Revista Jurídica de Castilla y León

- Editorial:
- Junta de Castilla y León
- Fecha publicación:
- 2014-02-19
- ISBN:
- 2254-3805
Número de Revista
- Núm. 55, Septiembre 2021
- Núm. 54, Mayo 2021
- Núm. 53, Febrero 2021
- Núm. 52, Octubre 2020
- Núm. 51, Junio 2020
- Núm. 50, Enero 2020
- Núm. 49, Septiembre 2019
- Núm. 48, Mayo 2019
- Núm. 47, Enero 2019
- Núm. 46, Septiembre 2018
- Núm. 45, Mayo 2018
- Núm. 44, Enero 2018
- Núm. 43, Septiembre 2017
- Núm. 42, Mayo 2017
- Núm. 41, Enero 2017
- Núm. 40, Septiembre 2016
- Núm. 39, Mayo 2016
- Núm. 38, Enero 2016
- Núm. 37, Septiembre 2015
- Núm. 36, Mayo 2015
Últimos documentos
- Algunas reflexiones sobre perspectiva de género para operadores jurídicos que trabajan contra la violencia sobre las mujeres
La lucha contra la violencia de género no depende sólo de las leyes sino de la formación y la sensibilidad de aquellos que las aplican. La formación de los operadores jurídicos en perspectiva de género se convierte así en una necesidad y un complemento necesario a cualquier innovación legislativa. Es necesario aprender que no existen «víctimas de manual» y conocer nuestros prejuicios es el camino hacia su superación. La perspectiva de género debe ser así una herramienta siempre a mano para la interpretación de la norma. Dicha herramienta debe estar presente en toda actuación procesal y en toda decisión judicial. Solo así conseguiremos para la víctima una verdadera «reparación transformadora».
- Justicia gratuita y reintegro de las costas procesales: aspectos cuestionables de lege lata y propuestas de lege ferenda
El presente trabajo comenta y analiza críticamente algunos aspectos regulados por la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que resultan ser problemáticos en la práctica al ser susceptibles de diversas interpretaciones (en concreto, en sede de la «condena en costas» regulada en el art. 36), a la luz de los distintos Reglamentos de Asistencia Jurídica Gratuita, incluyendo el más reciente Reglamento, aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, y de la jurisprudencia, incluyendo la más reciente. Asimismo, efectúa las correspondientes propuestas de mejora de lege ferenda, necesarias tras la vigencia de 25 años de la citada Ley.
- Evidencias genéticas militares y persecución penal de los Combatientes Terroristas Extranjeros (FTFs)
La lucha contra el terrorismo, en general, y contra los combatientes terroristas extranjeros, en particular, requiere la adopción de medidas y técnicas de investigación que afectan al campo biométrico y suponen zonas de actuación a las que mayoritariamente solo los militares tienen acceso. De su trabajo dependerá la mejor persecución penal de dichos terroristas a nivel nacional e internacional. Mediante un análisis de los conceptos básicos en la materia se pretende ofrecer al lector la posibilidad de verlos en el contexto geoestratégico, lo que le permitirá tener una visión global del tema. Posteriormente se analizarán las concretas evidencias obtenidas del campo de batalla, con especial atención a los datos biométricos, por ser el interés central de este trabajo de investigación. Una vez vistas las cuestiones técnico materiales se pasará a analizar las cuestiones jurídicas, comenzando por una visión de la normativa general más importante, para finalizar con la constatación del vacío normativo español, mostrando como ejemplo las implicaciones que supone a nivel nacional la Orden Europea de Investigación. El objetivo de todo ello es sencillo. Mostrar al lector que el marco normativo español está muy lejos de ser el más adecuado para permitir una correcta persecución de los FTFs, y que necesita cambios o nuevas normas. Además, a nivel europeo parece que no se sigue la línea de trabajo de la ONU, ya que a finales de 2020 EUROJUST trabaja con el concepto de evidencias del campo de batalla en vez del concepto amplio de evidencia genética militar. Es decir, se pierden posibilidades de persecución penal de los FTFs por el diferente uso de conceptos básicos en la materia y la aplicación de la escasa e imprecisa normativa.
- Derecho de la ciberseguridad de las infraestructuras críticas: más allá de la perspectiva penalista
En los últimos años se han multiplicado los ciberdelitos como consecuencia de la ampliación del ciberespacio. La hiperconectividad de la sociedad española es el nuevo contexto al que acomodar el paradigma de la seguridad integral. A tan volátil escenario se han adaptado las empresas de sectores esenciales, proceso al que no ha sido ajena la realidad empresarial de Castilla y León, con un número notable de infraestructuras críticas. Sin embargo, la perspectiva penalista adoptada por el legislador en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal tal vez no sea suficiente para el inmediato futuro ante la multiplicidad de procedimientos técnicos de comisión de los ciberataques, que afectan a la autoría, dificultando los mecanismos de imputación. Se aboga por una perspectiva más interdisciplinar para acometer las reformas de lege ferenda necesarias en atención a los servicios más que a la integridad física.
- Análisis jurídico-económico sobre el incentivo fiscal aplicable a los vehículos «ecológicos» en el IVTM. El caso de Castilla y León y sus principales municipios
El presente artículo analiza los incentivos fiscales a favor de los vehículos ecológicos (eléctricos, hibridación, así como GNC, GNL o GLP) en el IVTM existentes en los principales municipios y capitales de provincia de Castilla y León. Se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo, partiendo de 54 municipios, realizando el análisis final sobre 30 de ellos. Los resultados arrojan una gran disparidad en el trato del vehículo poco contaminante en cuanto al incentivo fiscal. Esta situación viene provocada por la cuota inicial, que puede ser modulada por el ayuntamiento correspondiente, el porcentaje de bonificación concedido y la duración de este. El incentivo fiscal per se, si bien puede ayudar al ciudadano en la toma de la decisión de adquirir un vehículo, no representa un porcentaje elevado sobre el precio de compra, de forma que el ahorro fiscal debería ser complementado con otro tipo de incentivos si realmente se quiere apostar por la sostenibilidad.
- La integración institucional de las regiones en los procesos decisorios comunitarios
La Unión Europea, como una unión de estados de muy distinta configura-ción política integra en su seno distintos niveles de gobierno. Estos niveles de gobierno son destinatarios de las normas y políticas europeas, pero tam-bién en muchos casos son los entes encargados de su aplicación, desarrollo y ejecución. Los principios comunitarios de producción normativa favore-cen la intervención de las regiones europeas, ya que potencian la interven-ción y participación de todos los actores, al entender que las normas son de mejor calidad cuando en su creación han intervenido todos los posibles su-jetos, interesados o no, que pueden tener una implicación con las mismas. Este artículo remite a los cauces articulados para la integración de la vo-luntad y los intereses de los entes regionales a nivel comunitario y su papel en la creación de normas europeas, llegando a la conclusión de que la efec-tividad de esa participación está condicionada por la voluntad estatal y la necesidad de suscribir pactos de gobierno.
- Las entregas y compensaciones de gastos a causa del trabajo a distancia en el IRPF de los empleados
Una de las principales cuestiones que planteó la aprobación del Real De-creto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (hoy Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia), es cómo afectará al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los empleados, cuya respuesta no resulta clara ni sencilla con base en la normativa actual. En concreto, su impacto fiscal se podrá producir tanto por la obligación del empleador de suministrar las herramientas, medios y equipos necesarios para el desarro-llo del trabajo a distancia como por su deber de compensar los gastos, di-rectos e indirectos, que, por la prestación laboral, soporte el trabajador. Así pues, la determinación de su incidencia en la tributación sobre la renta de los empleados constituye el objeto del presente trabajo, resaltando al mismo tiempo las principales problemáticas que se plantean y aportando determi-nadas propuestas normativas de mejora.
- El derecho al recuerdo. Examen comparado de la normativa de preservación de datos en los Estados Unidos y en la Unión Europea
La regulación en materia de protección de datos se ha centrado en los últi-mos años en torno al derecho al olvido, el derecho a la supresión de datos cedidos a tercero una vez que estos han cumplido la finalidad para los que fueron entregados. La tendencia del legislador europeo contraria a la pre-servación de datos es consecuencia del reconocimiento del derecho del in-dividuo a la construcción de su propia narrativa. Se propugna, así, un ca-rácter superior y absoluto del derecho de protección de datos con independencia de las consecuencias que se deriven de su ejercicio. La evo-lución del derecho norteamericano, de carácter marcadamente jurispruden-cial, es notablemente distinta, en la medida que la afirmación del principio de autodeterminación informativa se construye no sobre un derecho abso-luto, sino sobre toda una relación jurídica sometida a derechos y deberes. De este modo, se hace recaer en el titular de los datos especiales cargas y responsabilidades en favor de tercero que nacen de la apariencia jurídica creada frente a aquellos. La inaplazable construcción del derecho al recuerdo, ausente en el ordenamiento europeo, debe partir de estas premisas.
- La influencia del nacionalismo en el Poder Judicial y la Administración de Justicia en España
El presente trabajo pretende mostrar una visión general de la influencia que el nacionalismo periférico (fundamentalmente el catalán y, en parte, el vasco) y el nacionalismo centralista ha tenido en la configuración del Poder Judicial, la Administración de Justicia y el Ordenamiento Jurídico en Es-paña, desde la creación del Estado Moderno con la llegada al trono de los Borbones (es decir, Felipe V y sus Decretos de Nueva Planta) hasta nuestros días. Se estudiará cómo el Estado siempre ha pretendido tener centralizada la Justicia y los nacionalismos periféricos han intentado, unas veces con más coraje y otras más tímidamente, tomar competencias en una materia altamente sensible y que formaría parte del «núcleo duro» de soberanía, concluyendo con una visión de la situación actual bajo la influencia de la Constitución de 1978.
- La autorregulación empresarial en Castilla y León. Evolución, ámbitos de actuación y tendencias actuales
El sector empresarial en Castilla y León se caracteriza en líneas generales, y desde el punto de vista de su organización interna, por la falta de presencia de una mayor autorregulación para promover políticas societarias de ca-rácter voluntario más éticas y responsables que permitan consensuar medi-das para evitar conductas que puedan causar un mayor impacto negativo en el seno de dichas sociedades. El tejido empresarial de la comunidad de Cas-tilla y León debe ampliar las estrategias responsables para regular un ma-yor control sobre la estructura y funcionamiento de sus órganos internos así como su extensión sobre terceros y sobre el propio mercado, fomentando asimismo la implantación de medidas tendentes a la protección del medio ambiente y/o implementación de prácticas de compliance. La realidad ac-tual es que, con carácter general, solamente las grandes compañías asenta-das en nuestro territorio han introducido instrumentos de este tipo a modo de códigos de conducta o prácticas afines, siendo algunos ámbitos de nues-tra estructura socio-económica los más demandados de regulación interna, como es el caso del sector agroalimentario.
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La Ley 36/2011, de 10 de octubre, de Jurisdicción Social, establece un pro-ceso judicial especial para el trabajador que individualmente pretende im-pugnar las decisiones empresariales relativas a movilidad geográfica, mo-dificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato...
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La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Par-lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, sobre contratación pública, y 2014/24/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. La nueva ley...
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La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación...
- Régimen jurídico del teletrabajo: aspectos sustantivos y procesales
La digitalización de los procesos productivos ha hecho surgir nuevas formas de trabajo caracterizadas por la deslocalización de la actividad, no en vano los medios tecnológicos permiten tanto una realización eficaz de la tarea profesional a distancia como un control preciso de su correcto...
- Informe de evaluación de edificios y eficiencia energética
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Una vez que se ha puesto en marcha el nuevo recurso de casación conten-cioso administrativo, modificación impuesta por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, se hace necesario conocer cuál está siendo el criterio que ha empezado a adoptar el Tribunal Supremo sobre el llamado «interés...
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El presente trabajo tiene como objeto el estudio del derecho fundamental a la libertad de circulación y sus límites en el marco de los sucesivos estados de alarma declarados en España como consecuencia de la pandemia oca-sionada por la COVID-19. Con esta finalidad se analizan las principales...
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El objeto del presente estudio es examinar las implicaciones que la imputación de personas jurídicas al amparo del régimen incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,...
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La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-...
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El nuevo artículo 108.3 LJCA introduce en el ordenamiento jurídico español la obligación del órgano judicial de velar porque antes de la ejecución de sentencias que ordenen el derribo de inmuebles estén previamente garanti-zadas las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe titulares de dere-ch...