STS, 16 de Junio de 1993
| Ponente | TEOFILO ORTEGA TORRES |
| ECLI | ES:TS:1993:17624 |
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 606.-Sentencia de 16 de junio de 1993
PONENTE: Excmo. Sr don Teófilo Ortega Torres.
MATERIA: Nulidad de marca.
NORMAS APLICADAS: Art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Arts. 1 y 2 del Código Civil . Disposiciones Transitorias 2.º. Derogatoria y Final de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 1 de junio de 1988 y 22 de diciembre de 1988 del Tribunal Supremo.
DOCTRINA: Abstracción hecha de que se confunde por la recurrente "realidad social" y "realidad normativa", este motivo no debe prosperar porque:
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La doctrina jurisprudencial anterior sobre la interpretación del art. 14.se ha mantenido no obstante la publicación de la Ley de 1988 -así, a partir de la Sentencia de 22 de diciembre de este año- y las razones en que se fundó originariamente no han sido desvirtuadas por realidad social alguna; b) Distinto es que el legislador, al implantar un sistema completamente nuevo, haya introducido en la Ley de Marcas de 1988 modificaciones esenciales y, en coherencia con el conjunto normativo que suponen, haya establecido lo dispuesto en el art. 48 , que no puede aislarse como elemento interpretativo de la legislación anterior, para, de tal manera, privarla de aplicación en supuestos, como éste, en que debe resolverse de conformidad a la misma.
En la villa de Madrid, a dieciséis de junio de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección Primera), como consecuencia de autos sobre nulidad de marca, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Valladolid cuyo recurso fue interpuesto por "Confecciones Lobato,
S. A.", representada por el Procurador don Francisco Alvarez del Valle García, y asistida por el Letrado don Manuel Muñiz Alique, en el que son recurridos "Giorgio Armani, S. p. A.", y Codefine, S. A..., representados por el Procurador don Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros, y asistidos del Letrado don Luis Gibert Vidaurre.
Antecedentes de hecho
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Valladolid, fueron vistos los autos sobre nulidad de marca, seguidos bajo el núm. 423-15 I9S5. promovidos a instancia de "Giorgio Armani, S. p. A.", y "Codefine Societi Anonyme", representados por la Procuradora doña Lucía Lafuente Mendicute y bajo la dirección técnica del Letrado don Mariano de Meer contra "Confecciones Lobato. S. A.", representada por el Procurador don Alfredo Stampa Braun y bajo la dirección técnica del Letrado don Manuel Muniz Alique sobre nulidad de inscripción de la marca núm. 880.234 "Armani".
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho:.... dictar sentencia declarando nulo y sin efecto el acuerdo de inscripción de la marca 880.234 "Armani". con expresa imposición de las costas del juicio a dicha parte demandada".Admitida a trámite la demanda, la entidad demandada la contestó alegando como hechos y fundamentos de Derecho los que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado:..... dictar sentencia
en su día, estimando íntegramente los argumentos alegados por mi representada, declare no haber lugar a la nulidad solicitada en la marca de mi representada núm. 880.234, imponiendo las cosías a la demandante".
Solicitado por las parles el recibimiento a prueba en sus respectivos escritos principales, se practico la que fue declarada pertinente, y por el Juzgado se dalo Sentencia con lecha 21 de abril de 1989 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Que debo declarar y declaro la nulidad de la inscripción de la marca 880.234 "Armani". a favor de la sociedad anónima "Confecciones Lobato" en el registro correspondiente."
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y. sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección Primera) dictó Sentencia con fecha 21 de junio de 1990 , cuyo fallo es como sigue: " Fallo: Se confirma íntegramente la Sentencia de fecha 21 de abril de 1989. dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Valladolid en el proceso civil sobre nulidad de marca de que la presente apelación dimana, y se condena en las costas de esta alzada a la parte recurrente."
El Procurador don francisco Alvarez del Valle García, en nombre y representación de la entidad.. "Confecciones Lobato, S. A.", formalizó recurso de casación que tunda en los siguientes motivos:
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" Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de enjuiciamiento Civil por estimar que la sentencia recurrida infringe por inaplicación los arts. 1.1 y 2.3 del Código Civil y la Ley de Marcas", de 10 de noviembre de 1988, concretamente las Disposiciones Transitoria Segunda , Derogatoria, párrafo final y núm. 1 y final...... 2.º Al amparo del art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por estimar que la sentencia
objeto de recurso, al aludir con posible incidencia en el fallo a que "no ha existido buena fe", constituiría en tal caso infracción por inaplicación del art. 24.2 de la Constitución Española que proclama el derecho a la "presunción de inocencia", congruente con el principio que inspira nuestro Código Civil y Ley Hipotecaria en orden a considerar la buena fe como presunción que hay que destruir con la prueba de la mala fe o el dolo, principio recogido por la doctrina de ese Tribunal, bien de forma directa o por vía de las presunciones admitidas por el art. 1.253 del Código Civil... 3 .º Al amparo del art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por entender que la sentencia recurrida infringe por inaplicación los arts. 12.1 a) y b), 13 a). 47. 48.1 y los arts. 1.969 y 1.973 del Código Civil.... 4 .º Se articula al amparo del art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que si la normativa aplicable lucra la contenida en el derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, la sentencia recurrida infringiría por inaplicación del art. 3.1 del Código Civil y por interpretación errónea en su aplicación del art. 14 del Estatuto en su relación con el art. 124.1. 2 y 11 ...
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 4 de junio de 1993, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Exento. Sr. Magistrado don Teófilo Ortega Torres.
Fundamentos de Derecho
En el primer motivo del recurso, amparado, como los que le siguen, en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción anterior a la Reforma de 30 de abril de 1992 . se acusa infracción por inaplicación de los arts. 1.1 y 2.3 del Código Civil y la Ley de Mareas de 10 de noviembre de 1988. concretamente las Disposiciones Transitoria Segunda , Derogatoria, párrafo final y núm. I y final", alegándose esencialmente en el mismo que a partir de la entrada en vigor el día 12 de mayo de 1989, de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 . las mareas concedidas conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 se rigen por la nueva Ley por lo que los Tribunales, en las cuestiones que se planteen en relación con marcas inscritas con anterioridad, habían de resolver las mismas ateniéndose a la nueva Ley y no a la normativa que la misma expresamente deroga, de donde infiere la reclínente. "Confecciones Lobato, S. A.", que la Sentencia impugnada, que lleva fecha 21 de junio de 1990 infringe los preceptos antes citados al aplicar aquel Estatuto y no la nueva Ley de Marcas.
Ha de recordarse, en principio, que este proceso, sobre nulidad de la marca 880.234 "Armani". fue iniciado el 14 de octubre de 1985 fecha de presentación en el Juzgado del escrito interesando la reclamación del expediente administrativo, y que la demanda se formulo en 24 de febrero de 1987, o sea, todo ello con anterioridad a la publicación de la Ley de 10 de noviembre de 1988 . habiéndose dictado Sentencia en Primera Instancia el día 21 de abril de 1989 , antes, por tanto, de la entrada en vigor de dicha Ley, que se produjo el 12 de mayo siguiente. Siendo así no ofrece la menor duda la improcedencia de este motivo, por cuanto: a) La demanda da lugar al nacimiento del proceso delimitando su objeto sin que estehaya de verse afectado (lite pendente nihil innovetur) por modificaciones legislativas que se produzcan durante su tramitación, pues el transcurso del tiempo necesario para que ésta concluya y se dicte sentencia no debe alterar la situación inicial, salvo casos de retroactividad de grado máximo, hoy de muy dudosa constitucionalidad (art. 4.3 de la Constitución Española), entre los que no se encuentra el ahora estudiado,
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lis aún más evidente, si cabe, que carece del menor fundamento aceptable sostener que habiendo entrado en vigor la Ley nueva con posterioridad a la sentencia de Primera Instancia, aunque antes de resolverse la apelación, la Audiencia debiera aplicar la nueva norma, c) La Disposición Transitoria segunda de la Ley de Mareas sólo establece una retroactividad de grado mínimo ("Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por la presente Ley") al referirse a los efectos que se produzcan posteriormente a su entrada en vigor, pero no a los derechos ya consumados, como es el de solicitar la declaración de nulidad de la marca conforme a la legislación anterior sin verse afectado por plazos de prescripción establecidos en la Ley nueva, ú) La Disposición Transitoria primera confirma lo expuesto, dado que con referencia a las solicitudes de marca presentadas con anterioridad a la nueva Ley, dispone que serán tramitadas y "resueltas" conforme a la normativa legal vigente en la fecha de su prestación, quiere decirse que, siguiendo el mismo criterio, si se ha solicitado ante los Tribunales la declaración de nulidad de la marca antes de la publicación de la nueva Ley habrá de resolverse de conformidad a la legislación anterior.
El decaimiento del motivo examinado hace innecesario el estudio de los formulados como segundo y tercero, ya que ambos se refieren a cuestiones relacionadas con la aplicación al caso de la Ley de Marcas de 1988 que según se ha razonado, es improcedente conforme ya decidió la Audiencia acertadamente, ha de examinarse, por tanto, el cuarto y último motivo del recurso en el que se denuncia infracción por inaplicación del "art. 3.1 del Código Civil y por interpretación errónea en su aplicación del art. 14 del Estatuto en su relación con el art. 124.1. 2 y 11 ", ello para el caso de entenderse que es aplicable al caso el Estatuto de la Propiedad Industrial.
Versa este motivo sobre lo establecido en el art. 14 del Estatuto en punto a que "el dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena le y justo titulo", y aunque reconoce la recurrente que la doctrina jurisprudencial interpretó el precepto en el sentido de que es aplicable únicamente a los casos de presunta colisión entre usuarios regístrales y extrarregistrales de mareas y no cuando se trata de conflictos de doble inmatriculación como es el que nos ocupa, e incluso cita la Sentencia de 1 de junio de liss en este sentido, alega que esta interpretación debe sustituirse por otra mas conforme a la realidad social actual (art. 3.º del Código Civil ) que a su inicio, impondría la eliminación de la distinción entre titulares inscritos o no por cuanto el art. 48 de la nueva Ley no la contiene y "la realidad no podrá ser otra que la normada en la propia Ley". Abstracción hecha de que se contunde por la recurrente "realidad social" y "realidad normativa", este motivo no debe prosperar porque:
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La doctrina jurisprudencial anterior sobre la interpretación del art. 14 se ha mantenido no obstante la publicación de la Ley de 1988 -así a partir de la Sentencia de 22 de diciembre de este año y las razones en que se fundó originariamente mi se han visto desvirtuadas por realidad social alguna, b) Distinto es que el legislador, al implantar un sistema completamente nuevo, haya introducido en la Ley de Marcas de 1988 modificaciones esenciales y, en coherencia con el conjunto normativo que suponen, haya establecido lo dispuesto en el art. 48 , que no puede aislarse como elemento interpretativo de la legislación anterior para, de tal manera, privarla de aplicación en supuestos, como éste, en que debe resolverse de conformidad a la misma.
La desestimación de la totalidad de los motivos del recurso comporta la de éste con la preceptiva condena en costas a la recurrente y la pérdida del deposito constituido (art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por "Confecciones Lobato, S. A." contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección Primera) con fecha 21 de junio de 1990 ; y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas y la pérdida del depósito constituido.
Líbrese al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Delegación de Valladolid) la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Alfonso Barcala Trillo Figueroa.Teófilo Ortega Torres. Rafael Casares Córdoba. - Rubricados.
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