STSJ Comunidad de Madrid 50918/2012, 20 de Junio de 2012
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 20 Junio 2012 |
| Número de resolución | 50918/2012 |
PROC. MARÍA ROSARIO FERNÁNDEZ MOLLEDA
PROC. DANIEL BUFALÁ BALMASEDA
ABOGADO DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE ACTUACIÓN POR OBJETIVOS (P.A.O. 2012)
EN APOYO A LA SECCIÓN 4ª
RECURSO Nº 226/2007 y acumulado 445/2007
PONENTE ILMO. SR. D. GREGORIO DEL PORTILLO GARCÍA
SENTENCIA Nº 50918/2012
Presidente Ilmo. Sr.
D. FRANCISCO GERARDO MARTÍNEZ TRISTÁN
Magistrados Ilmos. Sres.
D. GREGORIO DEL PORTILLO GARCÍA
Dª FÁTIMA DE LA CRUZ MERA.
D. JOSÉ RAMÓN GIMÉNEZ CABEZÓN
En Madrid a veinte de junio de dos mil doce.
Vistos los autos del presente recurso nº 226/2007 y el acumulado 445/2007 que, ante esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, han promovido, respectivamente, la Procuradora Doña María Rosario Fernández Molleda, en nombre y representación de Doña Modesta, y el Procurador D. Daniel Bufalá Balmaseda, en nombre y representación de Autopista Madrid Sur Concesionaria Española S.A., contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de febrero de 2007, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la de 16 de noviembre del mismo año que, a su vez, fijó el justiprecio de la finca nº PI-58 del Proyecto "Autopista de Peaje R-4 de Madrid a Ocaña. Tramo: CM-4001. Clave: 98-M-9005.A, en el término municipal de Pinto (Madrid), en la cantidad de 292.995,26 euros. Ha sido parte la Administración General del Estado, representada por la Abogacía del Estado.
Por la recurrente propietaria de la finca se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación y, emplazada para que dedujera demanda, lo llevó a efecto mediante escrito presentado el 9/09/09 en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes, terminó suplicando que se dictara sentencia estimando su recurso, y declarando que el justo precio del suelo expropiado es el que reclamó en su hoja de aprecio o, subsidiariamente, que se calcule a razón de 45,75 #/m2, incluyendo en la cuantía final los demás conceptos reseñados en el acuerdo del jurado. En fecha 11/01/10 se recibe el escrito de demanda de la beneficiaria, en el que solicita la anulación del acto recurrido, fijando el justiprecio en el recogido en su hoja de aprecio, declarando que no existen expectativas urbanísticas, imputando los intereses devengados por el período posterior a los tres meses en que el expediente tuvo entrada en el Jurado a la Administración de que éste depende, así como por el exceso en la resolución y notificación del recurso de reposición que había interpuesto, e imponiendo las costas procesales a la Administración demandada.
Evacuado el trámite de contestación por parte de la Abogacía del Estado, mediante el escrito de 3/09/10, donde terminaba solicitando que se dictara sentencia desestimando el recurso, se recibió el pleito a prueba, practicándose las propuestas por las partes, y admitidas por la Sala, con el resultado que obra en autos. La cuantía del recurso es de 372700,54 euros, para la propiedad, y 286136,97 euros para la beneficiaria, que es la diferencia entre el precio solicitado en sus hojas de aprecio y el fijado por el Jurado.
Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, y presentados los correspondientes escritos, seguidamente quedaron las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Para votación y fallo del recurso se señaló la audiencia del día 19 de junio de 2012, en la que, previa deliberación, se ha aprobado esta sentencia.
Se impugna en el presente procedimiento la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de febrero de 2007, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la de 16 de noviembre del mismo año que, a su vez, fijó el justiprecio de la finca nº PI-58 del Proyecto "Autopista de Peaje R-4 de Madrid a Ocaña. Tramo: CM-4001. Clave: 98- M-9005.A, en el término municipal de Pinto (Madrid), en la cantidad de 292.995,26 euros.
El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa valora el terreno expropiado de conformidad con su clasificación urbanística (no urbanizable), a pesar de entender que se trata de un sistema general, atendiendo a su carácter de sistema viario de interés para todo el territorio nacional, que no tiene por destino inmediato completar el equipamiento municipal, ni "crear ciudad", sino que sirve a la vertebración del territorio, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que cita. Tras ello aplica el art. 26 de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, si bien considera que el valor así obtenido, teniendo en cuenta la poca significación del aprovechamiento agrario y la situación del suelo en la Comunidad de Madrid, es poco representativo y alejado de la realidad, por lo que entiende que el valor real de mercado es igual a la media de los valores rústico (aceptando los 1,6 #/m 2 en que lo cifra el informe del Vocal Ingeniero Agrónomo) y urbanístico (aceptando los 59,39 #/m 2 en que lo cifra el informe del Vocal Arquitecto de Hacienda, que lo obtiene del precio de venta de viviendas de protección oficial para la zona 2, de 938,79 #/m 2, aplicándole los coeficientes del 0,20 y del 0,80, así como el coeficiente de aprovechamiento de 0,4393 m2/m2 y el 90% al sustraer el 10% para cesiones). En resumen, la fórmula que utiliza la resolución impugnada para fijar el justiprecio da un resultado de 30,50 #/m 2, más el 5% de premio de afección, y 639,03 euros de indemnización por los perjuicios derivados de la rápida ocupación, lo que conduce al total más arriba mencionado.
La propietaria solicita con carácter principal que se aplique el precio de referencia de 66 #/m2, que recogió en su hoja de aprecio o, subsidiariamente el de 45,75 #/m2, que resulta de aplicar el método del Jurado pero aplicando a la suma de valores, rústico y urbanizable, el 75 por ciento en lugar del 50 como hace aquél. La beneficiaria considera que el método de valoración utilizado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa carece de cobertura legal, siendo un método creado "ad hoc" para fijar un valor por razones de equidad. Entiende que el terreno expropiado debe valorarse conforme a la clase de suelo que es (no urbanizable) y que resulta inaplicable el art. 43 LEF, de modo que no pueden apreciarse expectativas urbanísticas; alega a continuación que la consideración de la concurrencia de expectativas urbanísticas no justifica la valoración del suelo a partir de un valor urbanístico, sin que en cualquier caso haya sido probada la concurrencia de tales expectativas. A efectos dialécticos, señala que la determinación del valor urbanístico asumida por el Jurado no se ajusta al criterio jurisprudencial y que, en el caso de considerar asumible la valoración del suelo conforme lo hace el Jurado, el valor que se obtendría sería el de 21,40 #/m2. Solicita así mismo la beneficiaria que la Sala se pronuncie sobre la procedencia de imputar los intereses de demora que deben ser satisfechos por la Administración de la que depende el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, ante el retraso en la tramitación de los expedientes de determinación de justiprecio.
La Abogacía del Estado considera que el método seguido por el Jurado no es ajustado a Derecho, pero solicita la desestimación del recurso. Todas las cuestiones planteadas en el recurso han sido ya objeto de pronunciamiento en anteriores sentencias dictadas por esta Sección en relación con este proyecto, procediendo seguir ahora, al no contar la Sala con datos que permitan llegar a soluciones diferentes, los criterios en aquéllas expuestos.
Son hechos relevantes para resolver las cuestiones planteadas en el recurso los siguientes: mediante Real Decreto 3540/2000 se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación del tramo objeto de este recurso de la autopista de peaje R-4 Madrid a Ocaña a la parte también demandante Autopista Madrid Sur; el proyecto de trazado se aprobó el 10 de julio de 2001, siendo objeto de publicación en el BOE de 17 de septiembre de 2001 y en otros medios, oficiales y privados, los días subsiguientes; el 9 de octubre de 2001 se levantó acta previa a la ocupación de la finca; el 13 de noviembre siguiente se levanta el acta de ocupación; la clasificación urbanística de la finca es la de suelo no urbanizable labor secano; al no existir acuerdo en el precio se remiten las valoraciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, donde tienen entrada el 24/11/05; el 16/11/06 se dicta resolución que es notificada el...
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STS, 24 de Julio de 2013
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