STSJ Andalucía 1384/2009, 3 de Noviembre de 2009
| Ponente | MARIA LUISA MARTIN MORALES |
| ECLI | ES:TSJAND:2009:13228 |
| Número de Recurso | 2666/2008 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 1384/2009 |
| Fecha de Resolución | 3 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SEDE EN GRANADA
SECCION PRIMERA
P.O. 2666/08
SENTENCIA Nº 1384 DE 2009
Ilmo Sr. Presidente:
D. Rafael Puya Jiménez
Ilmos Srs. Magistrados:
D. Juan Manuel Cívico García
Dña. Mª Luisa Martín Morales
D. Santiago Cruz Gómez
Granada, a tres de noviembre de dos mil nueve.
La referida Sala de lo contencioso administrativo conoce del recurso nº 2666/2008 formulado por el recurrente Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de
Andalucía, en cuya representación interviene el procurador D. Juan Antonio Montenegro Rubio, siendo parte demandada la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, en cuya defensa y represtación interviene el Letrado de la Junta.
La cuantía del recurso es indeterminada.
Se ha formulado recurso contencioso administrativo contra la Orden de 27-10-08 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a varias Consejerías.
Admitido el recurso, se ha requerido a la Administración demandada para la remisión del expediente administrativo; confiriendo un plazo de 20 días a la parte demandada para la presentación del escrito de demanda, lo que ha verificado mediante escrito de fecha de 17-4-09, en el que se han manifestado los hechos y fundamentos de derecho que sostienen su pretensión.
La Administración demandada ha presentado escrito de contestación a la demanda con fecha de 1-10-09, en la que ha esgrimido los hechos y fundamentos jurídicos que avalan sus pretensiones, planteando con carácter previo la concurrencia de causa de inadmisibilidad del presente recurso, por falta de legitimación activa del sindicato recurrente.
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, y no estimando la Sala que fuera necesaria ni la celebración de vista pública, ni la presentación de conclusiones escritas; se señaló para deliberación la fecha referida en las actuaciones, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª Luisa Martín Morales.
El objeto del presente recurso contencioso administrativo es la Orden de 27-10-08 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a varias Consejerías.
La parte demandada, en su escrito de demanda, solicita la estimación del recurso, con nulidad del acto administrativo recurrido, justificándolo en las siguientes argumentaciones:
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- Varios puestos añadidos a la RPT recurrida se configuran de libre disposición, careciendo de todos los requisitos exigidos por la legislación vigente.
-
- Concurre falta de motivación suficiente en la descripción del puesto de libre disposición creado, cuando el sistema normal de provisión de puestos de trabajo es el de concurso.
La Administración demandada instó en primer lugar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por falta de legitimación activa del sindicato; y en segundo lugar, en cuanto al fondo, la desestimación del recurso presentado, fundamentado en que la resolución recurrida es ajustada a derecho.
Por razones de lógica procesal, ha de analizarse en primer lugar la alegada concurrencia de la causa de inadmisibilidad de falta de legitimación activa.
El T.S., como es exponente su sentencia de 19-5-2000, ha tenido ocasión de establecer reiterada doctrina sobre la interpretación que había de darse al art. 28.a) LJ, en relación con los arts. 7.3 y 11.3 LOPJ
, que ha de estar orientada en todo caso por los postulados que derivan del derecho a la tutela judicial efectiva de derechos e intereses legítimos, en lo que se refiere a su contenido normal consistente en la obtención de un pronunciamiento judicial, fundado en derecho, sobre el fondo del proceso, lo que ha supuesto un entendimiento expansivo del concepto de legitimación que puede resumirse en los siguientes términos:
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El más restringido concepto de "interés directo" del art. 28. a) LJ de 1956 debe ser sustituido por el más amplio de "interés legítimo"; aunque sigue siendo una exigencia indeclinable la existencia de un "interés" como base de la legitimación. Como decía la sentencia del TS de 15 de diciembre de 1.993, aludiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ampliación del interés tutelable, en cuanto presupuesto de la legitimación, el mismo Tribunal Constitucional ha precisado que la expresión "interés legítimo", utilizada en el art. 24.1 de la Norma Fundamental, aún cuando sea un concepto diferente y más amplio que el de "interés directo", ha de entenderse referida a un interés en sentido propio, cualificado o específico (cfr. sentencia del Tribunal Constitucional 257/1.989, de 22 de diciembre ), lo que en el ámbito del Tribunal Supremo ha llevado a insistir que la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación activa, comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1.990 ), y presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación, y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento. (SSTS de 4 de febrero de 1.991, de 17 de marzo y 30 de junio de 1.995 y 12 de febrero de 1.996, 9 de junio de 1997 y 8 de Febrero de 1999, entre otras muchas; SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988, 97/1991, 195/1992, 143/1994 y ATC 327/1997 ). La vigente Ley Jurisdiccional -art. 19.1 .a)-, siguiendo las mencionadas pautas jurisprudenciales y ya sin distinguir entre impugnación de actos -actuación- y disposiciones, reconoce legitimación a "las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo" y, al propio tiempo, a "las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos o entidades a que se refiere el art. 18 -grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas- que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".
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Pese a esta amplitud, el concepto de interés legítimo no puede ser asimilado al de interés en la legalidad, que haría equiparable la legitimación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo a la legitimación popular, que solo en los casos "expresamente" contemplados en la Ley es admisible, conforme actualmente determina el art. 19.1.h) de la vigente Ley Jurisdiccional . Al respecto, esta Sala, en auto de 21 de Noviembre de 1997, declaró la imposibilidad de reconocer ese interés legitimador cuando resultaba únicamente de una autoatribución estatutaria, por cuanto aceptar tal posibilidad equivaldría a admitir como legitimada a cualquier asociación que se constituyera con el objeto de impugnar disposiciones de carácter general o determinadas clases de actos administrativo. Es necesario traer aquí a colación el requisito de que la ventaja o perjuicio en que se materialice el interés legitimador sea "concreto", es decir, que cualquiera que sea su naturaleza -material o moral-, afecte o haya de afectar de forma necesaria a la esfera jurídica del sujeto de quien se predique su condición de legitimado. Con palabras del Tribunal Constitucional -Auto núm. 327/1997, de 1 de Octubre, F.J. 1 - es preciso que la anulación pretendida "produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro pero cierto" en el recurrente.
El Letrado de la Junta de Andalucía considera que a ningún trabajador beneficia que se anulen los puestos de trabajo de carácter laboral. Sin embargo, no puede fundarse la falta de legitimación del actor en estas consideraciones, dado que, atendidas las anteriores consideraciones doctrinales, la legitimación activa le viene atribuida al sindicato en cuanto atiende al interés colectivo de los funcionarios por él representados. Se discute por el actor simplemente que se haya establecido en uno de los puestos de trabajo creados en el Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía que...
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STS, 21 de Julio de 2011
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