SAN, 18 de Mayo de 2011
| Ponente | JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2011:2996 |
| Número de Recurso | 454/2009 |
SENTENCIA
Madrid, a dieciocho de mayo de dos mil once.
Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 454/09 que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora Dª Mª LOURDES CANO OCHOA, en nombre y representación de Victorino frente a la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra Resolución del
Ministro del Interior, de fecha 16 de septiembre de 2009, que deniega la solicitud de concesión del derecho de asilo en España
del hoy recurrente, (que después se describirá en el primer fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.
JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ, quien expresa el criterio de la Sala.
Por el recurrente expresado fue interpuesto recurso contencioso administrativo, mediante escrito presentado en fecha 16 de octubre de 2009 contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Providencia de fecha 27 de enero de 2010 con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 13 de abril de 2010, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente declaración de nulidad del acto recurrido; que se conceda al demandante el derecho de asilo y reconocida la condición de refugiado y, subsidiariamente y atendiendo a las especiales circunstancias del caso, se le autorice la permanencia en España al amparo del artículo 17.2 de la Ley 5/1984 .
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2010 en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso.
Recibido el pleito a prueba por auto de 31 de mayo de 2010, se propuso por la parte actora la que a su derecho convino, con el resultado que obra en autos.
Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, reiterándose en sus respectivos pedimentos.
Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 11 de mayo de 2011, tras lo cual se deliberó, votó y falló.
Se impugna la Resolución del Excmo. Sr. Ministro de Interior de fecha 16 de septiembre de 2009, que deniega la solicitud de concesión del derecho de asilo en España del hoy demandante Victorino , quien manifiesta ser nacional de Costa de Marfil.
Denegación que la Administración fundamenta básicamente en que basa su solicitud en la situación de guerra civil o conflicto interno generalizado existente en su país de origen, sin que del contenido del expediente se deduzca que haya sido objeto de una persecución personal como consecuencia de esta situación ni que, de acuerdo con la información disponible sobre su país de origen, tal situación justifique en las circunstancias personales del solicitante, un temor fundado a sufrirla. Basa su solicitud en su pertenencia a un colectivo determinado sin aportar elementos personales o circunstanciales que indiquen que haya sufrido persecución; la mera pertenencia a un colectivo no determina necesariamente persecución; los principales hechos constitutivos de la persecución alegada están lo suficientemente alejados en el tiempo como para concluir que existe persecución y necesidad actual de protección; el relato resulta genérico e impreciso en la descripción de los hechos; ha tenido oportunidad de solicitar asilo en un Estado donde hubiera podido recibir protección; que los hechos no constituyen una persecución de las contempladas en el artículo 1 A) de la Convención de Ginebra de 1951 ; y, finalmente, que no se desprenden razones humanitarias o de interés público que puedan justificar la permanencia en España del solicitante de asilo al amparo del artículo 17.2 de la Ley de Asilo .
Frente a ello el actor alega que los motivos alegados por la Administración no son correctos al no haber valorado con objetividad los hechos.
La cuestión se centra en determinar si conforme al ordenamiento jurídico y los hechos relatados por el demandante, debe o no ser estimada su pretensión de que le sea otorgado el derecho de asilo, con anulación de la denegación de asilo.
La Constitución se remite a la Ley para establecer los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España. A su vez la Ley 5/84, de 26 de...
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