STSJ Castilla-La Mancha 458/2011, 12 de Julio de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Julio 2011 |
| Número de resolución | 458/2011 |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2
ALBACETE
SENTENCIA: 00458/2011
Recurso núm. 296/2007
TOLEDO
S E N T E N C I A Nº 458
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª.
Iltmos. Sres.:
Presidenta:
Dª Raquel Iranzo Prades
Magistrados:
D. Jaime Lozano Ibáñez
D. Miguel Ángel Narváez Bermejo
D. Miguel Ángel Pérez Yuste
D. Ricardo Estévez Goytre
En Albacete, a doce de julio de dos mil once.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 296/2007 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de AUTOPISTA MADRID TOLEDO, S.A, representado por la Procuradora Sra. Gómez Ibáñez y dirigido por el Letrado Sr. Villaluenga Duque, contra JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION FORZOSA DE TOLEDO
, que ha estado representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, siendo parte codemandada Darío
, Clemencia, Luisa Y Violeta, representados por la Procuradora Sra. Cuartero Rodríguez y dirigida por el Letrado Díaz Nuñez; sobre JUSTIPRECIO; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Ricardo Estévez Goytre.
AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución expresa de 28 de septiembre de 2006, dictada en el expediente nº NUM003, por la cual se estableció el justiprecio respecto de la expropiación de terrenos de naturaleza rústica, de la finca con nº NUM000 ; NUM004 del parcelario, correspondiente a la parcela catastral nº NUM001 del polígono NUM002 del municipio de Yuncos (Toledo). La expropiación se realizó por la Administración General del Estado, siendo beneficiaria la mercantil ahora recurrente, para la ejecución del proyecto "Autopista de Peaje Madrid-Toledo AP-41. Tramos comprendidos entre los PP.KK. 18+500 y 32+200 y del PP.KK. 42+700 al enlace de Toledo. Clave: T8-TO-9001.B"
Recibido el expediente administrativo, se formuló el correspondiente escrito de demanda, en el que la beneficiaria solicitó la nulidad de la resolución del justiprecio por motivos de forma o, subsidiariamente, la rebaja del justiprecio acordado.
La Administración General del Estado y los codemandados contestaron a la demanda, y, tras exponer a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendieron aplicables, solicitaron una sentencia desestimatoria del recurso planteado.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las que fueron declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló para votación y fallo el día 06 de julio, a las 12 horas, fecha en que tuvo lugar.
Constituye el objeto de impugnación en el presente procedimiento la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo que determinó el justiprecio en relación con la expropiación de una finca de naturaleza rústica en el término de Yuncos, expropiada para la ejecución del proyecto "Autopista de Peaje Madrid-Toledo AP-41. Tramos comprendidos entre los PP.KK. 18+500 y 32+200 y del PP.KK. 42+700 al enlace de Toledo. Clave: T8-TO- 9001.B", por la que se fijó el justiprecio de la finca anteriormente aludida, que incluye la expropiación de 2.179 m2 en pleno dominio sobre una superficie total de la finca de 16.979 m2, según catastro, 377 m2 en régimen de servidumbre, el premio de afección, los perjuicios por la rápida ocupación (cebada secano) y por división de la finca (tres restos no expropiados de 3.470 m2, 318 m2 y 10.635 m2, respectivamente), en la cantidad total de de 74.544,64 #.
Es claro que el punto fundamental a tratar en la presente sentencia se refiere a la valoración de la finca expropiada. Ahora bien, la beneficiaria en su demanda vierte diversas afirmaciones que componen conjunto de argumentos para justificar la impugnación, no sólo ya de la resolución del Jurado, sino también del expediente expropiatorio mismo.
En efecto, se plantean por las partes numerosos aspectos adicionales a la valoración, de naturaleza tanto procesal como sustantiva, que deberemos tratar por separado y con carácter previo. Para lograr la mayor claridad posible en la exposición, enumeraremos las cuestiones a tratar antes de acometer, en su caso, el análisis de la cuestión estrictamente valorativa; tales cuestiones son las siguientes:
-
Actuación supuestamente indebida del Jurado al acumular expedientes.
-
Actuación supuestamente indebida del Jurado al incorporar documentación adicional, en lugar de resolver exclusivamente a la vista de las hojas de aprecio, y al no incorporar informe del Vocal Técnico.
-
Fecha a la que hay que referir la valoración de los bienes.
-
Imposibilidad legal de introducir en la valoración las expectativas urbanísticas que puedan elevar el valor puramente rústico de los terrenos.
El Abogado del Estado, tras manifestar que está de acuerdo con la beneficiaria en cuanto al carácter desmesurado del justiprecio fijado por el Jurado, y en concreto en cuanto al carácter de los precios unitarios que figuran en el Anexo 17 "expropiaciones e indemnizaciones del estudio de valoración de la autopista de peaje AP-41", que en modo alguno pueden tener carácter vinculante, solicitó la desestimación de la demanda con fundamento, en esencia, en la presunción de acierto de las decisiones del Jurado, que no ha sido desvirtuada por la beneficiaria. La parte codemandada, tras exponer que existen transacciones en la zona por precios superiores a los fijados por el Jurado, por lo que no es desmesurado lo solicitado en su hoja de aprecio y lo resuelto por el propio Jurado, por lo que solicitó la desestimación del recurso, si bien, habida cuenta que mediante sentencia de esta Sala de 5 de mayo de 2010 (recurso 125/06 y 585/06 ), entre otras, en la que se decretaba la nulidad de la expropiación, solicitó, en su escrito de conclusiones, que el justiprecio fijado por el Jurado sea incrementado en un 25% por la ilegal ocupación.
La beneficiaria considera ilegal que se hayan acumulado por parte del Jurado una multitud de expedientes que se reflejan en los listados adjuntos, cuando, afirma, no se dan las condiciones para que proceda según el art. 73 de la Ley 30/92 y 26 de la L.E.F., porque dichas normas, en particular la segunda, exigen que cada bien sea contemplado en su individualidad y características singulares. Alega que las fincas expropiadas no constituyen una comunidad de bienes ni una unidad desde el punto de vista económico. Prosigue afirmando que en realidad lo que ha llevado a cabo el Jurado es una valoración según el método de tasación conjunta, para lo cual carece de competencia, dado que la utilización de dicho método solo le corresponde a la Administración expropiante. Sin embargo, y sin perjuicio de que en el caso de autos más que verdadera acumulación de expedientes, lo que ha habido ha sido una aplicación de criterios de valoración uniformes con relación a aquellos factores o características comunes de las fincas que más pueden influir en los precios como son sus aprovechamientos agrícolas, rendimientos, situación y ubicación, expectativas urbanísticas... en aras a evitar situaciones injustas como serían justiprecios dispares a pesar de la similitud y homogeneidad de aquellos factores que más pueden repercutir en la fijación de su valor, ello no implica, como alegó la Abogacía del Estado que se haya seguido el método de tasación conjunta sino que existe un expediente individualizado por cada finca con resolución decisoria particularizada por cada parcela donde se resaltan aquellos aspectos singulares decisivos a la hora de determinar el precio, que es específico para cada predio; y, en todo caso, aun cuando aceptásemos el vicio denunciado de la indebida acumulación de expedientes, no nos encontraríamos ante un supuesto de nulidad del art. 62.1 b) y e) de la Ley 30/92 sino de anulabilidad sin indefensión del art. 63.2, por cuanto que en la decisión resolutoria se da un respuesta motivada a la pretensión indemnizatoria invocada por la parte, analizando cuales han sido las circunstancias particulares transcendentes para su valoración, satisfaciendo esa respuesta los derechos de tutela del expropiado para conocer las razones de esa tasación sin entorpecer sus facultades de impugnación, por todas STS de 30-6-2001 .
Se queja la beneficiaria de que el Jurado no ha resuelto "a la vista de las hojas de aprecio" (art. 34 de la Ley de Expropiación Forzosa ), sino que ha recabado información adicional, de la que, además, no ha dado traslado a las partes, causándoles indefensión. Además, se queja de la ausencia de informe del Vocal Técnico. Así pues, una cuestión es la de si cabe la incorporación de elementos adicionales a las hojas de aprecio y otra muy diferente la de si hubo indefensión al no darse traslado de la documentación incorporada.
En cuanto a la primera perspectiva de la cuestión, que el art. 34 de la Ley de Expropiación Forzosa signifique lo que la parte pretende no está claro en absoluto. El precepto desde luego significa, según se ha reiterado por la jurisprudencia, que las hojas de aprecio suponen un límite máximo y mínimo, respectivamente, al valor a determinar. Pero que además suponga que el Jurado no pueda atender a dato alguno adicional a los que deriven de las propias hojas de aprecio, resulta mucho más discutible. De hecho, la propia parte beneficiaria que se queja de esta incorporación se queja también de la ausencia de informe del Vocal Técnico, informe que evidentemente, aparte de ser por sí mismo un elemento probatorio ajeno a las hojas de aprecio, incorpora habitualmente no sólo la hipótesis de valoración del perito administrativo sobre la base estricta y cerrada de los datos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba