STS, 24 de Abril de 2001

El acusado ahora recurrente fue condenado en la instancia como autor de un delito de homicidio intentado del art. 138 C.P. en relación con el art. 16, y de dos delitos consumados de lesiones tipificados en los arts. 147 y 148.1º C.P.

El primer motivo contra la sentencia se formula por el cauce procesal del art. 849.1º L.E.Cr., por aplicación indebida del art. 138 C.P. e indebida inaplicación del art. 147. Sostiene el motivo que el Tribunal de instancia ha incurrido en error de derecho al calificar los hechos declarados probados como homicidio en grado de tentativa y no de lesiones «... pues de los hechos que se consideran acreditados no cabe inducir la existencia del "animus necandi"» sino que el propósito del sujeto al ejecutar la acción de apuñalar a la víctima se limitaba a causarle lesiones, pero en ningún caso a acabar con su vida.

Cuando se trata de determinar la intención del agente en supuestos de agresión contra otra persona, y pronunciarse sobre si nos encontramos ante un ánimo homicida o propósito de causar la muerte y no otro resultado lesivo, la doctrina tradicional de esta Sala, pacífica, uniforme y persistente, tiene sentado el criterio de que esa determinación del propósito del sujeto, como perteneciente a la esfera íntima de su conciencia sólo puede establecerse -salvo espontánea y libre manifestación del autor del hecho- mediante un juicio de inferencia al que el juzgador debe llegar tras el análisis ponderado de una pluralidad de datos fácticos, suficientemente acreditados, que revelen el pensamiento o la intención del sujeto activo.

También hemos dicho insistentemente que a la hora de abordar en trance casacional una censura en la que se plantea el "error iuris" del Tribunal a quo por estimar concurrente en el hecho enjuiciado el elemento subjetivo del delito resulta inexcusable e imprescindible partir del estricto respeto y acatamiento a la declaración de Hechos Probados, sin posibilidad alguna de atender argumentaciones impugnativas realizadas al margen de tales hechos probados, pues única y exclusivamente los datos que obren en el relato histórico de la sentencia servirán de base para dilucidar el acierto o desacierto del Tribunal sentenciador al declarar aquella concurrencia.

Un paso más en este análisis nos lleva a afirmar que, dado que este tipo de censura debe ser articulada a través del supuesto de infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr., el motivo únicamente podrá alcanzar el éxito si se acredita la inexistencia de los datos objetivos en los que el Tribunal de instancia ha fundamentado su juicio de inferencia (lo que el recurrente podrá conseguir, en su caso, denunciando la falta de prueba de aquellos datos fácticos indiciarios), la irracionalidad del juicio inductivo alcanzado por los jueces a quibus, o la presencia de otros elementos indiciarios que lo contradigan, ya figuren aquéllos en la declaración de hechos probados que el juzgador haya obviado, ya se incorporen al "factum" por la vía del error de hecho del art. 849.2º L.E.Cr. (véase STS de 13 de marzo de 1.995).

Sobre estas premisas doctrinales, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido los datos fácticos circunstanciales que, como hechos base indiciarios, pueden ser considerados por Jueces y Tribunales para formar el juicio de inferencia sobre la concurrencia del "animus necandi". Estos criterios de inferencia incluyen, entre otros, los siguientes: 1) la dirección, el número y la violencia de los golpes; 2) las circunstancias conexas a la acción; 3) las manifestaciones realizadas por el sujeto activo, esto es, las palabras pronunciadas precedentes y acompañantes a la agresión, y a actividad anterior y posterior al hecho, 4) las relaciones entre agresor y víctima; 5) las características del instrumento utilizado; 6) las zonas del cuepro a donde se dirigieron los golpes y donde se localizaron las lesiones.

Examinados el motivo formulado por el recurrente y la sentencia impugnada, la censura casacional no puede ser acogida.

En primer lugar, porque el recurrente no respeta en su incolumidad la declaración de hechos probados al combatir el juicio de inferencia del Tribunal sentenciador sobre la concurrencia del "animus necandi" en el acusado, ya que aquél se apoya en argumentos que se fundamentan en múltiples datos fácticos ausentes del relato histórico de la sentencia con los que el recurrente pretende complementar el "factum" al margen del art. 849.2º de la Ley Procesal.

En segundo término, y esencialmente, porque en modo alguno cabe tildar de irracional, arbitraria o ilógica la inferencia del Tribunal de instancia a la vista de los elementos probados que circundaron el hecho enjuiciado. La llegada del acusado a la vivienda de Julia , "que había sido novia del anterior [Julián .], pero que ya habían roto sus relaciones.... a fin de devolverse unos regalos y fotografías...., penetrando al interior a pesar de que aquélla no le invitó a entrar"; la discusión tensa y destemplada que suscitó el acusado con los moradores de la casa; la utilización de un arma blanca de diez centímetros de hoja que como tal es plenamente adecuada para matar; la repetición de los ataques con dicha navaja, pues al primer navajazo, siguió otro en la zona abdominal; la frase pronunciada por el acusado inmediatamente antes de esta segunda cuchillada: "de ésta no te escapas", significativa por sí misma de los propósitos del agresor; el hecho de que el acusado fue agarrado por uno de los presentes, lo que impidió que continuara la agresión a Julia ; en fín, la parte del cuerpo adonde se dirigieron los navajazos, alcanzando el primero el hemitórax derecho entre el 3er y 4º espacio intercostal produciendo neumotórax afectando al pulmón, y el segundo en el abdomen interesando el hipocondrio izquierdo. Todos estos elementos que figuran probados en el relato histórico ponen de manifiesto que resulta completamente razonable y convincente la inferencia del Tribuanl acerca del "animus necandi" que impulsaba al acusado.

Las alegaciones del recurrente pretendiendo que estos hechos no permiten inferir más que, "en todo caso", un deseo de lesionar a Julia , no pueden ser aceptadas, pues la inferencia del Tribunal que considera la existencia del "animus necandi" se ajusta plenamente a las reglas de la razón, del recto criterio y, particularmente, de la experiencia común en esta clase de sucesos. Así, resulta inane que el acusado no acudiera a la casa de la víctima con intención de matar a ésta, pues esa decisión y la acción que la ejecutaba surgieron más tarde; como resultan intrascendentes a efectos casacionales los argumentos acerca de la intensidad de los navajazos propinados sobre los que el motivo especula a partir de datos no contenidos en el "factum"; o, la afirmación de que el estado de excitación del acusado no permitiría que éste deseara "reflexivamente" la muerte de su ex novia, ya que ese estado de ánimo es lo que ha motivado la apreciación por la Sala de instancia de la atenuante de arrebato, lo que, es obvio, no excluye que el acusado actuara con el suficiente grado de conciencia y voluntad de lo que hacía y, por tanto, con su imputabilidad aminorada pero no eliminada; como, en fin, carece de eficacia a los efectos pretendidos el hecho de que el acusado acudiera inmediatamente de cometer las agresiones a Comisaría a relatar lo que había hecho, pues tal conducta posterior no empece en absoluto que con anterioridad, y al momento de apuñalar a Julia , su propósito fuera el causarle la muerte, por más que este comportamiento haya fundamentado la aplicación por el Tribunal de la atenuante de arrepentimiento espontáneo.

Por útlimo, no resulta ocioso recordar que el dolo criminal implica el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y, a la vez, la voluntad de realizar ésta; y que este elemento subjetivo, imprescindible para configurar el tipo penal puede concurrir como dolo directo o como dolo eventual. En el primer caso cuando, de manera consciente y querida, el sujeto activo se dirige directamente al resultado propuesto, que se desea y se busca, en tanto que el dolo eventual concurre cuando habiéndose representado el agente el resultado de su acción como posible y probable pero no de necesaria consecuencia, no directamente querido, se acepta no obstante porque no se renuncia a la ejecución del acto que puede generar dicho resultado. A la vista de la resultancia fáctica de la sentencia, es claro que el dolo requerido por el tipo penal calificado concurre sin duda su modalidad de dolo directo, mas que como dolo eventual.

El motivo debe ser desestimado.

El motivo tercero del recurso, también formulado por infracción de ley al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., denuncia la falta de la reducción penológica establecida en el art. 62 C.P. respecto al delito de homicidio intentado. Lo estudiamos ahora por razones metodológicas.

El reproche debe ser estimado.

En efecto. La Audiencia sanciona con cuatro años de prisión el delito de intento de homicidio. Analizando el fundamento jurídico Quinto, resulta patente que la Sala rebajó en dos grados la pena en aplicación del art. 66.4 C.P. ante la concurrencia de tres circunstancias atenuantes. Esta reducción en dos tramos en virtud del citado art. 66.4 se evidencia, además, cuando el Tribunal sanciona los delitos de lesiones consumadas con nueve meses de prisión "por las mismas razones" que tiene en cuenta para aplicar el art. 66.4 al delito de homicidio, siendo así que esa pena de nueve meses sólo es posible degradando en dos grados la pena señalada por la Ley al delito de lesiones del art. 148 C.P.

Si la pena señalada por la ley para el delito de homicidio consumado es de diez a quince años, la calificación del hecho como tentativa del art. 16 y la explícita invocación por el Tribunal al art. 62, exigen la rebaja de esa pena en al menos un grado, lo que la dejaría en prisión de cinco a diez años. La rebaja posterior en dos grados decidida por el Tribunal por el juego del art. 66.4 sitúa la sanción en 1 año y 3 meses a 2 años y 6 meses. En este extremo habrá de anularse la sentencia de instancia y dictar una segunda en la que se fije la pena en 2 años y seis meses de prisión atendiendo, de un lado, a que nos encontramos ante un caso de tentativa acabada y no de desistimiento voluntario previo a la consumación y, de otro, a la especial gravedad de los hechos.

También al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., se alega en un segundo motivo infracción de ley por inaplicación indebida del art. 16.2 C.P. Afirma el recurrente que el acusado, después de la agresión a Julia "........ realizó todos los actos que estaban en su mano para evitar un resultado fatal" y que este comportamiento obligaba al Tribunal a aplicar el precepto invocado que excluye la responsabilidad del sujeto que con su acción posterior "impide la producción del resultado".

Lo que el motivo postula es la apreciación de la figura de "ejecución consumada sin éxito voluntario", también llamada arrepentimiento activo. Dos son los supuestos de exención de la responsabilidad criminal que regula el art. 16 C.P.: el desistimiento propiamente dicho -que la doctrina denomina tentativa inacabada-, que surge en el abandono por el agente de la acción ya comenzada pero no concluida, en un momento de la dinámica comisiva en que lo ya ejecutado no conlleva la producción del resultado que con la acción se pretendía conseguir; y, por otra parte, el desistimiento activo, que tiene lugar cuando la acción ya realizada tiene suficiente efectividad para producir el resultado y éste se evita por el propio agente, de manera voluntaria y mediante su propia actuación. Sería la tentativa acabada con desistimiento activo cuya concurrencia postula el recurrente (Véanse SS.T.S. de 16 de julio de 1.998, 9 y 26 de marzo de 1.999 y 25 de junio de 1.999).

Pero la apreciación de esta modalidad de exención de la responsabilidad, exige imperativa e inexcusablemente que haya quedado debidamente acreditado que la no producción del resultado haya sido consecuencia directa de la conducta del agente, cuyo comportamiento impeditivo haya sido ejecutado precisamente con la finalidad de que no se produjera el resultado propio de la acción delictiva, y así debe de estar reflejado en el relato histórico de la sentencia, sin concesión alguna a la conjetura ni a la especulación. Pero, una vez más, el recurrente construye su argumento a partir de unos elementos fácticos que no figuran en la declaración de hechos probados que, -habrá que repetirlo una vez más- deben ser escrupulosamente respetados. Sostiene el motivo que el acusado ".... con su rapidísima actuación, facilitó una inmediata atención médica a la lesionada", abundando en el acto de la vista del recurso en que solicitó auxilio inmediato para que las víctimas fueran atendidas por los servicios sanitarios, como así sucedió, y en esta acción fundamenta su pretensión de excluir la responsabilidad de aquél por el delito de homicidio. Sin embargo, lo que el Tribunal a quo declara probado es que el agresor, "inmediatamente ... se dirigió a la Comisaría de Policía donde espontáneamente relató lo que había hecho....", pero nada se nos dice sobre que el acusado prestara personal auxilio a la agredida, o que demandara urgente asistencia, bien desde la propia vivienda donde sucedieron los hechos, o bien solicitándolo de los vecinos. Lo único que se declara probado a este respecto es que el acusado, después del apuñalamiento se desplazó a Comisaría donde contó lo sucedido, por más que tal confesión determinara, naturalmente, el desplazamiento de los funcionarios policiales al lugar de los hechos y la prestación del auxilio. No parece dudoso considerar acertada la decisión del juzgador al apreciar sobre esta base fáctica la concurrencia de la atenuante de arrepentimiento espontáneo por confesión del hecho (art. 21.4 C.P.) y la de disminuir los efectos del daño ocasionado a la víctima (art. 21.5 C.P.), pero esa conducta de confesar el hecho a las autoridades policiales no tiene el alcance pretendido por el recurrente de eximir de responsabilidad por el delito de homicidio intentado, ya que la acción postdelictual del agente resulta insuficiente para integrar el arrepentimiento activo .

Tampoco resulta posible desde el punto de vista penológico aceptar la pretensión del recurrente, dado que el desistimiento activo habría tenido lugar por la actividad "post delictum" del acusado y esa actividad es, precisamente, la que integra las atenuantes de confesión y reducción del daño, puesto que la confesión del hecho a las autoridades es el factor que determinaría el auxilio prestado a las víctimas y la consecuente evitación del resultado fatal, de manera que la no consumación del homicidio se sustentaría imprescindiblemente en la conjunción de esos dos factores (la confesión y la disminución del daño), ya que la ausencia de alguno de ellos impediría el resultado de la no consumación del delito. Así las cosas, de aceptar hipotéticamente la teoría del desistimiento activo estaríamos ante un delito consumado de lesiones del art. 148 C.P. sancionado con prisión de dos a cinco años, para cuya punición sólo subsistiría la atenuante de arrebato, pues las otras dos de confesión y disminución ya se habían agotado para construir el "desistimiento activo", de suerte que la pena a imponer sería la mencionada pero en su mitad inferior: de dos años a tres años y medio, que, como se aprecia, es más grave que la resultante para el homicidio intentado (5 a 10 años) más la rebaja de esta pena en dos grados por aplicación del art. 66.4, que dejaría la sanción definitiva en prisión de un año y tres meses a dos años y medio.

El cuarto motivo denuncia la indebida aplicación del art. 148.1º C.P., alegándose que el hecho probado debió haber sido calificado como constitutivo del tipo básico de lesiones del art. 147, en referencia a las agresiones causadas a Eva y Darío .

Como admite el propio recurrente, la aplicación del art. 148 C.P. es potestativa del Tribunal de instancia, no siendo el ejercicio de esta discrecional facultad revisable en casación, salvo excepcionalmente cuando se acredite una arbitrariedad evidente. En el supuesto actual no cabe atribuir arbitrariedad alguna al Tribunal sentenciador quien, tras declarar probado que el acusado agredió a sus víctimas con la misma navaja de diez centímetros de hoja, reseña que Darío recibió una herida en el muslo izquierdo que requirió 24 días para sanar y de ellos 8 hospitalizados en observación, precisando más de una asistencia facultativa y tratamiento quirúrgico de suturas y escayolas; y que Eva resultó con una herida inciso-punzante en la mama derecha, necesitando dos días de hospitalización y 8 en curar y precisando tratamiento quirúrgico de sutura.

Estos datos son suficientemente explicativos para poner de relieve el resultado producido por la agresión y el riesgo causado a que se refiere el primer párrafo del art. 148 C.P. y, sin duda alguna, para apreciar la concurrencia de la utilización de un instrumento concretamente peligroso para la vida y la salud física de los agredidos que contempla el nº 1 del precepto, pues no cabe objeción a calificar como tal a la navaja empleada por el acusado.

El motivo debe ser desestimado.

El último motivo se formula igualmente por la vía del art. 849.1º L.E.Cr., por infracción de ley, denunciándose la aplicación indebida de los artículos 109 y 116 C.P.

Alega el recurrente que la sentencia impugnada concede a Julia una indemnización de 1.301.000 ptas., cantidad muy superior a la solicitada por la acusación particular y por el Ministerio Fiscal, pues éste interesó una suma global de 668.000 ptas., y aquélla solicitaba en su escrito de conclusiones provisionales 275.000 ptas. por los días de curación, quedando a resultas de la pericial a practicar en el Juicio Oral las cantidades a reclamar por secuelas, siendo así que aquellas conclusiones fueron elevadas a definitivas sin hacer petición concreta sobre las indemnizaciones derivadas de las dichas secuelas.

El motivo, que viene apoyado por el Fiscal, debe ser estimado por los propios fundamentos alegados de consuno por las partes procesales y que, como acertadamente apunta el Ministerio Público, se recogen en la Sentencia de esta Sala de 5 de junio de 1.998 cuando declara que "El hecho de que la Sala en este caso haya fijado una indemnización mayor que la solicitada por el Ministerio Fiscal, sin una previa pretensión del perjudicado que justificara esa superior concesión, supone condenar a lo que, por no haberse planteado en el proceso, no ha permitido al acusado alegar o probar en contrario, vulnerándose así, desde una perspectiva constitucional su derecho a no sufrir indefensión (artículo 24 de la Constitución Española); y al mismo tiempo, en cuanto que no se han respetado los principios dispositivos y de rogación, supone la infracción del artículo 109 del Código Penal que enmarca la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de un delito, dentro de los términos previstos en las leyes, en los que se encierran las exigencias y principios antes referidos".

Por ello la sentencia de instancia deberá ser anulada también en este extremo y reducir, en la nueva que esta Sala dicte, las indemnizaciones por responsabilidades civiles a las cantidades fijadas por el Tribunal de instancia por los días de hospitalización y por los que estuvo impedida la víctima para sus ocupaciones habituales, exlcuyendo los asignados por secuelas al no ser expresa y concretamente reclamados por la acusación particular, lo que no obsta para que dicha parte, que no ha renunciado al ejercicio de su acción en este ámbito, acuda a los órganos jurisdiccionales del Orden Civil para solicitar la indemnización correspondiente al daño moral por las secuales que sufre la víctima, y que constan en el Hecho Probado (artículos 110 y siguientes L.E.Cr.).

III.