STS, 27 de Enero de 2010
| Ponente | NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN |
| ECLI | ES:TS:2010:529 |
| Número de Recurso | 1883/2006 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil diez.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el número 1883/2006 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CSI-CSIF, representado por la Procuradora doña Beatriz Martínez Martínez, contra la sentencia de 20 de febrero de 2006 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (en el recurso contencioso-administrativo núm. 185/2002).
Siendo parte recurrida la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, representada por el Procurador don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar.
La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva que copiada literalmente dice:
"
F A L L A M O S
1. Inadmitimos el recurso contencioso administrativo planteado.
2. No hacemos imposición de costas".
Notificada la anterior sentencia, por la representación de CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CSI-CSIF se promovió recurso de casación y la Sala de instancia lo tuvo por preparado y remitió las actuaciones a este Tribunal con emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones, por la representación de la parte recurrente se presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras expresar los motivos en que lo apoyaba, se terminaba con este Suplico a la Sala:
"(...) dicte sentencia por la que casando la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla La Mancha, remita las actuaciones a la Sala de instancia para que resuelva la cuestión de fondo planteada en nuestro escrito de demanda".
Por auto de 10 de abril de 2008 de la Sección Primera de esta Sala Tercera del tribunal Supremo se acordó lo siguiente:
"Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la "Confederación Sindical Independiente y de Funcionarias, CSI-CSIF, contra la Sentencia de 20 de febrero de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso nº 185/02, en relación con el motivo de casación amparado en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional ; así como la admisión del recurso respecto del motivo fundado en el apartado c) de dicho precepto, y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Séptima de esta Sala, de conformidad con las reglas de reparto de asuntos".
La representación procesal de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA se ha opuesto al recurso de casación pidiendo que se declare ajustada a derecho la sentencia recurrida.
Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 13 de enero de 2010 .
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala
La sentencia que se recurre en esta casación inadmitió el recurso contencioso-administrativo que la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CSI-CSIF había interpuesto contra el Decreto 8/2002, de 15 de enero de 2002, de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha, por el que se regulaban las retribuciones del personal docente no universitario dependiente de la Consejería de Educación y Cultura.
Acogió para ello la falta de capacidad procesal que, con fundamento en lo establecido en el artículo
69.b) de la Ley Jurisdiccional, había sido aducida por la Administración demandada, y desde el alegato de que el Acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo Autonómico de CSI-CSIF, acompañado al escrito de demanda, no justificaba que, conforme a los Estatutos del mencionado sindicato, dicho órgano fuese el llamado a decidir la impugnación del Decreto 8/2002, de 15 de enero de 2002, de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha .
La sentencia de instancia, para justificar ese pronunciamiento, añadió también (en su fundamento de derecho primero) lo siguiente:
"Pues bien, esgrimido este alegato en la contestación a la demanda, la parte actora, ni en el plazo regulado por el art. 138.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, ni en fase probatoria, ni con su escrito de conclusiones, ha aportado los Estatutos reclamados por la demandada para poder comprobar que, conforme a los mismos, el órgano que adoptó el acuerdo de recurrir era el órgano competente para tomar tal decisión; en realidad, ni siquiera ha comentado o discutido la excepción opuesta de contrario. Puede consultarse, en relación con la imperiosa necesidad de aportar los Estatutos más el acuerdo adoptado, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2003 (recurso de casación 5188/2000 ), que hace un completo recorrido sobre la doctrina jurisprudencia en la materia. A la vista de ello, y con base en el propio alegato de la Administración que ya se ha transcrito, procede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo".
El actual recurso de casación ha sido interpuesto también por la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CSI-CSIF, cuyo único motivo admitido por esta Sala, amparado de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción (LJCA), denuncia la infracción de los artículos 45.2.d) y 138.2 de ese mismo texto legal, en relación con el artículo 24 de la Constitución.
Para sostener ese reproche se aduce, en primer lugar, que ante la Sala de instancia se han seguido muchos recursos contencioso-administrativos promovidos por el sindicato aquí recurrente y la Administración demandada le ha reconocido reiteradamente la capacidad procesal al Comité Ejecutivo Autonómico de CSI-CSIF en Castilla-La Mancha; y que así ha ocurrido en varios interpuestos en 2004 y 2005 y, especialmente, en el proceso que se promovió contra otro Decreto, el núm. 43/2005, de 26 de mayo de 2005 . Y se añade que la Sala de instancia con la decisión adoptada en la sentencia recurrida ha vulnerado la doctrina de los actos propios y el principio de seguridad jurídica.
Más adelante, la infracción del artículo 45.2.d) de la LJCA se intenta defender mediante la afirmación de que con el certificado aportado en el procedimiento quedó acreditada la legitimación para la acción en el recurso que nos ocupa.
Y la del artículo 138.2, también de la LJCA, pretende derivarse del hecho de que la Sala de instancia, si entendía (...) no (...) suficientemente acreditada la legitimación, debía haber requerido a CSI-CSIF para que en el plazo de diez días aportase sus Estatutos.
La reciente sentencia de 5 de noviembre de 2008 del Pleno de esta Sala (casación núm. 4755/2005 ) ha abordado la cuestión que plantea el recurso de casación en sentido contrario a lo que en él se postula, y lo ha hecho, tras tomar en consideración que sobre la misma no ha existido una jurisprudencia uniforme, con la finalidad de zanjar esas diferencias y fijar para el futuro la doctrina que procede tras la nueva Ley Jurisdiccional de 1998 .
De dicha sentencia, cuya doctrina procede aquí reiterar, deben destacarse estas declaraciones:
"(...) A diferencia de lo dispuesto en el artículo 57.2 .d) de la Ley de la Jurisdicción de 27 de diciembre de 1956, que se refería sólo a las "Corporaciones o Instituciones" cuando imponía que al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se acompañara "el documento que acredite el cumplimiento de las formalidades que para entablar demandas exijan a las Corporaciones o Instituciones sus leyes respectivas"; hoy el artículo 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción de 13 de julio de 1998, de modo más amplio, más extenso, se refiere a las "personas jurídicas", sin añadir matiz o exclusión alguna, disponiendo literalmente que a aquel escrito de interposición se acompañará "el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado".
Por tanto, tras la Ley de 1998, cualquiera que sea la entidad demandante, ésta debe aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso competa, o bien el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpore o inserte en lo pertinente la justificación de aquel acuerdo.
Una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad. Obvia es la máxima trascendencia que la acreditación de esto último tiene para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, pues siendo rogada la justicia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo primero que ha de constatarse es que la persona jurídica interesada ha solicitado realmente la tutela judicial, lo que a su vez precisa que tome el correspondiente acuerdo dirigido a tal fin, y que lo tome no cualquiera, no cualquier órgano de la misma, sino aquél al que la persona jurídica ha atribuido tal decisión, ya que en otro caso se abre la posibilidad, el riesgo, de iniciación de un litigio no querido, o que jurídicamente no quepa afirmar como querido, por la entidad que figure como recurrente.
La escritura de sustitución de poder general para pleitos que se acompañó con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, no incorpora o inserta dato alguno del que quepa deducir que el órgano de la mercantil competente para ello hubiera decidido ejercitar la acción. En ella, comparece ante el Sr. Notario quien manifiesta intervenir "en nombre y representación, como apoderado, de la sociedad". Sus facultades para el acto que otorga derivan, sin más y como allí se dice, de un poder general para pleitos conferido a su favor, que se transcribe. E interviene, tras aseverar que no le han sido limitadas en forma alguna sus facultades de representación, para sustituir ese anterior poder general para pleitos a favor del Sr. Procurador que presentó aquel escrito de interposición.
Lo que quedaba acreditado era, por tanto, que dicho Procurador podía representar, con las facultades propias de un poder general para pleitos, a la mercantil en cuyo nombre comparecía. Pero no que tal representante ejecutara al interponer el recurso una decisión de litigar adoptada por el órgano competente de dicha mercantil. En consecuencia, debemos rechazar el conjunto de argumentos expuestos también en el primero de los motivos de casación que, con cita de diversos preceptos de la legislación notarial, defienden que aquella escritura de sustitución era bastante para tener por acreditada la decisión societaria tantas veces mencionada.
El artículo 45.3 de la Ley de la Jurisdicción impone al Juzgado o Sala el deber de examinar de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Y le impone, como lógica consecuencia, que requiera la subsanación del requisito de validez que estime no cumplimentado y que ordene el archivo de las actuaciones si la subsanación no se lleva a efecto.
Ahora bien, el alcance y significado de ese precepto se detiene ahí. De él no cabe derivar como efecto jurídico uno de presunción de validez de la comparecencia cuando el Juzgado o la Sala no hacen aquel requerimiento, pues no es eso lo que dice el precepto ni es eso lo que se deduce de su tenor literal o de su espíritu o finalidad. Ni cabe derivar uno según el cual la invalidez sólo pudiera ser apreciada tras un acto en contrario del propio Juzgado o Sala que sí requiriera de subsanación.
La razón de ser del precepto es abrir lo antes posible un cauce que evite la inutilidad de un proceso iniciado sin los requisitos que son ya precisos en ese mismo momento. No otra. Fracasada por la razón que sea esa aspiración de la norma, queda abierto con toda amplitud el debate contradictorio que las partes deseen entablar, al que el Juez o Tribunal habrá de dar respuesta en los términos en que se entable, evitando, eso sí, toda situación de indefensión.
Y es aquí, para un momento posterior de aquel inicial del proceso, donde entran en juego las normas del artículo 138 de la Ley de la Jurisdicción, comprendido en un Título de la Ley, el VI, que contiene las disposiciones comunes a sus Títulos IV y V, y por tanto las que son aplicables también al procedimiento contencioso-administrativo y a su fase de interposición que regula precisamente el Título IV.
Son así las normas de ese artículo 138, más la del artículo 24.1 de la Constitución en el particular en que proscribe toda situación de indefensión, las que rigen la cuestión que finalmente hemos de decidir, cual es si la Sala de instancia podía, sin previo requerimiento de subsanación, apreciar la causa de inadmisibilidad que en efecto concurría.
Sin desconocer que este Tribunal Supremo ha dictado sentencias en sentido contrario (así, entre otras, las de 10 de marzo de 2004, 9 de febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006 o 26 de marzo de 2007 y las que en ellas se citan), pero también otras coincidentes con la que ahora se dicta (así, por ejemplo, las de 21 de febrero y 5 de septiembre de 2005, 27 de junio de 2006, 31 de enero de 2007 o 29 de enero de 2008), es la respuesta afirmativa la que debe imponerse en un supuesto definido y delimitado por actos procesales como aquellos de los que dimos cuenta en el fundamento de derecho primero de esta sentencia.
Aquel artículo 138 diferencia con toda claridad dos situaciones. Una, prevista en su número 2, consistente en que sea el propio órgano jurisdiccional el que de oficio aprecie la existencia de un defecto subsanable; en cuyo caso, necesariamente, ha de dictar providencia reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. Y otra, prevista en su número 1, en la que el defecto se alega por alguna de las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, que es el de autos, la que se halle en tal supuesto, es decir, la que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Y termina con otra norma, la de su número 3, que es común a aquellas dos situaciones, aplicable a ambas, en la que permite sin más trámite que el recurso sea decidido con fundamento en el defecto si éste era insubsanable o no se subsanó en plazo.
Pero no es sólo que la literalidad del precepto diferencie esas dos situaciones y que para ambas, para una y otra una vez agotada su respectiva descripción, prevea sin necesidad de más trámite el efecto común que dispone su número 3. Es también la regla lógica que rechaza toda interpretación que conduzca a hacer inútil o innecesaria la norma, la que abona nuestra respuesta de que en un caso como el de autos no era obligado que el órgano judicial hiciera un previo requerimiento de subsanación. Si éste hubiera de hacerse también en la situación descrita en el número 1 de aquel artículo, la norma en él contenida sobraría en realidad, pues sin necesidad de construir un precepto cuya estructura es la de separar en números sucesivos situaciones distintas, le habría bastado al legislador con disponer en uno solo que apreciada la existencia de algún defecto subsanable, bien de oficio, bien tras la alegación de parte, se actuara en el modo que dice el número 2 del repetido artículo 138 .
Además y por último, una interpretación conforme con la Constitución de los números 1 y 3 de dicho artículo no impone que el órgano jurisdiccional, habiéndose alegado el defecto en el curso del proceso, requiera en todo caso de subsanación antes de dictar sentencia de inadmisión. Alegado el defecto, sólo será exigible el requerimiento previo del órgano jurisdiccional cuando, sin él, pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución. Situación que debe ser descartada en un supuesto, como lo es el de autos, en el que la parte demandada invocó con claridad la causa de inadmisibilidad que alegaba y en el que la parte actora tuvo ocasión, por brindarla el curso sucesivo del proceso, de oponer lo que estimara pertinente. Tal es también la conclusión que cabe ver, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 266/1994, de 3 de octubre .
En suma y en definitiva: no era obligado, a diferencia de lo que se sostiene en el tercero de los motivos de casación, y pese a las sentencias de este Tribunal Supremo que se citan en el cuarto, que la Sala de instancia requiriera de subsanación antes de dictar sentencia. Ni es a la actuación de dicha Sala a la que cabe imputar situación alguna de indefensión".
Lo antes razonado conduce a declarar no haber lugar al actual recurso de casación por lo siguiente:
(a) la documentación acompañada al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo que dio lugar al proceso de instancia no permite averiguar cuál es el órgano de CSI-CSIF que, según sus estatutos, tiene atribuida la facultad de decidir la impugnación jurisdiccional que pretendió ejercitarse; y
(b) la lectura de las actuaciones de instancia confirma esa afirmación de la sentencia recurrida de que, pese a la denuncia que en su escrito de contestación hizo la Administración demandada de que no se había aportado la justificación del cumplimiento de los requisitos que estatutariamente le resultaban necesarios para accionar, el sindicato recurrente ni en la fase de prueba ni en la de conclusiones subsanó esa falta de justificación que de contrario le fue opuesta.
No se hace imposición de costas a la parte recurrente en virtud de lo que permite el artículo 139.2 de la LJCA, pues esos precedentes jurisprudenciales que son mencionados en la doctrina que ha quedado expuesta hacían razonable la casación, aunque finalmente no haya podido alcanzar éxito.
1.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CSI-CSIF contra la sentencia de 20 de febrero de 2006 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (en el recurso contencioso-administrativo núm. 185/2002).
2.- No hacer especial pronunciamiento sobre las costas correspondientes a este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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