STS 230/1979, 8 de Junio de 1979

Infracción de Ley por violación del artículo 1.281, párrafo 1.° del Código Civil y de la doctrina legal contenida en las sentencias de esta Sala de 23 de marzo de 1945, 10 de julio de 1946. 18 de enero de 1947 y 26. de mayo de 1976, entre otras, con arreglo a la cual, el contrato de opción aparte de su carácter preparatorio y consensual, es generalmente de condición unilateral, que perfecciona un contrato bilateral en el momento en el que el titular del derecho manifiesta expresamente su voluntad de ejercitarlo; Se ampara este motivo en el número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que la estipulación señalada en la letra "N" dispone que "disuelta la sociedad" se abrirá entre los dos socios una licitación para adjudicar al mejor postor el solar aportado por el señor Rogelio . Pues bien, si el contrato de opción es preparatorio de un contrato definitivo, si es consensual, si es unilateral de tal manera que el concedente de la opción viene obligado desde, el instante en que la primera se otorga, aun durante el período en que el optante no declara su voluntad de ejercitarla, parece claro que la estipulación por la que los dos socios se obligan, disuelta la sociedad, a licitar entre ellos para ofrecer el mejor precio posible por el solar que se aportó a la' sociedad disuelta, no encaja en el molde de esta figura jurídica y no cabe, por tanto, calificarla como tal. Y este criterio encuentra positivos apoyos al examinar el resto del contenido de esta estipulación. Pues en ellas los socios contemplan minuciosamente todas las situaciones que pueden producirse, a saber,

1. Que sea adjudicatario don Benjamín , b) Que lo sea don Daniel c) Que ninguno de los socios de la sociedad disuelta quiere licitar. Que no existió por tanto en la cláusula N ningún derecho de opción estipulado a favor de don Jose Carlos , que se hubiese transmitido por fallecimiento de éste a sus herederos,- ni tampoco a favor de don Daniel , con igual sucesión hereditaria. Los socios contemplaron conjuntamente el evento de- la disolución de la sociedad y para este supuesto determinaron, con igualdad de derecho para ambos -salvo el de reintegro preferente de una determinada suma a favor del señor Daniel -, el procedimiento de liquidación del patrimonio social.

Infracción de Ley por violación de los artículos 1.281, párrafos 1.° y 2.°, 1.282, 1.284, 1.285 y 1.258 del Código Civil. Se ampara este motivo en el número l.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La" sentencia recurrida con el consiguiente reflejo en su parte dispositiva, sostiene y acepta la conclusión de que el solar que, fue propiedad de don Daniel no fue aportado por éste a la Sociedad que formó con don Jose Carlos , sino que la compañía regular colectiva nunca, fue dueña de tal terreno y existió siempre un reconocimiento del dominio a favor del socio aportante señor Blas . Mas es lo cierto que tal interpretación no puede ser obtenida de modo tan absoluto y radical como pregona la sentencia "a quo", pues 2ª interpretación del contrato, con arreglo a las normas de hermenéutica proporcionadas por el artículo 1.282 del propio Cuerpo legal que permitirá acudir a los actos coetáneos y posteriores de los contratantes, y aun a la regla de.. interpretación sistemática contenida en el artículo 1.284del mencionado Código, que no fue utilizado por la Sala sentenciadora, permitirán a abonar ya conclusión diametralmente distinta. Que la sentencia recurrida no ha utilizado como debiera las normas de interpretación contenidas en los artículos 1.281 y 1.282 del Código Civil, en cuanto estos preceptos consagran el principio espiritualista de la interpretación contractual, ni tampoco, el artículo 1.284 que obliga a interpretar las cláusulas ambiguas de los contratos en el sentido más adecuado para que produzcan sus efectos. Y finalmente tampoco se utilizó el artículo 1.285 que consagra el principio de generalidad en la interpretación de los contratos atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte de¡ conjunto de todas. La sentencia recurrida obtiene la conclusión de que el solar aportado a la sociedad regular colectiva "Renacimiento Pita y Díaz Noriega", nunca fue propiedad de esta compañía mercantil sino de don Daniel y posteriormente de sus herederos; y al establecer esta conclusión en el fallo recurrido, ha infringido por violación no sólo los preceptos del Código Civil que precedentemente se enumeran, sino también el artículo

1.258 del propio Código, en cuanto niega obligatoriedad, a los pactos de los contratantes adecuados a la buena fe, al usó y a la Ley.

Infracción de Ley por violación de los artículos 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sentencia recurrida con el consiguiente reflejo en su parte dispositiva reconoce que, a partir del día. 1 de enero de 1938, se produjo una situación de hecho, pues el negoció de explotación del Teatro Renacimiento, continuó en la misma forma en que hasta entonces venía siendo explotado, administrado por la demandante, y recurrente doña Isabel . Pero al interpretar el alcance y contenido de esta situación yerra la sentencia "a quo2 Que la sentencia recurrida hubiera utilizado debidamente sus potestades de interpretación, aplicando rectamente las normas contenidas, en los artículos 1.281 y 1.282 del Código Civil no hubiera llegado a la conclusión que postula en su fallo, al estimar que bien el suelo, bien los derechos reconocidos a los socios en la estipulación N del prescindido contrato de sociedad, no formaron parte de la comunidad de explotación del Teatro Renacimiento.

Error de derecho en la apreciación de la prueba, con violación de los artículos 1.218, párrafo

1. , 1.225 y 1.240 del Código Civil. Se ampara este motivo en el número 7.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A los errores de interpretación que comete la sentencia recurrida y que se denuncian en los motivos precedentes, han de ser añadidos en este instante los que se advierten en el fallo "a quo" por no haber valorado debidamente los documentos públicos y privados que acreditan la ininterrumpida actividad de la comunidad desde el día 1 de * enero de 1938. Los documentos que se mencionan obran incorporados a los autos, todos los cuales acreditan que doña Isabel vino satisfaciendo, en esa ininterrumpida etapa, todos los impuestos, arbitrios y demás gastos ocasionados por la explotación del Teatro Renacimiento, cuya industria se encontraba en perfecto funcionamiento el día 27 de enero de 1977, fecha en la que se practicó la diligencia de reconocimiento judicial. Y si la industria cinematográfica se encontraba en funcionamiento el día 27 de enero de 1977, quiere ello significar que la prueba practicada en los autos acredita que todo los integrantes de la comunidad, en ningún momento dejaron de realizar las actividades propias de su condición de partícipes, hechos que desconoce la sentencia recurrida al admitir una supuesta prescripción de determinados derechos pertenecientes a los herederos de don Jose Carlos , pues según sé ha razonado en los motivos anteriores todos los derechos de los socios se integraron en la comunidad, y ésta siguió actuando, la inactividad que la sentencia reprocha a los recurrentes desconoce el valor probatorio de los documentos en cuestión y de la prueba de reconocimiento judicial, cuyo canon probatorio viene así a resultar infringido por violación directa.

Infracción de Ley por violación de los artículos 1.281 párrafo 1.°, y párrafo 1.° del artículo 400 del Código Civil. Se ampara este motivo en el número 1.° del artículo 1.692'de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sentencia recurrida que reconoce # la existencia de una comunidad de explotación del Teatro Renacimiento de El Ferrol, surgida a la vida del derecho con posterioridad al día 1 de enero de 1938, pretende configurar el contorno de los derechos concedidos a los socios por la estipulación "N" del contrato, como unos derechos singularísimos, e independientes que, según la tesis de la sentencia, debieron ser ejercitados en un plazo máximo de quince años a partir de la indicada fecha. Mas tal interpretación de la sentencia desconoce el alcance de mencionada estipulación "N" que claramente está pregonando la existencia de un derecho de proindiviso entre los socios, pues bien claro establece que disuelta la sociedad se abrirá una licitación entre los socios para adjudicar al mejor postor todo el haber social, incluso el terreno, fundo o solar, y este estado de proindivisión reconocido en el contrató y, posteriormente, integrado en la comunidad de explotación, no establecía ningún derecho subjetivo singular en favor de los herederos de don Benjamín , sino que consagraba el derecho que todo copropietario tiene " de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, según el tenor del párrafo 1.° del artículo 400 del Código Civil'.

Infracción de Ley por violación de los artículos 1.961 y 1.965 del Código Civil. Se ampara este motivo en el número 1.°" del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El transcurso del tiempo unido a otros factores actúa de modo decisivo y transcendente en la vida jurídica, puede funcionar como causa de adquisición o pérdida de los derechos. El ordenamiento no tutela a quien no ejercita su derecho ymanifiesta, despreciándolo, no quererlo conservar. Es un rigor, interés del orden social, que transcurrido un cierto lapso de tiempo se elimine toda inseguridad en las relaciones jurídicas. Así aparece en el derecho el fenómeno de la prescripción extintiva, que fundada en la presunción del abandono del ejercicio de los derechos sirve a la seguridad del derecho y a la paz jurídica. Por eso recuerda el artículo 1.932, párrafo 1.° del Código Civil, que los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas. Para que tal institución opere, es presupuesto indispensable que se compruebe negligencia o descuido en el uso de los derechos, al modo que recuerdan las sentencias de esta Sala, de 6 y 26 de junio de 1963, 12 de noviembre de 1964 y 4 de junio de 1965, entre otras.

Infracción de Ley por violación de los artículo 1.091 y 1.281, párrafos l.° y 2.° del Código Civil. Se ampara este motivo en el número 1.° del artículo 1.692.de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La trayectoria seguida por la sentencia recurrida para desestimar la demanda de los actores recurrentes, producto de la desacertada interpretación de las estipulaciones! del contrato de sociedad que suscribieron don Jose Carlos y don Rogelio , desemboca en la utilización de la llamada cláusula "rebus sic stantibus", pues según la tesis -de la. Sala sentenciadora, resulta contrario a la equidad que se ejercite un derecho de opción valorando la mitad indivisa del solar en 8.750 pesetas cuando en autos aparece acreditado que "su valor es de 15.043.500 pesetas. Mas ha de repetirse que para llegar a esta conclusión, la sentencia "a quo" no ha utilizado debidamente las normas de interpretación que le proporciona el artículo 1.281 del Código Civil, ya que, si lo hubiera hecho, habría descubierto: a) Que nunca los socios se propusieron otorgar o conceder a don Jose Carlos opción a la compra de la mitad del terreno aportado por don Rogelio a la sociedad, b) Que la real y verdadera intención de los socios, ante el desequilibrio de las aportaciones realizadas a la sociedad, fue la de igualar el 50 por 100 cada uno, el importe de sus aportaciones, como se desprende del contenido del párrafo 2.° de la estipulación "M" del contrato, c) Que el terreno formó en todo momento parte del haber de la sociedad; y al disolverse ésta los socios pactaron que venderían en subasta, bien entre sí, bien entre los licitadores extraños, todo el haber social, repartiéndose entre ellos, por partes iguales, el producto resultante, previo reintegro a favor del señor Daniel del exceso de su participación en la cifra del capital social.

Infracción de Ley por aplicación indebida de la doctrina legal contenida en las "sentencias de esta Sala de 14 de diciembre de 1940, 17 de mayo de 1941, 5 de junio de 1945 y 17 de mayo de 1957, con arreglo a la cual la cláusula, "rebus sin stantibus" no está legalmente reconocida, y para ser aplicada se requiere que exista una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las pretensiones de las partes contratantes que derrumben el equilibrio de las prestaciones. Se ampara este motivo en el número

1. del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los razonamientos en los que se apoya la sentencia recurrida, para llegar a las conclusiones del fallo, que se vienen combatiendo' en los motivos anteriores, pretenden encontrar, su apoyatura última en la utilización que realiza de la doctrina de la cláusula "rebus sic stantibus" sobre la cual esta Sala se ha pronunciado calificándose de peligrosa, por lo que solamente puede ampliarse con suma cautela, y su admisión requiere como premisas fundamentales: a) Una alteración extraordinaria de las circunstancias con las concurrentes al tiempo de su celebración, b) Una desproporción exhorbitante, fuera de todo cálculo entre las pretensiones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilamiento del equilibrio de las prestaciones, c) Que todo ello acontezca por la supervivencia de circunstancias radicalmente imprescindibles, e) Sus efectos, en todo caso, no son resolutorios, rescisorios o extintivos del contrato, sino tan sólo, modificativos del mismo, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones u obligaciones. Si se recuerdan los términos en que los actores recurrentes interpelaron a la jurisdicción se comprobará que no existe posibilidad de aplicar a su pretensión la cláusula "rebus sic stantibus", ni mucho menos desestimarla, al amparo de la misma.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Antonio Sánchez Jáuregui. -CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que en el primer motivo del recurso, formulado al amparo del número 1.P del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acusa por la parte recurrente la violación del artículo

1.281, párrafo 1.°, del Código Civil y de la doctrina legal sancionada por las sentencias de esta Sala que cita en orden a la naturaleza jurídica del contrato de opción de compra, por entender que la sentencia recurrida al interpretar el contrato de sociedad concertado en 18 de diciembre de 1917 entre los causantes de los aquí litigantes don Daniel y don Benjamín estimó incorrectamente la existencia de una cláusula o pacto de opción, siendo así que la estipulación señalada con la letra N de la mencionada escritura de constitución al disponer que "disuelta la sociedad" se abriría "entre los dos socios" una licitación para adjudicar "al mejor postor", los elementos integrantes del haber social, entre ellos el solar aportado por el socio señor Blas , no encaja en el modelo de aquella figura jurídica; tales afirmaciones, si bien concretadas al contenido de la referida estipulación "N" responden a la realidad, puesto que en/ ' dicha estipulación no se contiene a favordel socio que no aportó el solar opción de clase alguna, no sucede así en relación con otras estipulaciones del propio contrato de sociedad que cual la M concede a don Benjamín , "mientras dure, la sociedad", un claro derecho de opción para adquirir la mitad proindivisa del terreno o solar aportado por el señor. Benjamín , reservándose su dominio, entendiéndolo así la sentencia del Juzgado en varios de sus considerandos, aceptados por la recurrida, aunque ésta sin rigor técnico emplee la palabra "norma optativa" en términos de generalidad, que, dada su indeterminación, sólo cabe referir al supuesto de interpretación de la antes mencionada cláusula "M", como con claridad aparece de las afirmaciones contenidas en el quinto considerando de la sentencia del Juzgado, imponiéndose, en definitiva, establecer la conclusión de que la sentencia recurrida, conjugando sus razonamientos con los que acepta de la sentencia del Juzgado, no interpreta la cláusula N del contrato de sociedad que nos ocupa en el sentido pretendido por el recurrente, procediendo, en su consecuencia, la desestimación" del analizado primer motivo del recurso.

CONSIDERANDO que del literal contenido de estipulaciones tan claras en su expresión y términos, cual las nominadas bajo los apartados "L" y "M" del contrato de sociedad de 18 de diciembre de 1917, obtiene la sentencia recurrida la conclusión de que la sociedad regular colectiva "Renacimiento, Pita y Díaz Noriega" nunca fue propietaria del solar aportado por el socio señor Blas , pues el dominio había pertenecido primero a éste y, después, a sus herederos, conclusión que lejos- de incidir por ilógica, irracional o absurda en infracción de las reglas sobre interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1.281, párrafo 1.° y 2.°, 1.282, 1.284 y 1.285 del Código Civil que, por violación, se suponen infringidos por el recurrente en el segundo motivo de los que articula, hace debida aplicación de dichas normas de hermenéutica contractual, a lo que es de añadir que, siendo la interpretación de los negocios jurídicos, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, facultad privativa de los Tribunales de instancia, debe ser mantenido en casación el criterio de los mismos cuando, cual sucede en el caso del recurso, no se trata de interpretaciones desorbitadas o arbitrarias que pugnen con las reglas de la lógica, no violando, tampoco, la sentencia recurrida lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil que igualmente entiende infringido el recurrente por el indicado concepto, pues dicha sentencia no desconoce la obligatoriedad de lo pactado en los términos que admite; imponiéndose por todo ello la desestimación del aludido segundo motivo del recurso.

CONSIDERANDO que en el tercer motivo del recurso, al amparo de lo preceptuado en el número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia por la parte recurrente la infracción, por violación, de los artículos 1.281. párrafos 1.° y 2.°, 1.282 y 392 del Código Civil, por entender que la sentencia recurrida al reconocer que desde el 1 de enero de 1938, en que la sociedad que nos ocupa se extinguió, se produjo una situación de hecho a virtud de la que, continuó explotándose el negocio objeto de la sociedad disuelta y no admitir que, bien el suelo, bien los derechos reconocidos a los socios en la estipulación "N" del primitivo contrato de sociedad no formaron parte de la explotación del Teatro Renacimiento, había incidido en violación de los preceptos legales antes dichos, sosteniendo, en definitiva, que la Sala de instancia no interpretó rectamente lo que significaba la actividad de los interesados con posterioridad a la disolución de la sociedad, olvidando al argumentar así que todo ello está en relación con el contenido, alcance y vigencia en el tiempo de la meritada estipulación "N" del pacto social y que las conclusiones que al respecto establece la sentencia recurrida no constituyen interpretación de dicha estipulación que pueda tacharse de ilógica o absurda al efecto de justificar la estimación del tercer motivo del recurso, cuyo rechazo se impone.

CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en él número 7° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se formula el cuarto motivo del recurso, acusando error de derecho en la apreciación de la prueba, con violación de los artículos 1.218, párrafo 1.°, 1.225 y 1.240 del Código Civil, manteniendo este motivo con base en que la industria cinematográfica, cuya explotación era el objeto de la Sociedad extinguida el día 1 de enero de 1938, había permanecido en perfecto estado de funcionamiento, con actividad al efecto ininterrumpida por parte de la comunidad originada a partir de dicha fecha, entendiendo que esta actividad de los partícipes la desconoce la sentencia recurrida al admitir la prescripción de determinados derechos pertenecientes a los herederos de don Benjamín ; mas como tales afirmaciones no son exactas, pues la sentencia recurrida reconoce la actividad desarrollada en orden a la explotación del negocio por la comunidad societaria que nos ocupa y lo único que niega es que los determinados derechos a que se refería la estipulación "N" del contrato de Sociedad mantengan su vigencia ante la indiscutible realidad de que no fueron ejercitados, el recurso fundado en este motivo ha de fracasar, ya que, de otra parte, la sentencia de instancia no desconoce el valor de los elementos probatorios, documentos públicos, privados y diligencia de reconocimiento judicial, citados por el recurrente e incluso apreció debidamente su resultancia.

CONSIDERANDO que en el quinto motivo del recurso, formulado al amparo del número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acusa por la parte recurrente la violación del artículo

1.281, párrafo l.° y artículo 400, también párrafo 1.°, del Código Civil, todo ello con base, en lo fundamental,en el contenido de la estipulación "N" del primitivo contrato de Sociedad, incidiendo en el defecto ya denotado al analizar motivos anteriores de tratar de sustituir con su particular criterio interpretativo, sobre el alcance de los derechos concedidos a los socios en tal cláusula, el del juzgador de instancia, lo que no es admisible al no ser las conclusiones que en este aspecto de hermenéutica contractual establece la sentencia recurrida irracionales o ilógicas, habiendo, por ende, de prevalecería interpretación de la Sala de instancia, lo que impone la desestimación de este quinto motivo del recurso. i .

CONSIDERANDO que frente al criterio mantenido en la sentencia recurrida en orden al hecho de que al extinguirse en 1 de enero de 1938 la Sociedad Regular Colectiva constituida entre los causantes de los aquí litigantes en 18 de diciembre de 1917 y surgir una Comunidad societaria para la explotación del negocio tal comunidad no comprendía los derechos que podían asistir al socio señor Eloy como derivados de la estipulación "N" que había regido el pacto social durante su vigencia, y que tal derecho debió ser ejercitado durante el tiempo qué la acción se mantuvo viva, es decir, en los quince años siguientes al momento de la disolución de la. Sociedad Regular Colectiva, se alza el motivo sexto del recurso, acusando, al amparo del número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la violación de los artículos

1.961 y 1.965 del Código Civil, por entender que al extinguirse la Sociedad Regular Colectiva en 1 de enero de 1938, los derechos derivados de la misma, entre ellos los contenidos en la estipulación "N", se integraron en la comunidad de explotación que rigió a partir de dicha fecha entre los herederos de los socios primitivos, determinando ello que no pudieran prescribir, por aplicación de lo dispuesto en él artículo 1.975 del Código Civil, las acciones que correspondían a los copropietarios en relación a los derechos reconocidos en la estipulación "N" del contrato social, es decir, que la parte recurrente prescinde de las afirmaciones contenidas en la sentencia recurrida y en las consideraciones de la sentencia del Juzgado aceptadas por la misma, según las que, el terreno sobre el que se construyó el Teatro Renacimiento fue siempre de la propiedad del señor Daniel , hoy sus herederos, así como que, los derechos que a los socios podía concederle en relación al mismo en la estipulación "N" del pacto social no fueron ejercitados antes de que prescribiera la acción para hacerlos efectivos, haciendo supuesto de la cuestión debatida con arreglo a criterios interpretativos rechazados al analizar los anteriores motivos del recurso, por lo que habiendo de mantenerse los contenidos en las sentencias de instancia, se impone la desestimación del analizado.

CONSIDERANDO que igual suerte desestimatoria merecen los motivos 7.° y 8.° del recurso, amparados ambos en el número ordinal primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acusando el 7.° infracción, por violación, de los artículos 1.091 y 1.281, párrafos primero y segundo, del Código. Civil y el 8.° infracción por aplicación indebida de la doctrina legal contenida en las sentencias de esta Sala que cita en relación a la cláusula "rebus sic stántibus", por cuanto la sentencia recurrida razona, a mayor abundamiento que, en todo caso, "tendría que ser de aplicación la cláusula "rebus sic stántibus", pero su fallo se justifica por, otros fundamentos distintos, no siendo la aplicación de aquella premisa obligada o antecedente necesario de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO que al desestimarse el recurso las costas causadas con el mismo cargo del recurrente han de ir, y sin que proceda hacer declaración alguna en cuanto, a depósito que no fue constituido.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto a nombre de don Benjamín , doña Isabel , doña María Rosario , doña Fátima , don Braulio y don Arturo , contra la sentencia que con fecha 17 de febrero de 1978, dictó la Sala Segunda De lo Civil de la Audiencia Territorial de La Coruña; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto, las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Francisco Bonet.-José Beltrán de Heredia. Manuel González Alegre.-José Antonio Seijas.-Antonio Sánchez Jáuregui.-Rubricados.