STSJ Castilla-La Mancha 762/2012, 17 de Octubre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 762/2012 |
| Fecha | 17 Octubre 2012 |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2
ALBACETE
SENTENCIA: 00762/2012
Recurso núm. 1381 de 2007
Ciudad Real
S E N T E N C I A Nº 762
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª.
Iltmos. Sres.:
Presidenta:
Dª Raquel Iranzo Prades
Magistrados:
D. Jaime Lozano Ibáñez
D. Miguel Ángel Pérez Yuste
D. Miguel Ángel Narváez Bermejo
D. Ricardo Estévez Goytre
En Albacete, a diecisiete de octubre de dos mil doce.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 1381/07 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de Dª Celestina, representada por la Procuradora Sra. Arcos Gabriel y dirigida por los Letrados D. José Miguel Zaldívar Sagra y D. Miguel Ángel Urquidi Dueñas, contra el JURADO REGIONAL DE VALORACIONES, que ha estado representado y dirigido por el Sr. Letrado de la Junta, actuando como coadyuvante CR AEROPUERTOS, S.L., representada por el Procurador Sr. Legorburo Martínez y dirigida por la Letrada Dª. Mª. Esperanza Obejo Escudero, sobre JUSTIPRECIO; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel Narváez Bermejo.
Dña. Celestina interpuso, el día 18 de diciembre de 2007, recurso contenciosoadministrativo contra la resolución del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 1 de octubre de 2007, dictada en el expediente administrativo NUM000, NUM001, por el cual se estableció el justiprecio en relación con la expropiación de suelo de las parcelas catastrales nº NUM002 del polígono NUM003 del municipio de Villar del Pozo (Ciudad Real)- 21.202 metros a expropiar- y de la parcela NUM004 del polígono NUM005 del mismo municipio -18.756 metros cuadrados a expropiar- llevada a cabo para la ejecución del "PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS: AEROPUERTO DE CIUDAD REAL".
Recibido el expediente administrativo, se dio traslado del mismo al demandante, quien formuló su demanda, en la cual, tras exponer los hechos y fundamentos que entendió procedentes, terminó solicitando la estimación del recurso contencioso-administrativo planteado. En concreto, en su demanda, el expropiado defendió la valoración del suelo como urbanizable; señaló que la Ley 6/1998 establece el principio de adecuación del valor de expropiación al valor de mercado; indicó que el aeropuerto de Ciudad Real es una dotación privada con una actuación urbanizadora dentro de su perímetro; que el aeropuerto no es un "sistema general", al no ser de titularidad pública, y que procede la valoración conforme a su destino urbanizable; que en cualquier caso, si se considerase que sí es un sistema general, entonces sería de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo que señala que los terrenos destinados a los mismos deben valorarse como urbanizables cuando el sistema general contribuya a "crear ciudad", como es el caso.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contestó a la demanda indicando que la obra afectaba a tres municipios, de manera que se trataba de un proyecto incardinado en el concepto de planeamiento sectorial de comunicaciones, no siendo un sistema general o dotacional de tipo municipal. Señaló que los terrenos, antes de la ejecución de la obra, tenían un carácter netamente rústico por sus características y entorno, convirtiéndose la actuación aeroportuaria en una "isla urbanizada" dentro del suelo rústico, pero que esa urbanización no le da a la zona el carácter de "ciudad", carácter que tienen un ámbito mucho mayor que lo que es una instalación aeroportuaria aislada. Señaló que el PSI respeta la naturaleza originaria del suelo, sin que se aísle de manera artificiosa ni fraudulenta para su obtención por precio inferior al que le correspondería. Indicó que la situación del aeropuerto no puede ser otra que la de suelo rústico, y destacó que las expectativas urbanísticas de estos terrenos no eran otras que las que genera el propio aeropuerto, cuya sociedad gestora y beneficiaria de la expropiación es la que ha invertido para la construcción del mismo. La Junta trajo a colación la sentencia de esta Sala, sección 1ª, de 26 de junio de 2007, afirmando que de la misma deriva, como cosa juzgada, que el suelo es rústico. Otros argumentos contenidos en la contestación a la demanda son los siguientes: el PSI, al clasificar el suelo como rústico o no urbanizable no modifica su naturaleza, sino que, al contrario, la acrecienta y protege al calificarlo como de reserva "dotacional pública"; la valoración del suelo como urbano generaría un enriquecimiento injusto en el propietario, que sólo participa en los beneficios, sin hacer frente a las cargas propias, como sería la cesión derivada del aprovechamiento lucrativo, cesión de viales y dotaciones públicas, etc.; se trata de una infraestructura de indudable interés general, que por su naturaleza no puede ser instalada en suelos urbanizables, y es obvio que no "crea ciudad"; el carácter privado no resta la naturaleza de sistema general al aeropuerto, ni tampoco se deduce tal cosa necesariamente de la Disposición preliminar 11 de la LOTAU ni del Acuerdo de aprobación del PSI.
CR AEROPUERTOS, S.L. contestó a la demanda indicando que el PSI del aeropuerto es un instrumento de ordenación territorial supramunicipal que mantuvo la clasificación rústica de los terrenos idóneos para la ubicación del "sistema general aeroportuario", así calificado por la normativa sectorial, tal como el art. 166 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación sobre Aeropuertos de Interés General y su zona de servicio. Señaló que el entorno era absolutamente rústico y que el proyecto no vertebra ciudad alguna. Sacó a colación la ya citada sentencia de esta Sala, sección 1ª, de 26 de junio de 2007, que estableció la legalidad del PSI en cuanto a la calificación rústica de los terrenos. Defendió la adecuación de la calificación del proyecto como sistema general aeroportuario por aplicación de la ley sectorial estatal en materia de aeropuertos de interés general ( art. 166.2 de la ley 13/1996 ). Señaló que la obra carece de una específica trascendencia municipal, sino muy superior, y que por tanto no "crea ciudad" ni es aplicable, por consiguiente, la doctrina del Tribunal Supremo al respecto. Indicó que ejemplos como el del aeropuerto de Madrid- Barajas no son aceptables, pues en ese caso el aeropuerto ya formaba parte de la ciudad, de modo que la ampliación del mismo afectó a las perspectivas urbanísticas de la zona. Defendió que la doctrina del Tribunal Supremo no es de necesaria aplicación bajo la Ley 6/1998, que ya permite la valoración de suelos por su valor real de mercado, y mantuvo, por otro lado, que no había expectativas urbanísticas en la zona, y que la valoración de las que genera el proyecto supondría vulneración del art. 36 Ley de Expropiación Forzosa . Manifestó no haber aprovechamiento urbanístico alguno del que hayan sido privados los expropiados, porque es inexistente, siendo la falta de dicho aprovechamiento lo que caracteriza a tales infraestructuras. Afirma que la calificación como sistema general no choca con lo regulado en la LOTAU porque su origen no está en esa norma, sino en la legislación sectorial correspondiente, siendo pues un "sistema general sectorial" de comunicación-aeroportuario, y no un sistema general local-urbanístico. La valoración del suelo como rústico no viene impuesta por la formal calificación de sistema general, sino por su calificación sustantiva "no urbanística", que es a la que se refiere el art. 25 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones ; esto es, es un "servicio público", sin que la identidad pública o privada del beneficiario de la expropiación altere ni la naturaleza del servicio público ni el valor del suelo. El aeropuerto de Ciudad Real, se dice, no es distinto a cualquier aeropuerto público español. No hay otros usos industriales o comerciales que los que pueda haber en cualquier otro aeropuerto. Si se quiere tomar en cuenta la parte destinada a uso comercial o industrial, por entender que ahí hay un aprovechamiento terciario patrimonializable, entonces habría que considerarlo en relación al resto del proyecto, considerado todo él como un área de reparto o ámbito de gestión, carente el resto de obra de aprovechamiento alguno, con lo cual el valor del suelo sería incluso inferior a cero, por ser las cargas aeroportuarias elevadas; lo contrario implicaría un enriquecimiento injusto. Los arts. 36 Ley de Expropiación Forzosa y 25 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, implican que se debe pagar aquello que se tiene, no lo que pueda resultar de la ejecución del proyecto. La cuestión de la posible rentabilidad a obtener por el titular del aeropuerto es ajena al problema.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, se señaló para votación y fallo para el día 4 de octubre de 2012.
Se revisa en la presente causa la resolución del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 1 de octubre de 2007, dictada en los expedientes administrativos por fincas enumeradas en el antecedente de hecho primero de la presente resolución por el cual se estableció el justiprecio en relación con las mencionadas fincas de Villar del Pozo (Ciudad Real), llevada a cabo para la ejecución del "PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS: AEROPUERTO DE CIUDAD...
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ATS, 10 de Octubre de 2013
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