STS, 5 de Mayo de 1988
| Ponente | JOSE JIMENEZ VILLAREJO |
| ECLI | ES:TS:1988:13651 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 1988 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
Núm. 1.162.-Sentencia de 5 de mayo de 1988
PONENTE: Excmo. Sr don José Jiménez Villarejo.
PROCEDIMIENTO: Recurso de casación por infracción de ley.
MATERIA: Estragos; estafa en grado de tentativa; presunción de inocencia; valor de las
declaraciones de los coacusados. Error de hecho en la apreciación de la prueba: concepto de
documento.
NORMAS APLICADAS: artículo 24.2 CE . artículo 849.2 de la L.E.Cr . artículos 14, 528 y 554 del C.P .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias 25 marzo 1987 y 9 octubre 1987.
DOCTRINA: El delito de estragos Se comete por los que, cualquiera fuere el fin que se propusieren,
causaren maliciosamente daños, mediante alguno de los medios destructivos que se enumeran, no
con carácter exhaustivo sino a modo de ejemplo, en el artículo 554 del Código Penal . Y es claro
que si se pretende destruir por las llamas un edificio y se causa además una explosión, no de
modo accidental sino precisamente por la cantidad de combustible utilizado, ocasionándose la
destrucción casi total del inmueble, nada se opondrá a la inclusión de tal conducta en la figura
delictiva de estragos. El recurrente concibió la idea de provocar un incendio en el edificio en que
estaba instalado su negocio, para luego presentar el siniestro como acontecimiento fortuito, y
conseguir una determinada suma de dinero de la compañía de seguros con la que tenía concertada
una póliza, plan que significaba, lógicamente, la obtención de un lucro ilegítimo mediante un
procedimiento engañoso con el que se pretendía inducir a error a la aseguradora, no siéndole
posible al recurrente, una vez provocado el incendio, proseguir el indagación policial puso de manifiesto que el siniestro había sido provocado. Resulta evidente, a la
luz de lo relatado, que el recurrente cometió el delito de estafa del artículo 528 del Código Penal , engrado de tentativa.
No es una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia lo que puede ser solicitado en
un recurso de casación en nombre del derecho constitucional a la presunción de inocencia, sino
una simple verificación de que, efectivamente, aquella prueba se celebró, que la misma llegó al
proceso de forma regular y que su sentido puede entenderse razonablemente como de cargo.
Las acusaciones vertidas por los coacusados, cuya Habilidad no estaba disminuida por móvil
inconfesable alguno -ni había enemistad entre implicantes e implicado, ni los primeros ganaban
nada inculpando ál segundo-, pueden tener la virtualidad de enervar la presunción de inocencia que
inicialmente amparaba al recurrente; sobre todo si las mismas están en concordancia con datos
indicíanos obrantes en la causa.
Una carta dirigida al recurrente por su coprocesado, aun teniendo la autenticidad que le otorga
haber sido ratificada expresamente por su firmante en el acto del juicio oral, carece de las
características de documento pueda ser utilizado como prueba del error valorativo del Juzgador, esto es, de virtualidad
bastante para probar por sí sola y de forma indubitada la equivocación judicial.
En la villa de Madrid, a cinco de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
En el recurso de casación por infracción de Ley, que ante Nos pende, interpuesto por los procesados Juan Alberto , Ernesto y Octavio , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palencia, que les condenó por delito de estragos y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia, para este trámite, del Excmo. Sr. don José Jiménez Villarejo, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados, el primero por el Procurador don José Granados Weill y los dos últimos por el Procurador don Francisco Alvarez del Valle García.
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Instrucción de Cervera Pisuerga, instruyó sumario con el número 14 de 1983, contra Juan Alberto , Ernesto y Octavio , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Palencia, que con fecha 30 de marzo de 1985 , dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado: Centro de Documentación Judicial
de mayo de 1983, derramando sobre el piso y paredes del local unos ochenta litros de gasolina que a tal fin conservaba Juan Alberto en la planta primera del inmueble, prendiéndole fuego desde el exterior y provocando una gran explosión que produjo el casi total derrumbamiento del edificio y lanzó restos de puertas, ventanas, cristales, junto con trozos de ladrillos y otros utensilios, hasta una distancia de 30 metros. Los desperfectos apreciados en la citada finca urbana, ascendieron a 7.500.000 pesetas más otras ocho mil pesetas correspondientes a lo que también se observaron en un prado colindante, propiedad de Juan Luis
.»
La Audiencia de instancia estimó que los indicados hechos probados constituían un delito de estragos, previsto y penado en el artículo 554 del Código Penal , en concurso ideal con el de tentativa de estafa respecto a Juan Alberto , sancionada en el artículo 528 en relación con el 3 y 52 , todos del mismo cuerpo legal, siendo responsables, criminalmente en concepto de autores los procesados Juan Alberto , como inductor, Ernesto y Octavio , y además el primero de ellos es autor de un delito de estafa en grado de tentativa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y dictó el siguiente pronunciamiento:
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por los condenados, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
La representación del procesado Juan Alberto , basa su recurso en los siguientes motivos: Primero. Por infracción de ley, acogido al número 1 del artículo 849 de la L.E.Cr ., al haberse cometido infracción por inaplicación del artículo 24-2 .° de la Constitución Española. Igualmente y por aplicación indebida de los artículos 14,2, 554 y 528 todos ellos del Código Penal . Habida cuenta de que la cita de artículos que se hace es múltiple, y sus conceptos variados, los desglosa la representación de dicho procesado, en forma individualizada y concreta desarrollando este primer motivo de casación. Segundo. Por infracción de Ley, acogido al número 2 del artículo 849 de la L.E.Cr ., al haberse cometido infracción en la aplicación de las pruebas, existiendo error de hecho, resultando el mismo de documento auténtico, cuyo contenido no ha sido desvirtuado por prueba alguna en contrario.
La representación de los procesados Ernesto y Octavio , basa su recurso en el siguiente único motivo. Por infracción de Ley al amparo del número 1.º del artículo 849 de la L.E.Cr ., estimando como infringido, por su errónea interpretación y aplicación, el artículo 554 del Código Penal . Se entiende, así, en razón de los hechos qué se declaran probados, el artículo 554 del Código Penal , concretamente en lo que se refiere a la graduación de la pena y según dicho precepto se afirma, en el inciso primero de su último párrafo en cuanto señala que los Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en el culpable, en el hecho y en la gravedad de éste, podrá rebajar en vino o dos grados la pena a que se refiere el párrafo anterior.
Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera, toda vez que dicho Ministerio Público manifestó su conformidad con la resolución sin celebración de vista solicitada por las representaciones de los recurrentes, e impugnó los recursos por los razonamientos que adujo.
Hecho el señalamiento, se celebró la votación prevenida el día 22 de abril de 1988.
Fundamentos de Derecho
El primer motivo de impugnación formalizado en el recurso del procesado Juan Alberto , que se inscribe en el cauce procesal del artículo 849 número 1.° de la L.E.Cr., se desglosa en cuatro apartados,cada uno de los cuales constituye en rigor un motivo distinto, por lo que su examen y resolución han de hacerse por separado y con absoluta autonomía. Comenzando, pues, por el primero, en que nos encontramos ante una invocación al artículo 24.2 de la Constitución y la consiguiente denuncia de que ha sido vulnerado, en la sentencia impugnada, el derecho de este recurrente a la presunción de inocencia, ha de decirse por esta Sala, una vez más, que no es una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia lo que puede ser solicitado en un recurso de casación en nombre de la mentada garantía constitucional, sino una simple verificación de que, efectivamente, aquella prueba se celebró, que la misma llegó al proceso de forma regular y que su sentido puede entenderse razonablemente como de cargo. Ese indispensable presupuesto no falta ciertamente en el supuesto que nos ocupa, por lo que, habiendo dispuesto el Tribunal
En el segundo submotivo del recurso, el procesado Juan Alberto reprocha al Tribunal de instancia haberle aplicado el articulo 14 número 2 del Código Penal y haberle condenado, en definitiva, como inductor de un delito de estragos. Es suficiente leer el resultando primero de la sentencia de la Audiencia -ya intangible tras el rechazo de la anterior impugnación- en que se relata cómo este acusado Centro de Documentación Judicial
aplicación de dicha norma, por lo que también este motivo merece una desfavorable respuesta.
El tercer motivo consiste en la denuncia de la que se estima por el recurrente indebida aplicación, a los hechos declarados probados, del artículo 554 del Código Penal en el que se describe y sanciona el delito de estragos, tipicidad que aquél repudia con el argumento básico de que, habiéndose utilizado para la comisión del hecho una sustancia como la gasolina, idónea para incendiar pero no para provocar una explosión, no debió subsumirse la conducta de los procesados en una figura penal creada para atentados de máxima gravedad. El razonamiento no es en absoluto convincente. El delito de estragos se comete por los que, cualquiera que fuere el fin que se propusieren, causaren maliciosamente daños mediante alguno de los medios destructivos que se enumeran; no: con carácter exhaustivo, sino: por vía de ejemplo, en la norma cuestionada; Y es claro que si se pretende destruir por las llamas un edificio y se causa además una explosión, no de modo accidental, sino precisamente por la cantidad de combustible empleado y la resistencia de las paredes a la expansión de los gases originados por la deflagración, ocasionándose el derrumbamiento casi total del inmueble, nada se opondrá a la inclusión de tal conducta en la figura delictiva de los estragos, sino que a ello obste, naturalmente, que;la sustancia utilizada haya sido la gasolina y no un explosivo más específico, puesto que a nadie se oculta que la misma, en determinadas circunstancias, es susceptible de desencadenar una explosión y convertirse en poderoso medio de destrucción, como, por otra parte, lo demuestra con harta elocuencia el acaecimiento que ha sido enjuiciado en la sentencia recurrida. El motivo tiene que ser forzosamente repelido.
La misma suerte ha de correr irremediablemente el cuarto motivo de impugnación que incorrectamente se engloba en el primero, pues resulta evidente, a la vista de cuanto se declara probado en el relato histórico de la sentencia recurrida, que el recurrente Juan Alberto cometió el delito de estafa en grado de tentativa y por una cuantía de cinco millones de pesetas por el que ha sido condenado. En efecto, dicho sujeto, dispuesto a conseguir dicha suma de la compañía de seguros con la que tenía concertada la correspondiente póliza, concibió la idea de provocar un incendio en el edificio en que estaba instalado su negocio y presentar luego el siniestro como un acontecimiento fortuito, plan que significaba lógicamente la obtención de un lucro ilegítimo mediante un procedimiento engañoso con el que se esperaba inducir a error a la aseguradora. Y como iniciada ya la ejecución del plan proyectado mediante la producción del incendio y consecutiva explosión, no le fue posible al recurrente proseguir el Quinto: En el motivo que se enumera con el ordinal segundo en el recurso del procesado Juan Alberto y que ocupa en realidad el quinto lugar- se denuncia, al amparo del artículo 849 número 2.° de la L.E.Cr ., un error en la apreciación de la prueba, designándose, como documento demostrativo del mismo, una carta dirigida a aquél por el procesado Ernesto en que éste reconoce haber provocado el incendio por propia iniciativa y le pide perdón por haberle acusado falsamente. Hay que oponer a esta impugnación con la que, como es obvio, se aspira a excluir al recurrente de toda responsabilidad en los hechos, que la carta de referencia, aun teniendo la autenticidad que le otorga haber sido expresamente ratificada por su firmante en el acto del juicio oral, carece de las características de Sexto: En el único motivo del recurso interpuesto por los procesados Ernesto y Octavio , que se ampara en el artículo 849 número 1.° de la L.E.Cr ., se interesa de este Tribunal declare erróneamente interpretado y aplicado por el de instancia el artículo 554 del Código Penal , en el concreto particular que se refiere a la pena que debe ser impuesta a los autores de dicho tipo delictivo. El delito de estragos, como sesabe, se encuentra conminado con la pena de prisión mayor que puede ser rebajada por los Tribunales en uno o dos grados teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el culpable, en el hecho y en la gravedad de éste, o agravada hasta la pena superior en grado si se hubiera producido una situación de grave peligro para la vida o la integridad corporal de las personas. Entienden los recurrentes cuya impugnación ahora examinamos que la amplia facultad reconocida a los Tribunales en el precepto aplicado no es discrecional, sino revisable en casación y considera que, en el caso que les afecta, sus circunstancias personales y las objetivas del hecho debieron aconsejar al Tribunal de instancia la imposición de la pena más leve posible que puede llegar a ser, como se deduce de lo dicho, la de arresto mayor. No hay inconveniente alguno en declarar sometido a la censura casacional el uso que se haga por los Tribunales de la facultad agravatoria concedida en el último inciso del artículo 554 del Código Penal , puesto que la misma está condicionada, en su ejercicio, a la creación por el hecho cometido de una determinada y objetiva situación de riesgo. Y lo mismo podría decirse, en principio, de la posibilidad de rebajar la pena en uno o dos grados, en tanto para ello han de tenerse en cuenta elementos del tipo relativamente objetivables como son las circunstancias que concurran en el culpable, en el hecho y en la gravedad de éste. Pero, sin entrar, por ahora, en el sugestivo problema de hasta dónde puede llegar la crítica revisoría del Tribunal de casación, y los límites que, en consecuencia, se han de imponer a la discrecionalidad de la Sala sentenciadora en la individualización de la pena, es claro que, en el supuesto que nos ocupa, la imposición de la pena inferior en grado a la correspondiente al tipo apreciado y la elección del grado medio de dicha pena - cuatro años de prisión menor- supone un uso razonable y prudente por el Tribunal de instancia de la facultad penológica establecida en la norma que comentamos, sin que la gravedad intrínseca del hecho, la magnitud de los daños ocasionados -la práctica destrucción de un inmueble cuya reparación costaría siete millones quinientas mil pesetas- y el móvil venal que impulsó a los recurrentes a llevar a cabo tal acción permitan a esta Sala rectificar, en dirección atenuatoria, el criterio sustentador de la pena que se impuso en la instancia. Todo ello significa que igualmente este segundo recurso ha de ser desestimado.
Parte dispositiva
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por los procesados Juan Alberto , Ernesto y Octavio , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palencia de fecha 30 de marzo de 1985 , en causa seguida a dichos procesados por delito de estragos y tentativa de estafa. Condenamos a dichos procesados al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso y a la pérdida del depósito que constituyó en su día el procesado Juan Alberto , así como al pago de la cantidad de setecientas cincuenta pesetas, si vinieran a mejor fortuna los procesados Ernesto y Octavio por razón de depósito no constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales correspondientes con devolución de la causa que remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Luis Manzanares Samaniego.- José Jiménez Villarejo.- Gregorio García Ancos.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, para esté trámite, don José Jiménez Villarejo, estando celebrando audiencia pública la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.
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