STS 771/1995, 20 de Julio de 1995

Don Octavioy su esposa Doña Carolinapromovieron juicio declarativo de menor cuantía contra Don Pedro Miguel, sobre reclamación de la cantidad de seis millones de pesetas e intereses legales, por el concepto de daños y perjuicios como consecuencia del fallecimiento de su hijo Juan Antonio, soltero, de 34 años de edad, acaecido el 5 de Septiembre de 1.988, cuando con ocasión de encontrarse trabajando, con categoría de peón, para la empresa del demandado, en una obra en construcción en el PARAJE000", término municipal de Castellanos de Villiquera, se cayó al suelo desde un andamio, sufriendo fractura de la base del cráneo y enclavamiento de la misma sobre la arteria carótida. El Juzgado de Primera Instancia número Uno de Salamanca, por sentencia de 8 de Enero de 1.990, y con estimación parcial de la demanda, condenó a Don Pedro Miguela que abonase a los actores la cantidad de cuatro millones de pesetas, absolviéndole del resto de las peticiones, que fue confirmada por la dictada, en 20 de Febrero de 1.992, por la Sección Tercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid, y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por Don Pedro Miguela través de la formulación de tres motivos amparados de modo respectivo, en los ordinales 3º, 4ºy 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la Ley 10/1.992, de 30 de Abril.

En el primer motivo se alega "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte", consistente en que se han quebrantado las formas del procedimiento por concederse un derecho incorrectamente solicitado, puesto de manifiesto por el recurrente e ignorado por la resolución impugnada, cuyo motivo se basa, en síntesis, en los argumentos siguientes: - Postulan los actores su legitimación activa por ser padres del fallecido, que convivía con ellos, y haber sido declarados sus únicos y universales herederos-, -Es doctrina jurisprudencial que el derecho a la indemnización por causa de muerte no es un derecho sucesorio, sino ejercitable "ex iure propio", al no poder sucederse en algo que no había ingresado en el patrimonio del "decuius", por lo que la legitimación no corresponde a los herederos en cuanto tales, sino a los perjudicados por el fallecimiento, pues sólo los vivos son capaces de adquirir derechos (Sentencias del Tribunal Supremo 2ª de 20 de Octubre de 1.986, 21 de Diciembre de 1.987, 15 de Abril de 1.988 y 12 de Mayo de 1.990)-, -El Juzgado no entró a examinar la excepción invocada, y la Sala, tampoco se pronunció en ningún sentido-, -De esta forma, la sentencia está quebrantando el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en primer lugar, porque no es congruente con lo solicitado en la demanda, ya que si se alega una legitimación activa incorrecta, el Tribunal no puede " per se" subsanar dicho defecto, y, en segundo término, porque no resuelve todos los puntos litigiosos al no mencionarse en la misma esa falta de legitimación activa.

Atendiendo al desarrollo argumental del motivo y a la expresa cita que hace respecto al artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ello parece indicar que en él, más que una cuestión de falta de legitimación activa, se está planteando una cuestión de incongruencia de la sentencia por no haberse pronunciado de manera explícita, precisamente, sobre la excepción de ausencia de legitimación que se alegó en la contestación a la demanda, pero aún cuando sea cierto que la sentencia recurrida no contenga ningún pronunciamiento acerca de la mentada excepción, siguiendo así la tónica de la recaída en primera instancia, el motivo no puede prosperar en cuanto que la estimación parcial de la demanda, con la consecuente condena de pago impuesta al demandado- recurrente, significa y lleva consigo, desde luego, una desestimación de la falta de legitimación invocada, sin que la circunstancia de que tal desestimación fuese implícita pueda ocasionar infracción alguna a las prescripciones cuya observancia exige el precitado artículo 359, y sabido es, por otra parte, que es doctrina reiterada de la Sala la concerniente a que, "en término generales, las sentencias absolutorias no pueden ser tachadas de incongruencia por entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito", y en el caso de autos, aquella estimación vino a ser equiparable, desde el plano de la pretensión de la excepción articulada por el demandado, a una sentencia absolutoria en favor del contrario. Por lo que respecta a la argumentación referida a la doctrina jurisprudencial sobre que el derecho a la indemnización por muerte no es un derecho sucesorio y, como tal, la legitimación para percibirla no corresponde a los herederos sino a los perjudicados, es de decir, en primer lugar, que la legitimación "ad procesum" de los actores, en su calidad de padres del fallecido, fue reconocida por la contraparte en el procedimiento laboral tramitado paralelamente al civil, y, en segundo término, que la tan repetida legitimación, entendida en el sentido expuesto en el motivo, es, más bien, una legitimación "ad causam" que afecta a la cuestión de fondo propiamente dicha, al referirse a la falta de derecho o de acción y estar directamente relacionada con el objeto material de la causa, con el derecho reclamado en suma, por lo que, tampoco, en el aspecto indicado podría prosperar el motivo, máxime, al no ser posible negar al matrimonio actor la condición de perjudicados, por consiguiente, las consideraciones que anteceden conducen a tener por claudicado el primer motivo del recurso.

En el segundo motivo se denuncia "error en la apreciación de la prueba", por el que se trata de poner de manifiesto que la valoración de la prueba realizada en ambas instancias ha sido parcial y conducido a una conclusión incorrecta por incompleta, error que, en opinión del recurrente, tiene su apoyo en los razonamientos que, resumidamente, se exponen a continuación: -La sentencia de la Audiencia hace constar como probado (fundamento quinto) que "... el fallecimiento... se produjo por fractura de la base del cráneo, ocasionada al impactar con el suelo el referido trabajador que cayó desde una altura de 1,60 metros; concretamente desde la terraza donde trabajaba, que no tenía ninguna clase de protección por la parte exterior", y la del Juzgado, establece como hechos probados que "... Don Juan Antonio... estando subido en un andamio situado a una altura de 1,60 metros que está desprovista de protección exterior cayó al suelo por causas desconocidas produciéndose lesiones a consecuencia de las cuales falleció..."-, -A dichas conclusiones llegan ambos Tribunales en base únicamente al Informe de la Guardia Civil, incorporado a las Diligencias Previas, y en él se dice que "... la terraza donde trabajaba se encuentra a 1,60 metros del suelo, sin ninguna clase de protección por la parte exterior, lugar por donde cayó al suelo..."-, -La sentencia del Juzgado establece que estaba subido, no en la terraza, sino en un andamio, y esa es la versión dada por las únicas personas que estaban presentes en el momento del accidente, y cuyos testimonios constan en autos, siendo las únicas pruebas de que se dispone para saber donde se encontraba el trabajador en el momento del suceso-, -La caída desde el andamio viene avalada, además, por el Informe de la Inspección Provincial de Trabajo, en el que se dice que en la obra "... no se han advertido irregularidades o infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y por lo demás, según afirmaciones de los testigos, el trabajador accidentado usaba casco, aunque esta circunstancia no ha podido se comprobada", sin que en dicho informe se haga alusión a la inexistencia de protección exterior, como se hace en el de la Guardia Civil-, -No se hace mención en ninguna de las sentencias a la circunstancia de que el trabajador portaba el oportuno casco protector-, -El informe Médico Forense de la autopsia, determina que el fallecimiento se produjo por parada cardíaca, a consecuencia del traumatismo cráneo encefálico... no pudiéndose precisar la etiología de la precipitación, por lo que se supone, fue accidental-, -Respecto a las declaraciones de los testigos presenciales, Carlos Franciscodice que la caída se produjo hacia el interior, y no al exterior, existiendo en ambos lados "vallas protectoras o quitamiedos", y Claudioconsideró la caída "... un poco extraña, ya que no realizaba trabajo alguno que requiriera ningún esfuerzo", hallándose "...

todas las medidas protectoras o de seguridad en el trabajo de la obra..."-, -No queda otra cosa que pensar que la caída se debió a un desvanecimiento momentáneo, llegando el Informe de la Inspección de Trabajo a esa conclusión al decir que el accidente se produjo "... en un momento dado y sin saberse exactamente las causas, probablemente a causa de una mareo..."-, - Vista la importancia del informe citado de la Inspección, en aras de la valoración del resto de la prueba, resulta incomprensible que ni el Juzgado, ni la Audiencia, lo han tenido en cuenta, ni siquiera mencionado, y el error cometido al no apreciar el valor del documento referido, ha hecho variar toda la calificación de los hechos- y -En cuanto al valor que pueden tener los testimonios de Carlos Franciscoy Claudio, son las únicas pruebas directas y fiables para saber donde se hallaba Juan Antonioen el momento del accidente.

En el motivo se imputa a los juzgadores de instancia que han valorado incorrectamente la prueba al no haber considerado la totalidad de la misma, por lo que se procede a analizar y evaluar determinados elementos probatorios, con lo cual, en definitiva, se está intentando sustituir el criterio de aquellos por el personal de la parte recurrente y hacer del motivo una tercera instancia, lo que resulta inadmisible casacionalmente. En esa valoración de elementos probatorios se encuentra determinada prueba testifical, olvidándose así que conforme a reiterada doctrina de la Sala, sobradamente conocida, "los artículos 1.248 del Código Civil y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no son aptos para apoyar el recurso de casación, al no contener normas valorativas de prueba alguna, de obligada observancia, sino de simple carácter admonitivo, por lo que la apreciación de este medio de prueba es facultad discrecional del Tribunal de instancia, aparte de que las reglas de la sana crítica son simples máximas de experiencia que no han sido codificadas", doctrina que hace descartar la posibilidad de prestar atención casacional a la meritada prueba. En el motivo se hace hincapié, contraponiéndoles, en los informes de la Guardia Civil e Inspección de Trabajo, toda vez que aluden, de modo respectivo, a una terraza y a un andamio, y así, en las sentencia del Juzgado se habla del andamio y en la de la Audiencia, de la terraza, si bien, en ésta, se viene a equipar andamio y terraza a los efectos del accidente, como se aprecia con la lectura del segundo fundamento de derecho, pero, en cualquier caso, semejante disquisición no parece ser relevante al afectar sólo al elemento de la obra en construcción en que estaba el operario al producirse el accidente, pues lo en verdad importante es que tal elemento, terraza o andamio, carecía de protección exterior, sobre cuyo particular es coincidente la apreciación probatoria en ambas sentencias, sin que esta apreciación pueda quedar desvirtuada por la circunstancia de que en el Informe de la Inspección se manifieste que "no se han advertido irregularidades o infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo", ya que el Tribunal, dentro de las facultades que le incumbe en materia probatoria, puede conceder distinto valor a los medios probatorios puestos a su consideración e, incluso, optar, entre ellos, por el que estime más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos. El dato fáctico mencionado en el motivo sobre el uso del casco por el accidentado, no detona relevancia alguna en relación con la ausencia de protección indicada, y, además, las sentencias le silencian totalmente, e, igualmente, carece de absoluta relevancia la suposición médico-forense sobre la "etiología accidental" de la precipitación, careciendo, así mismo, de todo valor la conjetura apuntada por el recurrente, de deberse la caída a un desvanecimiento momentáneo, al no tener apoyo alguno probatorio. Así pues, las reflexiones expuestas llevan a concluir que el Tribunal "a quo" no incurrió en error en al apreciación de la prueba, lo que origina el perecimiento del motivo examinado.

En el tercer motivo, último formulado, se invoca "infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia" por haber existido una aplicación incorrecta de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, suponiendo una responsabilidad objetiva, sin admitir la desvirtuación de los elementos que exigen los citados preceptos y la doctrina jurisprudencial, razonándose, en extracto, cuanto sigue: -Ambas sentencias condenan al recurrente por conducta negligente como constructor responsable de la seguridad de la obra, responsabilidad objetiva, ya que no intervino ni estaba presente en el momento del accidente, y ello, conforme al artículo 1.902 del Código Civil-, -Existe una excepción en el último párrafo del artículo 1.903, que determina que "la responsabilidad cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño"-, -En relación con los presupuestos que la jurisprudencia considera que deben concurrir para que pueda darse el caso contemplado en los referidos artículos: acción u omisión generadora de una conducta imprudente o negligente culposa y antijurídica, causación de un daño o lesión y relación de causa a efecto entre la falta y el daño (Sentencias de 16 de Junio de 1.967, 14 de Marzo de 1.968, 21 de Septiembre de 1.974, 31 de Marzo de 1.980, 21 de Octubre de 1.981, 10 de Julio de 1.988 y 5 de Diciembre de 1.989, entre otras muchas), existió, efectivamente, un daño concreto, el fallecimiento del trabajador, no así, el elemento subjetivo, ya que en la actuación del recurrente no hubo negligencia alguna, ni directa, ni subsidiaria, lo que imposibilita la concurrencia del elemento causal-, - Aunque la responsabilidad por culpa extracontractual ha ido evolucionando hacia un sistema que acepta soluciones cuasiobjetivas, ésto no puede admitirse cuando el agente demuestra haber procedido con la diligencia debida-, -No es razón suficiente alegar que no estaba al corriente en la póliza de seguro, ya que la negligencia ha de basarse en la omisión de los medios de seguridad que se establezcan reglamentariamente, y que eviten la causación de un daño que pueda ser previsto dentro de la actividad de la construcción, lo cual, no ocurre en el caso de que se trata porque de la prueba practicada se evidencia que se daban todos los medios de seguridad que exige la diligencia dentro de la construcción-, -El requisito de la previsibilidad es esencial para generar culpa extracontractual, y desde el momento en que no puede estimarse previsible, habrá de entenderse que cesa la obligación de responder y entra en juego el caso fortuito, por aplicación del artículo 1.105 del Código Civil, y en este sentido se expresa la jurisprudencia (Sentencias de 22 de Diciembre de 1.981, 11 de Noviembre de 1.982, 11 de Mayo de 1.983, 8 de Mayo de 1.986, 8 de Julio de 1.988 y 23 de Junio de 1.990)- y -El recurrente no sólo demostró la diligencia que requerían las circunstancias, sino que además no pudo prever una caída accidental debida posiblemente a un desvanecimiento o mareo, sin que influyeran para nada en la misma la falta de protección o de medidas de seguridad en la obra.

Resulta de todo punto inexacta la alegación de que en la responsabilidad apreciada en el recurrente, con la consecuente condena indemnizatoria, pudiera haber influido que no se encontrase al corriente en la póliza de seguro, pues la lectura de las sentencias recaídas en primera y segunda instancia evidencia que aquella responsabilidad se fundamentó exclusivamente en carecer de protección exterior el elemento de la construcción desde el que cayera al suelo el trabajador, sobre cuyo particular, sería intrascendente la causa determinante de la caída, desvanecimiento o cualquier otra, pues el factor determinante de la declaración de responsabilidad se centró en la ausencia de la medida de seguridad indicada y cuyo factor ha quedado incólume al no haber sido combatido adecuadamente por la vía casacional. Ni el Tribunal "a quo", ni el Juez de instancia con anterioridad, han desconocido los requisitos que la doctrina jurisprudencial ha venido exigiendo en orden a una acertada y correcta aplicación de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, que son coincidentes con los reseñados en el motivo: -acción u omisión culposa o negligente, bien propia y personal, bien de aquellas personas de quienes se debe responder-, -resultado dañoso efectivo y concreto y relación de causalidad entre uno y otro, y, precisamente, se han atenido a los mismos para exigir e imponer la responsabilidad indemnizatoria que declararon, con fundamento en la ausencia de una determinada medida de seguridad, como se ha repetido, protección exterior del andamio o terraza en que se encontraba trabajando el accidentado. Indudablemente, la conducta omisiva respecto a esa medida de seguridad correspondía al empresario, ya por vía personal y directa, ya por tener que responder de la persona a la que, dentro de la obra, correspondiese su adopción material, y no cabe ignorar las posibles consecuencias a derivar de esa falta concreta de protección, entre ellas, como más elemental, la previsión de una caída al vacío por inexistencia de apoyo o sujeción, fuese cual fuese la razón determinante de la misma, lo que veda tener en cuenta en el caso de autos el mecanismo prevenido en el artículo 1.105 del Código. Cuanto antecede permite entender, sin necesidad de mayores razonamientos, que el Tribunal "a quo" no efectuó aplicación incorrecta alguna en relación con los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, y ello origina el perecimiento del último motivo analizado, cuya inviabilidad es, además, consecuencia del fracaso del anterior. Y la improcedencia de los tres motivos del recurso de casación interpuesto por Don Pedro Miguel, lleva consigo, en virtud de lo dispuesto en el párrafo final del rituario artículo 1.715, la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente, y la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de Don Pedro Miguel, contra la sentencia de fecha veinte de Febrero de mil novecientos noventa y dos, que dictó la Sección Tercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid, y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso, y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal oportuno.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.