STS, 7 de Abril de 2014

ANDUZO SL, fue objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tenerife, en relación con el Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2001 y 2002 (en los que había tributado en régimen individual), que dieron lugar a la incoación, el 27 de julio de 2006, de Acta de Disconformidad, modelo A02, núm. NUM000 , emitiéndose en igual fecha el preceptivo informe ampliatorio.

La liquidación propuesta en el Acta, determinaba una deuda tributaria a ingresar por importe de 402.140,79 euros, que presentaba el siguiente desglose:

EUROS

CUOTA 331.934,39

RECARGOS O

INTERESES DE DEMORA 70.206,40

DEUDA A INGRESAR / A DEVOLVER . 402.140,79

En el Acta antedicho aparecen los siguientes antecedentes:

Las actuaciones inspectoras se iniciaron mediante comunicación notificada en fecha 7 de febrero de 2006, teniendo las mismas, carácter general en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2001 a 2002.

Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras, la entidad había presentado autoliquidación por el concepto y ejercicios de referencia con un resultado negativo a devolver por importe de 2.281,55 euros, en el ejercicio 2001 y 10.181,32 euros, en el ejercicio 2002.

La sociedad, durante los ejercicios objeto de comprobación, se encontraba dada de alta en el Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas 8.332: Promoción inmobiliaria de edificaciones.

El objeto social de la sociedad ANDUZO S.L, según el artículo 2 de sus estatutos, es la compra, venta, parcelación, urbanización, administración y explotación de fincas rústicas y urbanas, incluso de edificaciones de todas clases.

En el primer ejercicio objeto de comprobación, año 2001, por el reducido volumen de operaciones, los arrendamientos se realizaban directamente por el administrador de la sociedad, según consta en diligencia número dos, siendo en el año 2002 donde ya sí se procede a contratar a una persona a jornada completa.

Esta sería D. Javier , según contrato de fecha 14 de febrero de 2002 presentado ante la Inspección: contrato a tiempo completo con una jornada de trabajo de 40 horas semanales, prestadas de lunes a viernes con los descansos establecidos en la Ley.

En el ejercicio 2001, ANDUZO SL efectúa dos operaciones de compraventa que le reportan un beneficio extraordinario declarado de 979.743,7 €

a.- La primera de ellas se refiere a la compraventa de una finca rústica en La Palma, consistente en un trozo de secano en el término municipal de Breña Baja, que mide una hectárea, treinta y ocho áreas y treinta y dos centiáreas.

Esta propiedad se adquiere el 6 de julio de 2001 por un importe de 20.000.000 pesetas (120.202.42€) y se transmite el 3 de octubre de 2001 por 82.992.000 pesetas (498.791,97 €), resultados un beneficio de 62.992.000 pesetas (378.589,54 €).

b.- La segunda de las operaciones realizadas en el año fiscal es un local en planta de segundo sótano del edificio Sovhispan, sito en el Centro Comercial del Centro residencial Anaga, de Santa Cruz de Tenerife, con una superficie total construida de dos mil ochocientos treinta metros cuadrados, adquirido el 8 de abril de 1999 por 87.000.000 pesetas (522.880,53€), con una amortización acumulada de 2.023.644 pesetas (12.162,356), y transmitido el 10 de octubre de 2001 por 185.000.000 pesetas (1.111.872,39€). Por tanto, el beneficio asciende al importe de 100.023.644 pesetas (601.154,21€).

Las actuaciones de carácter general se llevaron a cabo respecto de los ejercicios 2001 y 2002 pero sólo conllevaron la regularización de aspectos relativos a la tributación del primer ejercicio referenciado, entendiéndose correcto lo declarado en el segundo. Los aspectos tributarios modificados en la propuesta fueron: dotación Reserva para Inversiones en Canarias; inaplicación del artículo 21 de la Ley 43/1995 y consideración de la entidad como transparente del artículo 75 Ley 43/1995 .

El Inspector Jefe dictó Acuerdo de liquidación, el día 30 de noviembre de 2006, conforme a la propuesta contenida en el Acta.

Disconforme con la anterior liquidación, la recurrente interpuso reclamación económico-administrativa (núm. NUM001 ) que fue desestimada por Resolución de 26 de junio de 2008 del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante TEAC).

Dicha resolución, en lo relativo a las alegaciones en las que la recurrente defendía la procedencia de la dotación de la RIC, el TEAC, las rechazo con fundamento en dos motivos:

a.- Por no realizar la sociedad actividad económica señalando que «parece obvio que en el presente caso no resulta procedente la dotación de la Reserva para Inversión en Canarias, tesis que viene confirmada por el Informe de la Comisión para el análisis de los problemas de la aplicación de la RIC, evacuado por la Secretaría de Estado de Hacienda en diciembre de 2000, el cual, en su apartado 2.2.4 incluye como rentas excluidas del beneficio fiscal "las actividades de mera tenencia de patrimonio, tanto material como financiero"». No obstante lo anterior añade que «el motivo de no ser de aplicación la mencionada reducción, no es el de ser una entidad en régimen de transparencia fiscal, sino el no realizar una actividad económica tal y como es calificada a efectos fiscales. Por este motivo sociedades que tienen la consideración de transparentes, como son las sociedades profesionales, pueden acogerse a este beneficio fiscal de cumplir los requisitos que en la norma especial se establecen. En coherencia con lo anterior, se admite la, posibilidad de acogimiento a dicha reducción de la actividad de arrendamiento inmobiliario, pero siempre y cuando ésta tenga la consideración fiscal de actividad empresarial, la cual se cualifica con el doble requisito del artículo 25.2 de la Ley 40/1998 , requisitos que, como ya ha quedado expuesto, incumple la interesada.

[...]

el derecho a dicho beneficio fiscal requiere la realización de una actividad económica o empresarial, esto es, la existencia de una organización autónoma de medios materiales y/o humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, lo que, como ya se ha señalado, no se da en el presente supuesto, en el que ANDUZO SL es una sociedad de mera tenencia de bienes, no cuenta con personal empleado para el ejercicio de la misma. Al no efectuar la entidad la necesaria ordenación por cuenta propia de medios de producción para llevar a cabo la actividad que genera los rendimientos obtenidos, resulta contraria a Derecho la dotación a la RIC hecha por la reclamante» (FD Quinto)

b.- Por otro lado por cuanto entendió, sin perjuicio de lo anterior, que solamente puede dotarse la RIC, con beneficios ordinarios y no con beneficios extraordinarios. Al respecto se indicó en particular que « tal y como ha declarado la entidad, los beneficios con los que dotó la RIC controvertida, eran beneficios de carácter extraordinario, beneficios que, tal y como ha declarado también reiteradamente este Tribunal, tampoco son aptos para dotar la Reserva (Cf. las resoluciones citadas)

[...]

este estímulo fiscal lo es a la realización en Canarias de actividades fomentadoras de riqueza y desarrollo económico, por lo que deben beneficiarse de él las ganancias obtenidas en la realización de actividades empresariales, dejando fuera de dicha posibilidad las rentas de carácter extraordinario.

Por lo tanto, la improcedencia de la dotación efectuada por la entidad se basaría no solo en el hecho de que la misma, al ser una sociedad de mera tenencia de bienes, no realiza actividad económica alguna, sino también por el hecho de que los beneficios acogidos tenían el carácter de extraordinarios» (FD Quinto).

Y en lo concerniente a la petición de la reclamante en la que solicitaba acogerse, en relación con los beneficios obtenidos en la venta del local comercial, al diferimiento por reinversión del art. 21 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS), el TEAC la consideró improcedente por cuanto entendió que el local no podría calificarse de inmovilizado material. En particular se indicó que « El Inmovilizado material de una sociedad está compuesto por aquellos activos materiales que se afectan de manera duradera y- con vocación de permanencia en las actividades de las sociedades y cuya finalidad es la utilización en dichas actividades mediante la producción de bienes o servicios para la generación de rendimientos en las sociedades. En contraposición con el concepto anterior está el concepto de "Existencias". Las existencias de una sociedad son aquellos activos adquiridos o producidos con la finalidad de ser vendidos.

Como ya ha mantenido de forma reiterada este Tribunal Central (RG 6665-01 de 28 de septiembre de 2004, RG 966-02, de 26 de septiembre de 2003 y RG 4282-00, de fecha 12 de marzo de 2004, entre otras) la clasificación contable no otorga la cualidad de pertenecer al inmovilizado, sino que lo que otorga tal cualidad es la función o destino que la propia empresa le asigna.

En consecuencia, y partiendo de la consideración de la entidad como sociedad transparente, habida cuenta .de la falta de actividad económica, difícilmente podemos considerar que los inmuebles transmitidos en el ejercicio 2001 tengan la calificación de bienes utilizados por la empresa para la producción de bienes o servicios y la generación de rendimientos. La calificación de los inmuebles en cuestión como inmovilizado depende de su destino económico, debiendo éste ser la afectación a la actividad de la empresa, requisito en este caso incumplido, al no existir actividad empresarial alguna» (FD Sexto).

Frente a la Resolución desestimatoria del TEAC, la representación procesal de la recurrente promovió recurso contencioso-administrativo núm. 285/2008, formulando la demanda mediante escrito presentado el 27 de octubre de 2008.

En dicha demanda la ahora recurrente defendió la procedencia de la dotación de la RIC, realizada en su autoliquidación. De un lado por cuanto, según indica el local comercial del edificio "Sovhispan" lo considera afecto a la actividad arrendaticia de la sociedad, de lo cual desprende el carácter empresarial de la actividad ejercida por la mercantil «pese a que no constase en el año 2001 con un empleado en régimen laboral, ni con un local afecto a la actividad, pues este requisito se exige legalmente a los exclusivos efectos de establecer cuando una sociedad dedicada al arrendamiento esta sometida al régimen de trasparencia.

Por lo dicho, el beneficio obtenido en la transmisión de dicho inmueble, que ascendió a 601.154,21 euros (página 4 de la resolución del TEAC) es apto para dotar con cargo al mismo la Reserva para Inversiones en Canarias. Y ascendiendo la Reserva dotada solamente a 566.800 euros, es evidente que la resolución del TEAC impugnada debe ser anulada» (pág. 11).

Por otro lado, mostró su disconformidad con la interpretación del art. 27 de la Ley 19/1994 , que había realizado el TEAC, tratando de desligar el término "establecimiento" del precepto del de actividad mercantil bajo diferentes primas interpretativos, llegando a concluir en relación con el criterio teleológico que «[d]ado que la Reserva para Inversiones en Canarias tiene como finalidad impulsar la actividad económica en el Archipiélago (como precisamente expresa la sentencia 436/2003, de 16 de mayo de 2003, del TSJ de Canarias), carece de sentido limitar dicho beneficio únicamente al procedente de actividades económicas, pues ni así lo exige expresamente el art. 27 -que se limita a imponer la condición de que el beneficio proceda de "establecimientos"- ni resulta acorde con su finalidad.

Lo que sí exige la Ley es que las dotaciones se inviertan ó materialicen en la "adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo", ó en la "suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades que desarrollen en el archipiélago su actividad, siempre que éstas realicen las inversiones previstas en el párrafo" anterior, ó bien en la "suscripción de títulos valores o anotaciones en cuenta de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las Corporaciones locales Canarias o de sus empresas públicas u Organismos autónomos".

Es precisamente a través de la regulación de las inversiones como se consigue la finalidad pretendida por la Ley: las empresas que doten la Reserva no pueden materializar las dotaciones en cualquier tipo de bien, sino únicamente en los legalmente previstos, siendo la característica común de los mismos que directa e inmediatamente, en el primer supuesto, e indirectamente en los otros dos tipos de inversión, las dotaciones se inviertan en actividades económicas productivas que fomenten la economía canaria.

Y, precisamente para solventar el problema que podría ocasionarse a sociedades que no desarrollen una actividad empresarial y que obtengan beneficios de otra naturaleza, es para lo que legalmente se permite que dichas dotaciones puedan invertirse en suscribir participaciones en el capital de otras sociedades que sí realicen tal tipo de actividades y precisen realizar las inversiones en bienes productivos» (págs. 16 y 17).

Y finalmente, en lo que interesa al presente recurso de casación, la recurrente defendió en la demanda la procedencia del acogimiento a diferimiento por reinversión del art. 21 de la LIS , de las plusvalías obtenidas con la venta de local comercial referido.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 26 de mayo de 2011, dictó Sentencia por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado, sobre la base de los siguientes argumentos.

a .- En relación con la procedencia de la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias, la Sentencia tras razonar la condición de sociedad de mera tenencia de bienes, concluye que no ejerce actividad económica, por lo que, no cabe la dotación pretendida. En particular la Sentencia de instancia indicó que «se aprecia que, en un primer momento, la sociedad recurrente ha de ser calificada como sociedad de mera tenencia de bienes, sometida, en principio, al régimen de transparencia fiscal.

Por todo ello, la Sala entiende que la recurrente no ejerce o desarrolla una actividad económica, como así consta en el expediente administrativo, en la que se reconoce por la entidad esa carencia de actividad y de personal laboral para el desarrollo de dicha actividad.

En este sentido, se ha de recordar que, aquí de lo que se trata es de la aplicación de un "beneficio fiscal" que, exige una interpretación restrictiva de la norma, conforme se desprende del art. 23.3. de la Ley General Tributaria , que impide la aplicación analógica de las normas "para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito ...de las exenciones"» (FD Tercero).

En relación con la interpretación que hace la recurrente de la regulación del incentivo fiscal, la Sala lo viene a rechazar, en síntesis, en la medida en que dicho incentivo está previsto para el caso de que el sujeto pasivo realice actividad económica en el Archipiélago, no siendo suficiente, por tanto, que tenga allí su sede. En particular la Sentencia indicó que «en la aplicación del "incentivo fiscal" subyace la necesidad de la existencia de una "explotación económica"; lo que, a su vez, implica, la concurrencia de aquellos elementos definidores, tanto desde la perspectiva fiscal como mercantil, de la organización empresarial . Incluso el precepto, como puede apreciarse, contempla la explotación económica consistente el arrendamiento o cesión a terceros para su uso, de activos de la entidad que ejerce dicha actividad, pero respetando el concepto de "explotación económica" y lo que dicho concepto conlleva.

En el presente caso, los hechos y circunstancias constatadas impiden la aplicación del referido incentivo, confirmando la resolución impugnada que también añade, a título ilustrativo, las consideraciones realizadas en el Informe de la Comisión para el análisis de los problemas de la aplicación de la RIC, evacuado por la Secretaría de Estado de Hacienda en diciembre de 2000 , el cual, en su apartado 2.2.4 incluye como rentas excluidas del beneficio fiscal "las actividades de mera tenencia de patrimonio, tanto material como financiero", concluyendo que el derecho a dicho beneficio fiscal requiere la realización de una actividad económica o empresarial, esto es, la existencia de una organización autónoma de medios materiales y/o humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, lo que, como ya se ha señalado, no resulta probado en el presente supuesto, en el que el sujeto pasivo ni dispone de un local propio o arrendado desde el que ejercer su actividad, ni cuenta con personal empleado para el ejercicio de la que sostiene ejercer. Al no haber acreditado la entidad suficientemente la necesaria ordenación por cuenta propia de medios de producción para llevar a cabo la actividad que genera los rendimientos obtenidos, resulta improcedente la dotación a la RIC y, en consecuencia, las consiguientes reducciones en las bases imponibles consignadas en sus declaraciones-liquidaciones en concepto de Impuesto sobre Sociedades» (FD Quinto).

Y para cerrar el controversia planteada por la ahora recurrente en la instancia en lo tocante a la interpretación del art. 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (en adelante Ley 19/1994), la Sala confirma el criterio de la Administración Tributaria al considerar que solamente cabe dotar la RIC, con beneficios procedentes de la actividad económica desarrollada en el archipiélago canario, lo que excluiría la dotación mediante beneficios obtenidos por razón de las plusvalías generadas en la actividad de mera tenencia de patrimonio, como es el caso. La Sentencia con ello decidió «confirma[r] el criterio mantenido en la resolución impugnada, al entender que: "el derecho a dicho beneficio fiscal requiere la realización de una actividad económica, esto es, la existencia de una organización autónoma de medios materiales o humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Calificada la entidad como de mera tenencia de bienes, sin actividad económica ni personal empleado, y no efectuando la necesaria ordenación por cuenta propia de medios de producción, y no quedando discutidos estos extremos por la reclamante, resulta contraria a Derecho la dotación a RIC hechos por la reclamante."» (FD Sexto).

b .- En lo referente a la argumentación y pretensión subsidiaria de imputar las plusvalías generadas con la venta del local comercial al régimen de diferimiento por reinversión previsto en el art. 21 de la LIS , la Sala manifestó compartir el criterio de la Administración expresado en la Resolución impugnada en cuanto calificó «como "existencias" y no como "inmovilizado material", de los elementos patrimoniales transmitidos. Por otra parte, siendo de aplicar a la entidad el régimen de transparencia fiscal, se desconfigura el mecanismo de la "reinversión", al no tratarse de plusvalía derivadas de la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, material o inmaterial, sino de "existencias", sin que el hecho de que la entidad no ejerciera actividad convierta en inmovilizado material las mismas. La inactividad determina, en ese caso, el sometimiento o no al régimen especial, pero no en la calificación de los bienes transmitidos.

Por último, se ha de indicar que, la calificación de los inmuebles a los efectos fiscales analizados no puede hacerse depender de la voluntad del sujeto pasivo en el sentido patrocinado por el recurrente, sino, primero, de la realidad de las operaciones realizadas con los mismos; y segundo, por lo derivado de las normas contables reguladoras» (FD Séptimo).

Contra la citada Sentencia, la recurrente preparó, mediante escrito presentado el día 16 de junio de 2011, recurso de casación, formalizando su interposición por escrito registrado el 14 de septiembre de 2011, en el que, planteó dos motivos, ambos articulados por el cauce del apartado d) del art. 88.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , Ley (en adelante LJCA):

1 .- En el primero se viene a denunciar la infracción del art. 27 de la Ley 19/1994 . Se alza la recurrente contra la interpretación del precepto realizada por la Sala de instancia y que le llevó a la desestimación del recurso en relación con la dotación de la RIC. Para ello mantiene que el precepto no exige la realización de explotación económica en el archipiélago, sino que se disponga de establecimiento en el mismo y al respecto manifiesta que «[s]iendo así que la demandante tiene su sede social en Canarias, que su objeto social es -entre otros- la compra y venta de inmuebles, y que los inmuebles transmitidos estaban radicados geográficamente en Canarias, es claro que desde el punto de vista gramatical se cumple el requisito legal de que el beneficio con cargo al cual se dotó la Reserva para Inversiones en Canarias procediese de un establecimiento situado en Canarias» (pág. 9).

Combate también la limitación antedicha, tratada por la Sentencia de instancia, en relación con los beneficios que son hábiles para dotar la RIC, entendiendo que la interpretación no concuerda con el art. 35 del Código de Comercio , ni con el art. 189 de la Ley de Sociedades Anónimas , ni con el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. Y termina concluyendo que la «sentencia de la Audiencia Nacional prescinde pues, de este concepto de "beneficio" utilizado por la normativa mercantil y contable, y circunscribe el beneficio apto para dotar la Reserva al llamado "beneficio de explotación", excluyéndolo para los beneficios extraordinarios, siendo así que esta disparidad de trato carece de respaldo legal conforme a lo expuesto» (pág. 12).

Discrepa también la recurrente en relación con la interpretación finalista realizada por la Sala a quo, formulando su propia tesis sobre la finalidad del legislador en la aprobación del incentivo fiscal. En este sentido afirma que «no se trata de restringir el tipo de actividad que origina el derecho a dotar la Reserva, sino, por el contrario, de permitir que las empresas canarias efectúen nuevas inversiones, por lo que carece de ningún sentido limitar esta finalidad en función del tipo de beneficio del que procedan los recursos obtenidos» (pág. 13). Y a lo anterior añade que «a través de los requisitos que deben cumplir las inversiones corno se consigue la finalidad pretendida por la Ley: las dotaciones no pueden invertirse en cualquier tipo de bien, sino únicamente en los legalmente previstos, siendo la característica común de los mismos que directa e inmediatamente, en el primer supuesto, e indirectamente en los otros dos tipos de inversión, las dotaciones se inviertan en actividades productivas que fomenten la economía canaria» (págs. 13 y 14)

2 .- En el segundo motivo la recurrente denuncia la infracción del art. 21 de la LIS , en relación con el art. 75 del mismo texto legal . En este motivo la recurrente muestra su disconformidad con la consideración de la Sentencia que calificó de existencia el local comercial enajenado, lo que excluyó la posibilidad de que, a las plusvalías obtenidas en su venta, pudiera ser aplicado el régimen de diferimiento para reinversión. Primero mantiene que «la Ley 43/1995, a diferencia de la precedente Ley 61/1978, no exige que los bienes transmitidos estuviesen afectos a una actividad empresarial, sino solamente que estuviesen integrados en el inmovilizado, y que la reinversión puede hacerse en cualesquiera otros bienes del inmovilizado, aunque no fueren de naturaleza y destino similar a la de los enajenados» (pág. 15).

En segundo lugar considera que la Sentencia al confirmar el criterio de la Resolución del TEAC, recurrida yerra al entender que los criterios aplicados para su calificación como sociedad de mera tenencia de bienes, en cuanto a la ausencia de actividad económica, no resultan de aplicación para determinar la falta de afección funcional a la actividad del local comercial, y por tanto para calificar el mismo de inmovilizado material. En relación con el art. 75 de la LIS , la recurrente manifestó que «el alcance de lo dispuesto en el invocado precepto que no cercena ni limita de ningún modo la aplicación a las sociedades transparentes de los mismos beneficios fiscales a los que tengan derecho las sometidas al régimen general» (pág. 17). La recurrente al respecto denuncia que la Sentencia incurre en contradicción pues al tiempo que manifiesta que «el hecho de calificarse legalmente como sociedad de mera tenencia de bienes determina el sometimiento al régimen especial de la transparencia, pero no la calificación de los bienes transmitidos, concluye [...] que la condición de transparencia es la causa legal por la que el local transmitido debe calificarse como existencia y no como un elemento del activo inmovilizado» (pág. 17).

Y dicho lo anterior defiende que las circunstancias del local, hacen que el mismo hubiera de calificarse como inmovilizado y no como existencia, sobre la base de que la recurrente se había aplicado en sus declaraciones la deducción por depreciación monetaria del art. 15.11 de la LIS , sin que la Administración Tributaria hubiera puesto objeción en ejercicios anteriores; que tal local estaba contabilizado como inmovilizado; que estuvo arrendado durante el ejercicio regularizado (2001) durante 6 meses habiendo comenzado y finalizado el arrendamiento en el mismo año; y finalmente que el inmueble había formado parte de su patrimonio desde el 8 de abril de 1999, hasta el 10 de octubre de 2001, momento en que fue vendido el local a la propia arrendataria. En particular indicó que «[n]unca ha[bía] sido objeto de discusión que el inmueble sito en el edificio "Sovhispán" había sido adquirido por la sociedad en 1999, es decir, tres años antes de transmitirse, que figuraba contablemente registrado desde el momento de su adquisición en el activo fijo de la contabilidad social y que estaba arrendado a terceros, generando los correspondientes ingresos, desde varios meses antes de ser transmitido.

Tampoco ha sido objeto de controversia que el arrendamiento de fincas rústicas y urbanas es parte del objeto social estatutario de la sociedad, a cuyos efectos se hallaba además dada de alta desde el 15 de abril de 1999 en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 8612, correspondiente al alquiler de locales.

Es más, la propia Inspección de Hacienda nunca discutió ni puso en cuestión que dicho local debía tener la consideración de un activo integrado en el inmovilizado, no de una existencia, pues de otro modo no hubiera actualizado su valor de adquisición conforme al procedimiento previsto en el artículo 15.11 de la Ley, sistema solo aplicable a la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado material que tengan la naturaleza de bienes inmuebles y nunca a los que tengan la condición legal de existencias.

Pues bien, las expresadas circunstancias imponen que el mencionado local tenga a todos los efectos la consideración de activo integrado en el inmovilizado y no de una existencia, como pretende la sentencia recurrida, cuyas conclusiones llevarían a entender con carácter general que las sociedades a las que fuese aplicable el régimen de transparencia no podrían tener bienes en su activo a los que pudiera calificarse como integrantes del inmovilizado, sino que todos ellos deberían calificarse legalmente como existencias, siendo así que ni las normas mercantiles, ni las contables, ni las fiscales, prevén ni permiten semejante consecuencia» (págs. 17 y 18).

En apoyo de su tesis trae a colación la recurrente nuestra Sentencia de 14 de diciembre de 2009 (rec. cas. núm. 10502/2003 ).

Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2011, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO formuló oposición al recurso de casación, solicitando la desestimación del mismo, con imposición de costas a la parte recurrente.

En dicho escrito el Sr. Abogado del Estado, en relación con la dotación de la RIC, respalda los razonamientos y conclusiones de la Sentencia impugnada, y por lo tanto, que la falta de actividad empresarial y por lo tanto su condición de sociedad de mera tenencia de bienes, determina la imposibilidad de aplicación del beneficio fiscal. En particular la parte recurrida indicó que «no cabe desplazar la cuestión a un problema de sede física de un establecimiento, como quizás podría deducirse del inicio del recurso. Lo que afirma la sentencia impugnada, y previamente el TEAC, es que la falta de local y de empleado dedicados a gestionar una actividad, y la calificación del recurrente como mera entidad de tenencia de bienes, acreditan que no desarrolla una actividad o explotación económica. Y, por ello, no hay beneficios de una actividad económica ni cabe la dotación con cargo a ellos ni su materialización.

[...]

No consta que el recurrente realizase alguna clase de actividad empresarial, esto es de organización productiva, y no de mera tenencia rentista de bienes» (pág. 2). Y en lo tocante al término establecimiento cuya interpretación discute la recurrente, la representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, indica que «la expresión "sedes de dirección" que el recurrente subraya, resulta la idea de que debe existir dirección, luego debe existir alguna actividad económica que ser dirigida. Con esta expresión la ley no está hablando de un rentista que se ocupa de sus inversiones en su casa. Por tanto los razonamientos del recurso en nada afectan a lo declarado por la sentencia impugnada.

[...]los beneficios deben proceder de una actividad económica y no de una inversión rentista, y que consta que el recurrente no ha realizado ninguna actividad económica. Por tanto, los ingresos, con independencia del elemento que los genere, no pueden acogerse a la RIC» (págs. 3 y 4).

En relación con el motivo segundo, el Abogado del Estado comparte el criterio de la Sentencia de instancia indicando que «[a] creditado que hay una sociedad de tenencia de bienes y que no desarrolla actividad económica, y que por tanto tampoco puede hablarse de un inmovilizado afecto o destinado a una actividad económica, no se observa cómo se infringe el artículo 21

La procedencia o no del beneficio fiscal invocado no es una cuestión de normativa contable o de cual sea el objeto social escriturado, sino de mera prueba de la actividad real del sujeto transmitente y de la utilización del inmueble» (pág. 7).

Y seguidamente apoya tal afirmación entendiendo que «la finalidad de la ley ha sido crear un beneficio para que aquellos incrementos de patrimonio surgidos de la enajenación de elementos productivos de las empresas no resulten gravados tributariamente mermando con ello la capacidad productiva de aquellas» (pág. 8); para finalmente concluir que «si los inmuebles no estaban integrados en la estructura de producción de la recurrente, su venta no generaba el beneficio fiscal que indebidamente se aplicó.

En el caso de autos no se ha acreditado que el inmueble respecto del que se pretende el beneficio fiscal estuviese integrados de alguna forma en la estructura de producción del recurrente, ya que se acreditó que el recurrente no disponía de una organización productiva» (pág. 9).

Señalada para votación y fallo la audiencia del día 2 de abril de 2014, se celebró la referida actuación en la fecha acordada.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Montalvo, Presidente de la Sección