AAP Madrid 335/2003, 8 de Julio de 2003
| ECLI | ES:APM:2003:8271 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 335/2003 |
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2003 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 6ª |
ROLLO DE APELACION Nº 90/2003
PROC. ORAL Nº 275/2002
JUZGADO DE LO PENAL Nº 14 DE MADRID
S E N T E N C I A
Nº 335/2.003
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCION SEXTA
ILTMOS. SRES.
MAGISTRADOS
D. FRANCISCO JESÚS SERRANO GASSENT
D. JOSE MANUEL FERNÁNDEZ PRIETO GONZALEZ
D. JULIAN ABAD CRESPO
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En Madrid, a 8 de Julio de 2003.
VISTAS, en segunda instancia, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial de Madrid, las presentes Diligencias seguidas por el trámite de procedimiento abreviado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Gabino contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 14 de Madrid, de fecha 29 de Noviembre de 2002, en la causa citada al margen.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MANUEL FERNÁNDEZ PRIETO GONZALEZ, quién expresa el parecer de la Sala.
Por el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de lo Penal nº 14 de Madrid, se dictó sentencia, de fecha 29 de Noviembre de 2002, cuyo relato fáctico es el siguiente: " Que el dia 18 de mayo de 2.001, sobre las 1,55 horas, Gabino , mayor de edad, sin antecedentes penales, conducía el vehículo de su propiedad matrícula H-....-HM por la carretera nacional VI, km. 48,500 término municipal de Guadarrama. Lo hacía bajo los efectos de la ingesta de alcohol, por lo que tenía mermadas sus facultades psicofísicas limitando gravemente su aptitud para el manejo de vehículos, lo que motivó que circulara con las luces largas conectadas, deslumbrando a otros usuarios de la vía. Ante ello fué interceptado por agentes de la Guardia Civil quienes al apreciar en el acusado síntomas de intoxicación etílica le sometieron a prueba alcoholométrica, arrojando un resultado de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en primera muestra y 0,80 en segunda."
Siendo su fallo del tenor literal siguiente: " Que debo condenar y condeno a Gabino como autor responsable de un delito contra la seguridad del tráfico, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de 4 meses con cuota diaria de 3 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 2 meses en caso de impago y privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo de un año y un dia. Deberá abonar las costas del juicio."
Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por el procurador D. Jorge Luis de Miguel López, en representación del condenado en la instancia Gabino , recurso de apelación, que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido dicho recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal, remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial.
En fecha 12 de Marzo de 2003, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación y por providencia del día 14 siguiente se
señaló día para la deliberación y resolución del recurso, fijándose la audiencia del día 7 de Julio de 2003.
SE ACEPTAN los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto no se opongan a los presentes.
Se impugna la sentencia recurrida por error en la valoración de la prueba y por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española.
Con relación a la vulneración de la presunción constitucional de inocencia ha de reseñarse que este derecho que es reconocido a todo acusado en el artículo 24.2 de la Constitución, como fundamental de la persona que vincula a todos los poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico (v. artículos 53.1 CE, y artículos 5.1 y 7.1 LOPJ, y SSTC 13/1982, de 1 abril [RTC 198213], 101/1985, de 4 octubre [RTC 1985101] y 137/1988, de 7 julio [RTC 1988137], entre otras). Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías debidas (v. SSTC 31/1981, de 28 julio [RTC 198131], 44/1989, de 20 febrero [RTC 198944] y 105/1985, de 7 octubre [RTC 1985105], entre otras). Junto a la exigencia de una válida actividad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación, así como que la valoración de la prueba es competencia propia y exclusiva del órgano judicial (v. SSTC 55/1982, de 26 julio [RTC 198655], 109/1986, de 24 septiembre [RTC 1986109], 44/1987, de 9 abril [RJ 199044], y 94/1990, de 23 mayo [RTC 1990 94]). Debe decirse, por último, que la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en cuanto presunción «iuris tantum»- tiene por objeto, obviamente hechos, en un doble aspecto: de un lado, la existencia del hecho punible y, de otro, la participación del acusado en el mismo (v. STC 150/1989, de 25 noviembre [RTC 1989150]). Como se desprende de cuanto queda dicho, la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apreciada libremente por el juzgador (v. SS. 31/1981, de 28 julio [RTC 198131], 36/1983, de 11 mayo [RTC 198336] y 92/1987, de 3 junio [RTC 198792], entre otras).
Principio constitucional que no puede estimarse violado en el caso enjuiciado en cuanto del acta del juicio oral, y de las propias alegaciones...
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