STS, 8 de Abril de 1985

Por Infracción de Ley y de Doctrina Legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal séptimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil por haberse cometido error de hecho en la apreciación de las pruebas, al no haberse recogido expresamente como hecho probado que el demandado Don Luis María era titular de un negocio en funcionamiento denominado «Pema» antes de que en dicho negocio participaran lso demandantes, Don Raúl y Don Eugenio . Este hecho probado resulta de la absolución de la posición cuarta formulada a Don Raúl que dice ser cierto que su hermano ya suministró a «Aceros de Andoain» elementos hidráulicos antes del mes de mayo de mil novecientos setenta y cuatro; hecho de que debe partirse cualquiera que sea la resolución del litigio.

Por Infracción de Ley y de Doctrina Legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal séptimo de la Ley de enjuiciamiento Civil por haberse cometido error de hecho en la apreciación de las pruebas al no haberse recogido expresamente como hecho probado que en mayo de mil novecientos setenta y cuatro, los demandantes entraran a participar en el negocio propiedad de Don Luis María , «talleres Pema» aportando una cantidad para su ampliación doscientas mil pesetas cada partícipe y comprometiéndose a suministrar trabajo a «Talleres Pema», recibiendo participaciones en los beneficios obtenidos por «Talleres Pema». Que, éste negocio no se inició en mil novecientos setenta y cuatro sino quelos demandantes entraron a participar en uno ya existente, resulta de la absolución de las posiciones del demandante Don Eugenio , donde afirma que las empresas citadas utilizaban los servicios de «Pema», como taller auxiliar y a cambio el confesante y el condemandante, comienzan a participar en los resultados de «Pema». La expresión «comienzan a participar» no deja lugar a dudas sobre el momento de la incorporación de los demandantes a «Talleres Pema».

Por Infracción de Ley y de Doctrina Legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal séptimo de la Ley de Enjuiciamiento civil por haberse cometido error de hecho en la apreciación de las pruebas al no haberse recogido expresamente que el demandado Don Luis María vino abonando cantidades a los demandantes mediante talones de cuenta corriente extendidos contra los Bancos de Vizcaya, Basconia y Bilbao, como resulta de la confesión de Don Eugenio .

Por Infracción de Ley y de Doctrina Legal concordante al amparo del articulo mil seiscientos noventa y dos, ordinal séptimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error de hecho en la apreciación de la prueba pericial al no declarar como probado que «no aparecen signos de que "Talleres Pema" sea un negocio societario».

Por Infracción de Ley y de Doctrina Legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haberse cometido violación por falta de aplicación del artículo mil doscientos treinta y dos del Código Civil en cuanto prescribe que la confesión hace prueba contra su autor. Es evidente que la Sala no ha aplicado este precepto pues afirma «la no justificación por el demandado que tenía él en actividad ya el negocio que afirma», cuando de la prueba de confesión de los demandantes resulta lo contrario y por lo tanto a tenor del artículo mil doscientos treinta y dos del Código Civil ha de considerarse probado este extremo.

Por Infracción de Ley y de Doctrina Legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero por falta de aplicación del artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil (en relación con el artículo mil doscientos cuarenta y nueve del mismo cuerpo y el artículo mil doscientos quince) que establece la presunción «hominis» aplicable al caso presente en cuanto acreditado por las posiciones absueltas por el demandado Sr. Eugenio que éste percibió del demandado cantidades a través de los Bancos de Vizcaya, Bilbao y Basconia, aunque no pueda precisar si tuvieron cuatro millones veinte mil pesetas como afirma el demandado (posición decimotercera), pero no niega categóricamente dicha cantidad es de presumir; que percibió los cuatro millones veinte mil pesetas; o al menos una cantidad similar y superior desde luego al millón setecientas mil pesetas que afirma la demanda.

Por infracción de ley y doctrina legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación por falta de aplicación del artículo mil doscientos catorce del Código Civil, según el cual «incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que le opone». Es a los demandantes a quienes incumbe probar la existencia de la Sociedad, sin que sea dado al Tribunal invertir la carga de la prueba.

Por infracción de ley y de doctrina legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil por interpretación errónea de las leyes y doctrina que permiten al Tribunal «ad quem» revisar la valoración de la prueba realizada por el Tribunal «a quo» tras el examen de la prueba practicada, esencialmente testifical y pericial, y en base de valoración de dicha prueba estima: Primero.-Que procede estimar que existía actividad anterior a la participación de los demandantes realizada por Don Luis María en «Talleres Pema». Segundo.-Que de la falta de prueba documental y del resultado de la pericial procede afirmar la inexistencia de un contrato de cuentas en participación. Tercero. Que junto a las cantidades entregadas a los cuenta-partícipes a través del Banco de Vizcaya, existen otras sumas entregadas a través del Banco de Basconia y Banco de Bilbao. Cuarto. Que fue Don Luis María quien exclusivamente hizo frente a las indemnizaciones de los operarios de «Pema» ante un expediente de crisis. No obstante, la Audiencia Territorial declara, correctamente, que el problema a resolver es el relativo a determinar si hubo o no entre los actores y el demandado una sociedad irregular... o un convenio de cuentas en participación. Pero, no obstante, la Sala revisa la valoración hecha en Primera Instancia, llegando a conclusión distinta, es decir, a la existencia de una sociedad irregular; revisión que no es admisible sin violar la soberanía del Tribunal inferior para valorar las pruebas de que se trata, máxime cuando el Tribunal Superior no modifica los elementos de dichas pruebas.

Noveno Por infracción de ley y de doctrina legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal séptimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil por haberse cometido error de derecho en la valoración de la prueba, pues el Tribunal al realizar la subsunción de los hechos en la norma no tiene en cuenta que «la confesión hace prueba contra su autor» (artículo mil doscientos treinta y dos del Código Civil) disposición que imperativamente debió conducirle a declarar, como lo hizo el Tribunal inferior: Primero.Que Don Luis María poseía el taller en funciona: miento antes de la participación de los demandantes. Segundo. Que los demandantes participaron en los resultados de este negocio durante un período de tiempo mediante aportación de doscientas mil pesetas cada uno. Tercero. Que los demandantes percibieron cantidades a través de los Bancos de Vizcaya, Basconia y Bilbao, dándose por satisfechos y olvidando su participación cuando llegó el momento de las pérdidas. Partiendo de estas declaraciones regladas, el Tribunal debió apreciar la existencia de un contrato de cuentas en participación encardinado en los artículos doscientas treinta y nueve y siguientes del Código de Comercio. Presume la Sala que si se hubiera tratado de cuenta participación las partes interesadas hubieran tenido distinta proporción en su participación; con evidente error, pues si el gestor Don Luis María interesaba en su negocio a dos personas que podían aportar el 95 por 100 de su facturación con seguridad y continuidad, y ello le permitía la ampliación y mejor desarrollo de su empresa es lógico que les ofreciera un alto porcentaje de participación, el más alto que podría ofrecerles; la participación igualitaria y ello le interesaba hasta el extremo que en efecto cuando los demandantes dejaron de hacer pedidos «Talleres Pema» hizo crisis. La duda derivada de los limitados medios de convencimiento de que dispone el Tribunal no debe perjudicar, en modo alguno, al demandado, y sí a los demandantes que son los obligados a probar íntegramente su pretensión.

Por infracción de ley de doctrina legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos ordinal segundo por ser el fallo incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito. El petitum de la demanda es para que se declare que procede dividir la cosa común para lo cual se efectuará su venta en ejecución de sentencia y se repartirá su producto entre los socios en tres partes iguales. La Sala varía el petitum de la demanda para decir que la verdadera pretensión del suplico es la liquidación del acervo social, pues nada está más lejos de la intención de los demandantes cuya pretensión no es en absoluto liquidar, sino partir los bienes que consideran comunes; por lo que para el caso de que la mencionada liquidación arrojara déficit; ni los demandantes ni el demandado han pedido nada al Tribunal; de modo que no es que la liquidación se haya pedido en forma incorrecta por los demandantes, es que no se ha pedido de ningún modo y por ello, el Tribunal está impedido de pronunciarse sobre este extremo.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

VISTO siendo Ponente el Magistrado Don Rafael Casares Córdoba.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de Pamplona de dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y dos que, revocando la del Juzgado de Primera Instancia de Tolosa de dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y uno , acogió parcialmente la demanda formulada por los actores y, luego de declarar que los mismos en unión del demandado constituyeron en veintisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro, una sociedad irregular para la explotación de un negocio denominado «Talleres Pema», para lo que inicialmente aportaron, cada uno de ellos, 200.000 pesetas, sociedad de la que su administrador, el demandado, rindió cuentas en diversas fechas con abono, en concepto de beneficios, a los asociados de distintas sumas que totalizaron, para cada uno, 1.700.000 pesetas, declaró la procedencia de liquidar el acervo social de la ya extinguida sociedad con arreglo a las bases fijadas en los considerandos segundo y tercero, dicha sentencia es impugnada en el recurso articulando, al efecto, diez motivos de casación, de los cuales los cuatro primeros denuncian, al amparo del número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil sendos errores de hecho, cuyo examen es lógicamente preferente dada su incidencia sobre los restantes, prioridad que alcanza, por idénticas razones, a los desarrollados en noveno y décimo lugar, al amparo, aquél, también del apartado séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal Civil y éste bajo el número segundo de este mismo precepto en los que se acusa a la Sala sentenciadora de haber incurrido, respectivamente, en error de derecho con infracción del artículo mil doscientos treinta y dos del Código Civil y de ser incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito, luego de cuyos preferentes motivos habrán de ser enjuiciados, en su caso, los que cubiertos por el número primero del tan repetido artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal se plantean como ordinales quinto, sexto, séptimo y octavo por supuesta inaplicación los tres primeros de los artículos mil doscientos treinta y dos, mil doscientos cincuenta y tres y mil doscientos catorce del Código Civil y el octavo por interpretación errónea, en el textual decir del recurrente «de las leyes y doctrina que permiten al Tribunal «ad quem» revisar la valoración de la prueba realizada por el Tribunal «a quo».

CONSIDERANDO que la conclusión de hecho sentada por la sentencia recurrida relativa a la existencia entre los litigantes, desde la afirmada fecha de veintisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro , de una sociedad irregular para la explotación del negocio «Talleres Pema» que el Tribunal deinstancia deduce del examen conjunto de la prueba practicada en autos de la que en sus modalidades documental, de confesión, testifical y pericial, hace razonable exégesis pormenorizada en el primero de los considerandos de aquella sentencia, se intenta desvirtuar en los cuatro primeros motivos del recurso mediante la acusación de error de hecho, ofreciendo como manifiestación de dicho error en tres de ellos el texto aislado de una o varias respuestas a las posiciones formuladas a dos de los demandados, de cuyas respuestas el recurrente hace deducción contraria a la apreciada por la Sala, con olvido de que, como tiene declarado este Tribunal en doctrina constantemente mantenida de la que es muestra la sentencia de dos de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro y las en ella citadas, la posibilidad de censurar el error de hecho en la casación está subordinada a la demostración mediante documentos de cuya literalidad -esto es, sin deducciones obtenidas por quien lo alega-, añore, inequívocamente, el error padecido por el Juzgador, circunstancia que está muy lejos de ser la ofrecida en los motivos que se examinan en los que toda la oposición a los hechos declarados por la Sala sentenciadora radica, en tres de ellos, en una deducción de una prueba -la de confesión- parcialmente examinada en el desarrollo de los motivos y cuyo valor, aun tomada en su totalidad, no es superior a las demás (sentencias de diez de marzo de mil novecientos sesenta y seis, dieciocho de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, veintitrés de enero, siete de junio y cinco de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro ) ni, por sí sola bastante para destruir las deducciones que el juzgador extrajo de las otras probanzas y en el cuarto motivo sin cita alguna del inexcusable documento auténtico revelador del error que se dice padecido, todo lo cual hace inviables los cuatro primeros motivos tan débilmente fundados y, en el mismo caso, la otra acusación de error, ahora de derecho, que se articula en el ordinal noveno en el que, con cita del artículo mil doscientos treinta y dos del Código Civil, el recurrente no hace sino reiterar, insistiendo en las deducciones de lo parcialmente confesado, la conclusión ya examinada de haberse cometido, a su juicio, en la instancia, el error de considerar existente un contrato de sociedad entre las partes contendientes, en vez de un convenio de cuentas en participación tal y como interesa a su tesis mantenida con apoyo, como se ha repetido, en un aspecto entresacado de la confesión aislado del resto de ella, y de las demás probanzas hechas con omisión de aquella cita parcial y de la constante doctrina jurisprudencial de que la confesión puede ser desvirtuada por otras estimaciones probatorias como más arriba se ha reiterado.

CONSIDERANDO que el vicio de incongruencia denunciado en el motivo décimo es abiertamente rechazable sin más que la constatación de que en él ni siquiera se menciona, a todo lo largo de su desarrollo, el artículo trescientos cincuenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de insoslayable cita como norma de derecho material para fundar la casación por incongruencia como, insistentemente, viene proclamando la Jurisprudencia (sentencias de uno de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta, treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, cinco de julio de mil novecientos sesenta y cinco, cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y tres y veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro entre tantas otras) y en situación similar de claudicación, por no citar el precepto sustantivo infringido, ni concretar, en ningún sentido, la doctrina legal que pudo haberse conculcado en la instancia, el motivo articulado, como ordinal octavo bajo la genérica fórmula, a todas luces procesalmente incorrecta, de denunciar «la interpretación errónea de las leyes y doctrina que permiten al Tribunal "ad quem" revisar la valoración de la prueba realizada por el Tribunal «a quo», postulando así una global valoración del material probatorio inconciliable con la naturaleza del recurso de casación.

CONSIDERANDO que no mejor fortuna -con el consiguiente perecimiento- es la de los motivos quinto, sexto y séptimo del recurso en los que, bajo el amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se acusa, respectivamente, la inaplicación de los artículos del Código Civil mil doscientos treinta y dos, relativo al valor de la prueba de confesión de que ya se ha hecho examen más atrás, mil doscientos cincuenta y tres, pretendiendo establecer el recurrente unas conclusiones presuntivas convenientes a su interés, pero carantes de toda justificación de hecho y sin amparo legal alguno y mil doscientos catorce, relativo a la carga de la prueba, en cuyo desarrollo se da por supuesta la inversión por el juzgador del deber probatorio legalmente atribuido a los litigantes, por la circunstancia de que, en el considerando primero de la sentencia combatida, junto al examen de las probanzas, cuya ponderación se hace como manifestación de la existencia del contrato societario existente entre las partes, el Tribunal de instancia dice que la demostración de que se trataba de un contrato de cuentas en participación y no de sociedad corresponde hacerla al demandado, lo cual no es otra cosa que la correcta aplicación de las normas que gobiernan la carga de la prueba contrariamente a la pretensión del demandado que, por otra parte, olvida que, en el presente caso no cabe hablar de alteración del «enus probandi» cuando ha sido la aportada por los interesados la que, conjunta y razonablemente apreciada, ha permitido a la Sala sentenciadora establecer sus conclusiones (sentencia de veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y tres ).

CONSIDERANDO que la desestimación de los motivos del recurso lleva consigo la de éste con el efecto, en cuanto a costas, previsto en el artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley deEnjuiciamiento Civil.

FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Don Luis María y su esposa Doña Isabel , contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Pamplona, en fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y dos . Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuniqúese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI por nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Jaime de Castro. Rafael Casares Córdoba. José María Gómez de la Barcena. Cecilio Serena.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. Don Rafael Casares Córdoba, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico. Antonio Docavo. Rubricado.