STS 194/1979, 24 de Mayo de 1979

Al amparo del número 3° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Se comete esta incongruencia cuando en el apartado 2.° de la sentencia de la Audiencia de La Coruña, se condena a ambos litigantes, como socios de una Sociedad irregular, a reintegrar a la Sociedad p al fondo social las cantidades de que hubiesen dispuesto para' usos propios. Este pronunciamiento, en el que hay una doble condena al pago de intereses, esto es, intereses bancarios e intereses legales yuxtapuestos, no sólo se produce con manifiesta infracción de ley, sino que es incongruente en relación con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, respecto de las que concede más de lo pedido. Efectivamente, el actor don Abelardo en el pedimento sexto de la demanda solicitaba que: Se condene igualmente al demandado a satisfacer a la susodicha "Comunidad de Bienes de DIRECCION000 " los intereses legales de las cantidades que, pertenecientes a la expresada comunidad, aplicó a usos propios. Y fue el demandado reconveniente, que ahora recurre, el que, después de alegar en su escrito de contestación a la demanda que lo acostumbrado entré ambos socios y hermanos era resarcir a la Sociedad de todos los gastos bancarios que la disposición propia de fondos de la misma ocasionaba, concretó su petición en el sentido de que debían reintegrarse en el haber social. Los saldos que resultaren contra ambos socios por el retiro de fondos para atenciones propias y por el resarcimiento de intereses al tipo de los bancarios en los años sucesivos vigentes. Como se verá en el pleito jugaban dos peticiones, que si no eran contradictorias, aparecen por lo menos como contrapuestas:, el abono de intereses legales por las cantidades aplicadas a usos propios (tesis del actor), y el abono de intereses al tipo de los bancarios por el mismo título (tesis del demandado reconveniente). Parece claro que el Juzgado, para cumplir estrictamente con la regla de lacongruencia, debió optar por una o por otra de estas dos tesis, pero lo que nunca pudo hacer es acumular las dos en un coctel que resulta de alguna manera explosivo. Es claro que se está en el caso del número 3.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues, al condenar al pago de los intereses bancarios más los intereses legajes, otorga más de lo pedido, toda vez que otorga algo que no había sido pedido por nadie. En relación con ello, hay que destacar que en la sentencia del Juzgado -cuyos Considerandos son expresamente aceptados por la de la Audiencia- se sienta como hecho probado (Considerando primero) que ambas partes están conformes... en que cada parte reintegre las cantidades destinadas a usos propios a los intereses bancarios de las mismas. Sin embargo, poco después, en el Considerando sexto se dice que... estando de acuerdo ambas partes en que se restituyan a la Sociedad los intereses y demás gastos bancarios y siendo norma legal el pago de los intereses legales del tiempo que se usaren... De manera que, el fundamento de pago de los intereses bancarios es la conformidad de las partes, mientras que el fundamento del- pago de los intereses legales es una norma legal dispositiva que como tal resulta inconciliable con la anterior.

Al amparo del número 1.° del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infracción de ley y de doctrina legal por interpretación errónea del artículo 1.108 del Código Civil , en relación con el artículo 1.724 del propio Cuerpo legal. La sentencia recurrida al acoger los Considerandos de la primera instancia, acoge la máxima del Considerando sexto, en virtud de la cual la condena al pago de los intereses legales se establece porque es norma legal el pago de estos intereses durante el tiempo en que se aplicaron cantidades a usos comunes o usos propios. Esta norma legal, a la que se alude, no puede ser otra que el artículo 1.108 del Código Civil en relación con la del artículo 1.724 . Sin embargo, la regla del interés legal, como módulo de la indemnización de los daños y perjuicios para las obligaciones pecuniarias, es, según se desprende del propio artículo 1.108 , una regla legal de carácter dispositivo o supletorio, que sólo se aplica a falta de convenio entre las partes. En este caso es evidente, porque lo recoge así la propia sentencia recurrida que existía ese convenio o conformidad entre los litigantes en virtud del cual el interés moratorio entre ellos por la utilización para usos propios de fondos sociales era el interés bancario. Es, pues, evidente la interpretación errónea que se produce del precepto legal citado, al acumular el interés convencional y el interés legal cuando este último es solamente supletorio de aquél.

Tercero Al amparo del número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infracción de ley y de doctrina legal, por violación de lo dispuesto en los artículos 1.091, 1.255 y 1.891 del Código Civil, así como del principio general del derecho que veda el enriquecimiento sin causa, consagrado en múltiples sentencias, entre otras en las de 12 de enero de 1943, 17 de enero de 1956 y 22 de noviembre de 1969 . Uno, de los puntos centrales debatidos en este pleito ha sido el pedimento reconvencional del demandado de que el actor, don Abelardo , restituyera a la Sociedad irregular formada, por ambos litigantes la suma de 400.000 pesetas anuales que había venido percibiendo desde 1962 a 1971. Según la tesis de la reconvención esta cantidad debía ser restituida desde el 8 de mayo de 1962 en que don Abelardo dejó de prestar su trabajo en la Sociedad ya que tal cantidad se percibía como retribución del trabajo personal. Desde el día 8 de mayo de 1962 don Abelardo dejó de prestar trabajo en la Sociedad. Esto es algo que aparece plenamente admitido en la sentencia que se recurre. Así, en el Considerando tercero se dice que: Es verdad que don Abelardo dejó de acudir a partir del 8 de mayo de 1962 a las oficinas o despacho del negocio. Y en el Considerando séptimo de la sentencia del Juzgado, aceptado como los piernas Considerandos, por la Audiencia, se reconoce: Que el demandante- reconveniente, como socio que, de hecho, dirigía la Sociedad. También en la propia sentencia se dice que...el otro socio desde el 8 de mayo de 1962 en que dejó de concurrir a los locales de la Empresa... La discusión no se centra, pues, en este punto de hecho -que don Abelardo dejó de acudir a las oficinas o despacho y dejó de prestar allí su trabajo, recayendo a partir de ese momento toda la gestión en su hermano don Evaristo -, sino en el concepto por virtud del cual se justificaba la atribución de la suma de 400.000 pesetas anuales. La discusión litigiosa ha sido si esta retribución fue establecida o pactada como "asignación al cargo" de gestor o como retribución de trabajo desempeñado. Esta cuestión aparece zanjada en el Considerando tercero de la sentencia de la Audiencia, cuando dice: "... y ni siquiera dejó de cobrar la cantidad fijada como retribución del trabajo". En estos términos de hecho, es muy clara la infracción de ley que se comete. Es en primer lugar una violación de la lex contractus, que entraña al mismo tiempo violación de los artículos 1.091 y 1.255 del Código Civil y es, en segundo lugar, violación de las reglas que establecen la normativa del pago o cobro de lo indebido (artículo 1.895 del Código Civil ) y del principio general de enriquecimiento sin causa reconocido y consagrado por una amplísima jurisprudencia. De acuerdo con esa doctrina y ese principio general del derecho, se exige, para que una atribución patrimonial se entienda rectamente recibida y pueda mantenerse en el patrimonio del receptor, que encuentre una justificación causal, esto es, que tenga una causa lícita y honesta, de modo que cuando esta causa falta o es inexistente el beneficiario de la atribución tiene la obligación de restituir su importe a quien se hubiese empobrecido como consecuencia de ello. Y esto es cabalmente lo que ocurre cuando se entrega una cantidad como retribución de un trabajo que no ha llegado a prestarse. El tema del enriquecimiento sin causa, como fundamento de la pretensión reconvencional derestitución por el actor de las 400.000 pesetas anuales por él percibidas desde 1962 a 1971 se encontraba planteado en fa consideración legal segunda de la reconvención. Las palabras allí consignadas continúan poseyendo plena vigencia. Resulta indudable la no existencia de la "causa alegada por el actor como fundamento de su supuesto derecho al percibo de la asignación". Y si existe un percibo indebido, surge la obligación de restituir en virtud del general principio moral y jurídico que no permite el enriquecimiento injusto o sin causa. Pues en el presente caso concurren plenamente las características y condiciones necesarias para su aplicación ya que ha habido un aumento en un patrimonio (el del actor), una disminución correlativa en otro patrimonio (el de la Sociedad comunitaria y consiguientemente el del demandado) y una falta de causa en la atribución o desplazamiento patrimonial, tal como declaran las sentencias de 16 de noviembre de 1967, 23 de marzo de 1976 y 28 de enero de 1956 . Además, hay que señalar que el enriquecimiento injusto del actor, además de un perjuicio económico para el patrimonio social, implicaba otro para el demandado, por cuanto este tuvo que desarrollar doble esfuerzo o trabajo, al quedar solo en la Gerencia de la Sociedad y llevar solo todo el peso del negocio. De ahí que lo justo y concorde con el principio infringido sea estimar que la cantidad indebidamente percibida por el actor le sea abonada directamente al demandado, aunque admite subsidiariamente, que se integre en el fondo o haber social.

Cuarto. Al amparo del número 7.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en manifiesto error de hecho en la apreciación de la prueba, que ponen de manifiesto documentos de carácter auténtico, siendo a a estos efectos documento auténtico el libro de Actas. Articula este motivo como subsidiario del anterior y para el caso que se entienda que la Audiencia no ha declarado probado que la asignación de 400.000 pesetas anuales fuera retribución del trabajo, sino asignación al cargo de gestor o administrador. Si éste hubiera sido la afirmación de la Audiencia y tiene que reconocer que en este punto la sentencia es por lo menos ambigua o ambivalente se habrá producido un notorio y evidente error de hecho, puesto de relieve por el citado documento auténtico. El concepto de retribución al trabajo y no al cargo de las sumas asignadas a los socios de la Sociedad irregular DIRECCION000 , aparece plenamente probado por el Libro de Actas en cuestión. En efecto. En la primera acta, de 27 de noviembre de 1937, en fecha inmediatamente posterior al fallecimiento del padre y en el momento en que acuerdan continuar explotando en común el negocio heredado, expresamente convienen: Seguir percibiendo como retribución de su trabajo los mismos haberes que tenían asignados en vida de su padre. Más adelante, en el acta de la reunión de 28 de junio de 1938, disponen que: Teniendo en cuenta el mayor trabajo y atención que los negocios ahora requieren debido principalmente a la ampliación de la Empresa con la fábrica de Candas y las facultades que para el normal desarrollo de la industria existe, sea elevada la retribución que ambos comuneros han venido percibiendo. E igualmente, en la reunión de 16 de mayo de 1957, acuerdan aumentar la asignación anual que venían percibiendo cada uno como retribución de su trabajo personal. Retribuciones, pues, al trabajo y no asignación por la pura calidad de comunero o de gestor de la comunidad. Lo pone de manifiesto de modo evidente el documento reseñado, que, aparte d& haber sido reconocido de manera expresa en los escritos del demandante, lo fue al contestar a la primera posición que en confesión se formuló. La Audiencia hubiera entendido como cuestión de hecho que la asignación de 400.000 pesetas anuales era asignación al cargó, y no al trabajo, habría pues incidido en notorio error de hecho en la apreciación de las pruebas practicadas.

Al amparo del número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sentencia recurrida incide en i infracción de ley por aplicación indebida al caso del pleito de lo dispuesto en el artículo 1.195 del Código Civil . Además de la pretensión reconvencional de don Evaristo de que su hermano Abelardo restituyera la suma de 400.000 pesetas anuales desde el año 1962 á 1971, don Evaristo ha sostenido también, en reconvención (pedimento cuarto), que se le reconociera a él su derecho a percibir la retribución por trabajo, por importe de las citadas 400.000 pesetas anuales por trabajo, durante los años 1972 y 1973, en que él continuó al frente de la gerencia de la Sociedad. Esta pretensión es desestimada y el fundamento que encuentran la Audiencia y, el Juzgado para rechazarla es que vendría a ser inoperante el tener que satisfacerlo ambos en igual cuantía. Es decir, en opinión del Tribunal "a quo", como ambos hermanos tendrían derecho a la retribución y ambos tendrían que pagarla, se produciría una suerte de compensación, que es por lo que cita como infringido el artículo 1.192 del Código Civil . El razonamiento, sin embargo, es equivocado. Se estima, efectivamente, que don Evaristo trabajó para la Sociedad en esos dos años y se estima que don Abelardo tenía un crédito simular. Mas como éste último no es así, según se ha tratado de demostrar en los razonamientos anteriores, se produce la infracción denunciada.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Jaime Castro García.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que ajeno a la casación el tema referente a la naturaleza de la situación jurídica fundamental que a las partes contendientes liga, calificada en la instancia como SOciedad irregular de índole mercantil surgida por transformación de la comunidad hereditaria, interviniendo la "affectio societatis"que animó a los' herederos cotitulares de la denominada "Comunidad de Bienes DIRECCION000 ", hacienda mercantil relicta por su padre y causante;, y no suscitada tampoco en esta vía la cuestión referente al pedimento sobre la rendición de cuentas por parte del demandado recurrido, petición rechazada en ambos grados jurisdiccionales, el motivo primero del recurso, formulado al amparo del número 3.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia incongruencia por exceso, vicio producido en sentir del recurrente al contener la parte dispositiva pronunciamiento con una doble, condena al pago de intereses, provocada por la yuxtaposición c e los intereses bancarios y los legales; impugnación que no puede prevalecer, pues la incongruencia "ultra petita", contemplada en el precepto invocado, exige que la sentencia haya otorgado más de lo pedido, rebasando el ámbito determinador de la pretensión procesal, y es manifiesto que tal incongruencia positiva ha de ser descartada cuando existe una conformidad esencial entre el "petitum" de la demanda y reconversión, de un lado, y la sentencia combatida de otro, concordia patente a todas luces si se advierte que el, extremo sexto de la súplica de la demanda postula la condena de don Evaristo "a satisfacer a la susodicha Comunidad de Bienes DIRECCION000 los intereses legales de las cantidades que pertenecientes a la expresada comunidad aplicó a usos propios y a resarcirla de los perjuicios ocasionados a la misma con motivo de tal aplicación" según "los supuestos a que se refiere la consideración legal sexta", pasaje en el que tal resarcimiento se hace consistir en la adición a los intereses legales "de los gastos bancarios" que la comunidad tuvo que atender como efecto de los préstamos obtenidos de las Entidades que practican las operaciones de crédito, y puesto que a su vez el punto 2.° de lo pretendido en la reconvención atañó a la formación del inventario-balance, integrado en el mismo los saldos que resultaren "contra ambos socios" por la detracción de fondos para atenciones privativas y "él resarcimiento de intereses al tipo de los bancarios", ha procedido con entera corrección el Tribunal "a quo", acomodándose rigurosamente a los principios de controversia y dispositivo, al condenar a los dos titulares a reintegrar "las cantidades de la Sociedad de que hayan dispuesto para usos propios, así como los "intereses y demás gastos bancarios ocasionados y los intereses legales durante el tiempo que han usado de tales fondos", con lo que lejos de originarse una acumulación de intereses por el mismo concepto se hace clara distinción entre las cantidades que la Sociedad ha tenido que desembolsar (intereses y gastos) por razón de las aludidas operaciones crediticias, y la remuneración debida a la Compañía (intereses legales) al verse privada indebidamente de las sumas dinerarias retiradas por los socios.

CONSIDERANDO que el motivo segundo del recurso alega, con base en el número 1.° del citado artículo de la Ley Procesal, infracción por interpretación errónea del artículo 1.108 del Códig Civil, en relación con el 1.724 del propio Cuerpo legal, que se dice ocasionada por la condena acumulativa del interés legal y de) convencional, a pesar del pacto entre los socios en cuya virtud el interés moratorio por la utilización de fondos sociales para atenciones particulares sería el bancario-, pero además de que, según expresado queda, no hay agravación de intereses sino que se trata de partidas distintas que responde a conceptos también diversos, ni el Juez de Primera Instancia ni la Sala sentenciadora Macen cita de los preceptos supuestamente vulnerados por incorrecta exégesis, y si ningún aserto se contiene en la sentencia recurrida en punto al hipotético acuerdo sobre el pago de las cantidades restadas al fondo social, ya que únicamente se hace alusión a la conformidad de las tesis respectivamente mantenidas acerca de que "cada socio ha de reintegrar a la Sociedad las cantidades destinadas a usos propios y los intereses y gastos bancarios ocasionados", amén "de los intereses legales durante el tiempo que se usaron", dicho se está que el fallo se ajusta al presupuesto lógico de tales premisas y a la norma general de que el deber de reparar el menoscabo económico en que el daño consista abarca la disminución efectiva del patrimonio y la ganancia perdida (artículo 1.106 del Código Civil ), esto es, el daño positivo y el lucro frustrado, aspectos y elementos de la materia resarcible también operantes en el campo de la responsabilidad de los administradores frente a la Sociedad, pues a pesar de que no exista disposición especial - remisiva han de ser aplicadas por analogía las previsiones de los artículos 144 y 256, párrafo 2.°, del Código de Comercio y 1.726 del Código Civil, sin olvidar que la imposición de intereses al mandatario en el supuesto a que se contrae el artículo 1.724 del Código Civil es perfectamente compatible con la indemnización de perjuicios, si procediere.

CONSIDERANDO que la misma suerte desestimatoria ha de correr el, motivo 3.° del recurso, fundado en dicho precepto de !a Ley Adjetiva, que reprocha a la sentencia de la Sala infracción por violación de lo dispuesto en les artículos 1.091, 1.255 y 1.891 del Código Civil , así como del principio general que veda el enriquecimiento sin causa, vulneraciones que el recurrente enlaza con la desestimación del pedimento reconvencional que insta la condena del actor y recurrido a que restituyera a la Sociedad irregular formada por ambos la suma de 400.000 pesetas anuales que vino percibiendo desde mayo de 1962 a 1971, en total 3.858.888,90 pesetas, porque lejos de haber sido quebrantada la "lex contractus" y los artículos que proclaman la fuerza vinculante de la relación contractual, el Tribunal "a quo"- se atuvo a las reglas que vinieron presidiendo el desenvolvimiento de la Compañía, y claro es que no puede traerse a capítulo el pago o cobro de lo indebido, con error por parte del "solvens" como requisito esencial (sentencias de 21 de noviembre de 1957 y 24 de abril de 1976 , entre otras), ni de "indebitum ex causa", cuando las entregas de tales, sumas por parte del recurrente a su hermano don Abelardo obedecieron a los básicosacuerdos sobre relaciones internas de la Sociedad y más en concreto respecto a la retribución de cada uno de" los gestores, e incuestionable aparece la justificación causal, determinada por los créditos del "accipiens", toda vez que la Sala de instancia entiende, sin contradicción alguna, que si bien el recurrido dejó de acudir a las oficinas sociales a partir del día 8 de mayo de 1962, "su apartamiento fue puramente físico y no le privó de estar al corriente del desarrollo- de la Empresa ni de realizar los actos que las operaciones colectivas imponían" por lo que ha de ser desechada la, versión "de una inactividad y apartamiento totales" y muchos menos la de una liberación de las obligaciones gestoras constitutivamente establecidas, razones que repelen por su misma virtud toda sospecha de enriquecimiento injusto y conllevan la imposibilidad de acoger tanto la "conditio indebiti" como una general acción indemnizatoria, pues la atribución patrimonial descansa evidentemente en una causa-justificativa, cual es la relación obligacional dimanante de un convenio válido, cuya concurrencia es incompatible con las notas características y fundamento del principio general de que nadie debe enriquecerse torticeramente en daño de otro (sentencias de de noviembre de 1969, 23 de marzo de 1966, 20 de noviembre y 12 de abril de 1964 ), ya recogido en el derecho histórico (partida 7.a, título 34, regla 17).

CONSIDERANDO que tampoco puede lograr éxito el motivo cuarto del recurso, que apoyado en el número 7.° del artículo 1.692 de la Ley Adjetiva imputa a la sentencia de la Sala, error de hecho, en la apreciación probatoria, aduciendo a tal fin como documento auténtico el libro de Actas de la Sociedad aportado con el escrito de contestación a la demanda; porque a la carencia de autenticidad que a efectos de la casación ofrecen los antecedentes documentales examinados por el Tribunal de instancia, según constante doctrina jurisprudencial de innecesaria cita particularizada, es, de añadir que la frase "retribución de su trabajo" utilizada en el acta de 27 de noviembre de 1937 y otras posteriores alude a la tarea o labores de gestión social, realizable aun sin presencia física en los locales de la Empresa, como así lo ha entendido con acierto la Sala de instancia y lo reconoció con su proceder el recurrente y demandado, quien, en los años 1963 y siguientes continuó haciendo pago a su hermano, actor y recurrido, de la asignación convenida por ambos.

CONSIDERANDO que inadmitido el motivo quinto, arguye el sexto aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 1,195 del Código Civil, censurada con base en el número primero del artículo. 1.692 de la Ley Rituaria ; mas su inviabilidades diáfana, dado que la Sala sentenciadora no ha declarado la extinción de dos relaciones obligatorias en la cantidad concurrente ni ha tratado de compensación alguna con arreglo a los artículos 1.195 y siguientes del Código sustantivo, sino que se limita a aceptar el aserto de la sentencia del primer grado respecto a que "las actividades de tal empresa cesaron en agosto de 1970, vendiéndose los terrenos y edificios", con lo qué obviamente no cabe admitir una -verdadera gestión social de cualquiera de ambos interesados desde entonces o cuando más a partir de 1971 en que percibieron la última retribución, ni podría pretender ninguno de los socios la entrega anual posterior de 400.000 pesetas sin que el otro se arrogara el derecho a percibir una cantidad igual.

CONSIDERANDO que por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso, con los preceptivos pronunciamientos en cuanto a la imposición de costas y la pérdida del depósito articulo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber -lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto a nombre de don Evaristo contra la sentencia que con fecha 23 de mayo de 1977, dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de La Coruña ; condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas y a la pérdida de la cantidad que, por razón de depósito, la ha constituido, a la que se dará el destino que previene la Ley¡ y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose, al efecto, las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Antonio Cantos.-Andrés Gallardo.- Antonio Seijas.-Antonio Fernández.-Jaime Castro García.-Rubricados.