Revista Jurídica de Castilla y León

Editorial:
Junta de Castilla y León
Fecha publicación:
2014-02-19
ISBN:
2254-3805

Últimos documentos

  • Las entregas y compensaciones de gastos a causa del trabajo a distancia en el IRPF de los empleados

    Una de las principales cuestiones que planteó la aprobación del Real De-creto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (hoy Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia), es cómo afectará al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los empleados, cuya respuesta no resulta clara ni sencilla con base en la normativa actual. En concreto, su impacto fiscal se podrá producir tanto por la obligación del empleador de suministrar las herramientas, medios y equipos necesarios para el desarro-llo del trabajo a distancia como por su deber de compensar los gastos, di-rectos e indirectos, que, por la prestación laboral, soporte el trabajador. Así pues, la determinación de su incidencia en la tributación sobre la renta de los empleados constituye el objeto del presente trabajo, resaltando al mismo tiempo las principales problemáticas que se plantean y aportando determi-nadas propuestas normativas de mejora.

  • El derecho al recuerdo. Examen comparado de la normativa de preservación de datos en los Estados Unidos y en la Unión Europea

    La regulación en materia de protección de datos se ha centrado en los últi-mos años en torno al derecho al olvido, el derecho a la supresión de datos cedidos a tercero una vez que estos han cumplido la finalidad para los que fueron entregados. La tendencia del legislador europeo contraria a la pre-servación de datos es consecuencia del reconocimiento del derecho del in-dividuo a la construcción de su propia narrativa. Se propugna, así, un ca-rácter superior y absoluto del derecho de protección de datos con independencia de las consecuencias que se deriven de su ejercicio. La evo-lución del derecho norteamericano, de carácter marcadamente jurispruden-cial, es notablemente distinta, en la medida que la afirmación del principio de autodeterminación informativa se construye no sobre un derecho abso-luto, sino sobre toda una relación jurídica sometida a derechos y deberes. De este modo, se hace recaer en el titular de los datos especiales cargas y responsabilidades en favor de tercero que nacen de la apariencia jurídica creada frente a aquellos. La inaplazable construcción del derecho al recuerdo, ausente en el ordenamiento europeo, debe partir de estas premisas.

  • La influencia del nacionalismo en el Poder Judicial y la Administración de Justicia en España

    El presente trabajo pretende mostrar una visión general de la influencia que el nacionalismo periférico (fundamentalmente el catalán y, en parte, el vasco) y el nacionalismo centralista ha tenido en la configuración del Poder Judicial, la Administración de Justicia y el Ordenamiento Jurídico en Es-paña, desde la creación del Estado Moderno con la llegada al trono de los Borbones (es decir, Felipe V y sus Decretos de Nueva Planta) hasta nuestros días. Se estudiará cómo el Estado siempre ha pretendido tener centralizada la Justicia y los nacionalismos periféricos han intentado, unas veces con más coraje y otras más tímidamente, tomar competencias en una materia altamente sensible y que formaría parte del «núcleo duro» de soberanía, concluyendo con una visión de la situación actual bajo la influencia de la Constitución de 1978.

  • La autorregulación empresarial en Castilla y León. Evolución, ámbitos de actuación y tendencias actuales

    El sector empresarial en Castilla y León se caracteriza en líneas generales, y desde el punto de vista de su organización interna, por la falta de presencia de una mayor autorregulación para promover políticas societarias de ca-rácter voluntario más éticas y responsables que permitan consensuar medi-das para evitar conductas que puedan causar un mayor impacto negativo en el seno de dichas sociedades. El tejido empresarial de la comunidad de Cas-tilla y León debe ampliar las estrategias responsables para regular un ma-yor control sobre la estructura y funcionamiento de sus órganos internos así como su extensión sobre terceros y sobre el propio mercado, fomentando asimismo la implantación de medidas tendentes a la protección del medio ambiente y/o implementación de prácticas de compliance. La realidad ac-tual es que, con carácter general, solamente las grandes compañías asenta-das en nuestro territorio han introducido instrumentos de este tipo a modo de códigos de conducta o prácticas afines, siendo algunos ámbitos de nues-tra estructura socio-económica los más demandados de regulación interna, como es el caso del sector agroalimentario.

  • La evolución legislativa de la Unión Europea en materia de patrimonio cultural. ¿Cambios a la luz del Horizonte Europa y Agenda 2030?

    La Comunidad Económica Europea, constituida en 1957 gracias al Tratado de Roma, y antecesora de lo que hoy conocemos como Unión Europea, se fundó para la consecución de una serie de objetivos políticos y sobre todo económicos, relegando los objetivos culturales a lo que legislaran los orga-nismos internacionales. Actualmente parece ser que nada ha cambiado, pues las constantes crisis que acechan a la Unión -la última, causada por la pandemia del Covid-19- parecen confirmar el modelo funcionalista que rige la UE, subordinando la capacidad de crear lazos identitarios comunes a los intereses económicos inmediatos. A través de este artículo se mostrará el recorrido legislativo en materia de patrimonio y cultura de la UE, donde quedarán patentes las palabras recientemente referenciadas, al tiempo que se planteará si el nuevo horizonte 2020-2030 se presenta como una oportu-nidad legislativa para corregir esa corriente económica proteccionista.

  • La integración institucional de las regiones en los procesos decisorios comunitarios

    La Unión Europea, como una unión de estados de muy distinta configura-ción política integra en su seno distintos niveles de gobierno. Estos niveles de gobierno son destinatarios de las normas y políticas europeas, pero tam-bién en muchos casos son los entes encargados de su aplicación, desarrollo y ejecución. Los principios comunitarios de producción normativa favore-cen la intervención de las regiones europeas, ya que potencian la interven-ción y participación de todos los actores, al entender que las normas son de mejor calidad cuando en su creación han intervenido todos los posibles su-jetos, interesados o no, que pueden tener una implicación con las mismas. Este artículo remite a los cauces articulados para la integración de la vo-luntad y los intereses de los entes regionales a nivel comunitario y su papel en la creación de normas europeas, llegando a la conclusión de que la efec-tividad de esa participación está condicionada por la voluntad estatal y la necesidad de suscribir pactos de gobierno.

  • Presentación
  • Límites a la libertad deambulatoria en el estado de alarma o suspensión de la libertad de circulación en el estado de excepción: una cuestión de garantías

    El presente trabajo tiene como objeto el estudio del derecho fundamental a la libertad de circulación y sus límites en el marco de los sucesivos estados de alarma declarados en España como consecuencia de la pandemia oca-sionada por la COVID-19. Con esta finalidad se analizan las principales medidas adoptadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis sanitaria, su necesidad y proporcionalidad, así como el marco jurídico que resulta más adecuado (el estado de alarma o el estado de excepción) para legitimar tan severas restricciones de derechos fundamentales.

  • La autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias urgentes en la pandemia de COVID-19

    Entre otras muchas cuestiones jurídicas suscitadas a propósito de la pande-mia de COVID-19, la exigencia legal de autorización/ratificación judicial de las medidas sanitarias adoptadas por las administraciones públicas que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales viene planteando nume-rosas dudas interpretativas, y ha dado lugar a una notable dispersión de criterios en las resoluciones judiciales. En este trabajo se examinan los as-pectos principales de esa controversia.

  • Régimen jurídico del teletrabajo: aspectos sustantivos y procesales

    La digitalización de los procesos productivos ha hecho surgir nuevas formas de trabajo caracterizadas por la deslocalización de la actividad, no en vano los medios tecnológicos permiten tanto una realización eficaz de la tarea profesional a distancia como un control preciso de su correcto desarrollo. Esta experiencia de trabajo on line, que venía siendo cuantitativamente es-casa, adquiere una proyección exponencial a raíz de la pandemia por la covid-19, convirtiéndose en una opción por la que muchas empresas van a apostar decididamente ad futurum en aras a la viabilidad del negocio. El desarrollo de este cauce organizativo exige un marco regulador de los in-tereses de ambas partes de la relación laboral, acompañado del diseño de una garantía de equiparación de derechos entre teletrabajadores y asala-riados presenciales.

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