Revista Jurídica de Castilla y León

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Últimos documentos

• La libertad de expresión en el nuevo estilo de comunicación de las redes sociales: ¿Quién pone los límites?

  Las Redes Sociales (RR.SS.) se han convertido en un escenario que promueve la libertad de expresión por la propia particularidad del medio que hace que los usuarios actúen como prosumidores, es decir, productores y consumidores de contenido al mismo tiempo. Esta doble función amplía el alcance de la comunicación y genera nuevas implicaciones legales y desafíos para su regulación. Sin embargo, la libertad de expresión no es absoluta en las redes sociales y está sujeta a límites y restricciones para prevenir la vulneración de derechos protegidos, el discurso de odio, la desinformación o los contenidos nocivos. A esto añadimos la particularidad del estilo de comunicación utilizado en las RR.SS. que puede disminuir la gravedad ofensiva de las expresiones vertidas en este medio. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Quién tiene la obligación de establecer restricciones a la libertad de expresión, y quién se responsabiliza de ella ante posibles vulneraciones? Palabras clave: Libertad de expresión; límites; redes sociales; honor; estilo de comunicación

• La responsabilidad «penal» de las personas jurídicas: Análisis del requisito consistente en que el delito se haya cometido «en beneficio directo o indirecto» de la persona jurídica.

  En el primer apartado del art. 31 bis CP se recogen los requisitos que se deben cumplir para que se pueda atribuir responsabilidad «penal» a la persona jurídica por el delito cometido por uno de sus dirigentes o empleados. Uno de los requisitos que plantea más problemas interpretativos es el de cometer el delito «en beneficio directo o indirecto» de la persona jurídica. En la doctrina se discuten distintas cuestiones en torno a este requisito como, por ejemplo, si se trata de un elemento subjetivo específico que debe concurrir en la conducta típica de la persona física o si lo que se requiere es una objetiva tendencia de la acción a conseguir el beneficio, si es preciso

• El valor de las formas en la elaboración normativa: El caso de Castilla y León.

  El intento fallido de establecer un procedimiento general de elaboración de normas ha provocado disfunciones en los ordenamientos autonómicos. En Castilla y León, ello se ha traducido en una primera adaptación de su regulación a las normas básicas del Título VI de la LPAC, y en un posterior camino de retorno, ahora para acomodarse al fallo de la STC 55/2018, de 24 de mayo, que da al traste con aquel ensayo de procedimiento general acometido por el legislador estatal. Ello se agrava por el particular régimen de entrada en vigor de esta segunda adaptación, que no dispone de efectividad, al haberse diferido a un desarrollo reglamentario que no llega. De este modo, el régimen jurídico vigente del procedimiento de elaboración de normas en Castilla y León es aún el de la primera adaptación, y se remite continuamente a una normativa básica, en su mayoría inconstitucional o contraria al orden constitucional de distribución de competencias. Junto a la exposición de este intrincado régimen jurídico, este trabajo hace un recorrido por las distintas fases del procedimiento normativo, para describir las principales patologías que se aprecian en la tramitación de las normas y su tratamiento doctrinal y jurisprudencial. Palabras clave: Ley 39/2015; STC 55/2018; Ley 3/2001 de Castilla y León; iniciativa legislativa; potestad reglamentaria; legislar mejor; calidad normativa; principios de buena regulación; participación ciudadana

• El sistema de financiación de las diputaciones provinciales y su efecto negativo en Castilla y León.

  El sistema de financiación de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, diseñado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, perjudica a las provincias con menos habitantes y menos nivel de desarrollo económico, y sobrefinancia a las más pobladas y ricas, al pivotar principalmente sobre la población total de las provincias y los ingresos tributarios del Estado en cada una, y no sobre las competencias y servicios que han de prestar estas entidades locales. Los resultados positivos de las liquidaciones anuales de sus presupuestos, como sucede en Castilla y León, no son reflejo de una financiación suficiente, sino de las limitaciones para el gasto y la inversión. Modificar los criterios de participación en los tributos del Estado, establecer una efectiva participación incondicionada en los ingresos de las CC.AA. y recuperar el canon sobre la producción de energía eléctrica, son medidas necesarias y urgentes para tratar de corregir los desequilibrios territoriales y poder hacer frente al reto demográfico. El permanente debate sobre la financiación de las comunidades autónomas no puede seguir ocultando la quiebra de los principios de solidaridad y cohesión territorial de la financiación provincial. Palabras clave: Financiación local; diputaciones provinciales; haciendas locales; participación en los ingresos del Estado; reto demográfico; canon energético.

• Nuevas herramientas contra la corrupción: El canal externo de información. Su creación en Castilla y León.

  Este trabajo aborda el escenario de la lucha contra la percepción de la corrupción en España, concluyéndose que es necesario potenciar las medidas indirectas. Habitualmente una alta percepción de la corrupción provoca su normalización, generando tolerancia y el deterioro de los vínculos sociales. Se proponen algunas líneas de acción encaminadas a fortalecer vínculos que permitan la regeneración de la confianza social y la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Singularmente se presenta una nueva herramienta: el «whistleblowing». Se hace una exposición general de los canales de información, probablemente poco efectivos en la persecución de la corrupción sistémica, estructural y política, aunque sí lo son en la administrativa, y, en todo caso, se consideran positivos en la medida que fomentan la participación ciudadana y producirán un efecto disuasorio. Se exponen los canales de denuncia preexistentes y los modelos de oficinas y agencias. Por último, se hacen unas apreciaciones sobre la disposición por la que se crea la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León. Palabras clave: Percepciones de corrupción; normalización; acción colectiva; participación ciudadana, denunciantes; Unión Europea; canales de información; Autoridad Independiente contra la corrupción en Castilla y León.

• Acerca de la insostenible propuesta de «financiación singular» para Cataluña

  Se analiza críticamente en este trabajo el nuevo modelo de financiación singular que se pretende implantar en Cataluña. Este no tiene justificación porque Cataluña no tiene déficit fiscal, promueve un trato fiscal asimétrico con otras regiones, atenta contra el principio de solidaridad, y no se puede implantar sin una reforma constitucional

• Algunas reflexiones al hilo del debate sobre el concierto catalán

  En esta nota se resume el contenido del reciente acuerdo entre el PSC/PSOE y ERC para dotar a Cataluña de un modelo singular de financiación, se valoran sus méritos y se recogen algunas reflexiones sobre ciertas cuestiones que han jugado un papel importante en el debate público sobre el documento, incluyendo los inconvenientes de fragmentar la gestión tributaria, el supuesto carácter federal o no del concierto catalán, la naturaleza de las amenazas a la solidaridad territorial y los méritos del principio de ordinalidad en la financiación autonómica

• El endeudamiento autonómico: Instrumentos y desafíos para la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas

  El endeudamiento autonómico en España plantea desafíos complejos para la sostenibilidad financiera y la cohesión territorial, especialmente si se atiende a las diferencias que presentan Comunidades como Cataluña, con demandas de condonación de la deuda estatal, y Castilla y León, cuya estructura de deuda refleja una realidad financiera distinta. Este trabajo explora cómo los mecanismos de financiación, tanto ordinarios como extraordinarios, han permitido a las comunidades autónomas enfrentar periodos de crisis, aunque a costa de una creciente dependencia financiera. A través del análisis del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otros instrumentos, se examinan las posibilidades y limitaciones de una reestructuración que respete las particularidades de cada comunidad. El estudio aboga por un modelo de financiación que equilibre el derecho a la autonomía con la responsabilidad fiscal, evitando concesiones políticas que beneficien a una Comunidad sobre otra

• Federalismo fiscal vs. modelo igualitario de financiación

  En este trabajo se estudian dos fórmulas que se han ideado teóricamente y se han establecido en la práctica relativas a la financiación de las diversas regiones que se integran en una entidad estatal superior. Para ello, se han analizado de forma separada tanto el llamado federalismo fiscal como el modelo de igualdad en la materia de ingresos públicos, poniendo de manifiesto tanto las ventajas como los inconvenientes de cada uno de ellos. A continuación, se han comparado ambos sistemas y se han puesto en relación con los ejemplos actualmente vigentes, así como las posibilidades de implementación en el caso de los entes autonómicos en España

• Diagnóstico de la Hacienda de Castilla y León. El necesario punto de partida de la revisión del modelo de financiación autonómica

  Se analiza el estado de la financiación de la Comunidad autónoma de Castilla y León recorriendo todos sus recursos financieros y atendiendo a las exigencias de los principios constitucionales y comunitarios que disciplinan la materia, como necesario punto de partida de la revisión del actual modelo de financiación autonómica

Documentos destacados

• La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo

  La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-...

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  El daño causado a la víctima no se agota con el delito sino que se agrava frecuentemente tras su paso por el largo camino del proceso penal, que muchas veces incrementa el daño ocasionado (victimización secundaria) provocando situaciones de estrés, angustia, depresión o miedo a las que pueden...

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  El presente trabajo comenta y analiza críticamente algunos aspectos regulados por la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que resultan ser problemáticos en la práctica al ser susceptibles de diversas interpretaciones (en concreto, en sede de la «condena en costas» regulada en el art. 36), a...

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  El presente trabajo analiza la regulación de la conciliación establecida en la Ley 5/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. En este sentido, son objeto de estudio los supuestos en los que cabe acudir a la conciliación ju-dicial, así como la competencia para conocer de este expediente, con ...

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  La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Par-lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, sobre contratación pública, y 2014/24/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. La nueva ley...

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  La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación...

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  Los avances tecnológicos han supuesto uno de los mayores retos para la protección de datos; están, así, tensando constantemente la normativa en esta materia. Entre todos los avances, serán tres los mayores retos que tenga la protección de datos actualmente: la geolocalización, los motores de búsqued...

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  La Ley 36/2011, de 10 de octubre, de Jurisdicción Social, establece un pro-ceso judicial especial para el trabajador que individualmente pretende im-pugnar las decisiones empresariales relativas a movilidad geográfica, mo-dificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato...