SAP Badajoz 242/2010, 23 de Julio de 2010
| Ponente | CARLOS JESUS CARAPETO Y MARQUEZ DE PRADO |
| ECLI | ES:APBA:2010:807 |
| Número de Recurso | 362/2010 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 242/2010 |
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Badajoz, Sección 2ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
BADAJOZ
SENTENCIA: 00242/2010
S E N T E N C I A
Ilmos. Sres. Magistrados:
D.ISIDORO SÁNCHEZ UGENA
D.CARLOS CARAPETO MÁRQUEZ DE PRADO
D.FERNANDO PAUMARD COLLADO
En Badajoz a 23 de julio de 2010
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 002, de la Audiencia Provincial de BADAJOZ, los Autos de JUICIO VERBAL (DESAHUCIO PRECARIO) 0000889 /2009, procedentes del JDO.DE 1A INSTANCIA N. 3 de BADAJOZ, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000362 /2010, en los que aparece como parte apelante, Valentín, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA MERCEDES LOPEZ IGLESIAS, asistido por el Letrado D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ ORTIZ, y como parte apelada, ADMINISTRA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JUAN CARLOS ALMEIDA LORENCES, asistido por el Letrado D. ANA CORZO SANTAMARIA, sobre, siendo Magistrado/a Ponente el/la Ilmo./Ilma.
D./Dª CARLOS CARAPETO MÁRQUEZ DE PRADO.
El actor interesó se dicte sentencia declarando haber lugar a la resolución del contrato y consecuentemente decrete el desahucio del demandado, apercibiéndole de lanzamiento, con imposición de todas las costas causadas.
En primera instancia se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Con estimación integra de la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Almeida Lorences, en nombre y representación de la entidad Adif, contra D. Valentín, debo DECLARAR Y DECLARO la resolución del contrato de arrendamiento y su ampliación objeto de los presente autos, procediendo el desahucio del demandado sobre la finca y terrenos circundantes anexos, descritos en los Hechos Primero a Tercero de la demanda, con apercibimiento, en caso contrario, de lanzamiento.
Y todo ello, con imposición al demandado de las costas causadas." TERCERO.- Ante aquella resolución se alzan los apelantes interesando su revocación de la resolución dictada en la instancia.
Alega como motivo de recurso que se ha errado en la valoración de la prueba.
Con el recurso de apelación se transfiere al órgano superior la plena jurisdicción para volver a conocer del asunto planteado en la primera instancia. Dispone la ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 456.1, que "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, tras nuevo examen de las actuaciones llevadas cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta ley, se practicase ante el tribunal de apelación". Según esta disposición legal, la revisión que implica el recurso de apelación permite al Tribunal de la alzada conocer todas las cuestiones planteadas en el pleito, salvo aquellas que expresamente hayan sido excluidas por la recurrente.
Conforme dispone el art. 465.4 de la LEC, la sentencia que se dicte en la alzada deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, y en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461, en su caso, sin que pueda perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de la estimación que se haga de la impugnación de la resolución formulada por el inicialmente apelado.
Conforme a tales disposiciones: a) El Tribunal no puede entrar a conocer sobre aquellos pronunciamientos de la sentencia dictada en la instancia que hayan sido consentidos por el litigante al que perjudican, que voluntariamente los ha excluido de la revisión en las alzada, debiendo por ello ser tenido por firmes y con autoridad de cosa juzgada (art. 408 LEC ). b) La sentencia dictada en la apelación no pueden agravar la situación que para el apelante resulta de la sentencia dictada en primera instancia; salvo que la parte contraria, adherida al recurso, lo hubiere solicitado expresamente, confirmando así el principio que prohíbe la reformatio in peius.
La facultad de instar NULIDAD DE ACTUACIONES para la corrección de los defectos formales producidos en la primera instancia queda reservada a la parte recurrente, pues la ley prohíbe al Tribunal que de oficio pueda decretarla, salvo en los casos en que apreciara su propia falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiere producido violencia o intimidación que afectare a este Tribunal (Art. 227 de la LEC )
Aunque el Tribunal Superior "ad quem" tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris) para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas de aplicación al caso (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de...
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