STSJ Comunidad de Madrid 1250/2010, 22 de Junio de 2010
| Ponente | JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ |
| ECLI | ES:TSJM:2010:9416 |
| Número de Recurso | 1089/2005 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 1250/2010 |
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 01250/2010
RECURSO Nº 1089/2005
SENTENCIA Nº 1250
----TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
----Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. Juan F López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Arturo Fernández García
D. Marcial Viñoly Palop
En la Villa de Madrid a veintidós de Junio de dos mil diez.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso- administrativo 1089/2005 número interpuesto por Pedro Jesús representado por el Procurador Don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar y asistido por el Letrado Don Juan A. Galán Fuentes contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid de fecha 28 de febrero de 2.005 correspondiente a la finca nº NUM000 - NUM001 del expediente de expropiación forzosa NUM002, del proyecto de expropiación Junta de Compensación de la Unidad de Gestión nº 5 PAU 5 de Móstoles . Ha sido parte la Comunidad de Madrid (Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid) y asistida y representada por el Letrado de los servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Madrid y como codemandado el Ayuntamiento de Móstoles representado por la Procuradora Doña María José Bueno Ramírez y asistido por el Letrado Don Eugenio Gutiérrez Cruz
Que previos los oportunos trámites el Procurador Don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar en nombre y representación de Pedro Jesús formalizó demanda el día 11 de octubre de 2.007 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que en su día se dictara Sentencia, por la que por la que estimando la demanda revoque la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid, de fecha 28 febrero 2005 decisoria sobre justiprecio de las finca expropiada ( NUM000 - NUM001 del proyecto; registral NUM003 ), declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado en la suma de 1.914.283 euros (272,69 m2 x 16.750 euros/m2 0,80 +30% como indemnización por división material del local), más el 5% de afección e intereses legales, con cargo a la beneficiaría de la expropiación, Junta de Compensación de la Unidad de Gestión n° 5 del PGOU de Mostotes.
Que asimismo se confirió traslado al Letrado de la Comunidad de Madrid, en la representación que ostentaba de la Comunidad de Madrid (Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid) para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado el 15 de Noviembre de 2.007, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando sentencia desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto y confirmando la legalidad del acto impugnado.
.Conferido traslado para contestación a la demanda por la Procuradora Doña María José Bueno Ramírez en nombre y representación del Ayuntamiento de Móstoles se presentó escrito el día 22 de mayo de 2.008 contestando dicha demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida, por ser la misma ajustada a Derecho, con imposición de costas a la parte demandante.
Por auto de 21 de julio de 2.008 se acordó recibir el recurso a prueba por término de quince días para proponer y otros treinta días para practicar, practicándose la admitida con el resultado que obra en las actuaciones.
Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo, el día 22 de junio de 2010 a las 10,00 horas de su mañana en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan F López de Hontanar Sánchez.
El Procurador Don Francisco Velasco Múñoz-Cuellar en nombre y representación de Pedro Jesús interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid de fecha 28 de febrero de 2.005 correspondiente a la finca nº NUM000 NUM001 del expediente de expropiación forzosa NUM002, del proyecto de expropiación Junta de Compensación de la Unidad de Gestión nº 5 PAU 5 de Móstoles
El recurrente expresa como motivos de oposición la existencia de error en los criterios de valoración dado que el valor del suelo, entiende, debe ser conforme con el valor real del mercado sin deducir los costes de urbanización al no haberse incorporado a la Junta de Compensación. Señala que la resolución no ha tenido en cuenta los derechos edificatorios correspondientes a la cuota proindivisa, asumidos por la Junta. Además se solicita indemnización por la división del local La defensa de la Comunidad de Madrid, además de la reiterativa presunción de acierto de las resoluciones del Jurado y está a la motivación del mismo.
Es cierto que el justiprecio se dirige a la conseguir la indemnidad patrimonial del afectado, mediante una equilibrada compensación por la privación singular de la que ha sido objeto de manera coactiva en razón del interés público. Como recoge la sentencia de 1 de febrero de 2005, es un hecho evidente e innegable, que la teoría jurídica de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, descansa sobre un pilar básico y fundamental instalado en la tercera fase del procedimiento, destinado a la fijación de un precio justo a los bienes expropiados con la idea de que la vigencia de este requisito, conserve en todo momento su carácter de norma constitucional y cumpla el fin perseguido por el Legislador, de dejar indemne la situación patrimonial del expropiado, mediante una equilibrada compensación en dinero que cubra satisfactoriamente el sacrificio económico realizado por aquel. En esta línea la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2002, recogida por la de 12 de junio de 2007, señala que el objeto del justo precio es «la compensación real del bien expropiado otorgando un valor de sustitución», matizando que «en ningún caso puede otorgarse otro de mejora y superior al que hasta entonces existía» y, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 19 de diciembre de 1986, manifiesta que «la indemnización debe corresponder con el valor económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede fijar distintas modalidades de valoración» y añade que «la garantía constitucional de la correspondiente indemnización concede el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al valor de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación». El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, en su sentencia de 26 de Octubre de 2006 recuerda que: "...de forma reiterada se ha dicho por esta Sala, en relación a los criterios seguidos por la Ley 6/98, así entre otras, en las Sentencias de 7 de Junio de 2006 y 19 de Octubre de 2.005, hemos dicho: "Por otro lado, ha de precisarse que, frente al criterio de la recurrente, la propia exposición de motivos de la Ley 6/1.998 afirma que, a partir de la misma, «no habrá ya sino un sólo valor, el valor que el bien tenga realmente en el mercado del suelo, único valor que puede reclamar para sí el calificativo de justo que exige inexcusablemente toda operación expropiatoria. A partir de este principio básico, la Ley se limita a establecer el método aplicable para la determinación de ese valor, en función, claro está, de la clase de suelo y, en consecuencia, del régimen jurídico aplicable al mismo y de sus características concretas». De ello claramente se deduce que la valoración, que se concreta en los artículos 23 y siguientes de dicha Ley, responde al intento del legislador de establecer criterios que determinen el valor justo del terreno, que la propia Ley identifica con el del mercado, estableciendo para ello el método aplicable en función de la clase de suelo, del régimen aplicable al mismo y de sus características concretas, por lo que ha de rechazarse cualquier valoración que excluya, como pretende la recurrente, la aplicación del valor de mercado como identificado como el valor justo que según la Ley constituye el objetivo del sistema de valoración según la clase del terreno"...".
Alegada por la demandada la presunción de acierto de las operaciones de determinación del justiprecio realizadas por el Jurado debemos tener en cuenta la que es doctrina reiterada de esta Sala respecto la situación de las presunciones en la materia, derivada de lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad por ella misma interpuesto al respecto. Al decir la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de julio de 2006 que las disposiciones cuestionadas de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, y del Decreto 71/1997, de la misma Comunidad son conformes al Ordenamiento, este Tribunal debe extraer las oportunas consecuencias en relación con las presunciones que ocupan el núcleo de la labor defensiva de la parte demandada. De una parte debemos recordar que los actos administrativos, como son los...
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