :
D. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.
Magistrados :
D.AGUSTIN GOMEZ MORENO MORA.
D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ PORTALES.
En la Ciudad de Valencia, a doce de mayo de dos mil diez.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo no 1268/2005, interpuesto por el Procurador Da.Rosa A.Perez Puchol, en nombre y representación de Da. Serafina, contra el Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado; y como codemandado el Ayuntamiento de Valencia, representado por el Letrado de su servicio jurídico.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.
La parte demandada contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Se señaló la votación para el día 28 de Abril de 2010, teniendo así lugar. Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. AGUSTIN GOMEZ MORENO MORA
El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto, contra la resolución de 5 de mayo de 2005 del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia que, en el expediente nº NUM000, fijó un justiprecio de 50.731,80 #.
El expediente NUM000 afectó a la finca nº NUM001, con una superficie de 987 m2, estando la parcela clasificada como suelo No Urbanizable. Fue expropiada por el Ayuntamiento de Valencia con motivo de la ejecución del Proyecto "Ejecución del Parque de Cabecera". Siendo beneficiaria de la expropiación A.U.M.S.A.
En el expediente administrativo consta que el propietario expropiado realizó la siguiente hoja de aprecio:
Suelo 987m2 x 21.457 ptas ( #)/m2.......21.178.059 ptas
Total justiprecio.......... 22.236.962 ptas (133.646,83 #),incluido el 5% de premio de afección
de1.058.903pts.
Por parte del Ayuntamiento de Valencia se aprobó la siguiente hoja de aprecio de la beneficiaria.
Suelo 987m2 x 10,82 #/m2.......10.679,34 #
5 % premio de afección............... 533,97 #
I.R.O.: 987m2 x 0'60 #/m2...592,20#
Total justiprecio.......... 11.805,51#
El Jurado Provincial de Expropiación de Valencia para fijar el justiprecio toma en consideración la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable, aplicando el método de comparación a partir de valores de fincas análogas, del art. 26 de la Ley 6/1998, y valora los bienes en los siguientes términos:
Suelo 987 m2 x 48 #/m2.......47.376 #
5 % premio de afección............... 2.368,80#
I.R.O.: 987 m2 x 1,00#/m2...987 #
Total justiprecio.......... 50.731,80#
La parte actora cuestiona el justiprecio fijado por el Jurado en lo concerniente al suelo, mostrando su desacuerdo con la valoración realizada por el Jurado; entendiendo a efectos de valoración el suelo debe considerarse como urbanizable. Pide que se fije un justiprecio acorde a su hoja de aprecio.
El Abogado del Estado y el Ayuntamiento de Valencia, se oponen a las pretensiones del demandante, solicitando la confirmación del acto impugnado.
Entrando en el análisis del acto impugnado, deberá determinarse que, según proclama constante Jurisprudencia, que la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1.992 reitera, los acuerdos de los Jurados merecen ser acogidos con el crédito y autoridad que se desprende de su doble composición técnico-jurídica y de su permanencia y estabilidad, lo cual, si bien no es óbice alguno para que los Tribunales puedan ordenar la nulidad de sus decisiones, para ello tiene que producirse una infracción de preceptos legales o un error o disconformidad patente con elementos de juicio que obren en el expediente o fueren aportados a los autos, gozando dichos organismos de la Administración Pública de cierta discrecionalidad técnica, a fin de determinar y concretar con exactitud el justo valor de los bienes expropiados, pudiendo hacer uso para lograrlo de las facultades previstas en el art. 43 de la Ley de Expropiación Forzosa, aportando sus miembros los conocimientos adquiridos por la diversa experiencia de cada uno de ellos; si no existe prueba que ante la jurisdicción contencioso-administrativa destruya las apreciaciones que hace el Jurado, ha de estarse a cuanto éste decidió, porque el recurso es un proceso a un acto que goza de la presunción de acierto.
El medio probatorio adecuado para destruir esta presunción es, en la generalidad de los casos y en éste, el dictamen pericial, prueba que puede acreditar que el Jurado no ha estado acertado al valorar determinados elementos expropiados, que son los controvertidos en el recurso o, en ocasiones, para rebatir el método de valoración utilizado.
Sobre la cuestión relativa a la valoración que el Jurado hace de los terrenos expropiados por el Ayuntamiento de Valencia, para la ejecución del Proyecto del Parque de Cabecera, considerándolos como suelo no urbanizable; esta Sala ya se ha pronunciado en anteriores sentencias, entre ellas la de 21-5-2008, dictada en el recurso nº 1412/05 ; que dice:
...esta Sala deberá entrar a examinar la valoración del suelo expropiado, lo que debe obligar a determinar con carácter previo la clasificación urbanística del suelo.
En tal sentido, no puede compartirse el método valorativo seguido por el Jurado, que parte de la clasificación urbanística del suelo como no urbanizable, aplicando para su valoración el art. 26 de la Ley 6/1998, de 13 de abril .
En efecto, resulta preciso realizar un pormenorizado examen del marco jurídico aplicable al supuesto litigioso, que acude necesariamente a la clasificación real del suelo en el momento de la expropiación, debiendo estar en el presente caso a la clasificación de los terrenos expropiados como suelo no urbanizable, sistema general, Parque de Cabecera, es decir, se expropian unos terrenos no urbanizables por el Ayuntamiento de Valencia para destinarlos a sistema dotacional local, en el que hay prevista la construcción de un parque zoológico y demás zonas de ocio de carácter municipal.
Así pues, teniendo en cuenta que el proyecto expropiatorio fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 24-7-1998, si bien la fecha a la que debe referirse la valoración es la de 3-5-2001, fecha de inicio del expediente de justiprecio, procederá fijar con carácter previo la normativa legal aplicable al supuesto de autos, habida cuenta que el Jurado Provincial de Expropiación de Valencia aplica de forma incorrecta dicha normativa.
En efecto, deberá partirse de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, en su redacción original, que dice:
"1. El suelo se valorará conforme a su clasificación urbanística y situación, en la forma establecida en los artículos siguientes".
No cabrá, pues, aplicar la redacción dada a dicha disposición legal por la Ley 53/2002, pues esa ley no establece ninguna disposición transitoria respecto a los preceptos que dicha ley modifica en la Ley 6/1998, mientras que, por el contrario, la Ley 10/2003, de 20 de mayo, sí que contempla una Disposición Transitoria Quinta , que dice:
"En los expedientes expropiatorios, serán aplicables las disposiciones sobre valoración contenidas en esta ley, siempre que no se haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa".
La ausencia de disposiciones transitorias en la Ley 53/2002 ha llevado a esta Sala a sostener que hay que aplicar los criterios generales de transitoriedad del Código Civil, que establece que las normas no son retroactivas, salvo que dispusieren otra cosa, de modo que los artículos reformados por aquella Ley 53/2002 sólo son aplicables a los expedientes de justiprecio comenzados después de su vigencia...
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