STSJ Cantabria , 11 de Abril de 2003
| Ponente | CESAR TOLOSA TRIVIÑO |
| ECLI | ES:TSJCANT:2003:814 |
| Número de Recurso | 418/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SENTENCIA Iltmo. Sr. Presidente Don César Tolosa Tribiño Iltmos. Sres. Magistrados Doña María Teresa Marijuan Arias Don José Luis Domínguez Garrido ????????????????????????????????????
En la Ciudad de Santander, a once de abril de dos mil tres. La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 418/02, interpuesto por DON Eloy , representado por la Procuradora Sra. Cicero Bra y defendido por el Letrado Doña Teresa Huerta Gandarillas, contra el GOBIERNO DE CANTABRIA, representado y defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. La cuantía del recurso es indeterminada. Es ponente el Iltmo. Sr. Don César Tolosa Tribiño, quien expresa el parecer de la Sala.
El recurso se interpuso el día 17 de Mayo de 2002, contra el Decreto 25/2002 de 7 de Marzo publicado en el B.O.C. de fecha 18 de Marzo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria por el que se modifican parcialmente las relaciones de puestos de trabajo de las Consejerías de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales y Educación y Juventud.
En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.
En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.
Denegado el recibimiento del proceso a prueba, se señala fecha para votación y fallo el día 10 de abril de 2003, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.
Se impugna a través del presente recurso el Decreto 25/2002 de 7 de Marzo publicado en el B.O.C. de fecha 18 de Marzo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria por el que se modifican parcialmente las relaciones de puestos de trabajo de las Consejerías de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales y Educación y Juventud.
La legitimación de la parte actora en el proceso contencioso-administrativo viene determinada por la circunstancia de que el recurrente es funcionario de la Consejería de Economía y Hacienda e impugna el sistema de libre designación de su puesto de trabajo de dicha Consejería, bastando un interés legítimo que en los términos de la jurisprudencia constitucional (STC núm. 60/, 62/83, 257/88, 97/91) y STS de 22 de julio y 15 de septiembre de 1997 y 3 de julio de 1998 equivale a titularidad potencial de una posición de ventaja o de una titularidad jurídica por parte de quien ejercite la pretensión, lo que sucede en la cuestión examinada y determina la desestimación del motivo.
El hecho de que el recurrente extienda su impugnación, no sólo al concreto puesto de trabajo que ocupa, sino a otros a los que, eventualmente y en el desarrollo de su carrera administrativa pueda acceder, no constituye óbice para afirmar su legitimación, dada la ventaja real y directa que de la estimación de la pretensión puede derivarse para sus intereses.
En segundo lugar se plantea por la Administración la inadmisibilidad de parte del suplico del escrito de demanda, en concreto lo referente a la pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada, consistente en el derecho de los recurrentes a no removidos de sus puestos de trabajo de forma discrecional, como consecuencia de la modificación operada en la forma de provisión de su plaza.
La configuración legal de las pretensiones que pueden ejercitarse frente a la Administración Pública, constituye la piedra donde descansa el cambio de sistema introducido por la nueva Ley de la Jurisdicción, que pasa de ser un recurso al acto a un recurso en que el particular ejercita pretensión frente a la Administración, superándose el estricto ámbito a la solicitud de la nulidad del acto.
El cambio operado se concreta en el Art. 1.1 de la Ley por cuanto ya no se refiere a los actos, de las Administraciones Públicas, sujetos al Derecho Administrativo, sino a "las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo...."
Según el art. 31 de la Ley el demandante podrá pretender:1) Anulación del acto o disposición, supuesto que por mucho que se quiera seguirá constituyendo el núcleo esencial de los futuros recursos. 2) Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción en las medidas adecuadas para el pleno establecimiento de la misma, incluida la indemnización de daños y perjuicios.
Ahora bien, lleva razón la Administración cuando afirma que, pese a la ampliación producida en la configuración del objeto del proceso, nuestro sistema sigue sin contemplar el control de los actos futuros y, esencialmente, en cuanto el reconocimiento de una situación jurídica individualizada es una pretensión cuya virtualidad se asocia a una previa declaración de no ser conforme a derecho la actuación administrativa.
Consecuentemente y aunque esta Sala conoce y comparte el criterio sustentado en las sentencias citadas por la parte recurrente en este concreto aspecto, debe estimarse la objeción procesal planteada por la Administración, si bien, no cabiendo inadmisibilidades parciales, el fallo en este aspecto debe resultar desestimatorio.
Como afirma la STC 235/2000, de 5 de octubre de 2000:
Llegados a este punto nuestro análisis debe centrarse sobre el sistema de libre designación, uno de los dos modos (junto con el concurso) de provisión de puestos de trabajo en el ámbito funcionarial. En tal sentido procede recordar el respaldo que la jurisprudencia constitucional ha prestado a este sistema, tal y como reflejan las siguientes palabras de la STC 207/1988, de 8 de noviembre: "Pues bien, en nuestro ordenamiento y en las diversas Administraciones Públicas, no existe un solo sistema o procedimiento para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios, ni existe tampoco homogeneidad entre las situaciones de permanencia y estabilidad correspondientes a los diversos puestos. Pero, dada la variedad de Administraciones, de las tareas a desarrollar y de las diferentes circunstancias de los puestos de trabajo en ellas existentes, no resulta irrazonable, sino incluso fácilmente comprensible, esa multiplicidad de procedimientos y régimen de permanencia. Ello se traduce en la existencia de diferencias entre las diversas Administraciones respecto del margen de actuación de que disponen para la provisión de puestos de trabajo, aun cuando ello no pueda significar que tal margen sea absoluto, y que pueda convertirse en arbitrariedad, pues los límites jurídicos generales y los concretos que en cada caso se establezcan siguen en estos casos encuadrando la acción administrativa" (FJ 3).
Esta doctrina, que se reitera en las SSTC 18/1987, de 16 de febrero, FJ 5, y 10/1989, de 24 de enero, FJ 3, permite sostener la constitucionalidad del sistema de libre designación, cuya entrada en juego no comporta que los principios de mérito y capacidad queden exclusivamente constreñidos al ámbito del concurso, en la medida en que (y con independencia, como ahora se dirá, de que cuando se trata de la provisión de puestos de trabajo entre quienes ya ostentan la condición de funcionarios operen otros bienes y valores distintos de los que aquellos principios incorporan) la facultad de libre designación no atribuye al órgano de decisión una especie de poder omnímodo a fin de decidir como tenga por conveniente, con olvido de que el servicio del interés público es la esencia y el fundamento del ejercicio de toda potestad administrativa, con la consecuencia, en todo caso, de la eventual apreciación, con ocasión del oportuno control judicial ex art. 106.1 CE, del vicio de desviación de poder de constatarse una marginación indebida de los principios de mérito y capacidad.
.... Ciertamente este Tribunal ha admitido que, aun cuando los principios de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE) rigen, no sólo en el momento inicial del acceso a la función pública, sino también en los ulteriores de desenvolvimiento de la carrera administrativa o profesional de los funcionarios (por todas, STC 96/1997, de 19 de mayo, FJ 2), de tratarse de este segundo momento, el atinente a la provisión de puestos de trabajo, es legítima la toma en consideración, a la hora de decidir sobre aquella provisión, de otros valores o fines constitucionalmente lícitos. Así se ha dicho, con relación a los principios de protección de la familia (art. 39.1 CE) y de eficacia de la Administración (art. 103.1 CE), a propósito del llamado turno de consorte en los concursos de traslado de los funcionarios (SSTC 192/1991, de 14 de octubre, FJ 4, 200/1991, de 28 de octubre, FFJJ 3 y 4, con cita, en ambos casos, del ATC 1325/1988, de 19 de diciembre), o, a fin de hacer efectivo el principio de autonomía de los entes territoriales, como modulación del derecho de igualdad en los casos de movilidad interadministrativa ex art. 17 de la Ley 30/1984 (STC 156/1998, de 13 de julio, FFJJ 3 y 4). Desde esta perspectiva, por tanto, y en línea con la argumentación del Abogado del Estado, habría de razonarse acerca de si la modulación o debilitamiento del principio de imparcialidad que comporta el sistema de libre designación, y su eventual consecuencia, la libre destitución, son o no admisibles ex art. 103.3 CE...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba