STS, 19 de Noviembre de 1996

D. Julián presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Valencia el 7 de Diciembre de 1992, siendo ésta repartida al nº 6 de los mismos, en base a los siguientes hechos: El actor es beneficiario de pensión de jubilación, en virtud de resolución del INSS de 21 de Octubre de 1992, por solicitud de jubilación anticipada a la edad de 60 años al haber cesado en la Compañía Minera Sierra Menera S.A.; la cuantía de la pensión mencionada equivale al 60% de una base reguladora de 143.373 ptas.. En fecha 12 de Noviembre de 1992 presentó reclamación previa alegando que le correspondía un porcentaje mayor por haber desarrollado su trabajo en el exterior de las minas, pero no exento de riesgo pulvígeno procedente del mineral manipulado; el 3 de Diciembre del mismo año mediante nueva resolución del INSS, se le deniega la solicitud efectuada. Termina suplicando en su demanda se dicte sentencia en la que se declare su derecho a recibir un incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora, hasta el 84% y le sean abonados los atrasos desde la fecha de solicitud de la pensión.

El día 5 de Abril de 1993 se celebró el acto de juicio, con la participación de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a estas actuaciones.

El Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia dictó sentencia el 21 de Abril de 1993 en la que estimó la demanda y declaró que el porcentaje aplicable a la pensión de jubilación que tiene reconocida es del 84% y condenó al INSS a estar y pasar por tal declaración. En esta sentencia se declaran los siguientes HECHOS PROBADOS: "1º).- El demandante Julián , nacido el 23 de Septiembre de 1.932, solicitó el 11 de Septiembre de 1992, reconocimiento a su favor de una pensión de jubilación anticipada a la edad de 60 años, que fue reconocida por resolución del INSS de fecha 21 de Octubre de 1992, en base reguladora de 143.373 pts. y un porcentaje aplicable a dicha base del 60%; 2º).- En fecha 12-11-92 el actor solicitó la revisión de su pensión de jubilación para que le fuera reconocida la reducción de su edad de jubilación, consecuencia de su actividad laboral encuadrable como trabajos exteriores de las minas, no exentos de riesgo pulvígeno, recayendo resolución del INSS de fecha 27-11-92, que deniega la revisión y agota la vía administrativa previa; 3º).- Que el actor solicita en su demanda que sea aplicable el coeficiente reductor del0'10% en la edad de jubilación hasta considerar la misma a los 62 años, por lo que al haberla solicitado anticipadamente, a los 60 años se declare como porcentaje de aplicación el del 84%; 4º).- El actor prestó sus servicios en la Cía. Minera Sierra Menera S.A. como Oficial de 1ª Advo., en oficinas donde existía riesgo pulvígeno y la mencionada empresa se dedica a la carga y transporte de mineral (hierro cobre) por ferrocarril".

Contra la anterior sentencia, el INSS formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en su sentencia de 30 de Mayo de 1995, desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida.

Contra la sentencia de la Sala de lo Social de Valencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en los siguientes motivos: 1.- Contradicción de la sentencia recurrida con la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 4 de Julio de 1994. 2.- Infracción del art. 2.2. del R.D. de 26 de Diciembre de 1984, en relación con, el art. 4.2 del mismo R.D., art. 21 y Disposición Final Primera del R.D. 3255/83 y Resolución de la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la S.S. de 8 de Enero de 1986.

Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar improcedente tal recurso.

Se señaló para la votación y fallo el día 12 de Noviembre de 1996, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.

El actor trabajó para la Compañía Sierra Menera S.A., como Oficial de 1ª Administrativo en las Oficinas que dicha compañía tiene en Sagunto.

El demandante nació el 23 de Septiembre de 1932. Al cumplir los sesenta años solicitó se le concediese pensión de jubilación anticipada, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, mediante resolución de 21 de Octubre de 1992, otorgó al actor el derecho a percibir una pensión de jubilación por importe del 60 por 100 de una base reguladora de 143.373 pesetas por año, con efectos iniciales del 24 de Septiembre de 1992.

El demandante no está conforme con el importe de dicha pensión señalado por el INSS, pues estima que se le tienen que aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación previstos en el Real Decreto 2366/1984, de 26 de Diciembre, y que por ello el porcentaje aplicable a su base reguladora debe de ser del 84 por 100 (y no el 60% que tiene en cuenta el INSS). Estima el actor que el coeficiente reductor que le corresponde, según dicho Decreto, es del 0'10, de lo que deduce el importe porcentual referido. Por todo ello presentó la demanda origen de estas actuaciones, solicitando que se le reconociese la pretensión que se acaba de indicar y que la cuantía de su pensión quedase fijada en el 84 por 100 de la mencionada base reguladora.

El Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia estimó tal demanda, en su sentencia de 21 de Abril de 1993, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la suya de 30 de Mayo de 1995.

Contra esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia se formuló el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora se resuelve. En él se alega, como contrapuesta a la recurrida, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 4 de Julio de 1994, la cual sin duda entra en contradicción con aquélla, por cuanto que en la misma se analizó un caso sustancialmente igual al de autos, y, sin embargo, se desestimaron las pretensiones del trabajador. Tanto en esta sentencia de contraste como en las presentes actuaciones se trató de sendos trabajadores que prestaban servicios en empresas mineras, desarrollando su labor en el exterior de las minas, a los que les fue reconocida pensión de jubilación antes de haber cumplido los 65 años; en ambos supuestos los interesados no se conformaron con el porcentaje que el INSS aplicó a su base reguladora, estimando que tal porcentaje tenía que ser superior, pues sostenían que les eran aplicables los coeficientes reductores de la edad que establece el Real Decreto 2366/1984 referido. Y mientras la aludida sentencia referencial mantiene que esos coeficientes reductores de la edad no son aplicables y desestima la demanda, por el contrario, la recurrida toma en consideración tales coeficientes y acoge favorablemente la demanda.Es claro, por ende, que se cumple el requisito de recurribilidad que exige el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral.

El art. 154-2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 2065/1974, de 30 de Mayo, disponía que la edad mínima de jubilación (que el número 1-a) de ese artículo fijaba en 65 años) "podrá ser rebajada por Decreto ... en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca".

En el B.O.E. de 4 de Enero de 1984 se publicó el Real Decreto 3255/1983, de 21 de Diciembre, por el que se aprobó el Estatuto del Minero. El art. 1º del mismo determina que "las normas del presente Estatuto del Minero serán de aplicación a las relaciones laborales desarrolladas en las Empresas dedicadas a las labores de explotación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, que se incluyen en el ámbito de la ley 22/1973, de 23 de Julio, reguladora de minas, quedando, asimismo, incluídas las labores mineras de investigación". Precisándose al final del segundo párrafo de este precepto que "no será de aplicación a las actividades distintas de las mencionadas a que, conforme a su objeto social, puedan dedicarse las empresas".

El art. 20 de este Estatuto prescribe que a los trabajadores "que presten servicios en explotaciones carboníferas continuará siéndoles de aplicación el régimen especial de la Seguridad social regulado en el Decreto 298/1973 y demás disposiciones que lo desarrollan". Y el art. 9 de este Decreto 298/1973, de 8 de Febrero, establece una escala de coeficientes reductores de la edad de jubilación, en función de la categoría profesional minera que ejerció el interesado; lo cual es reiterado por el art. 21 de la Orden Ministerial de 3 de Abril de 1973.

El art. 21 del Estatuto del Minero ordena que "de acuerdo con lo previsto en el art. 154-2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 30 de Mayo de 1974, la edad de Jubilación de los grupos profesionales incluídos en el ámbito de esta norma (el referido Estatuto del Minero) y no comprendidos en el régimen especial de la minería del carbón, se reducirá mediante la aplicación de coeficientes reductores, cuando concurran circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad en similares términos que dicho régimen especial establece". Y en la Disposición Final Primera de este Estatuto se preceptúa que "para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 21 de esta norma, en el plazo de seis meses, a partir de su vigencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propondrá al Gobierno, para su aprobación mediante Real Decreto, la reducción de la edad de jubilación de los grupos profesionales incluídos en el ámbito del Estatuto del Minero y no comprendidos en el régimen especial de la minería del carbón en los que concurran circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad en similares términos que dicho régimen especial establece"; para ello será preciso elaborar "previo informe de las asociaciones patronales y organizaciones sindicales más representativas del sector minero, un nomenclátor en el que se determinen las equivalencias entre las categorías y grupos profesionales de la minería del carbón y las correspondientes en las demás actividades mineras".

El Real Decreto 2366/1984, de 26 de Diciembre, dio cumplimiento al mandato recogido en las normas que se han reseñado en las líneas precedentes, fijando las pautas a seguir para la reducción de la edad de jubilación de los trabajadores antes citados; así el art. 1 de este Decreto especifica que "la reducción de la edad de jubilación a que se refiere el art. 21 del Estatuto del Minero ... será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena de la minería incluídos en el ámbito del citado Estatuto del Minero y no comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad social para la Minería del Carbón, en los términos y condiciones que se establecen en este capítulo". El art. 2º precisa que la edad mínima de sesenta y cinco años se rebajará en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente que corresponda, según la escala consignada en el Anexo de este Decreto, anexo en donde se relacionan los distintos coeficientes reductores y las categorías profesionales a las que se aplican.

A la vista de lo que estas normas establecen, es preciso tener bien presente, para la solución de los problemas que en esta litis se suscitan, que no todos los centros de trabajo y dependencias de las empresas mineras quedan necesariamente incluídos en el ámbito de aplicación del antedicho Estatuto del Minero, como se aprecia con toda claridad por lo que se expresa en el párrafo segundo "in fine" del art. 1º del tal Estatuto, según el que se excluyen del mismo las actividades que puedan desarrollar esas empresas, y que sean distintas de "las labores de explotación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, que se incluyen en el ámbito de la Ley 22/1973, de 23 de Julio, reguladora de minas", así como también las actividades diferentes de "las labores mineras de investigación". Por tanto, es obvio que los trabajadores de las oficinas y dependencias administrativas, asícomo de talleres y otros centros análogos de exterior, no se rigen por tal Estatuto.

Además el art. 21 del mismo sólo otorga el beneficio de reducción de la edad de jubilación, mediante la aplicación de los oportunos coeficientes a quienes estén incluídos en el radio de acción de ese Estatuto; con lo que aquéllos que desempeñen su trabajo en los mencionados centros excluídos no pueden gozar de tal beneficio.

Como se ha dicho, las condiciones y términos que se han de cumplir para llevar a cabo la aplicación de la reducción de la edad de jubilación a los trabajadores de la minería incluídos en el Estatuto del Minero y no comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, se regulan en el Real Decreto 2366/1984, de 26 de Diciembre, sobre todo en los arts. 1 y 2 y en el Anexo de este Decreto.

Pues bien, a la vista de lo que estas normas establecen, es obvio que en ellas se estructura de forma manifiestamente diferente el reconocimiento de este beneficio a los trabajadores de interior que el otorgamiento del mismo "al personal de exterior con riesgos específicos".

A los mineros de interior se refieren los números 1 al 4 del citado Anexo, y en cada uno de esos números se fija un determinado coeficiente reductor con una relación de las concretas categorías a las que tal coeficiente corresponde. Y así, dado lo que dispone el art. 2-1 del Real Decreto 2366/1984, es obvio que basta con que quede acreditado que el trabajador jubilado desempeñó su labor en alguna o algunas de esas categorías (picador, barrenista, posteador, artillero, etc.) para que, sin necesidad de ninguna otra exigencia, se le aplique el coeficiente establecido en el número de que se trate.

No sucede lo mismo, en modo alguno, en lo que respecta a quienes desarrollaron su actividad en puestos de exterior. A estos ser refieren los números 5 al 8 del Anexo, pero en ellos no se especifican categorías concretas, sino que se exponen unas reglas o criterios de carácter genérico, reglas que necesitan ser desarrolladas de la forma que prescribe el art. 2-2 del Decreto aludido, para poder llevar a cabo la aplicación de dichas coeficientes a categorías y puestos determinados.

El número 2 del art. 2 del Real Decreto 2366/1984 establece: "El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevará a cabo, previo informe de las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Patronales más representativas del sector minero, las asimilaciones de categorías profesionales o puestos de trabajo que resulten necesarios para la aplicación de los coeficientes establecidos en la citada escala".

Y matizando más con respecto a los trabajadores de exterior, el párrafo segundo de ese mismo número 2 ordena: "La asignación a categorías o puestos de trabajo concretos de los coeficientes previstos en la escala anexa para el personal del exterior con riesgos específicos se efectuará mediante Resolución de la Dirección General del Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social. La solicitud de asignación de coeficientes se efectuará por los representantes de los trabajadores, electivos o sindicales, debiendo emitir informe en el expediente el Instituto Nacional de la Silicosis, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Administración de Minas y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Por consiguiente, de conformidad con lo que estos preceptos disponen, unidos a lo que se consigna en los números 5 al 8 del Anexo, resulta que la aplicación de los coeficientes reductores a las categorías y puestos de exterior responde a las siguientes pautas y criterios:

1).- Como se ha precisado poco más arriba, en los citados números 5 al 8 del Anexo se recogen tan sólo unos principios y reglas genéricas de actuación, que no es posible aplicar directamente; exigiendo ineludiblemente tal aplicación que se haya llevado a cabo la asignación de categorías y puestos que regula el comentado número 2 del art. 2 como desarrollo, cima y remate de aquellas normas genéricas; de tal modo que sólo con esta asignación de categorías la disposición legal ordenadora de la reducción de edad adquiere plenitud y eficacia vinculante.

2).- Esta asignación se ha de efectuar mediante un especial expediente administrativo, cuyos trámites esenciales son los siguientes: se iniciará mediante solicitud formulada por los representantes de los trabajadores, electivos o sindicales; en su tramitación se ha de oír a instituciones públicas tan calificas como el Instituto Nacional de la Silicosis, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Administración de Minas y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y concluye tal expediente con la pertinente Resolución de la Dirección General del Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social.Debe destacarse que este expediente no puede iniciarse a instancia de cualquier trabajador que considere que tiene derecho a la reducción comentada, ni tiene por objeto declarar que al puesto de trabajo que vino ocupando el solicitante ha de serle asignado un coeficiente reductor determinado; la finalidad de tal expediente es declarar de forma conjunta y colectiva que los puestos o categorías de exterior de un determinado centro de trabajo, de una o varias dependencias, o de ciertos talleres o lugares donde se presta servicio a una concreta empresa minera, cumplen las condiciones que genéricamente señalan los números 5 al 8 del Anexo, y en consecuencia precisar el coeficiente reductor que corresponde a cada uno de esos puestos o categorías. Por ello la legitimación para instar la incoación de ese expediente, dado el carácter colectivo de la pretensión ejercitada en el mismo, corresponde únicamente a los representantes de los trabajadores, bien sean unitarios, bien sindicales.

3).- Y precisamente el carácter colectivo de tal pretensión pone de manifiesto, con toda nitidez, que dicho expediente es el que da contenido y sentido concreto y directo a los principios y generalizaciones de los números 5 al 8 del Anexo. Téngase en cuenta que en lo que respecta a las categorías de los trabajadores del interior de la mina no existe problema alguno en cuanto a su determinación, pues se conocen perfectamente cuales tienen tal condición, y por ello el legislador ha efectuado directamente la asignación de coeficientes reductores a aquéllas en los números 1 al 4 del Anexo; pero esa asignación directa es imposible realizarla en cuanto a los trabajos de exterior, que presentan mucha mayor diversidad y dispersión, pudiendo muchos de ellos estar incluso fuera del área de aplicación del Estatuto del Minero, y en los que los "riesgos específicos" concurren o no en razón más bien de las circunstancias del supuesto concreto de que se trate, y no por causa de la categoría que se ostente o del puesto genérico que se ocupe; siendo posible que actividades de exterior que en abstracto guardan una coincidencia clara entre sí, presenten índices totalmente diferentes de riesgo, según sea la empresa, el centro o el lugar en que se desempeñen.

Y esta imposibilidad de establecer en la norma una asignación directa de coeficientes reductores a las categorías y puestos de exterior (en clara contraposición a lo que sucede en cuanto a los trabajadores de interior) es lo que obligó al legislador a recoger en los números 5 al 8 del Anexo unas disposiciones incompletas, las cuales sólo se culminan y rematan, y en consecuencia adquieren plena eficacia, una vez que se efectuó la asignación que dispone el art. 2-2 del Decreto 2366/1984.

4).- Todo ésto significa que los tan repetidos números 5 al 8 del Anexo han de ser necesariamente interpretados y aplicados en íntima unión con el art. 2-2 aludido, de tal modo que la reducción de la edad de jubilación de que hablan aquellos números solo tienen efectividad cuando la pertinente resolución de la Dirección General del Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social dispuso, en relación con los puestos y categorías de un determinado centro, dependencia o lugar de trabajo de una empresa concreta, la referida asignación de coeficientes reductores de acuerdo con este art. 2-2.

Es obvio, por tanto, que tal asignación de coeficientes es requisito absolutamente necesario, en primer lugar, para la eficacia y fuerza vinculante de las disposiciones reguladoras de la reducción de edad en estos casos relativos a los trabajos de exterior; y en segundo lugar para el nacimiento del derecho de cada trabajador concreto a que se le aplique tal clase de reducción. Así pues, si este requisito no se ha cumplido, ni existe norma alguna que imponga la aplicación de los referidos coeficientes reductores, ni tampoco derecho alguno a que tal aplicación se efectúe con respecto a trabajadores específicos.

La filosofía que se desprende de todo lo que se viene exponiendo es que en las actividades de exterior, en principio y normalmente, no se adquiere el derecho al beneficio reductor comentado; sólo cuando, a través del cauce procedimental antedicho, la resolución de la Dirección General referida ha efectuado la correspondiente asignación de coeficientes a las categorías o puestos de un centro, taller o lugar de trabajo, es cuando nace el derecho, por parte de quienes desempeñan su labor en ellos, a gozar de tal beneficio.

Y como en el caso de autos no existe resolución de tal Dirección General que asigne coeficiente reductor de clase alguna a los puestos de exterior en que vino actuando el demandante, es claro que éste no tiene derecho a la reducción de la edad de jubilación que solicita en su demanda.

Es más, el trabajo que desempeñó el demandante fué el de Oficial 1ª Administrativo en las Oficinas que la empresa tiene en Sagunto, con lo que lo lógico es estimar que queda fuera del ámbito del Estatuto del Minero, dado lo que establece el art. 1 del mismo, como se explicó en el Fundamento de Derecho cuarto de esta sentencia.

Como punto final a todo cuanto se ha venido exponiendo, se añaden las siguientes puntualizaciones:1).- Aquí no se plantea ningún problema de competencias entre la Administración y los Tribunales de Justicia; lo determinante a efectos del presente debate es dilucidar si ha nacido o no el derecho al beneficio tantas veces mencionado, como se ha explicado con cierto detenimiento en los razonamientos anteriores.

2).- Tampoco se trata estricta y propiamente de declarar la toxicidad o peligrosidad de uno o varios puestos de trabajo. Es cierto que el dato de la existencia de "riesgo específico" es importante a la hora de efectuar la asignación de coeficientes reductores que regula el art. 2-2 del Decreto tantas veces citado, pero ésto no significa, de ningún modo, que nos encontremos ante tal clase de declaración, pues las diferencias entre uno y otro supuestos son manifiestas y obvias, habida cuenta que: a).- La finalidad que se persigue con la declaración de peligrosidad, penosidad o toxicidad de uno o varios puestos de trabajo, es la de percibir los trabajadores en activo que los desempeñen, el correspondiente complemento retributivo, y también que el empresario adopte las medidas oportunas para aminorar la intensidad de esos riesgos; en cambio, en el supuesto de autos se trata del reconocimiento, cuantificación y abono de una pensión de jubilación de la Seguridad Social; b).- En aquella declaración lo único que en esencia se analiza es la existencia o no de peligro, molestias o elementos tóxicos; en la asignación de coeficientes del art. 2-2 del Decreto 2366/1984 no basta con detectar el correspondiente riesgo específico, sino que además se han de tener en cuenta otras circunstancias, como se aprecia claramente con la simple lectura de los números 5 al 8 del Anexo de dicho Decreto; c).- La declaración de toxicidad se dirige contra el empresario, que es el titular del negocio o centro en donde la misma se da, que por ello se beneficia con el trabajo que se realiza en esas condiciones extremas, y que es quien puede y debe adoptar las medidas tendentes a reducir en lo posible el riesgo; en cambio la asignación de coeficientes reductores a quien afecta más directamente, como obligado, es a la Seguridad Social, que ha de satisfacer la pensión de que se trate, y ésta ni es titular de la explotación o negocio, ni se beneficia por el trabajo de quienes en él prestan servicio, ni puede hacer nada directamente para disminuir o eliminar la situación de riesgo existente; d).- Estas disparidades ponen de relieve con nitidez que mientras que en la referida declaración de peligrosidad, penosidad o toxicidad se produce un claro conflicto entre partes, trabajador y empresario, en cambio en la tan mencionada asignación de coeficientes reductores se trata del requisito necesario para el nacimiento del derecho a gozar del beneficio pretendido.

Todo cuanto se ha dicho hace lucir que en la presente sentencia se rectifica el criterio mantenido por la Sala en su sentencia de 3 de Noviembre de 1995.

Por consiguiente, la sentencia recurrida ha vulnerado los preceptos citados y quebrantado la unidad en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia, lo que obliga, en base a lo que ordena el art. 226 de la Ley de Procedimiento Laboral, a casar y anular tal sentencia; y resolviendo el debate planteado en suplicación, procede desestimar la demanda origen de las presentes actuaciones.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.