STS, 27 de Febrero de 1996
| Ponente | ANTONIO GULLON BALLESTEROS |
| ECLI | ES:TS:1996:7912 |
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 128. Sentencia de 27 de febrero de 1996
PONENTE: Excmo. Sr. don Antonio Gullón Ballesteros.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Culpa extracontractual. Responsabilidad del poseedor de animal (invasión repentina en
la calzada). Deuda compensatoria y no de suma. Intereses. Mora.
NORMAS APLICADAS: Art. 1.905 del Código civil .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 23 de noviembre de 1976 y 25 de abril de 1991 .
DOCTRINA: El art. 1.905 imputa la responsabilidad al poseedor del animal por los perjuicios «que
causare», y es arbitrario distinguir entre las acciones del animal para eximir de responsabilidad al
poseedor o al que se sirve de él; basta que el daño esté causado por el animal, que a él se le
puede atribuir.
El brocardo in liquidis mora non contrahitur es incompatible con la naturaleza de la deuda nacida de
la responsabilidad extracontractual, pues no es una deuda de suma, sino resarcitoria o
compensatoria del daño experimentado, que trata de colocar al dañado en la misma situación que
tenía antes de ocurrir el hecho lesivo, o, si no es posible, compensarle por esta imposibilidad. La
Sentencia que concreta o establece en dinero aquél resarcimiento o compensación nada añade ni
quita a la naturaleza intrínseca de la deuda, es un puro instrumento para su materialización, por lo
que la cantidad a que condena al responsable debe considerarse que forma parte de su patrimonio
desde la causación del daño. Así las cosas, los intereses dejados de percibir son suyos como
frutos civiles de dinero de su propiedad, además de que en la actualidad su nominal, que es alto,
incorpora el daño de la pérdida de valor de la moneda. Ni los frutos civiles son del deudor ni el
acreedor lesionado tiene que sufrir el daño de la devaluación monetaria; no se lograría así el íntegro
resarcimiento o compensación del dañado.En la villa de Madrid, a veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo de fecha 1 de junio de 1992 ; como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Talavera, sobre reclamación de cantidad; cuyo recurso ha sido interpuesto por don Alonso , representado por el Procurador de los Tribunales don Evencio Conde de Gregorio; siendo parte recurrida doña María Milagros representada por el Procurador don José Tejedor Moyana
Antecedentes de hecho
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Talavera de la Reina, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, sobre reclamación de cantidad, instados por doña María Milagros contra don Alonso .
Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, suplicándose dictase Sentencia por la que se condene a dicho demandado al pago al esposo de su mandante, de la suma de 1.398.000 ptas., por los 466 días que estuvo incapacitado para sus ocupaciones habituales, y otros 20.000.000 de pesetas, por las secuelas que sufre y que han dado lugar a la declaración de su incapacidad total, a los intereses de tal turna desde la lecha de interposición de esta demanda, y condenándole también a las costas y gastos de esta litis». Admitida a trámite la demanda y emplazadas las mencionadas demandadas, la contestaron, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente y terminó suplicando se dictase Sentencia «se dicte Sentencia por virtud de la cual se declare no haber lugar a las pretensiones de la parte actora de las que se absolverá a su representado, con toda clase de pronunciamientos favorables e imponiendo las costas de este proceso, expresamente a la parte demandante, no ha solo por virtud del principio objetivo del vencimiento, sino en base a la temeridad y mala fe procesales puestas de manifiesto en la demanda. Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , esta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes, sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes. Unidas a los autos las pruebas se conato a las partes a comparecencia poniéndolas mientras tanto de manifiesto en Secretaría para que hicieran un resumen de las mismas lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar Sentencia. El Juez de Primen, Instancia núm. 3 de Talavera de la Reina, dictó Sentencia de fecha 16 de julio de 1991 . con el siguiente fallo: «Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Francisco Javier Recio del Pozo, en representación de doña María Milagros , contra don Alonso , debo condenar y condeno a dicho demandado al pago al esposo de la actora don Jose Pablo , la suma de 1.398.00Ü ptas., por los 466 días que estuvo incapacitado para sus ocupaciones habituales, y otros 19.407.965 ptas. más por las secuelas que sufre, así como a los intereses de tal suma desde la fecha de interposición de la demanda, imponiéndole asimismo las costas de esta litis».
Interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia por la representación de don Alonso y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo dictó Sentencia con fecha 1 de junio de 1992 , con la siguiente parte dispositiva. «Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Sánchez Coronado, en nombre y representación de don Alonso , contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Talavera de la Reina de Id de julio de 1991, recaída en los autos de menor cuantía 278/1990, la cual confirmamos íntegramente, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante».
El Procurador don Evencio Conde de Gregorio en representación de don Alonso , interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de [bledo, con apoyo en los siguientes motivos. 1.º y 2.º Al amparo del art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; infracción por indebida aplicación del art. 1.905 del Código Civil. 3 .° Al amparo del art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; infracción por inaplicación de los arts. 1.101 y 1.108 del Código Civil. 4 .º Al amparo del art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; infracción del art. 1.902 del Código Civil en relación con el art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador don José Tejedor Moyano, en representación de la parte recurrida, presentó escrito con oposición al mismo.Quinto: No habiéndose solicitado por ninguna de las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 13 de febrero de 1996.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Gullón Ballesteros.
Fundamentos de Derecho
Doña María Milagros , esposa de don Jose Pablo , en su calidad de tutora del mismo, demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a don Alonso , alegando que su esposo, miembro de la Guardia Civil en servicio de carreteras, circulaba por el km. 110 de la Nacional V en sentido Badajoz, cuando de pronto irrumpió en la calzada una caballería propiedad del demandado, con la cual colisionó, sufriendo gravísimas lesiones que trajeron como consecuencia que fuese incapacitado judicialmente, teniendo que valerse de otras personas para cualquier actividad por simple que sea. Solicitaba que el demandado fuese condenado al pago de una indemnización de 1.398.000 ptas. por incapacidad temporal y de otros 20.000.000 de pesetas por las secuelas que sufre del accidente.
El Juzgado de Primera instancia estimó la demanda en cuanto a la condena de 1.398.000 ptas. por incapacidad temporal, e impuso la de 19.407.965 ptas. por las secuelas, más las costase intereses legales desde la interposición de la demanda. En grado de apelación, la Audiencia confirmó la Sentencia con condena en costas al demandado-apelante.
Contra la Sentencia de la Audiencia interpuso don Alonso recurso de casación por los motivos que se pasan a examinar.
Los dos primeros motivos del recurso, al amparo del art. 1.692.4 (reformado) de la Ley de Enjuiciamiento Civil , acusan aplicación indebida del art. 1.905 del Código Civil c interpretación errónea del mismo. En sus respectivas fundamentaciones se sostiene cine el precepto civil citado no es aplicable cuando el animal no es causa eficiente de los daños, sino motivo D ocasión por la colisión con él de un motorista que, yendo precisamente en servido di- vigilancia por la carretera, no va atento a las incidencias de la circulación, y cuando se cruza con él el animal, al que había visto con anterioridad, más o menos repentinamente, le alcanza, produciéndose las 128 lesiones correspondientes y sin que el animal tuviese casi ninguna. Se trata, expone el recurrente, de un accidente puro de circulación, del que el responsable es el motorista en servicio de vigilancia, que en una recta no ve a quienes circulan por los laterales de la calzada ni adopta por tanto las precauciones en previsión de que puedan cruzar.
Ambos motivos se desestiman, porque el art. 1.905 del Código Civil imputa la responsabilidad al poseedor del animal por los perjuicios «que causare», y es arbitrario distinguir entre las acciones del animal para eximir de responsabilidad al poseedor o a quien se sirve de él; basta que el daño esté causado por el animal, que a él se le pueda atribuir, y en el caso de autos lo ha sido la invasión repentina de la calzada, supuesto de responsabilidad según el precepto citado, que ya ha sido contemplado por esta Sala en las Sentencias de 23 de noviembre de 1976 y 25 de abril de 1991 .
Por otra parte, los motivos se sustentan en una apreciación subjetiva e interesada, contraria a la de la sentencia recurrida, de los supuestos fácticos del litigio, pues la audiencia dice que nada revela un comportamiento negligente del dañado, «a quien racionalmente no es exigible que pueda prever la presencia de una caballería en una carretera de rango nacional a las diez menos cuarto de la noche. Su velocidad, por lo demás (50 ó 60 km/hora), no resulta inadecuada ni excesiva como para apreciar que su comportamiento contribuyera a la causación del daño o agravara la intensidad del mismo». Como este resultado de la valoración probatoria no ha sido combatido, sino que frente a él se sientan pura y simplemente otras valoraciones distinta, ha de quedar incólume en casación.
El motivo 3.º. al amparo del art. 1.692.4 (reformado) de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aduce infracción por no aplicación de los arts. 1.101 y 1.108 del Código Civil y su jurisprudencia interpretativa, en el sentido de que no se incurre en mora cuando no es liquida la cantidad objeto de pago, hasta el punto de que el Tribunal concede una indemnización en cantidad inferior a la reclamada. Por ello se combate que la Sentencia condene al pago de intereses legales desde la interposición de la demanda.
El motivo no se estima. Aparte de que sería manifiestamente injusto que una pequeña diferencia entre lo solicitado y lo concedido llevase a la pérdida de los intereses legales, el brocardo in iliquidis mora non contrahitur es incompatible con la naturaleza de la deuda nacida de la responsabilidad extracontractual, pues no es una deuda de la suma, sino resarcitoria o compensatoria del daño experimentado, que trata de colocar al dañado en la misma situación que tenía antes de ocurrir el hecho lesivo O, si mi es posible,compensarle por esta imposibilidad. La Sentencia que concreta o establece en dinero aquel resarcimiento o compensación nada añade ni quita a la naturaleza intrínseca de la deuda, es un puro instrumento para su materialización, por lo que la cantidad a que condena al responsable debe considerarse que forma parte de su patrimonio desde la causación del daño. Así las cosas, los intereses dejados de percibir son suyos, como frutos civiles de dinero de su propiedad, además de que en la actualidad su nominal, que es alto, incorpora el daño de la pérdida de valor de la moneda. Ni los frutos civiles son del deudor ni el acreedor lesionado tiene que sufrir el daño de la devaluación monetaria; no se lograría así el íntegro resarcimiento o compensación del dañado.
El motivo cuarto, al amparo del art. 1.962.4 (reformado) de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aduce infracción del art. 523 de la misma, que se basa en que al actor no se le concedió todo lo que había solicitado en su demanda, y en que la cuestión de fondo de la misma es por sí discutible.
El motivo se desestima, ya que el Juzgado de Primera Instancia aclaró en Auto de 29 de julio de 1991 su Sentencia en el sentido de fundamentar la imposición de costas al demandado en la temeridad con que litigó «a sabiendas de la falta absoluta de prueba de sus pretensiones». Tal juicio es irrevisable en casación, según doctrina harto reiterada y conocida de esta Sala.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Alonso , contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo de fecha 1 de julio de 1992 . Con condena en costas a la parte recurrente y pérdida de depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.
ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Eduardo Fernández Cid de Temes. Luis Martínez Calcerrada Gómez. Antonio Gullón Ballesteros. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. don Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma, certifico
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